CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2000-2020): CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR

 

María Guillermina Diaz[1]

Gabriela Inés Maldonado [2]

 

(Manuscrito recibido el 01 de julio de 2024, en versión final 02 de octubre de 2024)

 

 

Para citar este documento

Diaz, M. G. & Maldonado, G. I. (2024). Conflictos socioterritoriales en la provincia de Córdoba (2000-2020): caracterización preliminar. Boletín geográfico, 46. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/aylfyk69z

 

 

Resumen

 

En los albores del siglo XXI se incrementaron las protestas y disputas colectivas asociadas a los usos del territorio en la provincia de Córdoba, específicamente en torno a la explotación de recursos naturales en sentido amplio. En tal escenario, en este trabajo pretendemos exponer los resultados preliminares de la identificación y caracterización de los conflictos vinculados al uso y apropiación de recursos naturales que acontecen en la provincia de Córdoba en los últimos 20 años. Entendemos que estas disputas permiten visualizar el encuentro conflictivo (aunque en ocasiones también solidario) de diversas territorialidades que expresan distintas formas de construir relaciones (materiales y simbólicas) con y desde el territorio.

Para cumplir el objetivo propuesto, en términos metodológicos se realizó un estudio de carácter mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. A partir del análisis estadístico, se examinaron diferentes variables con el fin de clasificar los datos, entre ellas: localización, tipo de conflicto, causa de origen, actores involucrados, fecha, judicialización y resultados. El trabajo también intenta dar cuenta, de manera inicial, de la espacialidad que los conflictos producen, para lo cual se elaboró cartografía temática.

Finalmente, como resultado del análisis realizado, en la provincia de Córdoba se identificaron cinco tipos de conflictos vinculados a: la actividad minera, la actividad agrícola, la actividad forestal, la infraestructura vial y la propiedad de la tierra. También fue posible reconocer una incipiente regionalización de las disputas asociadas al uso de los recursos naturales en la provincia.

 

Palabras clave:  Disputas, Territorio, Recursos Naturales

 

 

SOCIO-TERRITORIAL CONFLICTS IN CÓRDOBA PROVINCE (2000-2020): PRELIMINARY CHARACTERISATION

Abstract

 

At the dawn of the 21st century, protests and collective disputes over land use emerged in the province of Córdoba, specifically concerning exploitation of natural resources in a broad sense. In this context, this paper, aims to present the preliminary results of the identification and characterization of conflicts related to the use and appropriation of natural resources in Córdoba province over the last 20 years.

We understand these disputes as opportunities to visualize the often contentious (though sometimes solidaristic) encounters between diverse territorialities that express different ways of constructing relationships (both material and symbolic) with and through the territory.

To fulfill this objective, a mixed methods study was conducted, combining qualitative and quantitative techniques. Based on statistical analysis, various variables were examined to classify the data, including location, type of conflict, cause, actors involved, dates, legal proceedings, and outcomes. The paper also seeks to provide an initial account of the spatial dimensions, of these conflicts which were analyzed through thematic mapping. As a result, five main types of conflicts were identified in Córdoba province: mining activity, agricultural activity, forestry activity, road infrastructure and land ownership. Furthermore, an incipient regionalisation of disputes associated with natural resource use in the province was observed.

 

Keywords: Dispute, Territory, Natural Resources

 

 

Introducción

Los procesos conflictivos producidos en la provincia de Córdoba en torno al uso de los recursos naturales son numerosos. En gran parte, estos se fueron desencadenando en consonancia con otras disputas sucedidas a escala nacional tales como el caso del conflicto ocurrido entre los años 2002 y 2003 en la ciudad de Esquel (provincia de Chubut), las movilizaciones producto del desarrollo de actividades con importante potencialidad de contaminación (como el conflicto vinculado a la construcción de una planta de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, que involucró a población de Uruguay y Argentina) y la movilización de vecinos en diversas localidades del centro del país a raíz de la producción agrícola basada en la aplicación de agroquímicos (por ejemplo, en 2009, por medio de un amparo realizado por vecinos de la localidad de San Jorge en la provincia de Santa Fe, se limitaron las fumigaciones en campos contiguos a uno de los barrios de la ciudad).

De acuerdo con Merlinsky (2013), durante la década del ‘90 la incorporación de los países latinoamericanos a un proceso de apertura económica de los mercados, con la consiguiente pérdida del poder contra balanceador del Estado en el proceso de desarrollo, ha tenido como consecuencia no solo la elevación de las tasas de desempleo y el aumento de la pobreza, sino también una pérdida del control social de los recursos naturales –agravada en algunos casos por la privatización de su producción–. La consiguiente disminución del poder fiscalizador del Estado ha tenido implicancias críticas en razón de las mayores presiones ambientales originadas por el traslado de actividades contaminantes desde los países centrales a los periféricos. En este contexto, el camino para la acumulación del capital actualmente atiende a una nueva cualidad: un sistema financiero y productivo más integrado en el cual los capitales transnacionales se fortalecen. En ese marco, el comercio de materias primas alcanzó niveles sin precedentes y los capitales vinculados a este tipo de producción crecieron y se extendieron hacia nuevas regiones con impactos y ventajas desigualmente distribuidos.

