GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN NEUQUÉN:
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DESAFÍOS ACTUALES
Germán
Gabriel Pérez[1]
(Manuscrito recibido el 11 de junio
de 2024,en versión final 13 de agosto de 2025)
Para citar este documento
Pérez, G.G. (2025). Gestión ambiental
municipal en Neuquén: capacidades institucionales y desafíos actuales. Boletín geográfico, 47, 1-22. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/cyudaal92
Resumen
Los
municipios como ámbitos territoriales de cercanía han sufrido cambios en sus
funciones y responsabilidades desde su reconocimiento como territorios
administrativos en la constitución nacional. Entre estos cambios se destacan
unas nuevas funciones que las sociedades modernas exigen a sus gobernantes,
tales como seguridad, cultura, recreación, entre otras que se suman a funciones
básicas que los municipios ya han desarrollado. En este contexto, la cuestión
ambiental ha adquirido un lugar progresivamente más visible en la agenda local,
aunque su incorporación no ha sido homogénea ni exenta de dificultades. El
objetivo del artículo es analizar el modo en que los municipios neuquinos han
ido incorporando funciones ambientales en su estructura institucional,
considerando sus capacidades reales, los marcos normativos disponibles y las prácticas
desarrolladas en el territorio. A través de un enfoque comparado, y a partir de
entrevistas con gestores ambientales, se busca identificar tanto los
condicionamientos estructurales como las estrategias locales emergentes que
configuran el panorama actual de la gestión ambiental municipal. El artículo se
organiza en tres apartados: una revisión general del rol ambiental de los
gobiernos locales en Argentina, un análisis de los municipios neuquinos en
términos de capacidades institucionales y gestión ambiental, y una reflexión
final sobre los desafíos actuales para el fortalecimiento del rol ambiental de
los gobiernos locales.
Palabras clave: Gestión Ambiental, Municipios, Neuquén.
MUNICIPAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN
NEUQUÉN: INSTITUTIONAL CAPACITIES AND CURRENT CHALLENGES.
Abstract
Municipalities, as
local territorial units, have undergone changes in their functions and
responsibilities since their recognition as administrative entities in the
national constitution. These changes include new functions that modern
societies increasingly demand from their governments, such as public safety,
culture, and recreation—complementing the basic services that municipalities
have traditionally provided. In this context, environmental issues have
progressively gained visibility on the local agenda, although their
incorporation has not been uniform or without challenges. This article aims to
analyze how municipalities in the province of Neuquén have integrated environmental
functions into their institutional structure, considering their actual
capacities, available regulatory frameworks, and the practices developed in
each territory. Using a comparative approach and based on interviews with
environmental managers, the study seeks to identify both structural constraints
and emerging local strategies that shape the current landscape of municipal
environmental management. The article is structured in three sections: a
general review of the environmental role of local governments in Argentina; an
analysis of Neuquén’s municipalities in terms of institutional capacities and
environmental management; and a final reflection on the current challenges to
strengthening the environmental role of local governments.
Keywords: Environmental
Management, Municipalities, Neuquén.
Los
municipios argentinos son las instituciones gubernamentales más cercanas a la
ciudadanía dentro de la administración pública federal. Históricamente, han tenido
funciones muy vinculadas a las necesidades más básicas del hábitat de sus
habitantes. Sin embargo, estas funciones han experimentados cambios
significativos, no sólo complejizándose sino también incrementándose en
respuesta a las demandas crecientes de una sociedad cada vez más compleja.
Entre estas nuevas funciones se encuentra la seguridad ciudadana, el desarrollo
de la cultura, la recreación, el turismo, la producción y, claro está, el
cuidado del ambiente.
El
territorio argentino alberga una gran cantidad de gobiernos locales con
características muy diversas que dependen de la provincia en la que se
encuentren, así como de factores geográficos, productivos, demográficos, entre
otros aspectos. Misma situación se evidencia al interior de las provincias donde
cada gobierno local o municipio ha experimentado un desarrollo o evolución
desigual. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, derivado de la constitución
provincial, encontramos diversas jerarquías que repercuten en las posibilidades
de acción de cada gestión, incluyendo las actividades vinculadas al cuidado del
ambiente. Es así que las acciones como la gestión de
residuos sólidos urbanos, la contaminación de las aguas, el manejo del riesgo
ambiental y la educación ambiental; son de escalas y características muy
diversas en cada ejido municipal de la provincia.
Es
evidente que la preocupación por el ambiente ha crecido a nivel mundial,
permeando en diferentes ámbitos, ya sea educativos, de investigación, de
gestión, entre otros. Esta preocupación ha llegado también a la ciudadanía, que
muestra una mayor disposición a participar en actividades que beneficien al
entorno natural. Dentro de los gobiernos locales, esta creciente preocupación
ha impulsado la creación y fortalecimiento de áreas dedicadas a la gestión
ambiental. A pesar de ello, los desafíos para estas áreas siguen siendo
numerosos. En este contexto, el objetivo del trabajo es analizar el modo en que
los municipios neuquinos han ido incorporando funciones ambientales en su
estructura institucional, considerando sus capacidades reales, los marcos
normativos disponibles y las prácticas desarrolladas en el territorio. A través
de un enfoque comparado, y a partir de entrevistas con gestores ambientales, se
busca identificar tanto los condicionamientos estructurales como las
estrategias locales emergentes que configuran el panorama actual de la gestión
ambiental municipal. Es así que, en los siguientes
apartados se trabajará, en primer lugar, sobre las características generales de
los municipios en Argentina y su rol en la gestión ambiental. Luego se avanzará
en el análisis de las principales características institucionales y de gestión
ambiental de los municipios de la provincia del Neuquén, para finalmente
reflexionar sobre las dificultades y desafíos que enfrentan actualmente en
relación con el cuidado del ambiente.
Los municipios y gobiernos locales en
Argentina
El
origen de los municipios en Argentina podría reconocerse ya en la constitución
Nacional de 1853 la cual señala: “Cada provincia dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que
asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria”. Es decir que para mediados del siglo XIX se reconocía a los
municipios dentro del funcionamiento de las administraciones provinciales. Ya
en 1994 con la reforma de la constitución se establece en el artículo 123 que:
“Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el
art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en
el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Es
así que, a partir de esto, se les reconoce a los
municipios una autonomía. No obstante, existen algunas constituciones
provinciales que son previas a 1994 o que no han sido reformadas luego de ese
año, por lo que la autonomía municipal no está asegurada en esos territorios.
