ARTÍCULO

Control político y vigilancia militar durante la última dictadura en la Argentina. Aportes desde una mirada microhistórica en El Bolsón, Río Negro

Political control and military surveillance during the last dictatorship in Argentina. Contributions from a microhistorical perspective in El Bolsón, Río Negro

 

Ayelén Mereb
ayemereb@yahoo.com.ar
Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA. Argentina

Recibido: 26|04|18
Aceptado: 06|11|18

 

Resumen
Este artículo propone la revisión de los dispositivos de control político y vigilancia militar en Argentina desde su concepción previa al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta su implementación en el territorio durante el gobierno dictatorial. Lo hace poniendo el foco en la localidad patagónica de El Bolsón, situada al sudoeste cordillerano de la provincia de Río Negro, y cuyo aislamiento relativo con respecto a los grandes centros urbanos y los acontecimientos políticos más relevantes de los años setenta, ha alimentado la idea de cierta ajenidad respecto del terrorismo de Estado. Basado en fuentes orales y documentales diversas, desde una perspectiva microhistórica este artículo busca iluminar aspectos que permitan evidenciar la complejidad que supuso la planificación e implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, desde la batería de normativas castrenses de carácter secreto y confidencial, hasta las evidencias de la existencia de redes de delación y complicidad civil dispersas por todo el entramado social, haciendo posible la concreción del plan de aniquilamiento a lo largo y ancho del territorio.

Palabras clave: Terrorismo de Estado; Control político; Vigilancia militar; El Bolsón.

Abstract
This article proposes the review of the political control and military surveillance in Argentina from its previous conception to the dictatorship in 1976 up to its implementation in the territory during the dictatorial government. It does it putting the focus in the Patagonian locality of El Bolsón, placed to the Andean Southwest of Río Negro, whose relative isolation to the big urban centers and the outstanding political events of the seventies, had fed the idea of certain alienation to the State terrorism. Based on various oral sources and documentaries, from a micro-historical perspective, this article thinks about how to illuminate aspects that allow to demonstrate the complexity that supposed the planning and implementation of the Doctrine of National Security, from the secret and confidential military regulations, up to the evidences of the existence of networks of denunciation and civil complicity dispersed along the whole social framework, making possible the concretion of the annihilation plan length and breadth the national territory.

Key words: State terrorism; Political control; Military alertness; El Bolsón.

 

INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de la historia reciente en nuestro país, la última dictadura cívico militar se ha constituido en eje estructurante para el abordaje de múltiples aristas relacionadas con la represión política, sus manifestaciones y memorias. Mientras que durante los años noventa y principios de este siglo los trabajos abordaron principalmente fenómenos nacionales o con epicentro en las grandes ciudades, en los últimos años diversos autores vienen trabajando en la escala local para desentrañar dimensiones novedosas del fenómeno represivo. Tales son los casos de Gabriela Águila (2008), Daniel Lvovich (2010), Laura Rodríguez (2009, 2010) o Paula Canelo (2014, 2015) que, haciendo foco en distintos puntos del país, han analizado tanto comportamientos sociales como estrategias de los gobiernos municipales, poniendo de manifiesto su relevancia en el despliegue dictatorial en el territorio.

Particularmente en Patagonia, desde el libro fundante de la dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - APDH Neuquén, Noemí Labrune (1988), el trabajo de Pablo Scatizza (2016) sobre el accionar represivo en el Comahue, el de Eva Muzzopappa (2017) sobre los archivos de inteligencia en Trelew, el de María Lorena Montero (2016) sobre la ‘comunidad informativa’ en Bahía Blanca, o el de Rubén Suárez (2016) sobre el ‘Plan Martillo’ en Río Negro, permiten echar luz sobre lo ocurrido en una zona considerada ‘fría’ ―por oposición a ‘zonas calientes’ en términos castrenses―, e incluso ajena a la represión dictatorial por amplios sectores de la sociedad.

Con ánimo de aportar al análisis de tal complejidad, en este artículo se propone la revisión, en clave microhistórica, de los dispositivos de control político y vigilancia militar desde su concepción previa al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta su implementación en el territorio durante el gobierno dictatorial. Se hace poniendo el foco en El Bolsón, una pequeña localidad patagónica situada al sudoeste cordillerano de la provincia de Río Negro, por cuyas bellezas paisajísticas es presentada nacional e internacionalmente como ‘mágica y natural’, sin conflictos inherentes a su formación. Asimismo, su aislamiento relativo con respecto a los grandes centros urbanos y los acontecimientos políticos más relevantes de los años setenta, ha alimentado la idea de que ‘aquí no pasó nada’ y el terrorismo de Estado ‘no se sintió tanto’. Sin embargo y como veremos, fuentes documentales y orales diversas dan cuenta de su incorporación plena e incluso destacada dentro del esquema represivo, abonando a los estudios que señalan la importancia de abordar el fenómeno dictatorial desde el nivel local.