En este sentido, Merlinsky (2013) plantea que en la actualidad asistimos a una multiplicación de los conflictos generados por la expansión de actividades extractivas y el uso de recursos naturales, visualizados a través de reclamos por la afectación de la biodiversidad de los ecosistemas, conflictos en torno a la deforestación y destrucción de bosques nativos, disputas vinculadas a la expansión de la frontera agropecuaria y de la extracción minera, entre otros Alimonda, (2005); Castro Soto, (2005); Vacaflores & Lizárraga  (2005).

En este marco, observamos que en la provincia de Córdoba se incrementaron las protestas y disputas colectivas en torno a los usos del territorio, específicamente vinculados a la explotación de recursos naturales en sentido amplio. Además de las protestas que adquieren visibilidad a través de distintos medios, comienzan a ser recurrentes estudios e investigaciones vinculados a conflictos por el uso de agroquímicos (Cicchini, Amengual, Nazábal, & Gambino, 2015; Avila-Vazquez y Difilippo, 2016; Isidro, 2017; Tito, 2018), a la explotación del bosque nativo (Schnake & Vallejos, 2009; Paez et al., 2017; Schneider, 2018) y a la actividad minera (Milesi, 2011; Deón & Diaz, 2021). En tal escenario, en este trabajo pretendemos identificar los conflictos asociados al uso y apropiación de recursos naturales que acontecen en la provincia de Córdoba en los últimos 20 años, con el objetivo de reconocer sus características. Entendemos que estos conflictos permiten visualizar el encuentro contradictorio (aunque en ocasiones también solidario) de diversas territorialidades que expresan distintas formas de construir relaciones (materiales y simbólicas) con y desde el territorio.

De esta manera, el trabajo se organiza en cinco apartados. En el primero se aborda el marco teórico-conceptual que orienta este escrito. Luego se destina un apartado para explicitar la estrategia metodológica seguida para el desarrollo del trabajo. En un tercer apartado se delimita y caracteriza el área de estudio. Posteriormente, nos centramos en los conflictos acontecidos en la provincia de Córdoba a través de su caracterización y representación cartográfica. En el último apartado avanzamos sobre el análisis de las estrategias y las identidades construidas por los actores involucrados en los conflictos, centradas especialmente en los actores colectivos. Finalmente, el escrito concluye con las discusiones finales.

 

Área de estudio

Situada en el centro de Argentina, la provincia de Córdoba administrativa y políticamente se compone de 26 departamentos (Figura 1) y abarca una superficie de 165.321 km2. En cuanto al relieve, presenta el aspecto de una extensa llanura que se eleva de este a oeste hasta las sierras cordobesas. De esta manera, queda comprendida en la región más conocida como llanura pampeana, a la par que contiene una porción considerable del sistema orográfico central conocido como las sierras de Córdoba y San Luis.

Con relación al clima, Córdoba pertenece a la zona templada. Posee un clima de carácter eminentemente continental, con fuertes oscilaciones de lluvia y temperatura.

Respecto a la vegetación, si bien se encuentran las provincias fitogeográficas Chaqueña, Pampeana y del Espinal, gran parte de la fitogeografía ha sido modificada profundamente por la acción antrópica que fue transformando porciones del territorio para dedicarlos a la explotación agropecuaria, por lo que la vegetación nativa fue sistemáticamente reemplazada en la estepa pampeana, en el espinal y más recientemente en el bosque chaqueño del norte provincial. Este avance de la frontera agropecuaria se asocia, entre otros, con los desmontes, los procesos de degradación de los suelos, la contaminación por el uso de agroquímicos y los incendios, que a lo largo del tiempo han producido fuertes cambios sobre los sistemas naturales del territorio provincial.

Actualmente, entre las actividades económicas vinculadas a recursos naturales en sentido estricto priman la agricultura, la ganadería y la minería. Por otro lado, es importante el desarrollo del sector industrial (metalmecánico y agroindustrial principalmente), como así también de la actividad turística y comercial. Datos del Ministerio de Industria Comercio y Minería de la provincia[3] revelan que al año 2021 Córdoba representaba el 30% de la producción nacional de automotores y maquinaria agrícola. En cuanto al sector minero, Córdoba es el principal productor de materiales para la construcción con una producción anual, en 2017, de 38.000.000 tn[4] aproximadamente. Por su parte, con relación a la producción agrícola y sobre la base de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación[5], la provincia aportó en 2021 el 25%, 30%, 29% y el 90% del total de la superficie cultivada con trigo, maíz, soja y maní respectivamente, a nivel nacional. Para el año 2020, la Secretaría de Política Económica de la Nación informó que las cadenas productivas localizadas en la provincia de Córdoba aportaron el 8,6% del valor agregado total del país. Un peso similar tiene en el empleo (9,2%). Finalmente, sobre la base de estos últimos datos, en el año 2020 en la estructura productiva de Córdoba se ubicó en primer lugar el comercio, el que aportó el 21,2% del valor agregado bruto, luego la educación (8,2%), construcción (7,3%), salud (6,8%) y la producción de soja (5%).

Demográficamente, en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2022 la provincia registró un total de 3.835.738 habitantes. Asimismo, se destaca un proceso de urbanización concentrada, con el aumento de la primacía poblacional en el Área Metropolitana de Córdoba (ya que más del 90% de población provincial es urbana y más del 55% se concentra en el Área Metropolitana) y de las ciudades de segunda jerarquía como Río Cuarto y Villa María. Los aglomerados de tercera jerarquía urbana (entre 10.000 y 100.000 habitantes) que han mostrado mayores tasas de crecimiento intercensales son los de las zonas turísticas de las sierras y los vinculados a la producción agropecuaria de perfil industrial del centro y este provincial.

