EL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

borrarBoletín geográfico Año XLII. N°42 (2) - 2020, 83-107

Departamento Geografía. Universidad Nacional

del Comahue. Neuquén

  ISSN 0326-1735 ; e-ISSN 2313-903X http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia/index

 

                                         

 

 

“DEMOLIENDO HOTELES”. CONFLICTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES EN MIRAMAR Y NECOCHEA.

Facundo Martín Hernández [1]

 

(Manuscrito recibido el 14 de agosto de 2020, en versión final 5 de noviembre de 2020)

 

 

Para citar este documento

Hernández, F.M. (2020). “Demoliendo Hoteles”. Conflictos territoriales y ambientales en Miramar y Necochea. Boletín geográfico, 42,(2), 83-107

 

 

Resumen

 

La recuperación del flujo turístico en la costa marítima bonaerense (Argentina), luego de la crisis de 2001, trajo aparejada un crecimiento en las inversiones del sector que abonaron a la continuidad del modelo hegemónico de construcción territorial basado en los intereses del sector turístico e inmobiliario. Determinadas intervenciones territoriales del empresariado en la nueva etapa, tendientes a privatizar el espacio público, ampliar la frontera urbana e impactar en el medio ambiente, fueron habilitadas y respaldadas en gran medida por el estado municipal. No obstante, estas iniciativas encontraron resistencias en grupos locales organizados como movimientos o asambleas socio-ambientales. En base a este proceso novedoso en la región, la de no consensuar con una idea de “progreso” concebida históricamente, el objetivo del presente trabajo es abordar y caracterizar la conflictividad y disputa territorial en dos áreas costeras correspondientes a dos ciudades: Miramar y Necochea, estimando los conceptos utilizados y definidos en la pugna. La elección de los casos, entre otros conflictos, se debe a las similitudes, ya que en ambos la afectación está dada por la cesión de espacios públicos verdes para emprendimientos inmobiliarios y turísticos.

Metodológicamente, se analiza la dimensión discursiva y propositiva de los sectores enfrentados, y se destacan los logros alcanzados por los movimientos socio-ambientales, como formas de gestión colectiva de los territorios en disputa. Para tal fin, se efectuaron trabajos de campo en los focos de conflicto y entrevistas con los protagonistas y antagonistas. Como conclusión, se expone una línea argumental en la que se expresa que estos conflictos representan oportunidades para reivindicar la justicia socio-espacial.

 

 

                    Palabras clave:  capital urbano-turístico, movimientos socio-ambientales, espacio verde público

 

 

"DEMOLISHING HOTELS". TERRITORIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN MIRAMAR AND NECOCHEA

 

Abstract

 

The recovery of tourism on the Buenos Aires maritime coast (Argentina), after the 2001 crisis, brought an associated growth in investments in the sector that reinforced the continuity of the hegemonic model of territorial construction supported by the interests of the tourism and real estate sector. Certain territorial interventions in the business community in this new stage, aimed at privatizing public space, expanding the urban border and impacting the environment, were enabled and supported to a great extent by the local state. However, these initiatives encountered resistance in local groups organized as socio-environmental movements or assemblies. Based on this novel process in the region, that of rejecting a historically conceived idea of ​​"progress", the objective of this work is to address and characterize the conflict and territorial dispute in two coastal areas corresponding to two cities: Miramar and Necochea, putting in value the concepts used and defined in the contest. The choice of cases, among other conflicts, is due to the similarities, since in both the affectation is given by the cession of green public spaces for real estate and tourism enterprises.

Methodologically, the discursive and propositional dimension of the opposing sectors is analyzed, and the achievements made by social-environmental movements are highlighted, as forms of collective management of disputed territories. To this end, field work was carried out in the places of conflict and interviews with the protagonists and antagonists. As a conclusion, a line of argument is presented in which it is expressed that these conflicts represent opportunities to vindicate socio-spatial justice.

 

 

Keywords: Urban-tourist capital, social-environmental movements, public green space

 

 

 

Introducción

 

A principios del siglo XXI, en la costa marítima bonaerense[2] se inauguró una etapa signada por la recuperación de los flujos turísticos que se habían derrumbado en la temporada estival 2001-2002 como consecuencia de la agudización de la crisis socio-económica y política desatada por el estallido popular de diciembre de 2001[3]. A partir de la temporada 2002-2003, la paulatina mejora en los indicadores turísticos contribuyó a promover inversiones destinadas a ampliar la tasa de beneficio en sectores rentables de la región: inmobiliario, construcción, gastronómico, hotelero y demás servicios comerciales ligados a la práctica turística o que incrementan sus ventas en la temporada alta (enero y febrero). En tal coyuntura de recuperación sectorial, el estado planificó y ejecutó, en diferentes destinos turísticos, un conjunto de obras públicas destinadas a garantizar la realización del capital turístico ante la recuperación de la demanda. En el litoral marítimo bonaerense se destacan: obras de defensa costera; ampliación (refulado) y reacondicionamiento de sectores de playa; recuperación de dunas; estética paisajística; parquización y reforestación; remodelamiento de los paseos costaneros, arterias comerciales, ferias artesanales y peatonales urbanas; mejoras en las vías de acceso y circulación; entre otras. Se suman a estas intervenciones del sector público, las políticas de incentivo a la inversión privada: reducciones impositivas, subvenciones en el consumo de servicios públicos, concesiones de espacios públicos, excepciones a las normas de ordenamiento territorial, entre otros estímulos promovidos por el estado municipal y provincial.

Las inversiones públicas y privadas reconfiguraron los territorios intervenidos y reprodujeron, en determinados casos, desajustes en la relación comunidad-lugar. Esto alcanzó un mayor impacto en los lugares definidos por la preservación de algunos elementos naturales del ambiente costero; el acceso público a sectores de playa; el uso recreativo de espacios verdes; o los servicios ecológicos y recreativos que en conjunto brindan. El incremento de la tasa de acumulación del capital urbano-turístico y la necesidad de acelerar la tasa de rotación frente a las oportunidades abiertas por un mayor consumo, se tradujo en una mayor presión en los territorios disponibles como reserva de valor o inhabilitados de mercantilizarse por norma o por tratarse de espacios de dominio público que, a priori, no tienen esa finalidad. Se suman a los espacios afectados las tierras baldías que, por no haber estado dadas las condiciones para su reproducción como espacios urbanos (por su localización, ausencia de infraestructuras y servicios públicos y privados), permanecían en un estado de latencia especulativa incrementando su valor comercial en la medida que los espacios disponibles se agotasen o las redes de servicios urbanos o de conectividad se instalasen.

Ante un flujo de inversiones direccionadas a captar beneficios por la recuperación del turismo interno y una mayor disponibilidad de capitales, las administraciones municipales de la región refuerzan la competencia interurbana que define Harvey (2001). Al respecto, Santos (2000) alude a la existencia de una guerra de lugares, metáfora que infiere, entre otras cuestiones, a cómo las distintas unidades político-administrativas pugnan por mostrarse atractivas y garantes de beneficios al capital. Esto suscita un reforzamiento de lo que Harvey (2001) entiende por gobernanza urbana empresarial o lo que Lefebvre (2017) distingue como el predominio de un urbanismo de promotores. Ambas conceptualizaciones expresan una visión de lo urbano opuesta a un proceso en el que se apuntale un desarrollo más integral del territorio, esto es, más aparejada con los intereses de conjunto. En el primer caso, el modelo empresarial que analiza Harvey (2001) contribuye a fomentar una autonomía relativa local tendiente a enfocarse en la reconciliación con las exigencias contradictorias de acumulación continúa de capital y, al mismo tiempo, garantizar la reproducción de las relaciones sociales y espaciales capitalistas. En el caso de Lefebvre (2017) son las agentes del mercado los que promueven y dominan el proceso urbano con propósitos de lucro y lo convierten en un valor de cambio.