La autonomía en cierto modo habilita la flexibilidad de los municipios para
abordar temáticas particulares o emergentes tales como las ambientales, sin
embargo, no siempre se hace efectiva por diferentes motivos.
En
la actualidad, una de las principales características que se pueden identificar
al observar a los municipios en argentina tiene que ver con sus grandes
diferencias, visibles al comparar municipios vecinos o municipios de diferentes
provincias o regiones. Cravacuore (2007) habla de la
heterogeneidad como una constante entre los municipios argentinos. Así las
diferencias van desde su tamaño poblacional, su territorio, la normativa
heredada de la provincia donde se encuentra, la organización interna plasmada
en su organigrama, su geografía, su desarrollo económico, etc. A continuación,
se detallarán algunas de estas diferencias.
El
tamaño de su población es una de las variables que más diferencias marca entre
los municipios o gobiernos locales. Arroyo (2001) establece una clasificación
que diferencia a 5 grupos en base a su cantidad de habitantes, sosteniendo que
los de menor tamaño, con menos de 2000 hab. (municipios rurales), poseen poca
capacidad técnica, una gran cercanía entre quienes llevan la gestión y los
ciudadanos en donde muchas veces se apunta solamente a resolver problemas
puntuales. En cambio, a medida que los municipios cuentan con más población la
gestión cuenta con más personal, posee mayor capacidad técnica y comienzan a
desarrollarse equipos de trabajo por áreas. En contrapartida, en estos
territorios los problemas son más graves y/o complejos, la sociedad civil se
encuentra más organizada por lo que exige respuestas a la gestión, en un marco
donde los ciudadanos están en una mayor lejanía con la gestión. Como ejemplo
extremo Arroyo (2001) menciona a los gobiernos de área metropolitanas de más de
250.000 hab. A nivel nacional, es importante reconocer que el 75 % de los
gobiernos locales poseen menos de 10.000 hab., aunque concentran menos del 10%
de la población total del país (CNPHyV, 2022).
En
si el territorio nacional cuenta con una gran cantidad de gobiernos locales de
poca cantidad de habitantes y unos pocos gobiernos locales (en si
correspondientes a capitales de provincia, partidos del área metropolitana de
Buenos Aires y otras pocas ciudades no capitales) que concentran una gran
cantidad de población.
Por
supuesto el tamaño del municipio influye en las posibilidades de la gestión,
cuando aumenta el presupuesto y el personal se amplía el organigrama y se
complejiza, posibilitando abordar más temas y problemas dentro del territorio.
Así algunos gobiernos locales diversifican sus áreas para ocuparse de temas que
son propios de su municipio como el turismo, la producción, la cultura, lo
empresarial, lo social, etc.
Otro
elemento que influye en las posibilidades de los gobiernos locales está dado
por sus capacidades de generar ingresos propios. López Accotto
y Macchioli (2015). sostienen que, en promedio, los
municipios argentinos generan como máximo alrededor del 40% de sus ingresos
totales a partir de recursos propios, principalmente tasas municipales como
alumbrado, barrido y limpieza (alumbrado, barrido y limpieza, principalmente) y
con algunos impuestos en casos excepcionales. No obstante, la situación es muy
diferente dependiendo el territorio que uno observe o la región en la cual esté
ese municipio. En provincias como La Rioja o Catamarca los presupuestos
municipales están compuestos por más del 70 % por ingresos nacionales o
provinciales. En cambio, en provincias como Chubut o Neuquén el porcentaje de
ingresos externos disminuye a menos del 50 o 40 % (Cao, 2008). Esto hace que
estos gobiernos locales sean menos dependientes y que se encuentren preparados
de mejor manera ante crisis económicas provinciales o nacionales.
Las
normativas provinciales también generan diferencias entre los municipios o
gobiernos locales (ya se mencionó la influencia de las constituciones
provinciales no reformadas o previas a 1994). Cada provincia elige de acuerdo a motivos diversos cuando reconocer un municipio,
cuando se crea o cuando se segmenta. Además, las normativas provinciales
establecen leyes en cuanto a las posibilidades de recaudación, el diseño
institucional en sí y las funciones a desempeñar.
Por
último, y dejando de lado otros elementos, se destaca la delimitación
territorial como parámetro a considerar. En principio se distinguen dos
opciones: los ejidos colindantes y los ejidos urbanos (Cao, 2008). En los
primeros el territorio provincial queda divido de forma íntegra y se le otorga
una gran porción de territorio a cada municipio en función de su cercanía a
otro municipio o a alguna ciudad. Así no queda territorio que dependa
exclusivamente de la Provincia. La segunda opción circunscribe el ejido a un
ámbito casi exclusivamente urbano, lo que deja una gran cantidad de territorio
bajo la gestión única del gobierno provincial, aspecto que puede llevar a que
existan poblaciones con dificultades sin resolver o sin una adecuada cobertura
de servicios básicos. Un municipio o gobierno local bajo la normativa de ejidos
colindantes contará en su territorio, salvo excepciones, con ámbitos rurales y
urbanos y, seguramente, con una gran porción de territorio bajo su gestión, lo
que es un primer desafío para la gestión ambiental, la cual debe entender esa
complejidad urbano-rural y además contar con instrumentos, personal, y
presupuesto adecuado para la cobertura de un espacio más amplio. Seguramente en
el marco de ejidos urbanos el desafío de la gestión ambiental estará más sujeta
a espacios más antropizados en los cuales existan
otro tipo de inconvenientes. Es válido remarcar que también existen provincias
que cuentan con situaciones mixtas entre estos dos tipos de criterios, lo cual
hace más evidente las heterogeneidades ya marcadas.