 

               Metodología

Para cumplir el objetivo propuesto, en términos metodológicos se realizó un estudio de carácter mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas.

El análisis se sustentó principalmente en una recopilación de artículos periodísticos realizada entre los años 2019 y 2021 en la Hemeroteca de la Legislatura de la provincia de Córdoba, como así también en periódicos de publicación online. En total se han recuperado 328 artículos periodísticos, publicados entre 2000 y 2020, de diarios de alcance provincial, tales como La Mañana, La Nueva Mañana, La Voz del Interior, La Tinta, Sala de Prensa Ambiental y EcosCórdoba.

Luego, a partir del análisis estadístico de los artículos periodísticos recopilados, se examinaron diferentes variables con el fin de clasificar los datos registrados en los artículos, entre ellas: localización, tipo de conflicto, causa de origen, actores involucrados, fecha, judicialización y resultados. Cabe destacar que, el criterio metodológico para la selección de la variable “tipo de conflicto” se relaciona con la actividad económica vinculada al uso y apropiación de los recursos naturales. A su vez, se identificaron las estrategias desplegadas por los actores, algunas actividades y expresiones sociales que reconocemos como construcción de identidades comunes, así como también las instancias de institucionalización y de socialización política de los actores involucrados en los conflictos reconocidos. Todo lo anterior tuvo como fin indagar en torno a los diferentes proyectos territoriales en disputa.

 

Mapa

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Figura 1. Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia sobre la base de datos vectoriales del IGN (2022).

 

El trabajo, si bien se enfoca en la caracterización de los conflictos cordobeses, también intenta dar cuenta, de manera inicial, de la espacialidad que los mismos producen. Para ello, se elaboró cartografía temática a fin de visibilizar dicha espacialidad, junto a su caracterización. En dicha cartografía se presenta la distribución provincial de los conflictos, así como también su participación a nivel departamental.

 

Aproximaciones teórico-conceptuales

Como se ha señalado, nos interesa aquí analizar los conflictos socioterritoriales que acontecen en la provincia de Córdoba vinculados a la apropiación de recursos naturales. En este punto entonces, es tarea ineludible acercarnos a una definición de lo que entendemos como conflictos socioterritoriales. En este sentido, iniciaremos este apartado con un breve análisis en torno al concepto territorio, para luego, a partir de allí, conceptualizar qué es lo que está en disputa cuando nos referimos a los conflictos como socioterritoriales.

Al respecto del territorio, Santos (1986, 1994, 1996, 2000) ha desarrollado una nutrida discusión en torno a la categoría espacio geográfico, a la que considera sinónimo de territorio usado, concibiéndolo como un híbrido, un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones definidos históricamente Santos (2000). El espacio, de este modo, es una instancia que contiene a las demás instancias sociales, políticas, culturales, entre otras, y es a su vez contenido de estas Santos (1986). Atraviesa y define la conexión e interrelación entre los objetos, sus funciones y las acciones desde y hacia ellos.

Los sistemas técnicos, entendidos como objetos y formas de trabajar o como formas de ser y de hacer, se universalizan e instalan en diversos lugares, previa elaboración de un marco normativo que lo permita (Silveira, 2003). Estos sistemas se completan al depositarse en el lugar, desarticulan los ya existentes e ignoran la multiplicidad de actores y temporalidades que allí se expresan. Los actores con posiciones dominantes poseen la capacidad de organizar formas de fijos y flujos que terminan estableciéndose como norma. A partir de la proyección de una determinada racionalidad en el territorio, el trabajo se transforma por medio de un conjunto de técnicas que hacen uso del territorio e incrementan su especialización productiva, mientras disminuyen las demás técnicas y formas de trabajo no hegemónicas y/o corporativas. Esta territorialización de los actores dominantes significa al mismo tiempo, siguiendo a Haesbaert (2013), la desterritorialización o territorialidad precaria de grupos subalternos (ambas siempre acompañadas de procesos de reterritorialización).

En este sentido, Martín (2017) señala que la naturaleza espacial del poder puede ser observada en las estrategias y prácticas espaciales de diversos grupos sociales, incluyendo aquellas desplegadas en o a través de los proyectos extractivos. Estos actores, que interactúan a diferentes escalas, están fuertemente conectados al territorio en el sentido de que el espacio físico es el locus de apropiación de los recursos naturales.

Sostenemos que recuperar la territorialidad vinculada a la apropiación de recursos naturales invita a estudiar este proceso en el marco de estructuras de poder y decisión a distintas escalas y a “pensar en la capacidad diferencial de control sobre el territorio que tienen los actores, en otras palabras, la capacidad diferencial para territorializar objetos y acciones y para obturar el dominio y control sobre el territorio de otros actores que, aun viviendo en el lugar, son despojados de esta posibilidad de control (o la misma les es negada u obstaculizada)” Maldonado (2020:52).

En ese contexto, y sobre esta base conceptual vinculada al territorio, una disputa socioterritorial tendrá como centro de controversia las acciones y objetos que se instalan, producen y reproducen en el territorio, proceso siempre atravesado por estructuras de poder y decisión a diversas escalas y que, en tanto disputas, evidencian la confrontación de diferentes racionalidades en torno al cómo y qué uso del territorio y territorialidades deben prevalecer.