Por lo general, la consolidación de estos modelos urbanos anida en una alianza de clases a escala local. Esto se alcanza (no sin fragilidad e inestabilidad) mediante la cohesión y/o sujeción del entramado social local a la instalación de una idea de “progreso” que, a modo de supuesto, es compartida y acordada para el beneficio mutuo de la comunidad. No obstante, surgen movimientos sociales que no comulgan con el consenso que pretende ser instalado y consolidado, oponiéndose a las formas de reproducción socio-espacial del modelo y exponiendo las contradicciones que el sistema de planificación urbana pretende amortizar a través del aparato del estado (Castells, 2013).

En la región estudiada, parte de los conflictos socio-territoriales surgen en la medida que el estado habilita áreas públicas para la realización del capital urbano-turístico o promueve la ocupación de áreas baldías que son el soporte de variados servicios ecológicos significativos para la reproducción de la vida social urbana. A diferencia de otros períodos en la construcción territorial de la región, el vigente se destaca por el ascenso de una respuesta social organizada a ciertas formas de penetración y transformación territorial ejecutadas e impulsadas por el mercado inmobiliario y el estado. El agrupamiento de pobladores dispuestos a defender ciertas cualidades del ecosistema costero, delimitándolo como parte del patrimonio local, estimuló la formación de organizaciones sociales que, aunque diversas e inconstantes, tienen en común disputarles a los actores hegemónicos el control material del territorio disputado y su significación. De cara a esta estado de conflictividad, lo que emerge, como rasgo distintivo de otras instancias, es que: si bien la conflictividad socio-ambiental subyace a una forma concreta de ocupación del territorio por parte del capital urbano-turístico, lo que se presenta como novedad es una ruptura, por parte de un sector de la sociedad, con la legitimación de que el desarrollo regional es posible sólo a través de un modelo basado en las formas combinadas, simbióticas y asociadas entre capital turístico y capital inmobiliario

Los movimientos sociales emergentes (de base comunitaria, local, barrial y ambiental) reivindican el “lugar” como categoría explicativa del sentido de pertenencia, de espacio propio, gobernado por sentimientos, identidades, atributos y funciones ecológicas, confrontando con intereses del mercado inmobiliario. Además, reivindican el concepto de “patrimonio” para intervenir en las disputas, encuadrándolo como lo material e inmaterial que tiene valor para la comunidad, sobre todo bienes y espacios públicos o comunes que forman parte del entorno y que proveen una serie de beneficios. En este sentido, se presenta una patrimonialización del “medio ambiente” en el que se sustenta y reproduce la existencia socio-comunitaria. Desde este lineamiento, se concluye que a través del cuidado del conjunto de elementos que brindan servicios ecosistémicos se puede garantizar “el derecho a un ambiente sano”[4], motivo por el cual los sectores organizados entienden que deben ser defendidos y preservados los lugares desafectados (o que se intenta hacerlo) de tales atributos por el accionar de actores que intervienen (o pretenden intervenir) en el espacio, inaugurando el conflicto territorial, esto es, el encuentro de dos formas de construir e imaginar el territorio.

En función de la problemática regional, el objetivo del artículo es caracterizar y analizar la conflictividad y disputa socio-territorial en dos áreas costeras correspondientes a dos ciudades de la región: Miramar y Necochea (Figura 1). La elección de ambos casos, entre varios que se están gestando en la región[5], tiene que ver con sus similitudes. En el caso de Miramar, se aborda la oposición de un grupo de pobladores autoconvocados a un complejo turístico que se edificó en la zona costera del vivero dunícola “Florentino Ameghino”. En el caso de Necochea, la movilización social, y su posterior auto-organización, se congregó en defensa del Parque Miguel Lillo, una reserva forestal en la que se avanza en su privatización mediante concesiones al capital inmobiliario y turístico, impulsadas por sectores del estado municipal a través del poder ejecutivo y el cuerpo legislativo. Por sus atributos socio-ambientales, el vivero y el parque son entendidos, por las organizaciones sociales contendientes, como parte del patrimonio de la comunidad, además de cumplir funciones como atractivos turísticos y, por ende, su preservación también la ligan a las posibilidades de desarrollo local. No obstante, el interés del capital de reproducirse en los mencionados lugares radica en las mismas propiedades que valoran los movimientos sociales, ya que las cualidades únicas del entorno a escala local permiten generar y captar rentas monopólicas (Harvey, 2012) a todo emprendimiento que allí se instale.

 

Metodología

 

Para los objetivos planteados, se realizaron diversos trabajos de campo en los focos de conflicto y se efectuaron diferentes encuentros con protagonistas y antagonistas para efectuar entrevistas formales e informales. Se destaca, el análisis de los argumentos esgrimidos por los movimientos sociales en defensa del lugar y el medio ambiente. En este punto, se detecta la existencia de lo que se define como discurso territorial, que se activa, per se, en toda instancia de disputa por el espacio (Hernández & Furlan, 2016).

A través del estudio de la dimensión discursiva, no sólo nos aproximamos a la argumentación respecto a la oposición de los movimientos sociales a determinadas intervenciones en el territorio, además nos permite incorporar sus posiciones propositivas, que conforman tentativas de gestión colectiva (o de base) de los territorios en disputa. Cabe destacar que, al tratarse de disputas, se hace presente la contra-argumentación de quienes son interpelados por sus intervenciones. Esto últimos, activan su propio discurso territorial armado en defensa de sus intereses y en base a sus propias apreciaciones y conceptualizaciones.

En forma complementaria, se realizaron trabajos de observación directa en el campo (campañas 2013, 2015 y 2017) para dimensionar los motivos de las pugnas por el territorio, la discusión por los límites jurídicos, los elementos presentes puestos en valor, las funciones ecosistémicas, etc. A esto se suma el compendio de normativas y fallos judiciales involucrados en los dos casos que permiten atender a las razones puestas en consideración de parte de los denunciantes y los denunciados.

Mapa 1

 

Figura 1. Mapa de la región costera-marítima bonaerense y la localización de Miramar y Necochea. Fuente: elaboración propia.

 

 

Marco conceptual

Como conceptos medulares del trabajo se destacan territorio, lugar y patrimonio, ya que son categorías explicativas de las tensiones que se generan entre los intereses y racionalidades que promueve el capital urbano-turístico y los movimientos sociales que se oponen a los mismos, en los casos de estudio. Lo que reviste interés es cómo los actores que antagonizan entienden el sentido de los términos tratados. Respecto a territorio, tomaremos como definición la propuesta multidimensional de Haesbaert (2004) que lo define como aquel que

envuelve al mismo tiempo una dimensión simbólica, cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de control simbólica, sobre el espacio donde viven; y una dimensión más concreta, de carácter político-disciplinar y político-económica que resulta de la apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinarización de los individuos (pp. 93-94).