En primer lugar, repasaremos la organización de la represión en Norpatagonia en el contexto nacional predictatorial y la consiguiente intervención militar en Río Negro. A continuación, revisaremos la implementación del Golpe en El Bolsón, así como el entramado represivo y de inteligencia existente en el valle cordillerano. Finalmente, señalaremos algunas medidas clave de control político y vigilancia militar bajo la intendencia de facto del ingeniero civil Miguel Cola, quien gobernó el pueblo entre 1978 y 1983, logrando la adhesión suficiente para reincidir en el cargo algunos años después, ya en democracia y con el respaldo del voto popular.

Como han demostrado Carlo Ginzburg (1994) y Giovanni Levi (1996), y, específicamente en relación con la temática que nos convoca, Elizabeth Jelin y Ponciano Del Pino (2003), lejos de ‘ejemplificar’ procesos nacionales ya explicados, el análisis microhistórico propone nuevas claves interpretativas al poner la lupa sobre la complejidad de los entramados locales, sus contradicciones y tensiones, tanto internas como en relación con los niveles macro, evidenciando elementos novedosos y reveladores. De hecho, la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en nuestro país fue posible, no sólo por la batería de normas castrenses confidenciales y secretas para la ‘lucha contra la subversión’. La existencia de redes de delación y complicidad civil dispersas por todo el entramado social colaboró de manera crucial para la concreción del plan aniquilador a lo largo y ancho del territorio, incluso en aquellos lugares que, como El Bolsón, aun se perciben ajenos al terrorismo de Estado.

LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA REPRESIÓN Y LA INTERVENCIÓN MILITAR EN RÍO NEGRO

Tal como demuestran diversos estudios académicos y archivos desclasificados de la represión1, lejos de significar un corte abrupto con el período constitucional previo, el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 supuso una continuidad relativa de discursos y prácticas represivas que ya venían teniendo lugar bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y que ahora eran redoblados en sus modalidades y propósitos.

En un contexto de violencia política creciente y marcada crisis económica, en octubre de 1975 el Poder Ejecutivo, con anuencia del Congreso de la Nación, sancionó los denominados ‘decretos de aniquilamiento’, que habilitaron a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interna del país, imbuidos en la lógica político-represiva del ‘enemigo interno’. Amparadas en la vigencia del Plan CONINTES, las experiencias francesas de guerra en Argelia e Indochina, y la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, las Fuerzas Armadas asumieron como misión institucional propia este combate y actuaron considerando que el enemigo podía encontrarse en cualquier ámbito, que esto era parte inexorable de la ‘estrategia subversiva’ y que la tortura era el método clave de inteligencia militar contra la ‘guerra revolucionaria marxista’.

Así, fueron creados el Consejo de Seguridad Interna, que suponía la subordinación de las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales a las Fuerzas Armadas, y el Consejo de Defensa, integrado por el Ministro de Defensa y los Comandantes Generales, autoproclamados únicos capaces de restablecer el orden, erradicar la subversión y reestructurar el sistema político, para lo cual contaban con el apoyo de los sectores más influyentes de la comunidad nacional e internacional.

Así, se dictaron dos normas trascendentales: en primer término, la Directiva 1/75 “Lucha contra la Subversión” (Consejo de Defensa), que, entre otras cuestiones, estableció la zonificación del teatro de operaciones. El territorio nacional fue dividido en cinco zonas de seguridad, siendo la Patagonia la Zona de Seguridad 5, cuya cabecera se encontraba en el V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca. Asimismo, cada zona era dividida en subzonas, y éstas en áreas. El caso que nos ocupa integraba la Subzona 52, que abarcaba toda la provincia de Neuquén y gran parte de Río Negro, y era comandada desde la VI Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén. Allí, El Bolsón se ubicaba en el Área 524, cuya jefatura tenía asiento en la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche y ejercía control operacional sobre la Delegación de la Policía Federal, la Compañía de Ingenieros de Montaña 6, los Escuadrones 34 y 35 de Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Unidad Regional III de la Policía rionegrina.

Posteriormente, y firmada por el Comandante General Jorge Rafael Videla, fue dictada la Directiva Secreta 404/75, que ponía en ejecución la Directiva 1/75, al tiempo que establecía el marco de colaboración entre las Fuerzas Armadas bajo responsabilidad primaria del Ejército. Fueron allí definidas las ‘zonas prioritarias’ de intervención, así como tres fases operativas para lograr el aniquilamiento. Esta norma determinó a su vez dos fines estratégicos: por un lado, aislar a las organizaciones político-militares de posibles ayudas desde el exterior, especialmente de los países vecinos; por el otro, controlar las áreas rurales para evitar el “establecimiento de nuevos focos guerrilleros”. Junto con las provincias fronterizas del norte del país y el delta del Paraná, se consideraba “potencial de riesgo” la “zona montañosa-boscosa de Neuquén y Río Negro”. De este modo, la zona andina rionegrina cobraba una relevancia particular en el despliegue de las operaciones, sobre las que Comandos y Jefaturas de Zonas, Subzonas y Áreas de Seguridad tenían responsabilidad “directa e indelegable”.