En este sentido y vinculado a los conflictos territoriales, Arzeno, Ponce y Villaroel (2018:127) señalan que “una de las manifestaciones del conflicto social como inherente al proceso de desarrollo tiene lugar justamente en torno a las disputas que se generan por el control y uso del territorio, que definimos como conflictos territoriales. Más específicamente, se trata de disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental". Por su parte, Mançano Fernandes (2000) advierte que la disputa territorial se produce de dos maneras: por la desterritorizalización o por el control de las formas de uso y acceso a los territorios, es decir, tratando de controlar sus territorialidades.

Halvorsen, Mançano Fernandes, y Torre (2019), en un análisis vinculado a movimientos socioterritoriales, se preguntan ¿Por qué el territorio importa en los movimientos sociales y qué les permite conseguir? Los autores señalan que los movimientos socioterritoriales abrazan al territorio como su rasgo definitorio. En su artículo analizan las características de los movimientos socioterritoriales a través de cuatro ejes: estrategias, identidades, socialización política e institucionalización. Si bien el objeto de nuestro trabajo no se centra en los movimientos socioterritoriales, sino en las disputas socioterritoriales (las que, si bien pueden con el tiempo convertirse en movimientos, inicialmente se expresan a través de hechos relativamente puntuales, aislados y con una temporalidad breve o manifiesta a través de pulsos), algunos aspectos de los ejes analizados por los autores contribuyen a pensar las componentes esenciales de los conflictos estudiados y, en este sentido, sientan las bases de la estrategia metodológica para su estudio.

Sobre la base de lo expresado, y de manera sucinta, Halvorsen et al. (2019) señalan que en el despliegue de las estrategias de los movimientos socioterritoriales el territorio es central, específicamente la apropiación del territorio como espacio de supervivencia y lucha para sus proyectos políticos. A su vez, la construcción de identidad de estos movimientos se realiza en y a través de la producción del territorio, en un sentido relacional, por lo que las territorialidades producidas pueden generar nuevas subjetividades políticas. Por su parte, este tipo de movimientos generan contextos particularmente intensos para la socialización política, ya que la materialidad del espacio apropiado provee un territorio específico para la generación de nuevos encuentros que también pueden generar sitios de activismo performativos y afectivos. Por último, muchas veces los movimientos socioterritoriales, en el proceso de territorialización de las prácticas de sus proyectos políticos, crean nuevas instituciones. Esto puede implicar la desterritorialización de estructuras institucionales preexistentes y, a su vez, de los proyectos territoriales dominantes vinculados al Estado y al capital.

De esta manera, la disputa socioterritorial se expresa como una arena de conflicto o de confrontación de intereses, más o menos puntual, más o menos prolongada en el tiempo y arraigada en las formas de uso y apropiación del territorio, tanto material como simbólica, y de los recursos que allí se encuentran. Las estrategias que se despliegan en el marco de esta disputa son territoriales y tienen como objetivo la instalación de proyectos políticos, que también llamaremos territoriales, tanto hegemónicos como alternativos. La disputa corre el velo que oculta las diversas formas de pensar el territorio y visibiliza las tendencias hegemónicas y verticalistas promovidas por el capital y, en ocasiones, claramente acompañadas y hasta promovidas por el Estado. Es decir, en una disputa socioterritorial se visibiliza la confrontación de distintos proyectos políticos, todos territoriales. Esta advertencia intenta evitar la asociación de la idea de que los proyectos políticos promovidos por actores, por ejemplo, globales son proyectos desterritorializados o devenidos de actores extraterritoriales, puesto que como señala Maldonado (2020:68) “si asociamos la desterritorialización al control de ciertas áreas por parte de empresas extranjeras que poseen escala de mando global, o incluso consideramos a estas empresas como actores extraterritoriales, negamos la capacidad de territorializar de estos actores, la capacidad de controlar y determinar el uso del territorio, de definir los objetos y acciones que se materializan en el lugar, y por consiguiente, de promover, siempre mediante relaciones de poder que incluyen el poder-conocimiento, la territorialización precaria de otros actores, quienes no solo pierden todo control y dominio sobre el territorio que los contiene y los rodea sino que también, y especialmente, suelen estar expuestos a las consecuencias ambientales negativas que puede generar la extracción de los recursos naturales”.

En definitiva, las disputas socioterritoriales se constituyen en una instancia que permite tanto visibilizar las tensiones en torno a qué objetos y acciones se despliegan en el territorio, como exponer la característica siempre dinámica, relacional, multidimensional y multiescalar de este. Se considera que lo que subyace en todas ellas es la confrontación de diversas territorialidades que pueden, al menos inicialmente, resumirse en dos: aquellas asociadas a racionalidades que conciben al ambiente desde una perspectiva utilitarista, sustentadas en concepciones extractivistas, en la cual los diversos recursos son concebidos como mera mercancía (esta perspectiva, en general, se apoya en un tipo de conocimiento occidental, moderno y hegemónico que tiende a ser excluyente o a invisibilizar otros saberes); y, aquellas asociadas a formas alternativas de concepción del ambiente, del territorio como espacio de vida, con visiones diversas pero más integrales y que propenden a la construcción de un conocimiento sustentado en la ecología de saberes De Souza Santos (2010). Esta contraposición de territorialidades asociadas a diversas racionalidades debe ser interpretada a la luz de las distintas contradicciones inherentes a cada una que harán de sus lecturas un proceso más complejo (Escobar, 2010).