 

Tales formas de apropiación y significación del territorio contienen la relación sociedad-naturaleza, su génesis, su historia socio-ambiental, que lo transforma, en términos de Santos (2000), en “territorio usado”, constituido por la base material (social y ambiental) y la vida social que lo anima, en cooperación y/o conflicto. Esta conceptualización nos muestra que, en el análisis a realizar, tiene que abordarse las tensiones y conflictos como resultado de la construcción del territorio, esto es, como proceso histórico de apropiación y control del espacio, desde una perspectiva integradora que envuelva todas las dimensiones que constituye lo territorial.

Respecto al concepto “lugar”, Massey (1991) plantea que necesitamos pensar un sentido del lugar adecuadamente progresista, que pueda encajar con lo global-local y con los sentimientos y relaciones que causa, útiles en las luchas políticas que se instalan, por ejemplo, por el medio ambiente. A su vez, propone preguntarse cómo mantener una noción de diferencia geográfica, de unicidad, incluso de enraizamiento, sin ser reaccionario, sin reproducir o caer en localismos conservadores (Massey, 1991), como también advierte Harvey (2001) en sus estudios sobre el particularismo militante. Es cierto, que la búsqueda de los significados «reales» de los lugares, como el (re)descubrimiento de patrimonios por parte de las sociedades locales, se interpreta en parte como respuesta al deseo de fijación y de seguridad de la identidad en medio de los cambios que impulsa la globalización (Massey, 1991). Sin embargo, no hay que confundir este planteamiento como una afirmación de que los procesos impulsados globalmente son per se progresistas, o que toda pugna por “lo local” es necesariamente conservadora. La defensa del “lugar” puede, desde las bases sociales que lo significan, ser una respuesta a una injerencia desde un mando extraterritorial o a una medida contradictoria a los intereses de conjunto. La preservación de determinadas condiciones que hacen del lugar un sitio específico, en algunos casos, es una posibilidad de respuesta política, sin que esto implique la reproducción de ideologías conservadoras[6].

Entonces, el lugar, a priori, está construido por una constelación determinada de relaciones sociales, encontrándose y entretejiéndose en un sitio particular (Massey, 1991). Sostenemos que cuanto más “localizado” esté el lugar, en el sentido de que la escala de referencia sea más específica, más se homologará al concepto de localidad de Prats (2005), quien plantea que dicho término es una delimitación territorial animada por una comunidad ambiental y personalmente interrelacionada, sin un grado de anonimato significativo. Esto es extensivo a la noción de lo barrial como otra instancia de especificación hacia el interior de una matriz urbana. Esta conceptualización explica cómo las luchas sociales en torno a la cuestión socio-ambiental presentan, en su base, la consideración del territorio en pugna como “el lugar” de la comunidad, disputándolo con actores que ejercen el poder otorgado por el capital (la capacidad de invertir), la propiedad privada (los títulos legales) o la representación política-administrativa (el accionar del estado). De la conflictividad socio-ambiental no resulta una naturaleza objetivada, sino subjetivada, atravesada por la experiencia del lugar y elaborada para discutir con los discursos dominantes que se accionan en la construcción e invención del territorio.

Otro concepto que importa en el trabajo es el de “patrimonio”[7]. Siguiendo a Prats (2000), se trata de un término que infiere la apreciación de la externalidad cultural y natural, ambas mediadas por la significación y valoración social que se le asignan. El patrimonio se realiza y, al mismo tiempo, se localiza en un cuadro espacial. El proceso de patrimonialización condiciona al espacio, al mismo tiempo que este lo hace con el patrimonio. La geografía en la que se activa el patrimonio (incluso el inmaterial) adquiere un valor que puede conducir a todo un campo de disputa, tanto material como de significados, sobre todo cuando se activan procesos de turistificación que lo transforman en un recurso económico. El patrimonio se activa por versiones ideológicas de identidad (Prats, 2005 & 2009). Incluso aquello que se considera patrimonio natural no escapa de los intereses sociales sobre los cuáles se establecen delimitaciones en los espacios geográficos que son protegidos por una serie de normas e instituciones. A la inversa del patrimonio instituido por el poder político, veremos en el caso de estudio cómo el discurso de “lo patrimonial” surge como elemento para disputar la autoridad con los sectores que hegemonizan la construcción territorial. Finalmente, recordamos que todo patrimonio, incluso aquellos sitios declarados y tutelados por organismos internacionales y que presentan una proyección a escala global, están ligados a la historia de un lugar, por lo tanto, son elementos fuertes en la construcción del territorio.

 

El modelo de desarrollo territorial en la región

Históricamente, el modelo que gobierna el proceso de construcción territorial en la región costera-marítima bonaerense es el que resulta de la combinación, asociación y cooperación entre el sector inmobiliario, las empresas constructoras y el capital turístico. Esta triangulación de intereses concibe un uso intensivo del suelo costero, en el cual el estado municipal ejerce como instrumento para consolidar y garantizar el control y dominio sobre el territorio de los actores hegemónicos, al proveer un sistema de normas locales que habilita el accionar de estos. Este proceso, vigente y vigorizado, se caracteriza por el crecimiento de las ciudades en forma paralela a la costa, artificializando y presionando la franja litoral a través de la consolidación de un sistema de objetos de contenido urbano-turístico[8] de diferentes densidades y tamaños que resultan del desarrollo urbano y el perfil turístico (sobre todo el volumen de flujos que soporta la localidad, independientemente de la población permanente). La forma-contenido (Santos, 2000) que mejor delimita este proceso de producción espacial es lo que Dadon (2011) denomina franja costera urbana-turística (franja CUT). La misma es el espacio areal entre la línea de costa y las primeras líneas de edificación, conteniendo, en su extensión territorial, aquellas actividades relacionadas con el turismo de sol y playa, lo que implica incluir las playas (su equipamiento turístico), las aguas someras y las áreas destinadas a alojamiento, servicios y recreación de los turistas (Dadon, 2011). Este espacio es donde se expresa con mayor notoriedad la relación simbiótica entre capital urbano y capital turístico. Como la franja CUT forma parte del soporte espacial del ambiente costero y este presenta, como singularidad, la variedad y complejidad de las interrelaciones que concurren en él (García & Veneziano, 2011), es, de por sí, un escenario problemático, vulnerable a las intervenciones que allí acontezcan.

El proceso por el cual nuevos espacios son puestos en valor para el desarrollo urbano-turístico es lo que denominamos avance de la frontera urbano-turística (afu-t). Su progreso, en la costa marítima bonaerense, alcanzó tal dinamismo durante décadas que transformó un territorio poco cotizado hasta las primeras décadas del siglo XX[9], en uno de los más incipientes negocios inmobiliarios de la Argentina. En las localidades donde el proceso se concentró[10], el modelo no sólo adquirió una lógica expansiva sino que, además, lo hizo en forma intensiva, al densificar el uso del suelo y habilitar el crecimiento vertical en las áreas costeras. Esto acontece al edificarse en altura en la franja CUT[11], multiplicándose la rentabilidad del suelo urbano y acelerándose la rotación del capital inmobiliario, ya que de esta forma se obtienen ganancias derivadas de la ventaja comparativa que se presenta en términos de localización. Esto se debe a que el suelo urbano próximo a la costa está cerca o frente a la playa, y tal emplazamiento cotiza el m² del lote y de toda edificación que acceda a vistas panorámicas de la postal turística[12], generando rentas diferenciales urbanas.

