Productividad política de un conflicto en Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) / Mariangel Cacciutto

Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo | CONDET
Productividad política de un conflicto en Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires).
Mariangel Cacciutto Año XXIV Vol. 22 Nº1 pp. 25-46.

CONFLICTOS EN TORNO A LA PRIVATIZACIÓN DE SECTORES DE
PLAYA Y RESERVA EN CHAPADMALAL (PROVINCIA DE BUENOS
AIRES): UN ANÁLISIS DE SU PRODUCTIVIDAD POLÍTICA

Grupo de Investigación Turismo y Sociedad
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEyS)
Universidad Nacional de Mar del Plata

Cacciutto, M. (2024): Conflictos en torno a la privatización de sectores de playa y reserva en Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires): un análisis de su productividad política. Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, 22 (1) 25-46.

CONFLICTS SURROUNDING THE PRIVATIZATION OF BEACH AND RESERVE
AREAS IN CHAPADMALAL (PROVINCE OF BUENOS AIRES):
AN ANALYSIS OF THEIR POLITICAL PRODUCTIVITY

Tourism and Society Research Group
Center for Social and Economic Research (CIEyS)
National University of Mar del Plata)

Cacciutto, M. (2024): Conflicts surrounding the privatization of beach and reserve areas in Chapadmalal (Province of Buenos Aires): an analysis of their political productivity. Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, 22 (1) 25-46.

El presente artículo refiere a conflictos de proximidad basados en la conjunción turismo/desarrollo inmobiliario en la localidad de Chapadmalal, asentamiento de rango menor (Jacinto, 2012) ubicado al sur del Partido de General Pueyrredon, en el litoral sudeste de la Costa Atlántica Bonaerense (CAB), donde actividades de índole rural se combinan con la prestación de servicios asociados al turismo y la recreación. En esta localidad existen prácticas de apropiación del espacio público por parte de las empresas concesionarias de balnearios, al transgredir el plexo normativo que regula su uso. Esto trae como consecuencia la restricción en el acceso, uso y disfrute del espacio de playa (Cicalese, 2005). Actualmente, Chapadmalal se encuentra atravesada por un proceso acelerado de transformaciones relacionadas con el modelo de expansión inmobiliaria/turística que presenta su correlato en las tensiones que se generan a partir de visiones antagónicas acerca de las implicancias del desarrollo en el territorio que poseen vecinos, Estado y emprendedores privados (Cacciutto et al., 2022).

En este estudio, se rescata el marco teórico metodológico de Patrice Melé (2016) para analizar la productividad política de los conflictos de proximidad, que alude a la capacidad que tienen los conflictos, aún si no logran
transformaciones sociales relevantes, de construir actores políticos colectivos más o menos conectados con otros grupos, y de modificar el vínculo entre los habitantes y la política.

En línea con lo anterior, el análisis referirá a cómo los vecinos se organizan en torno a lo que definen como conflicto, qué sentidos le otorgan a la participación y qué críticas incorporan en sus reclamos. A su vez, se tendrá en cuenta la influencia de la acción colectiva barrial en la gestión de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), bajo la órbita del Ente Municipal de Turismo (Emtur). Por otro lado, se retomarán las visiones de asambleístas y sector público respecto del turismo en el espacio de playa y reserva.

El caso seleccionado da cuenta de la actualidad de los acontecimientos, y de la posibilidad de un análisis que siga al conflicto y a los actores intervinientes -sus acciones/interacciones y discursos- “mientras suceden”. De este modo, la investigación que sustenta este artículo se enmarca en las Sociologías Pragmático Pragmatistas (SPP), las cuales emergen a partir del agotamiento de los paradigmas sociológicos tradicionales para el estudio de determinados fenómenos sociales (Nardacchione, 2017).

A partir del análisis, se pretende aportar al incipiente cuerpo de estudios acerca de conflictos socioambientales en la CAB y las características de la acción colectiva en este espacio. Finalmente, y respecto de los estudios en el campo del turismo, se busca generar conocimiento al sector de estudios sobre residentes de destinos turísticos y sobre conflictos que genera el desarrollo inmobiliario/turístico en los territorios, que en sectores de playa puede entenderse como “balnearización” (Mantero, 2006); lo anterior desde un enfoque pragmático, escasamente empleado en este campo[1].

