ARTÍCULO
La Exclusión Social de los Agricultores Familiares de La Plata. Un análisis del período 2005-2018
The Social Exclusion of Family Farmers in La Plata. An analysis of the period 2005-2018
Lisandro Fernández
lisandrofernandez85@gmail.com
Universidad de Buenos Aires; CONICET; Universidad Nacional La Plata. Argentina
Recibido: 10|01|18
Aceptado: 10|04|18
Resumen
El presente trabajo analiza los alcances de la categoría exclusión social para el caso de los agricultores familiares de La Plata. A partir de presentar las particularidades de la exclusión social para la comprensión de diversos fenómenos sociales, se realizó una investigación acerca de las problemáticas de los agricultores familiares para analizar el modo en que se vinculan con el enfoque de la exclusión. Como resultado del estudio del caso, se propone un esquema de exclusión social compuesto por variables que permiten comprender en forma multidimensional y dinámica, la acumulación de desventajas que afectan a la agricultura familiar. El trabajo recorre las variables postuladas y brinda elementos para reconocer a través de ellas, los aportes del esquema de la exclusión acerca de la situación de los agricultores familiares.
Palabras clave: Exclusión social; Agricultura familiar; La Plata.
Abstract
The present work analyses the social exclusion category for the case of family farm in La Plata. From presenting particularities of social exclusion for the comprehension of various social phenomena, a research was made to the problems of family farmers to analyze how it is linked to the exclusion approach. As a result, a scheme of social exclusion is proposed which includes variables that allows the comprehension, in a multidimensional and dynamic way, the accumulation of disadvantages in a negative way in the family agriculture. The study points out the postulated variables and grants resources to recognize the contributions of the exclusion approach in the situation of family farm.
Key words: Social exclusion; Family farm; La Plata.
1. INTRODUCCIÓN
La noción de exclusión social cobró amplia difusión en el ámbito académico y político desde la década de 1970. Las mismas marcaron la necesidad de ampliar la perspectiva con que se analizan y caracterizan ciertos fenómenos sociales. Si bien no es sencillo encontrar una definición teórica consensuada, la exclusión social se caracteriza por la multiplicidad de dimensiones que contempla, y por su carácter dinámico en relación con las desventajas que afectan a las personas o grupos determinados de la sociedad, lo que le permitió adquirir gran difusión en el ámbito de la construcción de políticas sociales (Kessler, 2011; Mascareño y Carvajal, 2015). En particular, en el presente trabajo se busca analizar un grupo social específico dentro del modelo agropecuario argentino: los agricultores familiares (AF).
Aunque constituyen un sujeto heterogéneo, se reconoce que los AF se encuentran afectados por una diversidad de problemáticas en lo productivo, económico, territorial y social, entre otros (Bidaseca, 2013; Manzanal, 2016; Tsakoumagkos y Audero, 2016; Caracciolo, 2016). Uno de los casos emblemáticos de esta realidad, es el de los agricultores familiares de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Los productores de dicha región se ven afectados a través de una multiplicidad de factores que, retroalimentados entre sí, constituyen un círculo vicioso que afecta negativamente sobre su desarrollo como unidad productiva y doméstica (García, 2015).
En esta dirección, el objetivo del presente trabajo es analizar el modo en que se manifiesta el vínculo entre la exclusión social y la agricultura familiar en el caso de La Plata, por ser una relación escasamente trabajada, e indagar en profundidad sus variables específicas. Para dicha meta, las preguntas de investigación que guían el trabajo son: ¿Cuáles son las principales variables o factores en donde los agricultores familiares se ven afectados por desventajas o problemáticas? ¿Cómo se relacionan estos con el esquema de la exclusión social?
El trabajo se organiza del siguiente modo. Luego de esta introducción, se realiza una breve nota acerca de la metodología empleada. Posteriormente, se hace referencia a los orígenes de la exclusión social, y se describe sus principales características. En el cuarto apartado, se identifica el caso de los agricultores familiares platenses. En el quinto, se realiza el análisis del caso describiendo cada una de las variables que componen la propuesta de operacionalización de la exclusión social a la luz de las particularidades de la agricultura familiar. Por último, el trabajo culmina con las reflexiones finales que sintetizan los resultados de la investigación.
2. BREVE NOTA METODOLÓGICA
Para el presente trabajo se adoptó una metodología de tipo cualitativa, centrada en el estudio de caso como diseño de investigación. El estudio de un caso permite focalizar en un número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y contextual (Neiman y Quaranta, 2006). El trabajo partió de la revisión y el análisis de la bibliografía especializada acerca de la exclusión social, y de trabajos previamente elaborados (Fernández, 2016). A partir de allí, se indagaron dimensiones y variables comunes en diversas propuestas de estudio sobre la exclusión, destacándose la inexistencia de un consenso uniforme sobre las mismas (Laparra et al, 2007), sino la posibilidad de construcción de dimensiones en análisis específicos sobre la base de un marco general.
A continuación, se seleccionó para el estudio a los agricultores familiares de La Plata por ser un caso representativo en el cual se articulan diversos factores que manifiestan una problemática general, y permitió el cotejo analítico mediante la observación empírica. Para la recolección de información se siguió la estrategia denominada “bola de nieve” en la cual un entrevistado recomienda contactar a otro y así sucesivamente, además de la información secundaria proveniente de la revisión bibliográfica y los censos estadísticos. Durante los años 2016-2018, se realizaron quince entrevistas semi-estructuradas a productores y técnicos de campo de programas e instituciones públicas, y se asistió a tres conferencias de prensa en las que los productores expusieron sus principales problemáticas1. La información brindada por parte de los/as protagonistas, permitió redefinir variables planteadas por el trabajo principal discutido en el marco teórico (Subirats et al, 2004) por medio de la problematización de la situación concreta de los agricultores de La Plata, pero dentro del esquema analítico de la exclusión.