Los
procesos asociados a la reforma del Estado argentino en los 90 significaron
cambios en las funciones que desarrollaban los gobiernos locales, muchas de
ellas otorgadas como parte del proceso de descentralización y otras de ellas
por exigencias de sus propios ciudadanos. Tanto para Cao (2008) como para López
Accotto y Macchioli (2015) este
proceso no ha sido acompañado de un presupuesto acorde a sus nuevas exigencias,
es decir que la descentralización ha operado de hecho sin la correspondiente
asignación de recursos que permita una autonomía fiscal. En esto los gobiernos
locales pasaron de ocuparse de aspectos básicos como la construcción y el
mantenimiento de la infraestructura urbana, la regulación y control de las
actividades que se desarrollan en el territorio y la asistencia a la población en riesgo; a
otras funciones más variadas como la seguridad ciudadana, la promoción
económica, la defensa del consumidor, el acceso a la justicia en conjunto con
la resolución de conflictos, la promoción social, la educación y la
preservación del medio ambiente (Cravacuore, 2007).
En ese sentido, los municipios pasaron de ser meros prestadores de servicios
básicos a actores clave en el desarrollo local y la contención social (Maceira,
Olaviaga, Fernández Arroyo y Boix, 2010)
De acuerdo a lo anteriormente
expuesto, los gobiernos locales suelen ser muy diferentes entre sí, lo cual
hace que la labor de la gestión ambiental sea muy diversa entre estos
territorios. En el siguiente apartado se tratará de entender esta tarea desde
algunos aspectos teóricos y sobre todo remarcando las principales actividades
que de la gestión ambiental municipal se desprenden.
La gestión ambiental
La
temática ambiental se encuentra desde hace algunas décadas en franco
crecimiento en diversos ámbitos, tanto público como privado, intelectuales o
mediáticos. El reconocimiento y el cuidado del ambiente han tenido grandes
pasos en la agenda política a fines de los noventa a partir de cumbres y
conferencias (Espinoza, 2007; Ambrosio, 2005) en donde se hace evidente la
necesidad de los gobiernos de ocuparse de los problemas ambientales.
Para
Argentina la década del 90 marca hitos importantes en cuanto a la incorporación
del paradigma de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, en la Constitución
Nacional reformada en 1994. En ella el artículo 41 establece que “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras…”. Además de consagrar este derecho
se dispone que le corresponde a la Nación dictar normas que contengan
presupuestos mínimos de protección y, a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. También
en esa década, más precisamente en 1993, nace el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) cuya misión es la de coadyuvar a la generación de una
política ambiental de integración entre las provincias y el gobierno federal.
Además, este consejo define cuales deben ser los contenidos que deben tener las
normas de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental del artículo 41º de la
Constitución Nacional (Resolución N.º 92/04).
Años más tarde, y en línea con el desarrollo de la normativa ambiental
de los 90, se sanciona en 2002 la Ley Nacional Nro. 25675 conocida como Ley General del Ambiente, la cual establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo
sustentable.
A partir de este
andamiaje normativo surgido en los años noventa y consolidado en la década
siguiente, la noción de gestión ambiental fue ganando profundidad y se fue
complejizando. Massolo la entiende como “el
conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las
actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una
adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales” (2015,
p 11). Los objetivos en la mayoría de las definiciones se refieren a la
conservación o el mejoramiento de la calidad ambiental. Claro está que esta
gestión puede estar destinada a espacios públicos o privados, lo cual hará que
el enfoque del gestor sea diferente ajustándose a diversas normativas y
haciendo cambiar sus métodos de trabajo y sus objetivos finales.
En
el desarrollo de la gestión ambiental Muriel (2006) destaca tres momentos
relevantes, la planificación, la ejecución y el control. La etapa de
planificación es sumamente relevante ya que en ella se marcan los objetivos y
las formas que influirán en los otros dos momentos. Ajustándose a las
normativas, posibilidades y objetivos la planificación plantea un camino. La
ejecución lleva adelante lo planeado y el control evalúa lo realizado para
encontrar elementos erróneos y volver a empezar. Claro está que las
posibilidades de la gestión ambiental están dadas por las características del
municipio en el que se implemente donde generalmente las posibilidades de
control y planificación son las más relegadas por los municipios de menor
capacidad, dejando la actividad restringida a una gestión casual o incidental
(Muriel, 2006).
La
gestión ambiental municipal cuenta con instrumentos reconocidos tanto a nivel
académicos como normativos, entre estos se destacan la legislación ambiental,
la educación ambiental, el ordenamiento territorial, los estudios de impacto
ambiental, y las auditorías ambientales (Massollo, 2015).
El desarrollo de estos instrumentos en el ámbito municipal estará condicionado
por esas heterogeneidades que se detallaron más arriba. Por lo que, aunque
estén presentes en las legislaciones nacionales, provinciales o en las
normativas municipales no es segura su aplicación o su correcta utilización. La
gestión ambiental municipal en la práctica dependerá de la posibilidad de
desarrollar la utilización de esos instrumentos para la resolución de problemas
o para el mejoramiento de la calidad de ambiental de su territorio. Actualmente
los temas ambientales principales a los cuales los municipios prestan atención
están vinculados con la gestión de los residuos sólidos urbanos, la educación
ambiental, el tratamiento de los vertidos líquidos, la contaminación de las
aguas, y, en menor medida, el riesgo ambiental.
Sáez
y Urdaneta (2014) sostienen que el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU)
tiene una estrecha conexión con la salud de la población, ya que un mal manejo
de los mismo puede generar enfermedades (a partir de bacterias, parásitos o
vectores), lesiones (debido a los objetos en los residuos) y/o contaminación a
partir de la quema o el escurrimiento de sustancias en el suelo o el agua. Es
así que se recomienda para un adecuado tratamiento de
los RSU contemplar algunas etapas esenciales en la gestión de los mismos.
En
primer lugar, se debe tener una noción de la cantidad de residuos que genera un
municipio, esto estará dado por el tipo de actividad que se desarrolle, por los
patrones de consumo de la sociedad, por algunas características geográficas,
pero principalmente de la cantidad de población en ese municipio. En América
Latina la tasa de generación de residuos es en promedio de 0,91 kg/hab. al día
(ONU, 2018), tasa que en Argentina es un tanto superior llegando al 1,05 kg/hab.
al día y que claramente resulta variable en cada municipio (MAyDS, 2017).