Se parte de entender “lo político” desde la perspectiva de Chantal Mouffe como “dimensión de antagonismo radical e insuperable en las relaciones sociales” y a la política como “conjunto de instituciones, prácticas y discursos que buscan mediar y organizar la convivencia humana”. Desde este enfoque, el conflicto es “una producción del encuentro de la diferencia en contextos pluralistas” y“un aspecto inerradicable en la constitución de lo social” (Mouffe et al., 2014, p. 750-51).

En línea con lo anterior, se introduce el concepto de subsuelo político; desde esta perspectiva, “La superficie de la sociedad muestra y sigue la topografía de las instituciones que ordenan la vida social”. De este modo, “lo que no puede ni quiere ser contenido en la superficie, queda subterráneo” (Tapia Mealla, 2009, p. 96). Este espacio subterráneo donde opera la dimensión de lo político incluye “Las voces disonantes (…) los que piensan y sienten su vida a través de creencias, discursos e interacciones no asimilables en los circuitos de comunicación y expresión que se recorren en la superficie de la sociedad dominante” (Tapia Mealla, 2009, p. 96).

En línea con lo anteriormente expuesto, algunos autores consideran al movimiento asambleario como una de las tantas configuraciones que tomaron forma en este subsuelo político en un contexto particular de la historia argentina reciente (Hadad et al., 2012).

Para analizar los episodios de conflicto en el marco de la tesis doctoral en curso, se recupera la propuesta de Melé (2016) quien propone un desplazamiento de los marcos de análisis tradicionales con los cuales se abordan los conflictos de proximidad, es decir, aquellos que implican una movilización de residentes para mantener el control de su espacio cercano. Este enfoque teórico metodológico permite estudiar el lugar que ocupan los conflictos en las relaciones entre residentes y la acción pública, como en las relaciones entre los habitantes y el espacio próximo, pasando por un examen pragmático de lo que producen (Melé, 2016). En este sentido, plantea tres dimensiones para analizar la productividad social: territorial, la jurídica y la política.

En este artículo se hará foco en el análisis de la productividad política, desde esta perspectiva, los conflictos urbanos pueden concebirse a partir de su capacidad para reivindicar un ejercicio de la ciudadanía “más completa que la de aquellos habitantes que simplemente votan, una ciudadanía preocupada del porvenir del espacio del barrio o de los espacios públicos como bien común” (p. 21), en definitiva “una ciudadanía definida por su capacidad de constituirse en sujeto político” (Dagnino, 2004, como se cita en Melé, 2016, p. 21).

En lo social, los conflictos abren la posibilidad de decir aquello que no se podía decir, se consideran espacios-momentos “que favorecen la argumentación, la justificación, la expresión de posiciones, la construcción de alianzas y relaciones de fuerza, así como de debates sobre las modalidades y los impactos de las acciones públicas” (Melé, 2010, p. 124), también pueden entenderse como “estrategia de conquista del espacio político público (…) el conflicto construye un escenario local de debate frente a la debilidad del espacio político local y de los medios locales para ofrecer un escenario para la discusión de la conveniencia de los proyectos” (Melé, 2003, p. 16).

Como objeto de estudio, los conflictos tienen una riqueza heurística, son analizadores sociales. En su adjetivación, son territoriales y políticos: territoriales, en tanto aquello que se disputa se encuentra territorialmente situado, y políticos, porque hay una discusión que no solo involucra bienes, sino las relaciones de poder acerca de cómo se gestionan estos bienes (Merlinsky, 2021). Por otro lado, adquieren el carácter de ambientales cuando entran en juego argumentos ambientales que justifican las demandas, más allá de que quienes las articulen puedan catalogarse -o no- como movimientos ambientalistas; en este sentido, no existen conflictos ambientales con significación universal (Azuela y Mussetta, 2009).