Derivado del párrafo anterior, un rasgo distintivo de estas urbanizaciones es que se tratan de ciudades bifrontes ya que, por un lado, se presenta una estructura espacial coincidente con la franja CUT, de frente al mar, poblada densamente por objetos urbano-turísticos que se expanden en forma paralela a la costa y en altura; y otra estructura espacial en el “interior”, contigua y detrás de la primera, ajena, a priori, a los ciclos de circulación socio-espacial y experimentación del turista en el destino. El funcionamiento de dos “ciudades” plantean una problemática concreta: por lo general, los servicios se concentran en la franja CUT, debido a que en la misma está la mayor densidad de infraestructura urbana[13]. No obstante, es donde se presentan menos habitantes por vivienda, a causa de que buena parte de las mismas son habitadas temporariamente por turistas o por segundos residentes, sumados a los hoteles y demás comercios que funcionan por temporadas y que permanecen ociosos el resto del año. Para que se realice el capital turístico es vital sustentar en la franja CUT un ambiente urbano acondicionado, que proyecte un paisaje que pueda ser puesto en valor turístico, ya que ello dependerá, en buena medida, la atractividad del destino de playa. En esa dirección, el estado invierte en obras paisajísticas que mejoran el entorno costero, promueve una constante renovación urbana y prioriza el funcionamiento óptimo de los servicios en la franja CUT, al mismo tiempo que renuncia a matizar las desigualdades instaladas por las necesidades del capital, al no restarle recursos que activen una política socio-ambiental que mejore sustancialmente las condiciones en los barrios no incluidos en la traza turística. Esto es lo que denominamos paradoja socio-espacial del desarrollo turístico, ya que un destino exitoso es aquel que concentra recursos en un espacio concentrado y esporádico, fragmentando el territorio para generar una distancia socio-ambiental.

 

Disputas y conflictividades territoriales en los casos de estudio

Las ciudades de Necochea y Miramar forman parte costa marítima bonaerense, en ese orden, son la segunda y tercera más poblada de la región (Figura 2), y la cuarta y séptima con más plazas hoteleras (Figura 3). Necochea, cabecera del partido homónimo, presenta una economía diversificada a través del desarrollo agroindustrial y portuario, no dependiendo sistemáticamente de la afluencia turística, aunque sí en la generación de empleo estacional. En el caso de Miramar, hay una dependencia relativa, ya que es la cabecera político-administrativa de un municipio agro-ganadero (General Alvarado). No obstante, el turismo tiene peso decisivo en la oferta laboral y en el tipo de negocios que se desarrollan en la localidad. Al margen de las diferencias respecto a cómo el turismo influye en la economía y sociedad local, en los dos casos, su instalación en el territorio ha configurado y consolidado una franja CUT (Figura 4) en la que se reproducen imaginarios y postales turísticas, aspecto que las enlaza al resto de las localidades balnearias de la región.

 

 

Figura 2. Las siete localidades más pobladas de la región costera-marítima bonaerense. Fuente: Censo 2010 (INDEC, 2011).

 

En ambas localidades abordadas, el afu-t se promueve y extiende en espacios costeros preservados, a los que la comunidad local le asigna valores afectivos y de pertenencia, como lugares propios y comunes. Además, son considerados como parte del acervo patrimonial local debido a las funciones ecológicas que presentan y la satisfacción de necesidades socio-ambientales que proveen, cualidades por las cuales son protegidos normativamente. Para el sector empresarial y político, el que existan aún espacios sin ocupar por el capital urbano-turístico, valiosos por estar emplazados frente a la playa o por presentar un entorno de características únicas, representa la posibilidad de reproducir la franja CUT abriendo nuevos nichos espaciales de negocio. Por tal motivo, los dos conflictos tratados tienen en común ser una consecuencia de las necesidades expansivas de las inversiones sectoriales. En este cuadro de presión sobre las condiciones preexistentes, los empresarios y los gobiernos locales se topan con la reacción y organización de sectores de la comunidad local agrupados en movimientos socio-ambientales que reencuadran sus reclamos desde la concepción de “lugar”, “patrimonio” y “medio ambiente”.

 

 

 

 

 

Figura 3. Las siete localidades con más plazas hoteleras en la región costera-marítima bonaerense. Fuente: Ministerio Nacional de Turismo (2015).

 

Imagen 1

 

Figura 4. a) (izq) Fotografía área de Miramar, la parte superior izquierda –la cubierta forestal- corresponde al vivero dunícola Florentino Ameghino, b) (der) Fotografía área de Necochea la parte inferior de la imagen -la cubierta forestal- corresponde al Parque Miguel Lillo. Fuente: Municipalidades de General Alvarado y Necochea.

 

Los casos que fueron estudiados en cada una de las localidades abordas se detallan a continuación, señalando el origen del conflicto territorial y las cualidades del lugar en pugna, destacando qué actores intervienen, cuáles son los mecanismos sobre los cuáles se dirime la disputa y qué tipo de alianzas estratégicas se ponen en evidencia.

 

Miramar: “Por un vivero sin ladrillos”.

En Miramar, la disputa es por un área costera del vivero dunícola “Florentino Ameghino”, emplazado al sur de la localidad. El vivero es una forestación costera y dunar de 502 hectáreas, creada en 1923, por el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (MAAPBA), con el objetivo de fijar las dunas que afectaban el desarrollo urbano, y promover trabajos de experimentación forestal para poblar el resto de una región en la que las cadenas de médanos obstaculizaban la fijación del suelo urbano. Por su valor paisajístico y servicios ecosistémicos, es declarado en 1997 Reserva Natural (Ordenanza Municipal 184/97). Como parte de las políticas locales orientadas a la preservación del vivero, destacamos la Ordenanza Municipal 77/09, la cual establece una serie de limitaciones en el uso del área para evitar su degradación. Además, se destaca por tratarse de un espacio verde público, en el que se desenvuelven prácticas de sociabilidad, recreativas, científicas y educativas. Después de las playas, se trata del atractivo turístico más visitado en la ciudad.

El conflicto surge por la construcción de un complejo turístico-habitacional y recreativo en la costa del vivero respaldado por el ejecutivo y legislativo local. El planteo de las obras edilicias y de ampliación del área de servicios comienza, paradójicamente, en 2009[14], el mismo año que se promovieron políticas locales tendientes a reforzar la preservación del espacio verde. En octubre 2010, un sector de la comunidad local se agrupa y organiza para oponerse a la intervención territorial de la empresa, por el grado de impacto socio-ambiental que generaría la construcción de las unidades edilicias en las tierras concesionadas (Expediente Municipal Nº 2918-S-2010), señalando como principal responsable al estado municipal por actuar deliberadamente en beneficio de los intereses de los inversores. El activismo socio-ambiental funda una asamblea que se denomina y define “En Defensa del Vivero de Miramar” (ADV). La misma delibera a través de la participación abierta, convocando a reuniones y diferentes actividades para tratar la temática e impulsar acciones con el objetivo de demoler, por vía judicial, el complejo turístico en cuestión.