En
segundo término, se debe contemplar la composición de esos RSU, ya que conocer
el porcentaje de materiales reciclables, metales, vidrios, plásticos y
orgánicos dentro de los residuos sólidos urbanos permite generar herramientas
para la planificación de su gestión y el diseño de sistemas de recolección
eficientes orientados al aprovechamiento de los residuos. En países menos desarrollados el
porcentaje de orgánicos suele ser elevado alcanzando el 50 % del total de RSU,
siendo esta fracción la menos gestionada. Otro aspecto a considerar
es la separación y presentación de los RSU. El lugar ideal para realizar esto
es en el mismo origen de la generación, es decir en viviendas, empresas
o instituciones. Se puede separar en material de compostaje (proveniente de
alimentos), materiales combustibles (fibra y papel) y materiales reciclables
(metales y vidrios) con el fin de ser recolectados y enviados a destinos
adecuados (Sáez y Urdaneta, 2014).
Una
de las etapas más costosas para los municipios es la recolección y el
transporte de los RSU, ya que representa un 60 o 70 % de los costos destinados
al tratamiento de los RSU (Lozupone, 2019). Los
municipios optan entre realizar el servicio por su cuenta o contratar a alguna
empresa especializada. Además, se decide en aspectos de frecuencia de
recolección que en la mayoría de los casos suele ser diaria, aunque en áreas
dispersas o complejas para circular suele ser de menor frecuencia. El nivel de
cobertura del servicio en el espacio municipal determinará el éxito del
servicio o el surgimiento de problemas vinculados a los RSU en algunos
sectores.
Por
último, es necesario contemplar el tratamiento y la disposición final de los
RSU. Se debe pensar cómo se procesan y tratan los residuos para colocarlos en
sus destinos de disposición final. Además, suele comprender la separación de objetos,
componentes y la reducción (trituración), separación de metales y la reducción
(compactación). Se transforman los materiales orgánicos mediante el proceso de
compostaje para abono orgánico, entre otros. El destino final de mayor
eficiencia son los rellenos sanitarios ya que minimizan los riesgos en la salud
y el ambiente (Jaramillo, 1999).
El
manejo de los vertidos líquidos y la consecuente contaminación del agua
representan temas importantes que debe enfrentar un municipio desde la gestión
ambiental. Dentro de la contaminación antropogénica, se diferencian causas
domésticas o urbanas con las productivas, incluyendo en las últimas a la
industria, la agricultura, minería, hidrocarburífera, etc. Para su tratamiento
se formula una red de alcantarillas sanitarias, según el origen del líquido, en
donde únicamente corren los líquidos de origen doméstico y/o comercial; red de
alcantarillado combinado, las cuales transportan agua residual y también agua
de origen pluvial; y por último las redes de alcantarillas pluviales, las
cuales transportan únicamente agua de lluvia. La cobertura de la red suele ser
buena en áreas de reducido crecimiento poblacional y muy deficiente en áreas de
alto crecimiento y poca planificación. En esto es muy importante entender el funcionamiento
y ubicación de las plantas de tratamiento, ya que el mal funcionamiento de estas
puede generar contaminación en recursos claves o áreas vulnerables (Cañas,
2006).
La
educación ambiental se ha posicionado como otro tema relevante para los municipios.
A través de ella es posible transmitir información para lograr concientizar a
la población en general y desarrollar valores, actitudes y comportamientos
amigables para el ambiente posibilitando la protección, conservación,
restauración, y el uso sostenible de los recursos naturales. El amplio rango de
acción que posee el municipio a través de la educación ambiental está dado por
tener la posibilidad de generar procesos de carácter formal, no formal e
informal que permite llegar a todas las clases socioeconómicas de la población.
La existencia de un área abocada a la educación ambiental dentro de una gestión
ambiental permite, desde la comprensión y la reflexión de los diversos
problemas, accionar basándose en la comunicación con la población. Bajo esta
premisa, la educación ambiental es un proceso educativo mediante el cual se
comparten mensajes ambientales a través de una práctica y un modelo de
comunicación que tiene un propósito definido previamente. Un modelo de
comunicación que ponga énfasis en los procesos resultaría el más adecuado dado
que se centra en las personas, promoviendo la participación y el compromiso
hacia el logro de los objetivos, contribuyendo a la formación mediante la
interacción continua para intercambiar e interpretar conocimientos (Chévez,
2006).
Aunque
menos frecuente, algunos municipios se ocupan de situaciones de riesgo
ambiental, esto es, la posibilidad de que un evento natural actúe negativamente
sobre la población. Toda situación de riesgo ambiental representa un potencial
destructivo que amenaza a la sociedad involucrada y que al materializarse se
traduce en un desastre. En consecuencia, el riesgo es producto del accionar de
una sociedad que no reconoce y no respeta las leyes de la naturaleza. Esto se
potencia, a su vez, por la inexistencia o la no consideración de pautas de
planificación y ordenamiento del territorio que definan las áreas más
apropiadas para cada uso (Pérez, 2018). Por lo general, los municipios o
gobiernos locales tienden a focalizarse más en la gestión de desastres —es
decir, cuando el riesgo ya se ha materializado— que, en la prevención del
riesgo, aunque esto no significa que no lo reconozcan. Es importante destacar
que existen normativas aplicables en el ámbito municipal con un carácter
predictivo significativo. Tal es el caso de los procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental, los Códigos Urbanos o los Planes de Ordenamiento Territorial[2].
Los municipios de la provincia del Neuquén
y su reconocimiento creciente de la temática ambiental
Para
entender cómo actúan los municipios en la provincia del Neuquén es necesario
contemplar algunas cualidades de los mismos derivadas
de la constitución de la provincia. En primer lugar, es válido aclarar que la
constitución de la provincia reformada “reconoce las más amplias facultades a
los municipios, en forma tal que sean estos quienes ejerzan la mayor suma de
funciones del gobierno autónomo en cada jurisdicción, equivalente a ponerlo en
manos de los respectivos vecindarios” (Art. 154). De esta manera, se ratifica
la autonomía municipal, ahora bien, existen cuatro niveles de gobiernos locales
(3 de ellos municipales) donde esa autonomía varia en algunos sentidos (López
Alfonsín y Martínez, 2010). La provincia cuenta así con: municipios de primera
categoría (con más de 5000 habitantes (hab.) de segunda categoría (con menos de
5000 y más de 1500 hab.), municipios de tercera categoría (con menos de 1500 y
más de 500 hab.) y comisiones de fomento en poblados de menos de 500 hab.
estables que justifiquen firmes relaciones de vecindad y arraigo.