Encabezando los anexos de dicha Directiva se encontraba el denominado “Inteligencia”, dedicado a analizar la “guerra revolucionaria marxista” contra la que consideraban estar actuando, basada en una hipótesis de conflicto este-oeste propia de la Guerra Fría y ajena a la realidad nacional. Como ha demostrado el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, la actividad de inteligencia fue prioritaria en el accionar de las Fuerzas durante el plan sistemático de violencia estatal. Centralizada en la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército, además de los Destacamentos de Inteligencia distribuidos por el país, fue definido como órgano ejecutor el Batallón de Inteligencia 601, a cuya Central de Reunión ―integrada por servicios de inteligencia de las distintas fuerzas― reportaban las ‘comunidades informativas’ de Zonas, Subzonas y Áreas, conformando una completa red de información nacional. Ampliaremos en el siguiente apartado, para dar cuenta de su lógica de acción desde el propio territorio.

Finalmente, considerada una región potencialmente permeable a la ‘infiltración chilena’ derivada del éxodo de miembros de organizaciones ‘subversivas’ bajo la dictadura de Pinochet, en noviembre de 1975 fue remitida a la Jefatura del Área 524 la Orden de Operaciones 5/75 (Lucha contra la Subversión) “Operación Comahue” (OP 5/75). Ésta le adjudicaba a esa Jefatura la responsabilidad primaria sobre “el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión en su jurisdicción, a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a su disposición”2, al tiempo que detallaba las operaciones de inteligencia, militares, de seguridad, electrónicas, psicológicas y de acción cívica que debían realizarse para lograr el aniquilamiento, así como la adhesión del resto de la población a los propósitos dictatoriales. Explícitamente además se indicaban los controles en fronteras, aeropuertos, rutas, hoteles, así como en entes administrativos provinciales y/o nacionales, y centros educativos secundarios y universitarios, a la vez que otorgaba la más amplia libertad de acción para lograr el cometido final: “lograr un efecto de inestabilidad permanente y desgaste progresivo de las organizaciones subversivas que se detecten”, así como “desalentar su existencia” en donde su accionar fuese limitado y así contar con una jurisdicción totalmente controlada. El Bolsón integraba esta geografía.

En definitiva, se trató de una batería de documentos militares que conformaron un plan doctrinario y operativo para la llamada ‘lucha contra la subversión’, estableciendo formas de operatividad zonales y otorgando a los servicios de inteligencia un rol preponderante para la aplicación del terror de la dictadura.

Al asumir el poder la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976, el país fue resignificado abiertamente como el territorio bélico en el cual ya se consideraban actuando. En Río Negro fue designado interventor el Coronel Néstor Rubén Castelli, jefe de la policía tucumana durante el Operativo Independencia y desde octubre de 1975 hasta diciembre de 1977, al frente de la Jefatura del Área 524. Durante el mes que duró su intervención hasta su relevo por el Contraalmirante Aldo Luis Bachmann (1976-1978), Castelli decretó la disolución de la legislatura provincial y concejos deliberantes municipales, designó a sus funcionarios y suspendió las actividades de partidos políticos y gremios, entre otras medidas relevantes que dieron inicio al gobierno dictatorial en Río Negro.

EL GOLPE EN EL BOLSÓN. EL ENTRAMADO REPRESIVO Y DE INTELIGENCIA EN EL VALLE CORDILLERANO

Dentro del Área 524 y bajo control operativo de la Escuela de Instrucción Andina del Ejército en Bariloche, el 24 de marzo de 1976 en El Bolsón actuó el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, asumiendo su Comandante Principal, Rubén Benítez, la intervención municipal3. Poco después lo reemplazará Conrado Alcorta4, un civil que permanecerá al frente del municipio un año y medio, hasta ser relevado por el ingeniero Miguel Cola, como veremos. Dado que la jurisdicción abarcaba tanto territorio rionegrino como chubutense, el accionar de la Gendarmería estuvo secundado por la Comisaría 15ª de la Regional III de la Policía de Río Negro, y las dependencias de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo de la Regional Esquel de la Policía del Chubut.