El origen del conflicto está ligado a que la primera concesión de espacio conocido como “Frontera Sur” se hizo en 1998[15] (Municipalidad de General Alvarado. (1998)). En el primer contrato, la concesión presentaba una extensión más reducida que la actual y las funciones habilitadas sólo autorizaban la construcción de un “parador ecológico”. Con el cambio de adjudicatarios, se suscitaron modificaciones en la infraestructura y atributos del espacio comercial. De ser un parador construido con materiales reciclados, se edifican y habilitan ocho departamentos y una casa de dos niveles para alquiler, un restaurant-bar-disco de 300 m² con una capacidad para 280 cubiertos, un balneario con piscina compuesto por 30 carpas y 15 pérgolas, más vestuarios, estacionamientos, parque acuático y juegos de aventura (Figura 5). Para la instalación del complejo se afectó uno de los sectores costeros del vivero, removiendo la arena y parte de las dunas. Se trata de una concesión del estado municipal en la que se presentan ventajas comparativas al desarrollarse en un lugar estratégico, en primer lugar, porque es el único habilitado en el área, además de contar con acceso directo a la playa (renta diferencial). La renta monopólica se deriva de que es el único oferente de servicios en la costa del vivero, conjugando la playa con el bosque, lo que permite realizar actividades tanto las jornadas con buen clima, como en los días más templados o frescos, menos propicios para permanecer en la costa.

 

Imagen 2

 

Figura 5. Complejo Frontera Sur y su área de afectación. Fuente: elaboración propia en base a trabajos de campo e imagen satelital Google Earth (2017).

 

La lectura territorial y ambiental que realiza la ADV es que no sólo es un problema lo que se edificó, sino que el riesgo radica en que se habiliten nuevas áreas que fomenten un efecto multiplicador que transforme la actual ocupación espacial única del complejo, en una serie de nuevas iniciativas que comprometan más sectores del vivero, que exijan más tala de especies arbóreas y se provoque una mayor fractura ecosistémica. El primer objetivo de la ADV fue hacer una presentación judicial para detener las obras. En enero de 2011, se logró un fallo favorable, en primera instancia, que detuvo la continuidad de la construcción de más módulos para el complejo (Poder Judicial de la Nación, 2010). Respecto a lo que quedó construido y en funcionamiento, la ADV fijó como objetivo la demolición del complejo turístico, por la misma vía jurídica, para desalentar toda inversión que involucre impactos socio-ambientales para el vivero. A esto se suma, iniciativas para terminar con la tala y regular la circulación de vehículos motores, destacándose la presentación de una ordenanza en la que se propuso un Plan de Manejo Integral para la Reserva Natural “Vivero Dunícola Florentino Ameghino”.

Los argumentos principales de la asamblea giran en torno a que el negocio turístico-inmobiliario en el vivero afecta al “Patrimonio Natural, Cultural y Paleontológico más significativo de la ciudad”, disminuyendo la biodiversidad, al reducir la masa forestal por medio de la tala y la eliminación de médanos fijados, impactando el nicho ecológico que representa para diferentes especies animales y vegetales, y comprometiendo los yacimientos paleontológicos correspondientes a la zona de Punta Hermengo. La privatización y la política del “ladrillo” (Figura 6), como expresión simbólica-material del afu-t, es entendida por el activismo como un ataque al sentido histórico de la localidad, por tratarse el vivero de un sitio privilegiado de encuentro, esparcimiento y educación ambiental, ya que es visitado frecuentemente por las escuelas de todos los niveles. Una de las voceras de la ADV sintetiza la pugna en dos dimensiones: “se lucha para que el espacio público siga siendo público, y para que el ambiente del vivero no se degrade con cualquier tipo de construcción que pretendan instalar”.

 

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Figura 6. Movilización convocada por la ADV con las consignas: “El Vivero no se vende” y “Por un vivero sin ladrillos”. Fuente: ADV.

 

La alianza entre el gobierno municipal y el empresario que obtuvo la concesión, llevó a una confrontación directa del movimiento socio-ambiental con el ejecutivo local. En una entrevista efectuada a los dos responsables de la cartera de turismo en el 2013 (de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, y de la Dirección de Turismo) los mismos aducen que la instalación del complejo en el vivero permite desarrollar una zona atractiva de la ciudad a través de la oferta de servicios turísticos y gastronómicos, generando puestos de trabajo y mejorando el posicionamiento de Miramar como destino de calidad, un sello buscado por todas las intendencias de la región[16]. Mencionan que se trata de satisfacer una demanda de servicios recreativos y comerciales en un área de la ciudad que no contaba con ningún emprendimiento de las características que le imprime al lugar “Frontera Sur”. Más allá de la responsabilidad primaria del ejecutivo local, cabe resaltar que todo el régimen político respaldó la construcción del complejo, ya que ninguna de las fuerzas que integran el Concejo Deliberante (CD) se opuso al desarrollo. Por lo tanto, al no hacerse eco del reclamo los concejales, quedó el conjunto del régimen político local bajo cuestionamiento de los antagonistas.

Los mecanismos desplegados por la ADV en la disputa territorial consistieron en movilizaciones (Figura 6), mesas informativas en la vía pública, firmas de petitorios, asambleas, “bocinazos”, volanteadas, festivales, presentaciones ante el legislativo local y una serie de actividades para convocar y lograr el respaldo de la ciudadanía.

En las declaraciones publicadas por la ADV se puede distinguir el discurso territorial activado. Por un lado, están aquellos argumentos que refieren al cuestionamiento del modelo de construcción territorial basado en el mercado inmobiliario, presente en la consigna central: “El vivero no se vende”. A lo que se suma la imagen del paisaje que se pretende preservar (“lo que tiene que ser”), fijada en la otra consigna central: “Por un vivero sin ladrillos”. Por otro lado, en los diferentes comunicados aparecen los discursos territoriales que plantean la pertenencia comunitaria y la referencia al patrimonio: “El Vivero es de la gente…” [la comunidad]. O, en forma más directa, se interpela al actor responsable: “… se supone que un municipio [contradestinatario público] debe estar con el pueblo [local], no contra el mismo, y no del lado de un privado…” [contradestinatario privado].

Así como los intereses del empresariado son defendidos por el régimen político local, los movimientos socio-ambientales tienen en sectores académicos sus aliados, como por ejemplo científicos del Museo de La Plata dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La ADV realizó charlas informativas y se asesoró con diferentes especialistas de diferentes disciplinas. Se destacan las presentaciones judiciales en contra de la empresa y el municipio para lograr el fallo que dictamine la demolición del complejo turístico. Para tal fin, convocaron a un abogado ambientalista.

En la arena judicial, el activismo logra, en diciembre de 2017 una sentencia definitiva favorable al reclamo, ya que rectifica la suspensión de las obras realizadas en el complejo turístico, intimando al empresario a que presente ante las autoridades municipales la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que fuera concesionado, para que en forma continuada las autoridades competentes expidan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. En los dictámenes, se establece que, de no cumplirse con la medida exigida por el poder judicial, “se dará comienzo a las obras de desmantelamiento” debido a que están en incumplimiento con el régimen jurídico del vivero y en falta con los mecanismos de licenciamiento ambiental. Esto contribuyó al cierre del complejo, su puesta en venta en portales inmobiliarios y luego su retiro de los mismos, sin hacerse aún efectiva la demolición a causa de la apelación al fallo de las partes demandas.

 

Necochea: “El parque no se vende”.