La
Figura 1 muestra la distribución territorial de los ejidos municipales (los de
primera categoría con sus nombres) y los territorios pertenecientes a las
comisiones de fomento.
Figura 1. Ejidos
de los municipios y comisiones de fomento de la Provincia de Neuquén. Fuente:
Elaboración propia en base a Información de la Dirección provincial de
estadística y Censos de la provincia de Neuquén (DPEyC,
2018) y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC (2010).
Como
se puede apreciar no existe un criterio claro en cuanto a la cantidad de
territorio otorgado a cada gobierno local, se pueden observar criterios más
geométricos, de cercanía a otros poblados y otros que se ajustan a aspectos
físicos geográficos. Tampoco se presentan criterios cuantitativos que vinculen
la cantidad de población con las hectáreas pertenecientes a cada municipio, así
Cutral-Có con más de 36.000 hab. para 2010 cuenta con
poco más de 80 km2 correspondientes a su ejido, mientras que la
comisión de fomento de Chorriaca se le ha otorgado un
territorio de 1800 km.2, con una población de 590 hab. para 2010 (DPEyC, 2018).
La
variedad de situaciones existentes es evidente, ejidos extensos con poca
población, ejidos aislados, ejidos colindantes con otros municipios, ejidos con
conflictos con otras jurisdicciones como Parques Nacionales, etc. Esto hace que
sea necesaria una autonomía municipal para poder abordar los problemas
ambientales propios de la realidad de cada territorio.
En
cuanto a lo anterior, López Alfonsín y Martínez (2010), sostienen que existen,
derivado de la legislación, municipios con autonomía plena y otros con
autonomía semiplena o relativa. Los municipios que tengan carta orgánica poseen
una autonomía institucional plena, ya que tienen la facultad de dictar sus
propias normativas, esto les permite organizar de mejor manera la dinámica en
su territorio, ajustando por ejemplo las normas a las características
geográficas o económicas de su territorio. En la provincia los municipios de
primera categoría son los que pueden dictar sus propias cartas orgánicas, sin
embargo, no todos los de ese estatus cuentan aún con ella. Los municipios de
segunda y tercera categoría quedan regidos por la Ley Orgánica, sancionada por
el poder legislativo, es decir que se regirán por un marco normativo general.
En cuanto a la autonomía política, la diferencia radica entre los municipios
que cuentan con dos departamentos uno deliberativo y otro ejecutivo (primera y
segunda categoría) y los municipios de tercera categoría que son gobernados por
comisiones municipales. Esto último restringe la posibilidad de procesos
decisivos más elaborados.
A partir de datos sistematizados
por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC), complementados con entrevistas realizadas durante
el Seminario de Planificación Municipal y Gestión Ambiental, se generó una
tabla que reúne información sobre gestión ambiental municipal en la provincia (Tabla
1). Para garantizar comparabilidad, la tabla se limita a municipios de primera
y segunda categoría, los cuales, debido a su mayor escala poblacional y
complejidad administrativa, concentran una mayor actividad en esta área. Esta
restricción también se basa en la limitación de la información sobre temas
ambientales en municipios pequeños o en lo fragmentada de la misma.
|
|
Personal
destinado al control y protección del medio ambiente |
¿Posee Normativa regulatoria sobre tratamiento de
residuos sólidos? |
Prestador |
Aplica
Procesos de evaluación ambiental |
Cuenta con
ordenanzas para preservar el medio ambiente |
Zonas
inundables o con riesgo de inundación |
¿Se registraron inundaciones en el último año? |
Proporción
de viviendas conectadas a la red cloacal |
|
Primera
categoría |
||||||||
|
Centenario |
2 |
Sí |
Privado |
Sí |
s/d |
Sí |
Si |
s/d |
|
Chos Malal |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
completa |
|
Cutral Co |
s/d |
Sí |
Municipio |
No |
s/d |
No |
No |
media |
|
Junín de los Andes |
11 |
Sí |
Municipio |
Sí |
Si |
Sí |
No |
completa |
|
Neuquén |
66 |
Sí |
Privado |
Sí |
Si |
Sí |
Sí |
completa |
|
Plaza
Huincul |
3 |
Sí |
Municipio |
Sí |
s/d |
Sí |
No |
s/d |
|
Plottier |
s/d |
s/d |
Municipio |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
|
Rincón de
los Sauces |
s/d |
s/d |
Municipio |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
completa |
|
San Martín
de los Andes |
3 |
Sí |
Privado |
Sí |
s/d |
Sí |
No |
completa |
|
San Patricio
del Chañar |
4 |
No |
Municipio |
No |
s/d |
Sí |
No |
mínima |
|
Senillosa |
2 |
No |
Municipio |
Sí |
s/d |
Sí |
No |
|
|
Villa La
Angostura |
4 |
Sí |
s/d |
Sí |
Si |
Sí |
No |
s/d |
|
Zapala |
s/d |
s/d |
Municipio |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
|
Segunda
categoría |
||||||||
|
Aluminé |
9 |
Sí |
Municipio |
No |
. |
Sí |
No |
media |
|
Andacollo |
1 |
No |
Municipio |
Sí |
Si |
No |
No |
media |
|
Añelo |
2 |
No |
Municipio |
mínima |
||||
|
Buta Ranquil |
s/d |
No |
Municipio |
No |
s/d |
No |
No |
mínima |
|
Las Lajas |
4 |
Sí |
Municipio |
No |
Sí |
No |
media |
|
|
Las Ovejas |
2 |
Sí |
Municipio |
Sí |
Si |
Sí |
Sí |
completa |
|
Loncopué |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
|
Mariano Moreno |
s/d |
No |
Municipio |
No |
s/d |
Sí |
No |
media |
|
PicúnLeufú |
3 |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
s/d |
|
Piedra del
Águila |
3 |
Sí |
Municipio |
Sí |
Si |
Sí |
No |
completa |
|
Villa El
Chocón |
15 |
Sí |
Municipio |
No |
Si |
Sí |
No |
mínima |
|
Villa Pehuenia |
5 |
No |
Municipio |
Sí |
s/d |
Sí |
No |
s/d |
|
Vista Alegre |
s/d |
No |
Municipio |
No |
s/d |
Sí |
No |
media |
Tabla
1. Municipios
neuquinos de primera y segunda categoría: capacidades, prácticas e instrumentos
para la gestión ambiental[3]. Fuente: (DPEyC,
2018) y entrevistas en el marco del Seminario de Planificación y Gestión
Ambiental.