Como demuestran las órdenes del día de la Jefatura de Policía rionegrina a cargo del Comandante Benigno Ardanaz, ya durante el período previo al golpe la tecnología institucional estuvo puesta al servicio del objetivo aniquilador. En agosto de 1974, junto con localidades del Alto Valle y Bariloche, “El Bolsón y sus adyacencias del Chubut” integraban la lista de puntos de control estratégico en los que se recomendaba “desarrollar la acción informativa y de vigilancia”, por considerarlos “lugares todos ellos aptos desde el punto de vista geosocial y panorámico para los intelectuales y estrategas de la guerrilla”5. Esta apreciación era compartida de un lado y otro del paralelo 42°, y las fuerzas represivas actuaron en consecuencia, valiéndose del complejo entramado de inteligencia compuesto por diversas reparticiones provinciales y nacionales que intercambiaban información sobre la zona. Siguiendo los archivos desclasificados de inteligencia militar obrantes en el Archivo de la Memoria del Chubut, podemos mencionar fehacientemente el Destacamento de Inteligencia 183 ‘Comodoro Rivadavia’, las Policías del Chubut y de Río Negro y sus respectivas Unidades Regionales, el S.I.D.E y su Delegación ‘Bahía Blanca’, el Ministerio del Interior, el Escuadrón 35 y la Agrupación 14° de Gendarmería Nacional, la Delegación ‘Rawson’ de la Policía Federal y la Base Aeronaval Trelew6.

Dichos archivos evidencian que a lo largo de todo el año 1975 se realizó un seguimiento pormenorizado de las denominadas “comunidades hippies” cuyo “afincamiento en una zona estratégica de esta provincia podría obedecer a la necesidad de realizar las siguientes actividades, entre otras: entrenamiento, adoctrinamiento, etc.; ocultamiento transitorio”, afirmando que “podría tratarse de reales campamentos pertenecientes a organizaciones de origen marxista o similares”7. A estas apreciaciones se agregaba una nómina de personas radicadas en distintos parajes de la Comarca, en rigor jóvenes urbanos sospechosos por su estética disidente con la moral imperante, por asentarse en tierras de difícil acceso, no tener trabajo estable, recibir encomiendas y giros en el correo de El Bolsón, y tener alguna vinculación con personas señaladas como “extremistas”, “izquierdistas”, “de tendencia marxista” o “revolucionaria”.

Según recuerdan sus propios protagonistas, el mismo 24 de marzo por la madrugada los ‘hippies’ fueron detenidos, conducidos al cuartel del Escuadrón 35 y más tarde liberados, aunque no por ello perdidos de vista. A partir de entonces se impuso como requisito para los recién llegados su registro en el Escuadrón, generando distintas reacciones según las experiencias previas de los afectados. Algunos se presentaron, otros no, pero para ninguno pasaría desapercibido el control que la fuerza buscaba ejercer sobre la población aun en este lugar remoto8.

Junto a estas detenciones, los primeros días del golpe tuvo lugar la de Luis Levita, histórico dirigente del Partido Comunista en El Bolsón. Su caso fue detallado ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984, reconstruyendo un periplo de casi dos meses en los que fue trasladado a Bariloche y luego a Neuquén, de manera clandestina, en condiciones deplorables y con intervención de la Policía rionegrina, el Escuadrón 35, la Escuela de Instrucción Andina y la Unidad Penitenciaria N°9 donde fue localizado por su familia9. Junto con otros, su testimonio sirvió para demostrar la existencia de un “centro de detención clandestina” (Scatizza, 2016) en la Escuela de Instrucción Andina entre marzo y abril de 1976. Poco después, con la puesta en funcionamiento del centro clandestino de detención y torturas ‘La Escuelita’ en Neuquén, se extremarían las medidas de ocultamiento del trabajo represivo. La clandestinidad y el camuflaje de pruebas serían parte crucial del sistema, junto a los allanamientos a discreción y el secuestro como método de detención en un clima de sospecha y macartismo permanente, exacerbado por la imprecisión con la que se caracterizaba al enemigo a aniquilar.

En El Bolsón, entre los principales afectados por los hostigamientos, allanamientos, cesantías laborales y renuncias forzosas se encontraría el personal del hospital público identificado con la política sanitaria de carácter popular y alta calidad profesional, de infraestructura y equipamiento llevada adelante por el gobierno peronista provincial. En junio de 1976, y tras fuertes hostigamientos, su conductor, el Dr. Oscar Fattorini, fue detenido en su domicilio, trasladado a Bariloche y desde entonces recluido sin juicio ni condena durante más de un año y medio, primero en la U9 de Neuquén, y luego, blanqueada su detención a disposición del Poder Ejecutivo, en el Penal de máxima seguridad de Rawson10. El silencio mantenido en el pueblo tras su retorno evidencia los alcances traumáticos del ‘algo habrán hecho’, no sólo para la víctima sino para todo el entramado, como método efectivo de disciplinamiento social.