En función de lo anterior, en el análisis de la acción colectiva desde las sociologías pragmáticas, operan dos desplazamientos teórico metodológicos: por un lado, el análisis se corre de una definición a priori por parte del investigador de estructuras económicas, sociales o políticas pre constituidas o de plantear un determinado tipo de racionalidad en los actores, y se desplaza hacia sus contextos de experiencia. Otro desplazamiento refiere al sujeto de estudio: el movimiento social como protagonista es reemplazado por las situaciones problemáticas, a partir de las cuales, determinados actores se movilizan en relaciones complejas de cooperación y conflicto (Cefaï, 2011).

Otro de los académicos referidos es Luc Boltanski, quien se abocó al estudio de la triada “justicia, crítica y justificación”. En este sentido, todo reclamo de justicia o denuncia de injusticia conlleva -aunque sea de forma implícita- una crítica al orden establecido; las operaciones críticas van acompañadas de una justificación, que implica la manera en que un actor responde -o previene- la crítica de otro. En ambos ejercicios (crítica y justificación) se expresan valores de justicia de relevancia para los actores implicados, por lo que la crítica y la justificación se vinculan a la justicia. Este análisis implica explorar las condiciones que debe seguir la denuncia pública para ser considera como admisible por otros actores (Guerrero Bernal y Ramírez Arcos, 2011). Estas categorías serán exploradas en el presente artículo.

Las Sociologías Pragmático Pragmatistas (SPP) parten del principio epistemológico de que la acción se define en proceso (“haciéndose”), y esto se asocia a un principio metodológico: seguir a los actores sobre el curso de sus acciones. En este sentido “la acción no se mide ni por los motivos o intenciones ni por los resultados, sino que ésta es un proceso de construcción permanente” (Nardacchione y Acevedo, 2013, p. 90).

Esta elección tiene su correlato en la recurrencia a métodos de investigación cualitativa “con el fin de delimitar los contextos de experiencia de los actores (…) los que no son reductibles mediante razonamientos estructurales o económicos, sino que deben ser descritos y comprendidos en sí mismos, y es desde ahí que deben emerger tentativas de explicación y de interpretación” (Cefaï, 2011, p. 140).

De este modo, las fuentes primarias se basan en entrevistas semiestructuradas a vecinos integrantes de asambleas ciudadanas y otros espacios de la asociatividad barrial para reconstruir momentos de la acción colectiva en los últimos quince años que devinieron en la conformación asamblearia actual, siendo la asamblea Luna Roja su principal exponente; entrevistas a funcionarios del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) del Partido de General Pueyrredon y observación en reunión mantenida entre funcionarios del EMTUR y miembros de la asamblea en agosto de 2023.

Por otro lado, se recurrió al análisis de contenido cualitativo de diversas fuentes secundarias, a saber: instrumentos de política pública vinculados al conflicto (planificación territorial, ordenanzas y proyectos de ordenanza a nivel local, y leyes nacionales y provinciales) y gacetillas de prensa del gobierno; material periodístico y video documental; documentos generados por las asambleas (notas con cauce administrativo, denuncias, proyectos de ordenanzas) y contenido en redes sociales. Los datos se procesaron en forma manual a partir de la confección de una matriz de análisis.

ASAMBLEAS CIUDADANAS DE CHAPADMALAL VINCULADAS AL CONFLICTO POR LA APROPIACIÓN PRIVADA DEL ESPACIO DE PLAYA Y RESERVA

La Costa Atlántica Bonaerense presenta un modelo hegemónico y homogéneo de apropiación turística, basado en el desarrollo urbano y según los intereses del capital inmobiliario. Esto ha generado una serie de problemas socioambientales vinculados a la erosión costera, la contaminación del agua litoraleña, el agotamiento de napas freáticas y la disminución de la calidad del paisaje (Hernández, 2018) a lo que se suma la privatización en el acceso a espacios públicos de playa y reserva. En este sentido, “la urbanización del litoral y la balnearización son históricamente concebidas como motor de desarrollo económico, incluso aquellos espacios aún no ocupados son apreciados como reserva de valor inmobiliario para ser puestos en producción urbano-turística cuando la coyuntura lo demande” (Hernández, 2018, s/p).