 

Resultados

Conflictos vinculados al uso de los recursos naturales en la provincia de Córdoba.

 

Anteriormente se mencionó que, con el paso de los años, se han generado cambios sobre los sistemas naturales del territorio provincial producto de diferentes estrategias y prácticas espaciales, expresadas en proyectos territoriales. En ocasiones estas estrategias y prácticas han desencadenado tensiones entre los actores involucrados generando conflictos en torno al uso y apropiación de los recursos naturales.

En este contexto, sobre la base del análisis de las fuentes periodísticas, en la provincia de Córdoba se identificaron cinco tipos de conflictos vinculados a: la actividad minera, la actividad agrícola, la actividad forestal, la infraestructura vial y la propiedad de la tierra (Figura 2). Se puede observar que, de un total de 328 noticias analizadas, el mayor porcentaje de los conflictos se vincula a la actividad agrícola (57,82%), particularmente la forma de producción actual crecientemente asociada al uso de agroquímicos. Le siguen los conflictos correspondientes a la actividad forestal (18,29%), principalmente los vinculados al desmonte de bosque nativo y a la reforma de la ley de bosques de la provincia de Córdoba. Luego, se encuentran las disputas en torno a la actividad minera (10,91%), particularmente a la explotación de canteras y en menor medida a la extracción de áridos, como así también al traslado de residuos radioactivos de la antigua mina de uranio de Los Gigantes. Por su parte, los conflictos por la propiedad de la tierra representan un 7,37% de la muestra analizada y dejan ver la puja por la tierra entre pequeños productores del norte cordobés y el sector agrícola-ganadero que intenta avanzar hacia esta zona de la provincia. Por otro lado, la creación de infraestructura vial (5,60%) por parte del gobierno provincial, principalmente en los valles de Punilla y Paravachasca, ha desencadenado una serie de disputas en estos valles que terminan entrecruzando los conflictos puesto que, por ejemplo, el avance de la instalación de infraestructura vial conlleva también a la disputa por el desmonte de bosque nativo.


Figura 2. Tipos de conflictos en la provincia de Córdoba vinculados al uso de recursos naturales en el período 2000-2020: actividad agrícola (azul, %), actividad forestal (verde, %), actividad minera (ocre, %), propiedad de la tierra (violeta, %), infraestructura vial (amarillo, %). Fuente: elaboración propia.

 

Con relación al análisis de las causas que generan los conflictos analizados (Figura 3), se pudo observar que la explotación de canteras (7,27%), los desechos radioactivos (4,07%), el desmonte de bosques nativos (19,48%), las pulverizaciones realizadas en zonas rurales en cercanías a áreas residenciales (32,85%), el reclamo por la propiedad de la tierra (6,98%), la construcción de autovías (5,52%) y la contaminación por productos químicos y biológicos de uso agropecuario (23,84%) se constituyeron en las causas de origen de los conflictos en la provincia.

A su vez, el uso del recurso suelo destinado producción agrícola de perfil industrial es el que produjo el mayor porcentaje de conflictos: más del 50% de los mismos si sumamos las dos causas que corresponden a los conflictos asociados a la actividad agrícola, es decir, las pulverizaciones realizadas en zonas rurales en cercanías a áreas residenciales y la contaminación por productos químicos y biológicos de uso agropecuario.


Figura 3. Causa de los conflictos en la provincia de Córdoba vinculados al uso de recursos naturales en el periodo 2000 – 2020.: Pulverizaciones en zonas rurales o cercanía de zonas residenciales (azul, %), productos químicos y biológicos de uso agropecuario (verde, %), desmonte de bosque nativo (ocre, %), explotación de canteras, (violeta, %), reclamos de propiedad de la tierra (amarillo, %), construcción de autovías, (rojo, %), desechos radioactivos (turquesa, %). Fuente: elaboración propia.

 

Con relación a la localización de los conflictos en la provincia de Córdoba, se trabajó la distribución de los casos a escala provincial. Los resultados se presentan en la Figura 4, en la que se puede observar los diferentes puntos de la provincia en los que los procesos conflictivos se fueron expresando. De esta manera, se evidencia que en el centro se desarrollaron la totalidad de los tipos de conflictos (por actividad agrícola, minera, forestal, propiedad de la tierra y otros). Dicha zona está representada por los departamentos Capital, Colón, Punilla, Cruz del Eje, Calamuchita, Santa María y Río Primero (en general, una gran parte de la superficie de estos departamentos corresponde a áreas serranas). Asimismo, se visualiza el predominio de los conflictos agrícolas en el sur y este de la provincia, mientras que en algunos departamentos del centro y oeste, tales como Río Primero y Cruz del Eje, el 100% de los conflictos identificados se asocian a la propiedad de la tierra, seguidos por Totoral, Minas y Punilla. Claramente, los conflictos vinculados a la actividad minera se localizan en el área serrana, mientras que en el norte tienen mayor protagonismo las disputas vinculadas a la deforestación. De esta manera, se puede observar que, con sus particularidades, los conflictos se encuentran diseminados en gran parte del territorio provincial.


Figura 4. Localización de los conflictos socioterritoriales según tipo de vinculación con recursos naturales. Fuente: elaboración propia sobre la base de datos vectoriales del IGN (2021).