Una mirada a la Tabla 1 permite
identificar tres aspectos clave para comprender algunos aspectos superficiales
de la gestión ambiental. En primer lugar, se confirma que los municipios de
mayor jerarquía institucional (primera categoría) cuentan con más recursos
humanos y mayor formalización normativa en torno a los residuos. No obstante,
esta relación no es estrictamente lineal, lo cual refuerza la idea de que la
categoría legal o el tamaño poblacional, si bien son factores importantes, no
determinan por sí solos la intensidad o el enfoque de la gestión ambiental.
En segundo lugar, se observan diferencias
sustanciales entre municipios de una misma categoría. Por ejemplo, si bien
todos los municipios de primera categoría cuentan con normativa sobre RSU, la
cantidad de personal dedicado al área ambiental varía considerablemente. La
ciudad de Neuquén es una excepción en sí misma: no solo es el centro urbano más
grande de la provincia, sino que también posee una estructura ambiental
institucionalizada, con áreas específicas y personal técnico. Otros municipios
grandes, como Plottier o Cutral Có, muestran un
abordaje ambiental más limitado, con presencia de normativas, pero con estructuras
más débiles en términos de recursos humanos, lo que impacta en su capacidad
para llevar adelante procesos de evaluación ambiental.
Un tercer aspecto destacable es la
presencia de municipios de segunda categoría con desempeño ambiental superior
al esperado para su escala. Villa El Chocón, Aluminé
o Villa Pehuenia son ejemplos donde la preocupación
ambiental se traduce tanto en normativa vigente como en la existencia de
personal asignado. En estos casos, el peso de factores como la actividad
turística, el paisaje natural o el reclamo comunitario cobra un rol central en
la definición de prioridades de gestión. En este sentido, se hacen presentes
exigencias ciudadanas, que se traducen en funciones a afrontar por parte del
gobierno local.
La participación de los municipios en los
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es diversa y depende de la
disponibilidad de personal técnico capacitado, del marco normativo local y del
nivel de autonomía política e institucional, donde claramente los municipios
que poseen carta orgánica están mejor posicionados. A pesar de esta
heterogeneidad de situaciones, nuevamente se destacan los municipios
cordilleranos y turísticos como presentes en los procesos. Los municipios que
deseen participar de procesos de evaluación y que no cuenten con los recursos,
pueden contar (por disposición de Ley provincial 2267) con la asistencia del
Comité Provincial de Medio Ambiente, el cual funciona como un organismo
consultivo de asesoramiento técnico[4].
La proporción de cobertura cloacal lograda
en cada municipio es variable, aunque la información oficial destaca que los
municipios de primera categoría poseen mejor cobertura que los de segunda. Pese
a ello, han existido problemas vinculados a los vertidos líquidos en municipios
que presentan una rápida expansión urbana acompañada de una débil planificación
urbana, algunos casos se desarrollarán más adelante.
Por último, el aspecto del riesgo se hace
presente al identificar áreas inundables en la mayoría de los territorios
municipales, aunque con pocos casos de manifestación de esos eventos.
Entre
los años 2019 y 2024 se han analizado las posibilidades de acción de diferentes
municipios en la provincia de Neuquén tal es el caso de los municipios de, Zapala,
Neuquén, Centenario, Plottier, Villa el Chocón, Picún
Leufú, Caviahue-Copahue y
San Patricio del Chañar. En una primera etapa, se obtuvo información secundaria
de cada municipio (informes y artículos periodísticos) para luego avanzar con
entrevistas principalmente a los encargados de la gestión ambiental de cada
territorio y a otros informantes clave. A partir de estos insumos fundamentales
se han podido reconocer algunas características de la gestión ambiental
municipal.
La
mayoría de los municipios cuentan hoy con un área ambiental (aspecto que es
novedoso para la gran mayoría ya que hasta hace algunas décadas no figuraban en
los organigramas), además se han reforzado las mismas o se han jerarquizado en
los últimos años. Por ejemplo, Centenario realizaba hasta fines de 2019 tareas
de gestión ambiental, pero sin contar con un área en su organigrama ni con
presupuesto propio. A fines de 2019 se crea una “dirección de medio ambiente”
la cual se jerarquiza a partir de 2024 para ser una Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Una
de las temáticas principales abordadas por las aéreas ambientales de cada
municipio, es la de los residuos sólidos urbanos, los cuales se manejan de
diferente forma según sea conveniente para la gestión municipal, en general
predomina la recolección por parte del municipio a excepción de 3 casos de la
zona de la confluencia, Neuquén, Centenario y San Patricio del Chañar. El resto
de los municipios realizan la recolección por sus propios medios. Los datos de
cantidad de residuos generados por municipios son un tanto variables. Según
Estadísticas y Censos la cantidad de residuos por habitante varía entre 0,05 y
0,8 kg/hab./día en los municipios de primera categoría. En los de segunda
categoría destacan como alarmantes datos de municipios como Piedra del Águila,
Andacollo y Villa Pehuenia donde esa generación llega
a 1,07 kg/hab/día, 1,71 kg/hab/día
y 2,08 kg/hab/día respectivamente (DPEyC, 2018). Sin embargo, estos datos parecen no ser muy
precisos, ya que otros estudios más específicos muestran una producción de
residuos no menor a 0,8 kg/hab/día en municipios de
primera categoría como Neuquén, Plottier, Senillosa y Centenario para 2012 (AIN,
2015). Generación que difícilmente haya descendido para 2018. En efecto, en las
entrevistas realizadas entre 2019 y 2024, los gestores ambientales de los
municipios entrevistados destacan la presencia de los microbasurales como un
problema recurrente.