A estos padecimientos se sumaron dos casos de desaparición forzada. Por un lado, Héctor Domingo Inalef, trabajador rural, hijo mayor y sostén económico de una familia humilde del paraje Mallín Ahogado, detenido a fines de 1976 por supuesta deserción al servicio militar, y mantenido prisionero sin juicio ni condena en la Comisaría 1era de Viedma durante casi dos años, hasta ser liberado bajo amenazas. Su familia no volvió a saber de él hasta cuatro décadas más tarde, tras sufrir procesos de desmembramiento y desalojos propios de la prepotencia estatal sobre los sectores más empobrecidos, también en democracia11. El caso remite a las innumerables víctimas ‘doblemente desaparecidas’, toda vez que la falta de recursos -económicos, sociales y simbólicos- impidieron llevar adelante cualquier tipo de denuncia, por lo que no figuraron ni en las burocracias estatales ni en los registros de los organismos de derechos humanos.

El otro caso es el de Julio César Schwartz, militante del ERP 22 en Buenos Aires, quien por razones de seguridad en 1975 migró junto a su familia a Bariloche, y más tarde a El Bolsón, donde se desempeñaría como gerente de un importante hotel. A poco de llegar, Julio se integró como miembro activo de la Cámara Regional de Turismo (CaReTur), una de las principales ‘fuerzas vivas’ del pueblo. Ante la finalización repentina del contrato en el hotel, el mismo día en que la familia se mudaba a su propia vivienda, Julio fue secuestrado en la vía pública por un grupo de tareas, trasladado a Buenos Aires y desde ese 1 de abril de 1978 está desaparecido. El caso, invisibilizado y silenciado localmente por más de tres décadas, evidencia la falacia en el argumento de que se trataba de alguien poco conocido, así como la existencia de redes de delación y el alcance del entramado de inteligencia aun en los rincones más recónditos del país.

De hecho, las tres desapariciones relevadas por la CONADEP en el área -Schwartz en El Bolsón, Juan Marcos Herman en Bariloche y Carlos Adolfo Surraco en Ingeniero Jacobacci-, suponen la actuación del Batallón 601. Según se indica en el informe oficial consultado, era práctica corriente que el Batallón enviara su personal a pedido de los Jefes de los Cuerpos de Ejército, la actividad suponía la participación de las comunidades informativas, los grupos de tareas y el Personal Civil de Inteligencia, e incluso en ocasiones era el propio Batallón el que “pedía capturas” o “determinaba blancos para que las fuerzas locales actuaran en el terreno”. Específicamente para los casos de secuestros ocurridos en lugares fronterizos y las víctimas fueron vistas luego en algún Centro Clandestino de Detención, dicho informe asevera que “el requerimiento de detención originado en la Jefatura II de Inteligencia, vía Batallón de Inteligencia 601 era aprobado por el Centro de Operaciones Táctico del Estado Mayor, cursado a la zona correspondiente, y ésta disponía que la subzona y el área prestaran colaboración o ejecutaran la tarea”12. Tal habría sido el caso de Herman, Schwartz y Surraco.

CONTROL POLÍTICO Y VIGILANCIA MILITAR BAJO LA INTENDENCIA DE FACTO DE MIGUEL COLA

El secuestro de Schwartz ocurrió bajo la recién estrenada intendencia municipal de Miguel Cola, un ingeniero civil arribado desde Buenos Aires a El Bolsón en 1974 de la mano de un exitoso e influyente empresario italiano ultracatólico, Antonio Massero, quien mantenía estrechos vínculos con funcionarios provinciales de la dictadura13. Sin antecedentes en la gestión pública, y tras haber participado durante algún tiempo en la CaReTur, en enero de 1978 Cola fue designado al frente de la comuna por decreto del gobernador Bachmann, continuando allí durante las gobernaciones de Acuña (1978-1982) y San Juan (1982-1983), hasta entregar él mismo el mando a las autoridades electas en diciembre de 1983, cumpliendo así seis años de gobierno ininterrumpido14.

El acento visible de su gestión estuvo puesto en la delineación del perfil turístico anhelado por la población tradicional, que veía reflejadas sus expectativas de desarrollo en un gobierno pujante que cultivaba un intenso vínculo con las autoridades a través de viajes periódicos a la capital provincial, así como con las organizaciones de la sociedad civil, permanentemente alentadas para ser portavoces de las inquietudes del conjunto15. Sin embargo, a la luz de las resoluciones municipales emitidas a lo largo del período, archivos de gobierno provincial, la prensa local, diversos testimonios, y su propio relato sobre aquellos años16, es posible afirmar que Cola se erigió en una pieza clave en la ejecución del ‘Proceso de Reorganización Nacional’ en este rincón cordillerano, completamente consustanciado con los propósitos de las instancias superiores.