En Necochea, el caso es el conflicto territorial desatado entre un sector del poder político local, que impulsa una serie de iniciativas para avanzar con nuevas concesiones en el Parque y Estación Forestal “Miguel Lillo”, y un sector de la comunidad opuesta a la privatización de dicho espacio verde y público. El parque fue creado en 1948 por el MAAPBA, cumpliendo con los objetivos fijados por la Ley de Defensa Forestal 13.273/4848 (Congreso de la Nación Argentina, 1948).  Está plantado sobre un área dunar fijada de la Barrera Austral de Médanos (BAM) y se localiza en forma lindera a la playa. El predio comprende 642has que proveen de variados servicios ecológicos al conglomerado urbano Necochea-Quequén. Al igual que el vivero de Miramar, entre las funciones más importantes del parque está la fijación del suelo arenoso. Al mismo tiempo, la abundante vegetación retiene parte de las partículas de arena movilizadas por los vientos frecuentes, característicos e intensos de la zona[17]. Además, las tormentas de aire frío provenientes del cuadrante sur y sureste son frenadas y reducidos sus impactos debido a la densa arboleda conformada por más de 1.100.000 de ejemplares (el 70% pinos) que actúan, en conjunto, como una barrera física. Por estos atributos, el parque desempeña funciones que contribuyen al confort bioclimático[18] (García, 2013). Por otro lado, la cubierta vegetal favorece la preservación de la calidad del agua de las napas freáticas al impedir la intrusión de aguas salobres. También hay que destacar, como resultado de las funciones fotosintéticas de la biota introducida, la provisión de oxígeno limpio –“pulmón verde”- a una ciudad con actividad industrial y portuaria intensa, cuyos gases residuales son transportados por los vientos.

El conflicto se inicia en mayo de 2014, cuando habitantes autoconvocados se contraponen a un proyecto de ordenanza presentado por el cuerpo de concejales del Partido Fe[19] quienes impulsaban la creación del Ente Moderador del Parque Miguel Lillo (EMpar), como organismo autárquico para la administración y gestión del parque. El propósito consistía en asignarle al ente la facultad de otorgar nuevas concesiones a las preexistentes, que reducirían aún más el espacio público[20]. El proyecto de mayor impacto de la medida propuesta, era habilitar tierras para que se puedan edificar complejos hoteleros en el área costera. El antecedente más emblemático de privatización en el parque es el otorgamiento de una concesión a 90 años de una franja costera de 11has[21] a una empresa de desarrollo inmobiliario para la creación del primer barrio privado en Necochea (Barrio Médanos) –Figuras 7 y 8. Esta medida extendió la franja CUT al sur de la ciudad a través de un modelo urbano cerrado, que obtuvo rentas diferenciales y monopólicas al reproducir un nicho inmobiliario en la zona costera del bosque, con acceso directo a la playa desafectando, para tal fin, el dominio público de un sector del parque.

A través de las redes sociales, la indignación, elemento constitutivo de toda experiencia emocional ante un hecho injusto, circuló entre los diferentes pobladores locales, lo que llevó a una respuesta que derivó en una movilización y un abrazo simbólico al parque (Figura 9). De estas primeras medidas autoconvocadas, se funda el movimiento socio-ambiental “El Parque No Se Vende” (PNV). Para los vecinos agrupados, el parque forma parte de la identidad local, ya que, al igual que el caso del vivero de Miramar, es un lugar de recreación, educación y sociabilidad, además de proveer los servicios ecológicos mencionados. Se trata, desde la perspectiva de los actores que están en postura defensiva, de un patrimonio natural y cultural. La privatización de un sector del parque para un desarrollo inmobiliario a principios del siglo XXI y la presentación del proyecto normativo para crear el EMPar pone en evidencia que sectores del régimen político necochense promueven el afu-t sobre espacios verdes públicos mediante la cesión de derechos por largos períodos de tiempo. Cabe aclarar, que en el caso del EMPar el intendente interino[22] cuando se desató el conflicto no avaló el proyecto de ordenanza, argumentando motivos más ligados al erario público[23]. No obstante, se pronunció con parte de la población ya movilizada y presionando al ejecutivo, además de que llamó al consenso, cuando la tensión territorial precisamente tiene connotaciones radicalizadas de ambas partes: concesiones o espacio público, que no cuadran, a priori, con un planteo conciliador.

El argumento esgrimido por los patrocinadores para que se constituya el EMPar, enunciado en conferencia de prensa, es que el parque se transforme en un polo atractivo de negocios ya que, según su diagnóstico, “depende de la inversión privada para superar el estado de degradación en el que se encuentra y el estado municipal no puede hacerse cargo por el escaso presupuesto con el que cuenta” (sic). Al mismo tiempo, sostuvieron que Necochea necesita de esas inversiones para emular como destino turístico a “Cariló y Mar de las Pampas”, sugiriendo que la ciudad tiene que dejar de parecerse “a sí misma” (sic). Esto se traduce en despojarse de su identidad más policlasista como destino y perfilar un turismo de cualidades más elitista, con la expectativa de que esto signifique un mayor gasto por turista y que las ganancias se redistribuyan al crearse nuevos empleos, comercios, servicios, etc.

 

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Figura 7. Barrio privado “Médanos” en tierras del parque “Miguel Lillo”. Fuente: Google Earth.

 

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Figura 8. Instagram oficial de la Secretaría de Turismo de Necochea. En la misma se puede observar que como postal turística se proyecta el bosque y la playa en el área del barrio privado “Médanos”. Fuente: https://www.instagram.com/p/B9UHRgrnwgR/

 

Al convocar a transformar a Necochea en una plaza turística para un consumidor ABC1[24] a lo que se adhiere, finalmente, es al efecto derrame o goteo espacial (Harvey, 2012). Aplicado esto último al turismo, es confiar en la fórmula que, a mayor gasto por turista, más beneficios para el desarrollo local. En este punto, radica en buena medida el origen de la confrontación y el disenso, ya que mientras que para parte de la comunidad local el parque no debe ser privatizado y cedido a los intereses del capital urbano-turístico, para sectores del poder político y económico “desarmar” el sentido patrimonial del lugar y su dominio público es una opción óptima para el beneficio de la población (puestos de trabajo, mejora de los indicadores turísticos, más consumo y gasto).

 

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Figura 9. Abrazo simbólico al Parque y Estación Forestal “Miguel Lillo”. Fuente: PNV.

 

Mientras que los empresarios y los políticos aliados despliegan un discurso territorial en el que se intenta disuadir y convencer respecto a la pregunta: ¿por qué hay que privatizar sectores del parque?, utilizando la emulación del “otro” espacial[25], para el PNV es todo lo contrario: renunciar al patrimonio local es resignar aquello que les pertenece y que tiene funciones vitales para el turismo y la comunidad: “…quién les dio derecho a ellos [contradestinatario: los concejales que presentaron el proyecto] a pensar que pueden vender nuestro [pronombre posesivo como sinónimo de “comunidad local”] Parque. Nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas…”[26]. En una de las entrevistas realizadas, una de las voceras del movimiento socio-ambiental remarcó “la gravedad institucional del proyecto y de buena parte de lo que se habilitó hacer, en los últimos años, en el parque”.