Localizada en el sudeste de la CAB, Chapadmalal es un asentamiento rural urbano de rango menor (Jacinto, 2012) en el sur del Partido de General Pueyrredon (provincia de Buenos Aires); posee la categoría de distrito descentralizado. Se extiende desde la avenida 515 hasta el arroyo Las Brusquitas y desde la Ruta 11 hasta el camino viejo a Miramar. Posee una superficie total de 200 kilómetros cuadrados. Comprende los barrios: Las Palomas, Los Lobos, Playa Chapadmalal, Santa. Isabel, San Eduardo de Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar enlazados por el eje vertebrador Paseo Costanero Sur Presidente Illia[2], que enmarca la ruta 11 desde el Faro de Punta Mogotes hasta la localidad de Miramar (Partido de General Alvarado) (Figura 1).

A partir de las concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF)[3], se ha instalado en Chapadmalal y en toda la extensión de la Reserva Forestal y Turística Paseo Costanero Sur (Figura 1), prácticas de apropiación del espacio público por parte de las empresas concesionarias de balnearios, al transgredir el plexo normativo que regula su uso. Esto trae como consecuencia la restricción en el acceso, uso y disfrute del espacio de playa por parte de vecinos y turistas (Cicalese y Cacopardo, 2001; Cicalese, 2005); algunos investigadores se refieren a este proceso como neoexclusividad turística (Hernández, 2010) o exclusividad del ocio (González, 2020)[4].

Figura 1. Vista Google Earth del territorio que atraviesa la Reserva Forestal y Turística. PCS, contrastada con la zonificación de uso del suelo propuesta en el Plan de Manejo (Ord. 19111/09)*

Los conflictos suelen definirse a partir de la conformación de asambleas vecinales, las cuales surgieron en los últimos años “de cara a la expansión del capital turístico-inmobiliario con el que disputan por el control, significación y dominio de sectores costeros al que el grupo social le asigna sentido de pertenencia, al atribuirle cualidades o funciones trascendentales y estratégicas para el desarrollo de la vida de la comunidad local y turística” (Hernández y Furlán, 2016, p. 72)[5].

En Chapadmalal la balnearización del espacio de playa comenzó en la década del ’70 y prosiguió hasta la actualidad. Como consecuencia, los vecinos identifican un punto de quiebre o “despertar” de la acción colectiva en los últimos años, específicamente en 2016 a partir de la difusión de un proyecto de construcción de una estación de maricultura en la UTF Playa Dorada -conocida como “Paradise”-, que desembocó en la conformación de la asamblea vecinal“Salvemos Paradise”.

Posteriormente, en 2019, el conflicto “Ranchomóvil” –a partir de la denominación de la asociación civil que concesionaba las UTF Playa Redonda y Arroyo Seco- cobró mayor presencia mediática a nivel local, cuando trascendió la venta de parcelas para la construcción de unidades habitacionales en la playa. El conflicto devino en la conformación de la asamblea homónima y el accionar colectivo permitió la anulación de la concesión y el desarme de las instalaciones (Cacciutto, 2023a).

Por fuera de los conflictos por la apropiación del espacio público de playa y reserva (Figuras 2 y 3), existe un antecedente en el involucramiento en causas de tipo socioambiental a partir de la presencia de la asamblea Paren de Fumigarnos en la localidad desde el año 2009, abocada a la denuncia por el uso de agroquímicos. De modo que, al decir de uno de los entrevistados de la asamblea Luna Roja “Paren de Fumigarnos se convirtió en una academia de asambleísmo”.

Figura 2. Conflictos precedentes y simultáneos a los referidos en el presente artículo, acaecidos en el territorio objeto de estudio, en distintas UTF

Los episodios anteriores forman parte del contexto de emergencia (Merlinsky, 2013) del episodio que se toma como punto de partida en el presente artículo, el cual inicia con el avasallamiento del memorial de la masacre de Luna Roja sito en la entrada del balneario homónimo (UTF Playa Bonita), por parte del concesionario, el 20 de diciembre de 2019[6].