Control y vigilancia fueron las claves distintivas de su gestión. Por un lado, reafirmaría el disciplinamiento municipal como política de estado mediante la aceptación de renuncias forzosas, la aplicación sistemática de sanciones e incluso la ley de prescindibilidad sobre agentes municipales que no se ajustaban al comportamiento esperado. Por el otro, se ocupó de constituir exitosamente alianzas políticas, morales y económicas con las instituciones y ‘fuerzas vivas’ más prestigiosas de la localidad, designando al influyente Massero como ‘Relaciones Públicas ad honorem’ del gobierno comunal. Su estilo personal, diplomático y eficiente ante sus pares y a la vez estricto y temerario con el cumplimiento de los mandatos morales y ‘las buenas costumbres’, le permitió mantenerse en el poder con apoyo de amplios sectores locales y provinciales.

Siguiendo los trabajos de Canelo (2014, 2015), tal desempeño se ajustaba de manera ejemplar a lo previsto desde las instancias superiores en cuanto al rol estratégico que debían cumplir los municipios y sus intendentes para la determinación de los mecanismos de participación de la comunidad y la generación de consensos, propiciando una política de disciplinamiento a nivel micro- social, y garantizando a su vez una relación estrecha entre los objetivos políticos y represivos del régimen. Para ello, señala la autora, fue crucial la colaboración activa de miles de civiles que asumieron en primeras, segundas y terceras líneas ministeriales, gobernaciones y especialmente intendencias, piezas clave en el tendido de una red ‘capilar’ de control político y vigilancia militar. El fortalecimiento de lazos con las entidades intermedias de la sociedad civil, ahora sin la intermediación de los partidos políticos o concejos deliberantes, resultaría pues una estrategia doblemente ventajosa, tanto para el gobierno dictatorial como para las ‘fuerzas vivas’, que obtenían beneficios directos a cambio de su complacencia. El Bolsón no fue la excepción.

El mandato de Cola contó con el acompañamiento de los sucesivos gobiernos provinciales, cobrando especial relevancia la presencia frecuente en la zona del Capitán de Navío Zenón Bolino. Comandante en 1977 de la Base Naval de Puerto Belgrano -certificada luego por la CONADEP como CCDyT-, tras ejercer como Ministro de Gobierno de Río Negro, en 1981 Bolino devino Coordinador General de la Gobernación hasta la asunción de las autoridades constitucionales. Con el retorno de la democracia se supo que, mientras recorría obras en marcha y se reunía con las fuerzas vivas para tratar temas referidos al desarrollo local, Bolino recibía de los intendentes rionegrinos informes bimestrales y secretos basados en una guía de ‘Formulación de Panoramas’, a la que se agregaría la Directiva 1/80 ‘S’ – ‘Martillo’ – ‘Normas Complementarias para la Acción de Gobierno en la Prosecución de la Lucha contra la Subversión’, de carácter secreto y conocida luego como el ‘Plan Martillo’. Como indica Suárez (2016), con centro en el Ministerio de Gobierno, dicho Plan se constituyó en el servicio de inteligencia provincial al incorporar a la autoridad municipal de facto al entramado existente como nuevo sujeto productor de insumos para la ‘comunidad informativa’, legitimando así, la producción de información y aumentando la red de complicidades y de delación en los ámbitos ampliados de sociabilidad. El propio Cola, en entrevista personal, aseveró que mantenía reuniones periódicas con los responsables de las distintas áreas públicas, a fin de compartir información sobre la comunidad.

En 1979 la gestión municipal se vio particularmente dinamizada. Además de su relevancia para la economía local, la cuestión turística colaboraba con los propósitos de soberanía nacional celosamente protegidos por las autoridades militares, civiles y eclesiásticas de la época. Coincidieron entonces la inauguración oficial de la Feria Regional y Artesanal, que según testimonios habría sido autorizada por el Comandante de Gendarmería en virtud de que facilitaba el control sobre los jóvenes, que ya eran objeto de allanamientos sin orden por supuesta tenencia y consumo de estupefacientes; la creación de la Sección Bariloche del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; y el ingreso al plantel municipal poco después de José María Casartelli, acreditado Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 según pudo conocerse años más tarde17.