El
tratamiento de las aguas residuales en general está a cargo de los municipios,
aunque en algunas jurisdicciones se hace cargo de la tarea el Ente Provincial
de Agua y Saneamiento, tal es el caso de Neuquén capital, Junín de los andes y
Senillosa. La mayoría de las localidades cuenta con una planta de tratamiento y
según la información de DPEyC, la mayor parte de los
municipios cuenta con una cobertura de la población conectada que califica como
“media” (entre un 25% y un 70%) a “completa” (más de un 70%). Las capacidades
de las plantas de tratamiento en muchos casos no han acompañado el aumento de
viviendas en los diferentes territorios. En los últimos años se han registrado
inconvenientes con las plantas de tratamiento de localidades de la zona de la
confluencia, por ejemplo, en Neuquén, Centenario y Plottier (Pérez, 2018),
áreas urbanas que han tenido una gran incorporación de población desde fines
del siglo pasado. No obstante, otras localidades han experimentado dificultades
al tratar sus aguas residuales como San Martín de los Andes en 2007, cuando se
arrojaron efluentes al lago Lacar sin tratar, obligando al Municipio a
clausurar las playas de la costanera. Las localidades turísticas en general
aumentan la generación de vertidos líquidos durante la temporada estival
dificultando un adecuado tratamiento de los mismos.
El
riesgo ambiental es un tema sin demasiadas fuentes de información homogénea
para los municipios. Los informes de Información Municipal Básica (2018)
remarcan que existen zonas inundables en, la mayoría de los municipios. No
obstante, el registro de inundaciones es bajo, es decir que la materialización
del riesgo es relativamente baja (ver tabla 1). El riesgo suele ser particular
en las diferentes latitudes de la provincia, presentándose riesgos sísmicos,
volcánicos, otros derivados de lluvias torrenciales y vientos extremos. En la
mayoría de los municipios el riesgo ambiental no es abordado por las áreas
ambientales y sólo se trabaja con gran preocupación por el municipio con sus
diferentes áreas cuando el mismo se materializa en un desastre. Algunos casos
sobresalientes pueden ser las cenizas en Villa la Angostura en 2011, las
inundaciones en municipios como Neuquén en 2014 y Centenario en 2023, entre
otros. Claro que existen normativas afines, como la Ley provincial 2713 (2010),
que busca incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de planificación y
desarrollo territorial, Ley a la cual los municipios y comisiones de fomento
están invitados a adherir. Aun así, la incorporación sistemática del enfoque de
riesgo en la planificación territorial continúa siendo una deuda pendiente en
gran parte del ámbito municipal.
En
cuanto a la educación ambiental la situación de las diferentes áreas
ambientales de los municipios muestra un crecimiento o un desarrollo
incipiente. Los municipios más grandes cuentan con personal o áreas exclusivas
de educación ambiental, pese a ello, en la mayoría de los casos las actividades
de Educación ambiental son sostenidas a la par de otras actividades y con
personal que no necesariamente está formado en ese aspecto. Los municipios con
mayor dedicación hacia la educación ambiental trabajan por lo general en
momentos específicos con algunos grupos de población como estudiantes de
escuelas primarias o grupos interesados en la temática ambiental. La reciente
sanción de la Ley de educación ambiental (Ley 27.621) genera expectativas en
cuanto a un mayor desarrollo del tema en los diversos territorios, sin embargo,
es importante considerar la característica federal de nuestro país y los
diversos niveles jurisdiccionales que matizan la llegada de acciones concretas
sobre los individuos. De esta manera, la implementación de esta Ley dependerá
en buena medida de la capacidad de cada municipio para adaptarla a su realidad
institucional, presupuestaria y cultural.
Entre
las entrevistas logradas se ha evidenciado que la gestión ambiental ha avanzado
desde procesos de control de actividades a procesos donde se busca fomentar
ciertas actitudes de la comunidad. Por ejemplo, en los municipios de Zapala o
Villa el Chocón se proponen actividades especiales que coinciden con días o
efemérides vinculadas al ambiente. Así se realizan: jornadas de forestación en
el día mundial del aire puro, entrega de árboles en el día internacional contra
el cambio climático, actividades con escuelas en el día mundial de la
protección de la naturaleza, jornadas de concientización en el día mundial del
agua, y otras actividades vinculadas a las estaciones del año, como el manejo
de poda o la limpieza de los ríos.
Los desafíos crecientes para el desarrollo
de una mejor gestión ambiental a nivel municipal
A
pesar del evidente avance en materia ambiental, existen varias dificultades y
obstáculos a superar para lograr una gestión que se ajuste a las realidades de
los municipios. Como punto de partida es necesario considerar la voluntad
política de trabajar temas ambientales en cada municipio. En muchas ocasiones
las actividades que lleva adelante un municipio en cuanto al cuidado del
ambiente suelen tener fines propagandísticos y no tienen efectos relevantes. Es
así que la preocupación política por el ambiente se
encuentra en crecimiento, sin lograr avances de impacto significativo. La
creación de áreas ambientales y la asignación de mayor presupuesto o personal
son evidentes en los últimos años, pero no se han producidos cambios relevantes
en cuanto al cuidado del ambiente en cada ejido. Son pocos los casos donde los
municipios cuentan con las capacidades de llevar adelante una gestión ambiental
sistémica en los términos que plantea Muriel (2006), es decir una gestión
previsiva en la planificación, eficiente en la gestión y eficaz en el control.
El
desarrollo de las áreas ambientales no debe evaluarse exclusivamente en función
del número de empleados en el sector, sino que también tiene que medirse a
partir de las actividades que puedan significar un cambio positivo en las
posibilidades de gestión. En este sentido se hace imperioso que la
incorporación de personal responda a las necesidades del área, es decir que
sean personas formadas en aspectos ambientales, preferentemente profesionales
egresados de carreras ambientales de la zona, ya que ellos conocen de mejor
forma la realidad territorial. Sumado a esto, el personal del área debería
recibir una formación continua o una actualización de sus conocimientos acción
sumamente útil para abordar de mejor manera los desafíos de su actividad.
Existen casos exitosos a destacar entre los trabajados, como, por ejemplo, la
dirección de Medio Ambiente de Villa el Chocón y la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Zapala, las cuales a pesar de poseer poco personal
logran realizar actividades de temáticas muy diversas y con la participación activa de la ciudadanía. Esto es gracias a la
formación de las personas que trabajan en el área y la evidente motivación que
poseen por mejorar las condiciones ambientales de sus territorios.