Figura 3. El espacio en conflicto (Google Earth 2023, gentileza M. Mojica)

Los vecinos consideraron este hecho como “la gota que colmó el vaso” (al decir de un asambleísta) el último de una serie de avasallamientos que, durante años la concesión venía perpetrando en menoscabo del espacio público de playa. Como consecuencia, los vecinos se organizaron y denunciaron ante el municipio el accionar del concesionario, sumando posteriormente la denuncia por construcción de cabañas sobre la playa (Figuras 3 y 4) y vertidos cloacales en el arroyo Lobería, que atraviesa las UTF Arroyo Lobería (Manantiales Club de Mar) y Playa Bonita (Balneario Luna Roja) (Figura 5).

La asamblea Luna Roja comenzó a asamblear en enero de 2020 en el espacio público del balneario homónimo, con presencia de vecinos que poseían tradición asamblearia más o menos reciente, aunque también de residentes y turistas que se vieron interpelados a partir de la activación del conflicto (Cacciutto, 2023a).

Asamblea Luna Roja: sentidos otorgados a la participación y críticas que incorporan a sus demandas

Acerca del sentido que le otorgan a la participación, uno de los entrevistados plantea que las asambleas emergieron “ante la crisis de representación y la disfuncionalidad de la arquitectura vieja de la sociedad” porque “ni las cooperadoras ni las asociaciones vecinales de fomento tienen los instrumentos a través de los cuales la comunidad en la actualidad pueda abordar los verdaderos problemas que estamos viviendo”.

De este modo, para los entrevistados, las asambleas ciudadanas tienen que ver con la construcción de un pensamiento colectivo que permita abordar la complejidad de los conflictos “que sea la suma del aporte de las distintas perspectivas, distintos cuerpos pensando y sintiendo lo que está pasando”. A su vez, emerge la dimensión de afectividad inherente a la participación en este tipo particular de espacio.

Su acción colectiva se justifica en la concepción gramsciana de Estado, en la suma de sociedad política y sociedad civil, por lo que, ante la no intervención del estado en la regulación del funcionamiento de las concesiones, por las razones que esgrimen y que se desarrollan a continuación, se ven en la obligación cívica de asumir la responsabilidad omitida por la gestión pública.

Las críticas que conforman las demandas de la asamblea en referencia al conflicto por la privatización del espacio público tienen que ver con la necesidad de salvaguarda ambiental, aludiendo al cumplimiento del plexo normativo que le otorga su carácter patrimonial (Decreto 5383/82), de reserva forestal y turística (Ordenanza 10.011/95) y de yacimiento paleontológico excepcional (Ordenanza 22.325/15).

Por otro lado, defienden el acceso igualitario al espacio de playa y reserva municipal entendidas como bienes comunes, un lenguaje de valoración (Martínez Alier, 2021) que es compartido por otras asambleas a nivel nacional vinculadas a la denuncia de extractivismo (Svampa y Viale, 2014; Torres y Astellara, 2023). A esto se agregar su valoración como espacios educativos y recreativos. Al respecto, se transcribe una reflexión de uno de los asambleístas (Fan Page Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sud).

Es así como las críticas a la gestión pública municipal refieren a la ausencia de consulta ciudadana como consecuencia de una crisis de representatividad, a la ausencia de control por parte del EMTUR: “las pocas playas que existen en esta zona poseen concesiones y no presentan ningún tipo de control municipal, invisibilizando todos los incumplimientos legales”, esto se condice con lo planteado en Ouviña (2008) quien define al Estado como el antagonista político de las asambleas ciudadanas[7].

Respecto de los concesionarios de balnearios, la crítica refiere a la discriminación por clase social, al respecto un entrevistado plantea: “Muchas familias niegan ser discriminadas, cuando una norma discrimina por condición social eso lo naturalizan como un ejercicio normal del comercio”. En este sentido, la asamblea ha confeccionado denuncias por discriminación presentadas ante el organismo estatal competente, pero que no han prosperado con esa particular tipificación. A su vez, esto se acompaña de contenido crítico en redes sociales que busca “desnaturalizar” el paisaje de playa privatizado por parte de la sociedad local.