En el centenario de la ‘Campaña del Desierto’, el concepto de soberanía adquiría una fuerza particular reivindicativa del accionar de las fuerzas nacionales, especialmente en Patagonia. A su vez, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciéndose eco de las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en nuestro país, obligó a la Junta Militar a replantear sus estrategias de legitimación social. El Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy, junto al General Antonio Bussi al frente de Gendarmería Nacional, y el Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Juan Rafael Llerena Amadeo, diseñaron y llevaron adelante una serie de iniciativas tendientes a dicho propósito, para lo cual contaron con el pleno acompañamiento del Ministro Bolino en Río Negro y el intendente Cola en El Bolsón. Por su incidencia fehaciente en el caso que nos ocupa, destacamos aquí las “campañas nacionales” en las escuelas de frontera especialmente orientadas a combatir al “enemigo chileno”; el desarrollo del “Plan de Acción Cívica” de Gendarmería que redundaba en donaciones de materiales (Rodríguez 2010; Divinzenso 2016); la creación de la Gendarmería Infantil, que pretendía mantener a los niños de 8 a 14 años “alejados de la subversión”, enseñarles a dominar el carácter y respetar la autoridad (Rodríguez y Lvovich 2011); y el Operativo “Argentinos, ¡Marchemos a las Fronteras!”, que logró reclutar unos 5000 estudiantes varones entre 16 y 18 años de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, que debían demostrar a sus pares fronterizos que “la ciudad se acordaba de ellos, los desamparados” (Rodríguez 2010: 1259). Si bien el éxito de estas medidas estaría fuertemente condicionado por la interna entre los sectores más duros y aquellos más dialoguistas en las Fuerzas Armadas, así como por la crisis política y económica que se agudizaría a partir de entonces, en El Bolsón todo este trabajo impulsado desde las más altas esferas del gobierno dictatorial daría sus frutos. Según reflejara la prensa local, las temporadas turísticas a partir de entonces serían exitosas y los mensajes oficiales fortalecerían no sólo la imagen “paradisíaca” del lugar sino fundamentalmente la responsabilidad individual en contribuir a esa imagen.

En 1983, el intendente Cola concluiría su mandato con una buena aprobación, siendo uno de los pocos intendentes en la provincia que permanecieron en el cargo de manera ininterrumpida durante casi la totalidad del período dictatorial. El mandatario local habría logrado articular de manera eficiente y exitosa las estrategias represivas, de inteligencia y de disciplinamiento social requeridas por las autoridades militares, junto con una serie de medidas urbanísticas, culturales y económicas que atendían las expectativas de amplios sectores locales y provinciales, vinculadas al posicionamiento de El Bolsón como destino turístico. De hecho, cuatro años más tarde, la ponderación de su gestión por parte del electorado local se puso de manifiesto al acompañar con el voto su postulación, encabezando la lista municipal del Partido Provincial Rionegrino, de bases pro-militaristas y desarrollistas, permitiéndole reeditar su mandato en un contexto democrático aunque de franco retroceso en cuanto al juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura.

REFLEXIONES FINALES

Centrado en el caso de El Bolsón, este artículo buscó dar cuenta de ciertos aspectos de la trama de control político y vigilancia militar antes y durante la última dictadura en nuestro país desde la perspectiva microhistórica, la que permite amplificar los fenómenos y evidenciar ciertas particularidades que de otro modo quedan ocultas bajo explicaciones de carácter general. A partir de un recorrido que comenzó situando el caso en la organización de la represión en Norpatagonia según las directivas secretas castrenses, el artículo dio cuenta de la efectiva aplicación de la persecución en El Bolsón y alrededores, previo al gobierno dictatorial, así como en sus inicios y durante la intendencia de facto de Miguel Cola. Ingeniero civil de profesión, las fuentes consultadas dan cuenta de su efectiva identificación con el régimen, así como de su eficacia en cuanto a la garantía de los propósitos represivos mediante la aplicación de ciertas medidas clave de control político y vigilancia militar entre 1978 y 1983, logrando la adhesión suficiente para reincidir en el cargo algunos años después, ya en democracia y con el respaldo del voto popular.

En línea con aquellos autores y autoras que vienen abordando el fenómeno dictatorial desde esta perspectiva, me interesa poner de relevancia el peso que la participación civil tuvo en la concreción de la represión así como en la continuidad de ciertas prácticas y discursos, toda vez que la ‘lucha contra la subversión’ desplegada por las autoridades militares de las ‘zonas de seguridad’, fue apuntalada de manera crucial por las autoridades militares y civiles en los distintos niveles de gobierno. Así, la concreción de los objetivos políticos, económicos y represivos del ‘Proceso de Reorganización Nacional’ fue posible gracias a la vinculación y simultaneidad entre ambos esquemas represivos: como señala Suárez (2016), uno relativo al ‘control externo’ a través de los Comandos de Zona y el Ministerio del Interior de la Nación, y otro atento al ‘control interno’, que vinculaba Ministerio de Gobierno con municipios, proveyendo insumos para la ‘comunidad informativa’ y ejerciendo mecanismos de control y disciplinamiento a nivel microsocial.

De este modo, la logística diseñada con precisión quirúrgica desde los altos mandos para mantener bajo control y vigilancia todo el territorio nacional fue alimentada desde el llano por un complejo entramado de responsabilidades militares y civiles que, en sociedades fronterizas y relativamente pequeñas como la que nos ocupa, estaban atravesadas de manera particular por la familiaridad de los vínculos y la eficiencia del intendente para lograr la convocatoria y el consenso entre la población en torno a la ‘misión’ de las Fuerzas Armadas y sus promesas de desarrollo y prosperidad. Indagar en este tipo de estrategias puede iluminar nuevos aspectos que nos permitan reformular interrogantes y abrir panoramas para una comprensión más profunda acerca de la persistencia de ciertos dispositivos represivos aun dispersos en la sociedad argentina, más allá y más acá del período dictatorial.