Un
proceso que requeriría un tiempo prolongado pero que significaría una mejora en
la gestión, sería la actualización de las normativas ambientales o la creación
de las mismas en territorios que no las poseen. Como
se mencionó anteriormente, la inexistencia de una carta orgánica deja al
descubierto algunas carencias en los municipios de segunda categoría, los
cuales deberían, a partir de normativas locales, ajustar los permisos o
restricciones de actividades que influyan en el ambiente. Asimismo, las cartas
orgánicas antiguas deberían ser revisadas en cuanto a sus apartados ambientales
con el objetivo de cerciorarse de que cumplan con las demandas ambientales más
actuales. Algunas normativas transversales, como la Ley provincial 2713 que
propone el enfoque de riesgo, la Ley Yolanda (27.592), o la Ley nacional N° 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático Global, plantearán nuevos desafíos para los gobiernos
locales, imponiendo nuevas agendas ambientales.
El
trabajo en conjunto o la colaboración, ya sea entre niveles municipales o entre
provincia y municipios, es algo que puede seguir mejorándose. Un tema que ha
logrado la cooperación entre municipios es el del tratamiento de los RSU.
Existen colaboraciones en cuanto a la disposición final entre municipios
cercanos, existen mesas regionales GIRSU, y también se ha dado por ejemplo una
colaboración desde fondos provinciales para la creación de puntos de reciclaje.
Sin duda los municipios de menor categoría son los que necesitan de una
asistencia por parte del estado provincial para resolver problemas vinculados
al ambiente, esto sucede debido a la falta de normativa ambiental propia y a la
escasez de personal o falta de personal capacitado. Así en las entrevistas a
municipios de segunda o tercera categoría se ha manifestado que existen temas
que exceden las capacidades de los gobiernos locales y es en esos momentos en
que se recurre comúnmente a la subsecretaría (hoy secretaría) de ambiente
provincial. El trabajo coordinado y la experiencia compartida lleva a
soluciones más eficaces en el cuidado del ambiente.
La
integración al interior de cada municipio también aparece como una dificultad
para llevar adelante la gestión ambiental. Las áreas ambientales (recientes en
su mayoría) no encuentran aliados estratégicos en otras áreas para el cuidado
del ambiente. En las entrevistas realizadas se destaca el esfuerzo personal que
se hace para llevar adelante tareas con poca o nula colaboración de otros
sectores. El desafío en este caso consiste en convencer a los responsables de
cada área para que entiendan que las actividades que repercuten positivamente
en el ambiente pueden llevar a una mejor calidad de vida a la ciudadanía lo
cual puede repercutir en otros aspectos que son incumbencia del municipio.
El
trabajo con la comunidad por parte de la gestión ambiental es una estrategia
muy utilizada por aquellos municipios con áreas ambientales comprometidas con
mejorar las condiciones ambientales de sus territorios. Se registran
actividades de variada intensidad con actores locales comprometidos con el
cuidado de la naturaleza. Sin embargo, esta estrategia no es una constante en
la mayor parte de los municipios. La vinculación con actores claves y la
difusión de actividades sigue siendo un punto débil de la gestión ambiental en
general.
El
instrumento que mayor desarrollo ha presentado en los últimos años en los
municipios es la educación ambiental. A través de diferentes niveles de
esfuerzo y una diversidad de actividades implementadas, muchas veces en
colaboración con instituciones educativas y grupos específicos, se han logrado
avances significativos. Las propuestas educativas suelen ajustarse a fechas del
calendario ambiental o se articulan con otros eventos culturales o deportivos,
pero, aunque algunas actividades se sostienen en el tiempo, carecen de una
articulación a un plan o programa que permita revertir los problemas
ambientales de los territorios. Por ejemplo, las actividades de limpieza,
aunque efectivas para eliminar focos de contaminación o microbasurales, no
evitan que estos vuelvan a surgir. En este sentido, la educación ambiental
debería enfocarse en cambiar actitudes de las personas de manera preventiva y
planificada, más allá de proporcionar información. En términos de Chevez
(2006), es recomendable lograr una visión común y un sentido de trabajo en
equipo para sostener los resultados a largo plazo. Por otra parte, la
intervención de actores diversos suele ser pobre en las propuestas, se apunta a
grupos específicos sin demasiada participación de otros sectores, lo que lleva
a que los resultados sean relativos o de poco impacto. No obstante, existe una
posibilidad clave en la educación ambiental, si la consideramos como una
actividad bien recibida en distintos ámbitos, la cual puede cambiar hábitos
particulares de los ciudadanos si es llevada a cabo correctamente y acompañada
de acciones y/o normativas propias.
Conclusiones
En
los últimos años, los municipios han comenzado a incorporar funciones
ambientales en sus estructuras institucionales, aunque este proceso se ha dado
de manera gradual, heterogénea y con múltiples dificultades. En el caso de los
municipios de la provincia de Neuquén, se observan avances significativos en
algunos territorios, especialmente aquellos con carta orgánica o con
actividades económicas vinculadas al turismo, donde la preocupación ambiental
adquiere mayor visibilidad y respuesta institucional. La existencia de áreas
específicas, normativas locales y personal técnico son indicios de un camino
iniciado, aunque no exento de limitaciones estructurales.
Algo
evidente es el desafío que enfrentan los municipios neuquinos para lograr una
gestión ambiental apropiada. Al examinar las diferentes áreas se observa que la
escasez de personal es una constante (a excepción del municipio capitalino), al
igual que la falta de formación ambiental y los limitados recursos destinados.
A pesar de esto es válido destacar el esfuerzo que realiza el personal por
llevar adelante iniciativas creativas que apuntan a resolver problemas en sus
territorios. La educación ambiental aparece como un instrumento accesible para
los gestores ambientales y al mismo tiempo se presenta como un elemento muy
aceptado por los diversos actores e instituciones preocupados por la calidad
del ambiente, por lo cual esta estrategia puede significar un pilar para el
desarrollo de las diferentes áreas ambientales. A su vez, la falta de una
normativa adaptada a las características de cada realidad municipal es una
limitante para un desempeño apropiado de la gestión ambiental. Situación
agravada por la falta de vinculación entre municipios o de algunos de éstos con
entidades provinciales en búsqueda de la resolución de problemas ambientales.
Será
necesario estudiar a futuro el desarrollo de la gestión ambiental ante la
creciente preocupación por el ambiente desde diversos ámbitos y el incremento
de los problemas ambientales.
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