A medida que se agudizó el conflicto, se multiplicaron las iniciativas que consistieron en marchas al Municipio, la ocupación de las áreas a intervenir del parque, campañas de concientización e información, junta de firmas para impedir las concesiones planeadas, presencia en los medios de comunicación, incluso programas propios de radio. A través de los diferentes métodos de intervención se logró que se desactivara el proyecto de creación del EMPar y su tarea privatizadora. Además, se avanzó en la conformación de la Comisión de Análisis y Planificación del Parque Miguel Lillo que realizó y publicó un informe en el que se sugieren diferentes propuestas para el manejo del espacio. A esto se suma el reclamo para que el parque sea declarado “paisaje protegido” por normativa provincial.

Para fortalecerse en argumentos, los dos movimientos socio-ambientales abordados (Miramar y Necochea) recurren al discurso científico para legitimar su discurso territorial. También, emerge un sentido patrimonialista, en tanto se vincula el espacio en disputa con los rasgos identitarios y de pertenencia. Por el lado del discurso científico, su utilización refuerza los argumentos en contra de las intervenciones territoriales derivadas del afu-t en los espacios en disputa. Estos contribuyen a determinar el grado de importancia de preservar determinadas condiciones ambientales, sobre todo los referidos a que escasean espacios verdes costeros en la región. En ambos casos, el discurso científico es uno de los “auxiliares” más importantes del discurso territorial, ya que es la razón “más” objetiva. Por último, frente al modelo hegemónico de construcción territorial, el discurso “patrimonial”, de abajo hacia arriba, nutre al “territorial” porque le provee un carácter popular y colectivo al pronunciarse en alusión a cómo tiene que ser el “lugar” y qué debe preservarse. De esta forma, se presiona a los circuitos institucionales (ligados al poder) que determinan aquello que forma parte o no del acervo patrimonial.

En cambio, desde el régimen político local y el empresariado, lo que predomina, como elemento confirmativo del discurso territorial, es adjetivar para afirmar la necesidad de un cambio para recalificar el lugar y reconciliar significados, a priori, antagónicos. Esto es claro cuando la responsable de turismo del Municipio de General Alvarado hace referencia a espacios “vacíos”, en el caso del vivero de Miramar, que requieren ser “ocupados” por novedosas estructuras y servicios comerciales para que la “gente” pueda “hacer algo allí” (sic). En el caso de Necochea, los enunciados refieren a que el parque presenta espacios “degradados” que necesitan el “salvataje” del emprendedor privado para su “recuperación” y que “la población” pueda disfrutar de un mejor entorno. Estas posiciones se asocian a un urbanismo de promotores (Lefebvre, 2017), con un rol activo del Estado en el diseño de políticas públicas, como facilitador y garante de las inversiones privadas, aunque distanciadas de las necesidades de la mayoría de la población y encaminadas a la privatización y elitización de los servicios y espacios públicos (Monreal, 2016). Se comprueba, en el discurso de los actores que ejercen el poder estatal, el abandono de las posiciones que entienden “lo público” como instancia para satisfacer necesidades de conjunto tendiendo a promocionar su privatización como beneficio para el conjunto de la sociedad local. La posibilidad de que penetre este discurso en la conciencia social depende de qué tan degradado esté el espacio público. El no mantenimiento del mismo, la falta de inversión y de planeamiento desde los municipios, confirma la “profecía autocumplida” enunciada por la propia administración pública: “si el estado actúa en forma ineficaz, hace falta la intervención de los sectores privados”.

En el caso de Miramar, el sostener una agitación permanente en el lugar del conflicto y en el centro de la ciudad, comunicando a los pobladores y turistas la importancia de defender el vivero, contribuyó a que se obtuviera un fallo judicial favorable. Desde la asamblea socio-ambiental, no sólo se ha planteado el reclamo por la demolición del complejo, sino también se han propuesto diferentes formas de manejo integral del vivero y han creado una red de comunicación para atender todo inconveniente y/o denuncia sobre tala, incendios, construcciones ilegales, etc. En el caso de Necochea, acontece la misma situación, el movimiento socio-ambiental realiza informes, presentaciones al municipio, denuncias, define un pliego de reclamos que expresan una serie de medidas. A esto se le suma, el contar con un programa radial propio, de difusión y educación ambiental. El proyecto del partido Fe fue desacreditado gracias al activismo, pero aún persiste la conflictividad ligada a las concesiones privadas en el parque, situación que mantiene a sectores de la población organizados, instalados como una fuerza social de base que pugna en defensa de los derechos socio-ambientales de la comunidad.

 

Conclusiones

 

Como destaca Moraes (2006), la idea de “progreso” surge (casi siempre) vehiculizando una apología a la expansión espacial. Por tal motivo, la idea del avance de una “frontera” –o, dicho de otro modo: el crecimiento de la matriz espacial dominante- clarifica el problema subyacente a las lógicas del modelo estudiado, ya que implica, entre otras consecuencias, la reducción de espacios no intervenidos por la racionalidad inmobiliaria y privatista. La conflictividad territorial resultante entre los que promueven el modelo y quienes se oponen evidencia que no sólo se trata de un choque en términos materiales, sino que también se enfrentan representaciones sociales y culturales respecto al “lugar”, al que unos le asignan “valor de cambio” y otros un “valor de uso, ambiental y socio-cultural”, que refleja valores, patrones de comportamiento y lógicas contributivas sobre el medio ambiente.

En los dos casos analizados, el origen de las organizaciones sociales contendientes con el poder económico y político local, surgieron por la indignación colectiva ante las medidas anuncias y/o ejecutadas por el sector empresarial y el régimen municipal. Para el activismo estudiado en el trabajo, la clase política favorece los sectores privados desestimando los intereses comunitarios. El poder estatal, bajo un régimen capitalista, se deriva de una visión integrada y articulada del espacio, pues actúa sobre todos los lugares, transformándose en un arma más de dominación (Moraes, 2006) y de reproducción socio-espacial, en nuestro caso de estudio: de los intereses de los sectores empresariales ligados al sector inmobiliario y turístico. Esto incluye tener la facultad de decidir qué es incluido como patrimonio y lo que no o amerita ser desafectado. Si bien en este trabajo se hizo referencia al patrimonio desde una concepción popular, es decir, el que es valorado desde las bases sociales de una localidad, el caso es que dicho concepto, en la bibliografía institucional, se lo considera como un conjunto de bienes (culturales o naturales) tutelado por el Estado, como atribución propia, sobre la que se presupone que existe un “consenso social” (Prats, 2005). No obstante, su mercantilización, devela la naturaleza social de la estrategia institucionalizada. Por tal motivo, buena parte del patrimonio designado de “arriba hacia abajo” declara lo que tiene valor de mercado.

Para concluir: los movimientos socio-ambientales que disputan con los sectores que lucran con los recursos territoriales, lo que están rechazando es una forma de acumulación por desposesión (Harvey, 2003) del capital urbano-turístico, ya se trata de un modelo privatista y excluyente. Por tal motivo, ambos conflictos estudiados llevan como consigna el “… no se vende”. Estos movimientos prosperan en pos de lo que podríamos encuadrar, en base a Soja (2010), como justicia socio-espacial. En primera instancia, porque se trata de una construcción social, ambiental, horizontal, solidaria, sensible y deliberativa que tienen como finalidad orientar su disenso y accionar confrontativo a la defensa de una relación sociedad-ambiente (construido, plantado, o no), comunidad-lugar, en la que se reivindique lo “patrimonial” como constructo definido por bases comunitarias. En segundo lugar, porque se oponen a los actores hegemónicos que construyen una territorialidad antagónica a intereses del conjunto social, disputando con el estado las lógicas que deben operar en los procesos de organización y ordenamiento territorial y gestión ambiental. En tercer lugar, porque cada uno de los casos estudiados, mediante a diferentes estrategias, ha logrado detener o poner en cuestionamiento las intervenciones territoriales a las que se oponen u obstaculizarlas, incluso desalentando la expectativa de un efecto multiplicador que avance sobre los espacios públicos disputados.