Una acción de la asamblea, que implica una productividad política tiene que ver con la autogestión del espacio de reserva recuperado a la concesión de la UTF Arroyo Lobería), que enlaza con el sector de uso público de la playa Luna Roja.

Cabe destacar que este espacio se encuentra en litigio con la empresa Rivan S.A quien debería haber presentado una propuesta de intervención para el uso público de este espacio (Ord. 21.524/16) y hasta el momento no lo ha hecho[8]; esto robustece la crítica al avance privatizador del espacio de playa y reserva por parte de los concesionarios.

Respecto del impacto del accionar colectivo de la asamblea en la gestión pública municipal -otro de los elementos de la productividad política del conflicto-, un funcionario de planta del EMTUR considera que las asambleas permiten visibilizar irregularidades de los concesionarios y activar especial vigilancia para la protección del espacio de playa.

En términos de críticas a la gestión pública, el funcionario concuerda con lo planteado por la Asamblea Luna Roja en lo que respecta a la falta de convocatoria a la participación de vecinos en las iniciativas de gestión de
las playas, a las deficiencias en términos de control del avance privatizador en el espacio público de playa y reserva y a la actitud generalizada de los concesionarios de balnearios en avanzar sobre el espacio público como si fueran de dominio privado.

La crítica conlleva una justificación respecto de la no existencia de espacios de co gestión, en este sentido, se alude al temor de la gestión pública a la participación ciudadana. Sin embargo, se retoma la crítica, en tanto como personal de planta, ha intentado trasladar las demandas de las asambleas, pero sin efecto alguno. En este sentido afirma: “la voluntad política de la gestión excede la acción de cualquier rango intermedio”.

En cuanto a la crítica de la asamblea referida a las deficiencias en el control de las concesiones de las UTF, se apela a algunas justificaciones: en primer lugar, la escasez de personal abocado a tareas de control en el sector público y, en segundo lugar, a la considerable extensión territorial que posee la franja costera del partido. Sin embargo, vuelve a reconocer la falta de voluntad política para dar cauce a lo que emerge del control realizado.

Respecto de la actitud del concesionario como “dueño” de la playa, considera que es una actitud generalizada, de grandes y pequeños empresarios de balnearios, y como justificación, afirma que ha tratado de dialogarlo. Al respecto, afirma:

Luna Roja y EMTUR: Visiones acerca del desarrollo turístico en la zona y políticas turísticas efectivamente impulsadas en la actualidad

Finalmente, respecto del turismo, la asamblea lo considera un derecho humano universal y a una práctica que debe garantizarse con criterios de sostenibilidad. Esta valoración integra las demandas referidas a la discriminación en el acceso a la playa y al impacto ambiental del ecosistema de playa y reserva. También se entiende al turismo como un modo de educación no formal de valores y estilos de vida alternativos a la lógica hegemónica basada en el consumo.

A su vez, consideran fundamental la reactivación del Plan de Manejo de la Reserva Forestal y Turística Paseo Costanero Sur (Ord 19.111/09) y la inclusión de las asambleas vecinales en la comisión de manejo, tal lo estipulado en la normativa. Consideran que la no materialización del plan de manejo podría deberse a una forma de mantener el estatus quo que termina favoreciendo el avance privatizador de los concesionarios.

En referencia al uso y apropiación del espacio de playa y reserva, los referentes de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales consideran fundamental que el sector del litoral del Partido correspondiente a la localidad
de Chapadmalal mantenga su carácter natural y agreste, y su calidad paisajística, como atributos diferenciales respecto de las playas que se encuentran en el centro de Mar del Plata.