 

Al vincular la variable localización con los tipos de conflictos reconocidos podemos observar una incipiente regionalización de las disputas asociadas al uso de los recursos naturales en la provincia. En efecto, si observamos la Figura 5, en la cual se presentan la variable tipo de conflictos junto a las dos principales actividades económicas desarrolladas en la provincia, actividad agrícola y minera, se observa una correlación entre la conflictividad reconocida y el uso de los recursos naturales. Así, tal como se ha señalado, encontramos que el tipo de conflicto minero se concentra en la región centro y oeste de la provincia, especialmente en el área serrana en la cual se desarrolla la actividad minera. Por su parte, el tipo de conflicto agrícola se manifiesta en los departamentos del sur y este, en los que la agricultura industrial representa la mayor cantidad de hectáreas cultivadas con soja y maíz, y, a su vez, en los que casi el 100% de superficie de este tipo de agricultura es tratada con agroquímicos[6]. Cabe destacar que, junto al suelo, entran también en la arena del conflicto la apropiación de otros recursos naturales como el agua, el monte nativo, la destrucción parcial de áreas o reservas naturales y, en algunos casos, se plantea por parte de los actores que lo que está en disputa es la vida misma de las comunidades.

La totalidad de los datos presentados y analizados permiten dar cuenta de la cantidad y diversidad de conflictos que acontecen en la provincia de Córdoba, asociados a la apropiación y uso de recursos naturales. En estos conflictos confluyen diversos actores los que, mientras despliegan estrategias vinculadas a los proyectos políticos que orientan sus acciones, en ocasiones (y algunos de ellos) también encuentran instancias de socialización que delinean ciertas identidades que los definen como actores colectivos.

 

Estrategias e identidades construidas a través de los conflictos socioterritoriales.

Hemos señalado al inicio de este trabajo que entendemos que los conflictos socioterritoriales, entre otros aspectos, pueden ser analizados a través de las estrategias que despliegan los distintos actores que confluyen en estos y, a su vez, que estas estrategias habilitan la construcción de ciertas identidades colectivas (siempre dinámicas), especialmente (aunque no exclusivamente) entre quienes resisten a proyectos territoriales hegemónicos. En este sentido, nos detendremos en este apartado a analizar los actores reconocidos en la conflictividad socioterritorial asociada a recursos naturales en la provincia de Córdoba, las estrategias desplegadas y las identidades construidas (o en construcción).

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Figura 5. Conflictos en la provincia de Córdoba vinculados a actividades económicas extractivistas, por tipo. Periodo 2000 – 2020. Fuente: elaboración propia con base a del IDECOR (2021).

 

Sobre la base de las fuentes indagadas, en los conflictos acontecidos en la provincia de Córdoba se han identificado diversos actores involucrados, entre ellos el Estado (nacional, provincial, municipal), el sector privado, el sector científico-académico, ONG, fundaciones, medios de comunicación, grupos religiosos, pueblos originarios, movimientos sociales y asambleas de vecinos autoconvocados. Se debe señalar que la heterogeneidad al interior de cada actor mencionado es un rasgo característico.

El accionar de los diferentes grupos de actores tiene por objetivo instalar en el territorio distintos proyectos políticos territoriales. En este sentido, se observa que algunos actores colectivos expresan la necesidad de desarrollar un proyecto basado en el buen vivir de las comunidades y referenciado en un encuentro solidario. Al respecto de sus acciones, identificamos diferentes tipos de estrategias desplegadas en torno a los conflictos: aquellas que tienen un carácter performático (marchas, ciclos de cine, festivales, escraches, cortes de ruta, acampes, junta de firmas, cartelería en espacios públicos, ferias, festivales); las de carácter organizativo (reuniones, plenarios, asambleas); y las de carácter jurídico-administrativo (presentación de denuncias administrativas y penales, presentación de recursos de amparo en la Justicia de la provincia).

Las estrategias de carácter performático son expresiones vinculadas a lo “simbólico” que se encuentran materializadas en el territorio por medio de insignias. Esto resulta en una forma de inscripción territorial material del conflicto, por ejemplo, carteles, banderas y folletos colgados y pegados en espacios públicos (plazas, alumbrado público, rutas, calles), espacios físicos para reuniones o encuentros, recuperación de edificios públicos con fines culturales, programas radiales; un ejemplo de lo mencionado es la Figura 6. Lo mencionado genera en el territorio improntas que permiten reconocer la forma en la que este se va construyendo caracterizada por la tensión y la disputa. Este tipo de expresión del conflicto irrumpe en el espacio público de manera directa y performática.


Figura 6. Pañuelo representativo de la lucha de Madres del barrio Ituzaingó Anexo colocado en la ventana de una vivienda familiar de la localidad de Los Reartes. Fuente: fotografía propia, enero de 2021.

 

Este tipo de estrategias también se reconoce en otros actores sociales involucrados en estos procesos (Estado, sector privado). En este sentido, se puede mencionar la cartelería vinculada a la construcción de infraestructura o a la instalación de plantas productivas relacionadas al agronegocio, como también la construcción de portones en caminos públicos, tal como se muestra en la Figura 7, o el cierre de los mismos por medio de cadenas, lo que terminan por ser expresiones materializadas de otro tipo de proyecto político territorial.


A su vez, así como el sector científico-académico se relaciona con los actores colectivos, también se vincula al sector privado y al Estado provincial no solo por los distintos programas de financiamiento de investigaciones sino también porque los diversos actores recurren a las Universidades y centros de investigación para la búsqueda de recursos humanos especializados para avanzar con el desarrollo de su proyecto territorial.