 

 

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[1] CONICET – Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-ambientales (UNMdP). Ricardo Rojas 1823. (0223) 475-2288. E-mail: fmhernandez12@yahoo.com.ar.

[2] La región se extiende desde el Cabo San Antonio hasta Pehuen-Có, totalizando 38 localidades turísticas diseminadas en 730 kilómetros de costas aptas para la práctica de “sol y playa”, que nuclean cerca de 1 millón de habitantes (INDEC, 2019) y reciben, anualmente, a más de 15 millones de turistas (Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, 2015). Se trata de una región donde el turismo es un denominador común y construye un territorio disímil de la unidad territorial que la contiene: la región pampeana. Este territorio, está definido por sus rasgos físicos de litoralidad, pero su construcción como tal nace de la historia, de un pasado vivido en común por comunidades que se asentaron y ocuparon las costas a partir de que en las mismas se consolidaron núcleos urbanos que tenían como principal función ser los destinos turísticos de miles de argentinos. Esto configuró un territorio diferente a los centros rurales del interior pampeano y a los urbanos de los cordones industriales.

[3] En Diciembre de 2001, se produjo un estallido social en la Argentina debido al empobrecimiento general de la mayoría de la población, el desempleo y subempleo, la crisis de la deuda externa e interna acumulada, y por la medida del ejecutivo nacional de restringir la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros.

[4] Se trata de una caracterización reiterada en base a un Derecho Constitucional: Artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”

[5] Los conflictos territoriales más relevantes en la región son: en Mar del Plata están las pugnas por la Reserva del Puerto, la Reserva Verde Mundo, las playas públicas, el patrimonio arquitectónico; en Villa Gesell están los conflictos desatados por los procesos de urbanización privada, de construcción de complejos habitacionales en sectores dunares, de extracción ilegal de arena y de instalaciones de antenas de telefonía celular en playas; en Mar Chiquita hay procesos de movilización en oposición a la construcción de un barrio privado en el área de la albúfera homónima, entre otros.

[6] Por ejemplo, los pueblos que se organizan en contra de la megaminería, el fracking, el uso de agrotóxicos, etc.

[7] Recordemos que el patrimonio, como sistema de representación, surge con el capitalismo y la revolución industrial, apoyándose en la tendencia de que el desarrollo económico tiende a distanciarse de la naturaleza, del pasado y de la singularidad (Prats, 2000).

[8] Paseos costaneros, ramblas, balnearios, restaurantes, hoteles, edificios.

[9] A fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina se incorpora en la división internacional del trabajo como uno de los principales proveedores de materias primas, sobre todo granos y carnes. Este período se conoció como el “modelo agroexportador”. Por la fertilidad de las tierras y la cercanía de las mismas al principal puerto del país (Buenos Aires), la pampa bonaerense era (lo sigue siendo) el centro territorial de la economía agroexportadora, y sus campos cotizaban en base a las ventajas comparativas que presentaban. En cambio, las costas marítimas pampeanas al no tener la mejor fertilidad, sin líneas ferroviarias que las conectara con el resto del país y sin puertos en sus litorales, eran desvalorizadas, considerados territorios incultos, ya que no se le encontraba motivo alguno para poblar y fundar asentamientos en esa región.

[10] Ejemplos de localidades donde el proceso adquirió los rasgos intensivos descriptos son Mar del Plata, Miramar, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Mar de Ajó, San Bernardo del Tuyu, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y Monte Hermoso (ver Figura 1).

[11] Buena parte de las unidades habitacionales que componen los edificios en la franja CUT son utilizados sólo en las temporadas estivales.

[12] Cuando un paisaje valorado turísticamente se transforma “en icónico, es decir, cuando es el símbolo del lugar de destino y el mismo es utilizado para promocionar el lugar y colocarlo en una mejor posición en el mercado de destinos turísticos, se elabora la postal turística” (Hernández, 2017, p.25).

[13] Como la economía turística exige el funcionamiento pleno de los servicios urbanos donde el turista habita temporariamente (la franja CUT), cuando el sistema de distribución colapsa la prioridad es sostener el suministro en las áreas afectadas al desarrollo turístico. Tanto las obras de servicios urbanos como la regularidad en su suministro en la ciudad interior, están relegadas debido a la satisfacción prioritaria de las necesidades de reproducción del capital urbano-turístico. Por tal motivo, las desigualdades hacia el interior de la escala local, se reproducen y agudizan con el turismo, generando una fractura socio-territorial, que le da contenido a lo bifronte. Esto último, se refuerza debido a que la transferencia expectante de una ciudad a otra, mediante los sistemas de recaudación impositiva, no alcanzan a subsanar el problema, por el motivo de que el capital urbano-turístico demanda la mayoría de los recursos monetarios del erario público, incluyendo los tributados por ellos mismos.

[14] Al comienzo del conflicto, el intendente de General Alvarado era Patricio Hogan (2007-2013) quién integró el Frente para la Victoria (FPV) desde el espacio del peronismo y luego rompió con dicho frente para integrarse como parte del Frente Renovador (ahora en Frente de Todos, retomando la alianza con los sectores políticos que integraron el FPV).

[15] Cuando se realizó la concesión de Frontera Sur en 1998 quién gobernada el municipio era el histórico referente del radicalismo local: Enrique Honores.

[16] En dicha dirección, hay que sumar las políticas municipales que estimulan la territorialización de las inversiones hoteleras, mediante las exenciones impositivas a los complejos de mayor categoría.

[17] Al respecto ver García (2013).

[18] Dentro de esta cualidad, se destaca el espacio de sombra que provee en el solsticio de verano, generando en su territorio un microclima durante los días calurosos y soleados.

[19] El partido FE, es una organización política representante del peronismo neoconservador. En el año 2014, tenía como máximo referente nacional al fallecido dirigente sindical de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), el necochense Gerónimo “Momo” Venegas.

[20] Actualmente, el 38% del parque se encuentra concesionado a diferentes titulares, y en parte cercado por los mismos, impidiendo el paso público de los visitantes.

[21] Esta controversial medida se tomó durante el gobierno peronista de Julio Municoy (1995-2003).

[22] Quién ocupaba dicho cargo era José Luis Vidal (2013-2015), había asumido por el destituido Horacio Tellechea.

[23] Declaraciones de José Luis Vidal a la prensa local: https://www.diario4v.com/necochea/2014/5/24/sacar-mango-municipalidad-para-crear-ente-nuevo-imposible-3973.html.

[24] ABC1 es la categoría social de mayores ingresos en lo que respecta a los diferentes niveles socioeconómicos que se definen y utilizan para estudiar el acceso al consumo.

[25] El “otro” espacial son los destinos de playa organizados para un turismo más elitista.

[26] Manifestante durante una de las marchas por la ciudad de Necochea en repudio al intento de crear el EMPar.

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