Para esto, sólo uno de los entrevistados incluyó una perspectiva de conservación ambiental al plantear la necesidad de que los pliegos de licitación prosigan en la inclusión de indicadores de sostenibilidad. Al respecto, plantea:

Respecto del plan de manejo del Paseo Costanero Sur, uno de los funcionarios coincide en la crítica que realiza la asamblea Luna Roja, al considerar que se trata de una expresión formal de buena voluntad, aunque la voluntad política real para implementarlo es nula. Como justificación, no considera que el motivo sea una intención expresa de beneficiar a los concesionarios, sino la escasa capacidad estatal en términos de personal y experticia para promover nuevos usos turístico/recreativos. El otro entrevistado también va en línea con lo anterior y da cuenta de la incapacidad de articulación entre áreas municipales y a nivel inter jurisdiccional vertical para poder gestionar en forma integral el espacio de playa y reserva en esta zona del Partido.

Cabe destacar que la política turística del Ente en la actualidad se orienta hacia el aprovechamiento comercial y turístico-recreativo de este espacio, específicamente a partir de la captación de un segmento de demanda “joven”, el cual había dejado de frecuentar Mar del Plata en busca de otros destinos de la CAB con una impronta más adecuada a sus preferencias. De este modo, el EMTUR ha incentivado el desarrollo de fiestas electrónicas y sunsets en la playa (Figura 2), y esto tuvo su correlato en Chapadmalal, cuestión que activó a la asamblea con nuevos vecinos con el objetivo de frenar el despliegue de este tipo de eventos en la playa (Cacciutto, 2023b).

Lo anterior, sumado a la expansión comercial con el aterrizaje de algunas franquicias, complejos de cabañas, balnearios con servicios y gastronomía de autor, da cuenta de un estilo de desarrollo turístico que tiene que ver con el preponderante en ciertas zonas de Mar del Plata y otros centros balnearios con un perfil neoexclusivo en la CAB (Cacciutto, 2023a). De este modo, entre lo que los funcionarios enuncian como deber ser respecto a las políticas públicas en el territorio y lo que efectivamente se materializa, existe una brecha donde caben las críticas que la asamblea sostiene respecto del accionar estatal y privado.

Este artículo constituye una de las primeras aproximaciones a un trabajo de tesis doctoral que pretende seguir a los actores que intervienen en los conflictos por el desarrollo inmobiliario/turístico en Chapadmalal, específicamente su correlato en la apropiación privada del espacio de playa y reserva.

La productividad política del conflicto tiene su expresión en la conformación de asambleas ciudadanas que “lenta y artesanalmente” (al decir de uno de los entrevistados) van perfeccionando su capacidad organizativa y su acción colectiva. En este sentido, la asamblea Luna Roja tomó la experiencia de asambleas previas y en la actualidad su acción colectiva ha permitido activar conflictos que se encontraban latentes desde hace treinta años.

Cabe señalar que el espacio institucionalizado de diálogo que posee el EMTUR con actores por fuera de la esfera del sector gubernamental para la generación de políticas turísticas refiere al Directorio, pero como señala Corbo (2023) este espacio se encuentra circunscripto al sector privado turístico. Luna Roja viene empleando vías formales e informales para expresar sus demandas hacia el EMTUR: a partir de presentar sucesivas notas, denuncias y realizar repertorios de protesta, han podido generar reuniones con funcionarios. Esto podría constituir un pequeño avance en la productividad política del conflicto en lo que refiere a la conformación de espacios de diálogo entre el gobierno local y las asambleas, aunque se trate de experiencias participativas limitadas y diádicas (asamblea-gestión pública).

Por otro lado, los referentes del sector público dejan entrever una mirada compleja de la gestión pública al introducir justificaciones acerca de las condiciones de emergencia de estos conflictos pero no por ello dejan de
unirse a las críticas de las asambleas. Respecto de la generación de espacios institucionales de gobernanza (como podría ser la activación de la comisión de manejo de la Reserva Forestal y Turística Paseo Costanero Sur), se da cuenta de la ausencia de voluntad política e se insiste en el accionar organizado y estratégico de las asambleas como forma de ir permeando “desde abajo” las estrategias selectivas del Estado, entendido como “una relación social trenzada en una complicada red de red de contradicciones, dilemas, tensiones y antagonismos” (Jessop, 2016, s/p).

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Ordenanza 5383 de 1982 [Municipalidad del partido de General Pueyrredon] por la cual se declara al Paseo Costanero Sur como bien patrimonial protegido.