Figura 7. Portón construido por la empresa Minera Mogote al ingreso de la localidad de Casa Bamba. Fuente: fotografía recuperada del archivo del diario La Tinta, 2020.

 

Asimismo, en el despliegue de sus estrategias las asambleas van estrechando lazos solidarios con otros grupos de actores colectivos que terminan identificándose a través de las medidas desplegadas en los distintos territorios. En este sentido, observamos que el accionar de las asambleas se materializa en el espacio propiciando nuevos encuentros para el activismo y la construcción de lazos afectivos. Esto da cuenta que, en la provincia de Córdoba, se vienen generando procesos de socialización política, no solo en los territorios donde actúan directamente las asambleas, sino que también las instituciones educativas se convierten en espacios en los cuales esa socialización se produce.

En este punto, y vinculado a la instancia de socialización política, destacamos que al interior de las asambleas de vecinos autoconvocados reconocidas en el área de estudio las decisiones son tomadas de manera horizontal, es decir todas las personas que forman parte del grupo tienen el mismo poder de voz y voto. En cambio, el vínculo con el sector científico-profesional se produce a partir del asesoramiento profesional o desde el aprendizaje de las herramientas y el lenguaje científico que necesitan para producir un conocimiento nuevo y alternativo con el que puedan desafiar los discursos dominantes y participar en el activismo práctico (Conde, 2014). De esta manera, observamos que la acción de recurrir a la academia por parte de los actores colectivos para visibilizar el conflicto es otra estrategia más dentro de los procesos estudiados.

Destacamos que la institucionalización que se genera a partir de la conflictividad socioterritorial en la provincia de Córdoba se materializa en la creación y modificación de ordenanzas a nivel municipal, tal es el caso de las normativas en torno a fumigaciones con agroquímicos y la creación de zonas de resguardo ambiental que se generaron en algunas localidades como San Francisco, Dique Chico, Río Cuarto, Monte Maíz, Wenceslao Escalante, Noetinger, entre otros. Por otro lado, la institucionalización también se puede reconocer en la creación desde el año 2013 de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y el Ambiente perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. En este punto, resaltamos que por medio de las relaciones que se generan con el sector científico, los vecinos autoconvocados desarrollan alternativas frente a aquellas decisiones políticas estatales que han sido construidas desde ámbitos técnicos que solo confieren participación a algunos actores del sector privado asociados a representantes estatales. A su vez, en el contexto de este tipo de procesos, destacamos que tanto las ONG como las fundaciones colaboran con los actores colectivos para avanzar en la institucionalización de sus reclamos en el Estado o para hacer frente a las demandas judiciales que pretenden criminalizar la protesta.

Los grupos de actores colectivos también van territorializando su lucha y resistencia ante proyectos extractivistas a través de las alianzas que se generan con organizaciones que se encuentran en otras provincias argentinas. Podemos decir que estos grupos se caracterizan por: el trabajo en red; la constante vinculación y contacto con miembros de otros grupos colectivos como así también con personas del sector científico-académico; la realización de actividades culturales para visibilizar sus reclamos y que, a la par, reivindican tradiciones propias de los lugares que habitan; el rol que asignan a la comunicación social a fin de visibilizar su reclamo, lo que se traduce en la creación de radios comunitarias, páginas web, grupos en redes sociales; la redacción de informes técnicos y sociales sobre la problemática y las posibles soluciones; y, por último, la disrupción en espacios públicos. Vinculado a lo expuesto, observamos que una de las estrategias de carácter organizativo que se destaca en el caso de la provincia de Córdoba es la que se vincula a la conformación de comisiones, por parte de los actores colectivos, de acuerdo a las dimensiones que van abarcando los conflictos, entre las que se destaca el aspecto comunicacional (prensa) y legal, así como la logística y el arte.

En cuanto a las estrategias de carácter jurídico-administrativo resaltamos la conformación de asociaciones civiles por parte de los grupos de actores colectivos para poder acceder a la justicia y pasar a instancia judicial sus reclamos.

Con relación a lo planteado, se evidencia que el Estado se constituye como parte de los conflictos y, a su vez, como mediador entre actores intervinientes, pudiendo apelar a los reclamos, pero también reconfigurarlos y/o anularlos a partir de la invocación del discurso científico-académico, que también es disputado por sectores socioambientales. Por su parte, el sector privado responde a las interpelaciones ambientales mediante la resignificación de estas representaciones (lo territorial y lo ambiental), apropiándose de estos discursos e intentando generar alianzas con el sector estatal a fin de lograr un impacto en las políticas públicas y en la creación de normas para “reglar” las actividades económicas en las cuales están envueltos.

Como se mencionó al inicio de este apartado, no solo buscamos analizar las estrategias desplegadas, sino también reconocer la construcción de las identidades. Al respecto, a medida que los actores colectivos despliegan sus estrategias, también se puede considerar que se comienza a gestar lo que Halvorsen et al. (2019) denominan identidad. Dichos autores entienden que las nuevas identidades producidas y arraigadas en la apropiación del territorio pueden generar nuevas subjetividades políticas en torno a una forma organizativa común. En este sentido, las fuentes de datos analizadas permiten observar que el carácter de los grupos colectivos involucrados en los conflictos socioterritoriales acontecidos en la provincia de Córdoba es de tipo asambleario. A su vez, observamos que la comunidad producida por el territorio compartido se constituye en un elemento clave en la construcción de esta identidad.