Notas

1. Entre 2010 y 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con el Ministerio de Defensa publicó una serie de informes resultantes de procesos de investigación vinculados con las causas de lesa humanidad que se juzgaron a partir de la derogación de las denominadas “leyes del perdón”. En todos los casos se trató de información hasta entonces “confidencial y secreta” que de este modo era puesta a disposición de la opinión pública para colaborar a la profundización y consolidación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Este apartado se basa en dichos informes, a saber: Documentos del Estado Terrorista. Directiva 404/75 (Lucha contra la Subversión) y Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Interior). Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria N°4. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos. 2012; El Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Zona de Defensa IV. Departamento II de Inteligencia (G2) Investigación documental. Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Defensa de la Nación. 2015; Batallón 601. Investigación documental. Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2010; Destacamento de Inteligencia 182/163. Neuquén. Sección Bariloche. Investigación documental. Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2010.

2. Orden de Operaciones 5/75 (Lucha contra la Subversión) “Operación Comahue” (OP 5/75). Noviembre 1975. Secretaría Criminal Correccional. Juzgado Federal. Viedma. Río Negro. Gentileza Pablo Scatizza.

3. Ordenanza municipal N° 42/76. 26 de marzo 1976. Archivo Municipalidad de El Bolsón.

4. Decreto N°171/76. Viedma, 21 de mayo 1976. Digesto Jurídico Legislatura de Río Negro.

5. Orden del día N° 5096. “Subversión y violencia”, 11 de agosto 1974. Jefatura de Policía de Río Negro. Gentileza Rubén Suárez.

6. Memorándum 27 de octubre de 1975 Destacamento de Inteligencia nº 183 de Comodoro Rivadavia y Policía del Chubut. Fondo Documental del Servicio de Inteligencia del Chubut. Archivo Provincial de la Memoria.

7. Memorándum 27 de octubre de 1975 Destacamento de Inteligencia nº 183 de Comodoro Rivadavia y Policía del Chubut.Fondo Documental del Servicio de Inteligencia del Chubut. Archivo Provincial de la Memoria.

8. Entrevistas de la autora realizadas en El Bolsón entre 2013 y 2016 a personas mencionadas en los informes de inteligencia señalados y otros jóvenes urbanos arribados durante el período dictatorial. Sobre este fenómeno en particular, véase Ayelén Mereb, « El movimiento de derechos humanos y la construcción de las memorias de la represión en clave local. La resistencia “jipuche” en El Bolsón de la posdictadura argentina », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 05 octobre 2018, consulté le 05 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/72891

9. Informe Final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Río Negro. 1984. Archivo de la Memoria de Río Negro.

10. Entrevistas de la autora a Oscar Fattorini, El Bolsón entre noviembre de 2013 y agosto de 2015; Decreto provincial N° 841/76, Viedma, 1 de noviembre 1976. Digesto Jurídico Legislatura de Río Negro; “Declaración testimonial Oscar Alberto Fattorini. El Bolsón (RN) 31 de Octubre de 1984.” Fondo Documental del Servicio de Inteligencia del Chubut. Archivo Provincial de la Memoria.

11. Entrevistas de la autora a Zunilda Inalef, Mallín Ahogado, febrero y agosto 2014, y a Héctor Domingo Inalef, Viedma, 23 de mayo 2016; testimonio de Héctor Domingo Inalef, 11 de noviembre 2015. Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Archivo Provincial de la Memoria.

12. Batallón 601. Investigación documental. Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2010. P.29

13. Entrevista de la autora a Miguel Cola. El Bolsón, 9 de enero 2013.

14. Decreto provincial N°17/78. Viedma, 10 de enero 1978. El ing. Cola cesará en sus funciones mediante decreto N°1909 firmado por el gobernador San Juan a partir del 11 de diciembre de 1983.

15. Semanario local “El Bolsonés”, varias ediciones. 1978-1982. Gentileza Carlos Medina.

16. Material documental diverso consultado para mi tesis doctoral en el Archivo de la Municipalidad de El Bolsón, el Archivo de la Gobernación de la provincia de Río Negro, la Biblioteca del Instituto de Formación Docente de El Bolsón, y testimonios orales recogidos personalmente entre 2013 y 2016.

17. Legajo personal José María Casartelli. Municipalidad de El Bolsón; nota del Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ante requerimiento del Consejo de Administración de Coopetel, Buenos Aires 18 de marzo 2011.

REFERENCIAS

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