Ordenanza 10.011 de 1995 [Municipalidad del partido de General Pueyrredon]. Por la cual se crea la Reserva Forestal y Turística Paseo Costanero Sur.

Ordenanza 15.690 de 2003 [Municipalidad del partido de General Pueyrredon]. Por la cual se llama a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Bonita.

Ordenanza 19.111 de 2009 [Municipalidad del partido de General Pueyrredon]. Por la cual se establece el Plan Integral de Manejo de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur.

Ordenanza 21.524 de 2016 [Municipalidad del partido de General Pueyrredon]. Por la cual se llama a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Arroyo Lobería.

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[1] Una versión resumida del presente artículo será publicada en las Actas del XI Simposio Internacional y XVII Jornadas de Investigación – Acción en Turismo “Turismo, oportunidades, contribuciones y desafíos ante la
diversidad”. CONDET. 2023.

[2] La reserva Forestal y Turística Paseo Costanero Sur se extiende desde el Faro de Punta Mogotes hasta el arroyo Las Brusquitas, en el límite con el Partido de General Alvarado, cuenta con 27 km. de extensión y un ancho variable entre 30 y 100 metros desde la Ruta Provincial 11 hacia la línea de ribera y hacia el continente, con una superficie aproximada de 800 ha. Cabe destacar que la zona objeto de estudio se encuentra proyectada como sector de uso público (Plan Integral de Manejo, Ord. 19.111/09).

[3] El Distrito Descentralizado Chapadmalal posee nueve UTF, seis de las cuales siete están concesionadas y dos poseen permisos precarios. Fuente: https://www.turismomardelplata.gob.ar/utf.pdf El porcentaje destinado al uso público se encuentra estipulado en las ordenanzas que regulan cada concesión en particular. Para el caso de las UTF Arroyo Lobería (Ord.15690/03) y Playa Bonita (21.524/2016) corresponde un 60 % al uso público (En UTF Arroyo Lobería, en términos reales, el porcentaje sería nulo si no fuera por la tarea de recuperar un mínimo espacio por pare de la asamblea, tal como se observa en la Figura 3).

[4] Para ampliar elementos contextuales de la localidad donde se emplazan los conflictos, se sugiere la lectura de Cacciutto y Roldán (2022); Cacciutto, Roldán y Corbo (2022), Cacciutto (2023a) y Roldán y Cacciutto (2024).

[5] Más allá de la inscripción local del análisis en esta instancia, el conflicto analizado está lejos de ser una iniciativa aislada. En la Costa Atlántica Bonaerense se han activado conflictos referidos a la apropiación de espacios públicos de playa y reserva por vía del desarrollo inmobiliario/turístico, tal es el caso de un proyecto de barrio privado en un sector de la Reserva Natural Provincial Mar Chiquita, en el partido homónimo (Addino, Bazterrica, di Bona y Hernández, 2023); similar conflicto en Villa Gesell (Hernández, 2020a), Miramar y en Necochea (Hernández, 2020b). En todos los casos se observa la conformación de asambleas ciudadanas y vecinos autoconvocados que activan el conflicto.

[6] Otros conflictos en el sector del Paseo Costanero Sur perteneciente a Mar del Plata son previos y refieren a la disputa por un padrinazgo forestal con el municipio (caso “Verdemundo”) y otros conflictos que refieren a sectores de la costa que son de dominio privado (sector Faro-Acantilados). Para ampliar estos casos, se sugiere la lectura de Coronel (2013); Cruz (2020); Heimsh, Castellucci y Cruz (2022) y Vorano et al. (2022).

[7] De este modo, y al igual que lo que emerge en otros estudios que analizan conflictos en el campo del turismo (Milano y Mansilla López, 2018; Cruz, 2020), el antagonista no es el turista, sino la articulación Estado-sector privado.

[8] El conflicto referido a la UTF Arroyo Lobería y la recuperación del espacio público de reserva ha sido incorporado en un artículo aceptado para ser publicado en 2024 en Cuadernos del IPEHCS - CONICET.

Mariangel Cacciutto*

Mariangel Cacciutto*