Específicamente, en los conflictos analizados observamos que la identidad se construye a través de la práctica de conquista del territorio y de la lucha por seguir viviendo allí. En este sentido, se observa la conformación de grupos de vecinos que comienzan a producir alimentos ligados al monte nativo desde la práctica de la agroecología, tales como miel, harina de algarroba, lácteos, dulces, aceites, entre otros, a los que se suman cosméticos naturales. Estos productos luego son comercializados por medio de redes de comercio justo.

Por último, la identidad que se fue gestando por parte de los actores colectivos también se vincula a la presencia de grupos de pueblos originarios de la provincia (Pueblo de la Toma comunidad comechingón) y a la historia que los actores colectivos recuperan de los lugares que habitan incorporando a su identidad el indigenismo a través de, entre otros aspectos, recursos simbólicos de los distintos pueblos que conforman la historia de la población local. Esta incorporación busca reivindicar el legado indígena en términos políticos y territoriales, lo que es simbolizado en las banderas como la wiphala y la del pueblo comechingón que se visibilizan en los encuentros y movilizaciones.

En definitiva, los procesos conflictivos que se desarrollaron en la provincia de Córdoba en torno al uso y apropiación de los recursos naturales habilitaron la construcción de ciertas identidades en y a través del territorio. Esto evidencia, una vez más, que el territorio no se constituye en un escenario receptáculo de contradicciones y disputas sociales, sino que la territorialidad de lo social es una parte constitutiva de dichas contradicciones. Esa creación de identidad termina por ser una diferenciación en la cual los grupos de actores se van definiendo a partir de un “nosotros” en contraposición a un “ellos” sobre la base de un sentido de lo grupal y de la comunidad y, también, mediante la contraposición de distintos proyectos políticos territoriales.

 

 

Discusiones finales

A lo largo del trabajo realizado pudimos reconocer la diversidad de conflictos socioterritoriales acontecidos en la provincia de Córdoba, durante el periodo 2000-2020, que emergen como consecuencia de la forma en que se usan los recursos naturales, ligada a determinadas actividades económicas de carácter extractivista.

En este sentido, sostenemos que producto de las relaciones entre las actividades económicas extractivas y los conflictos se puede reconocer un patrón de expresión espacial de la conflictividad estrechamente ligado a las actividades tales como la agricultura industrial y la minería de canteras. Ambas actividades se asocian también a los procesos de desmonte de bosque nativo y a la construcción de infraestructura vial. Por lo anterior, sostenemos que, por un lado, la expresión espacial de la conflictividad nos ayuda a visualizar el uso de los recursos. A su vez, y por otro lado, que estos conflictos desnudan el antagonismo entre diferentes formas de pensar el territorio y, por ende, el uso y apropiación de los recursos naturales que allí existen. Entendemos que esta confrontación habilita una lectura vinculada a la presencia de diferentes proyectos políticos territoriales que muestran, por una parte, la continuidad de un único modo de producción hegemónico vinculado a actividades extractivistas que obstruye o incluso niega otras formas alternativas de uso de los recursos naturales. Expresión de este modelo hegemónico es el avance de la frontera agrícola hacia la región noroeste de la provincia, la construcción de infraestructura vial en valles serranos, el aumento de la cantidad de explotaciones mineras a lo largo de los cordones serranos, el incremento de desmontes de bosque nativo, entre otros. A su vez, y por otra parte, estos conflictos permiten también visualizar la resistencia organizada de los diversos grupos que conforman los actores colectivos y las estrategias que despliegan.

Por último, con relación a los actores colectivos que resisten al modo de producción hegemónico, se han reconocido acciones en el plano organizativo, performático y en el jurídico-administrativo, a través de las cuales se van generando distintos vínculos que habilitan la construcción de diversas identidades al interior de cada grupo. Entendemos que esta construcción de identidades colectivas se produce en y a través del territorio, lo que recrea de manera constante relaciones socioterritoriales. Dicho de otra manera, los territorios producen identidades que a su vez reproducen territorios.

 

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por acompañar la investigación en curso con la asignación de una beca Interna Doctoral, de la cual se desprende el presente trabajo. A su vez, a la misma institución por el financiamiento otorgado a través del Proyecto de Unidad Ejecutora del ISTE-CONICET y a la Universidad Nacional de Río Cuarto por el financiamiento otorgado a través de los Proyectos de Investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica.

Al personal de la Hemeroteca de la Legislatura de la provincia de Córdoba por la calidez y ayuda brindada durante el trabajo de archivo.

A los pares evaluadores de este artículo, por su lectura atenta, cuidadosa y constructiva.

 

Referencias

 

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[1] Instituto de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET). Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín. Mendoza - Argentina. CP 5500. Tel: 54-261-5244200. E-mail: gdiaz@mendoza-conicet.gob.ar

[2] Departamento de Geografía. Instituto de Estudios Sociales, Territoriales y Educativos (UNRC-CONICET). Ruta Nacional 36 km 601. Tel: 54-358-4676296. E-mail: gimaldonado@hum.unrc.edu.ar

[3] https://www.cba.gov.ar/organismo/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria. Fecha de consulta: 12/10/2021.

[4]  https://www.cba.gov.ar/organismo/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria  Fecha de consulta: 12/10/2021.

[5] https://www.argentina.gob.ar/agricultura Fecha de consulta: 12/10/2021.

[6] Según datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2018.