3. LA EXCLUSIÓN SOCIAL: A MODO DE MARCO CONCEPTUAL
El origen del término exclusión social se sitúa en la sociología francesa de la década de 1970, en un contexto de emergencia de diversos problemas sociales experimentados en Europa, que sobrepasaban a la pobreza como preocupación central. Con la caída del Estado de Bienestar y la pérdida del pleno empleo en los países europeos, nuevos fenómenos sociales (precarización laboral, desocupación masiva, discriminación de género, dificultad para acceder a la educación, a los derechos de salud, a la vivienda, entre otros) comenzaron a expandirse y tener mayor relevancia en las preocupaciones políticas y académicas (Raya Diez 2007) . De este modo, el concepto de pobreza entendida exclusivamente en términos de ingresos fue cuestionada paulatinamente en pos de esquemas pluralistas (Calderon 2007) .
En dicho contexto, se difundió la noción exclusión social como un concepto multidimensional superador, que considera y toma en cuenta las nuevas problemáticas en términos de privaciones para ejercer de forma efectiva los derechos políticos y sociales propios del conjunto de la ciudadanía (Subirats et al. 2004) . Este enfoque tiene sus raíces en los aportes de Sen (2000), quien entiende a la exclusión social como la privación de capacidades, concebidas como el conjunto de cosas que una persona tiene la libertad para hacer. La multiplicidad de dimensiones, situaciones o actores sociales a los que refiere la idea de exclusión social, le permitió adquirir gran difusión en el ámbito de la construcción de políticas sociales, al homogeneizar situaciones nuevas y disimiles entre sí (Kessler 2011) .
Si bien no existe una definición comúnmente aceptada de la exclusión social, se tomará como referencia al aporte de Subirats et al (2004: 18), quienes refieren a la misma como el “fruto de un proceso de acumulación y superposición de factores de desventaja social, que generan una situación de imposibilidad de acceder a los mecanismos de desarrollo personal y/o grupal”. Si bien no se ignoran las controversias teóricas que implica el concepto de exclusión social, analizados críticamente en otro artículo (Fernández, 2016), se trata de profundizar el análisis en aquellas situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar procesos de acumulación de desventajas. De este modo, se busca poner el foco de atención sobre las dinámicas que implican situaciones de vulnerabilidades antes que en los resultados y a desarrollar un abordaje multidimensional (Craviotti 2008). Es decir, el análisis se centra primordialmente en factores (económicos, políticos, sociales) que afectan negativamente a las personas o grupos sociales, y no solamente en las consecuencias o derivaciones inmediatas que provocan (como desempleo, desarraigo, etc.)
La generalidad y multiplicidad de situaciones a las que refiere la exclusión genera dificultades para establecer un consenso en torno a las dimensiones para su análisis empírico. Algunas de las propuestas en este sentido se desarrollaron en Subirats et al (2004), Laparra et al (2007) y en Raya Diez (2007). En términos generales, las propuestas giran en torno a tres dimensiones o espacios de la exclusión: el económico, el político y el de relaciones sociales. Dentro de ellas, se toman en consideración la falta de o las dificultades para el acceso al trabajo, la vivienda, la insuficiencia de ingresos, la falta de protección social, la ciudadanía restringida, la educación, la desintegración familiar, entre otros. Sin embargo, es dificultoso establecer un orden prioritario entre las diferentes dimensiones y variables, ya que su importancia depende de los casos o situaciones analizadas. Asimismo, tampoco se las puede concebir como compartimentos estancos, debido a que los factores de la exclusión se pueden combinan y retroalimentan entre sí (Subirats et al 2004).
En resumen, se toma la noción de exclusión social en tanto que reconoce a los fenómenos sociales de vulnerabilidad como procesos multidimensionales, problematizados como la acumulación de desventajas en diferentes dimensiones. Dicha característica permite su consideración para el estudio del caso de la agricultura familiar platense.
4. PRESENTACIÓN DEL CASO: LOS AGRICULTORES FAMILIARES DE LA PLATA
La categoría agricultura familiar (AF) es relativamente novedosa y se encuentra en construcción. Comúnmente se la utiliza para englobar a un conjunto de actores heterogéneos que han recibido diferentes identificaciones a lo largo de la historia: campesinos, minifundistas, pequeños productores, chacareros, entre otros (Manzanal & Schneider 2011) . Su delimitación se realiza a partir del tipo de organización social del trabajo en la explotación, que refiere a la centralidad del trabajo y del gerenciamiento familiar de la unidad de producción y la unidad doméstica, integradas físicamente, donde la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia (Cieza et al. 2015; Soverna, Tsakoumagkos, & Paz 2008) .
La Plata es una región donde la producción de hortalizas es hegemónica, conformando lo que se conoce como el Cordón Hortícola Platense (CHP), aunque también es uno de los principales territorios en la producción florícola (Cieza et al 2015). De acuerdo con los datos disponibles del Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires (CHFBA, 2005), en el Partido de La Plata existían 1.047 Explotaciones Hortiflorícolas (738 dedicadas exclusivamente a la horticultura, 286 a la floricultura y 23 mixtas), que abarcaban una superficie total de 5.308 hectáreas.
Desde sus inicios, la región estuvo ligada a la agricultura familiar. Durante las primeras décadas del siglo XX, la inmigración extra- continental (principalmente italianos) jugó un papel preponderante en el desarrollo y consolidación de la producción de hortalizas en la región. Más tarde, especialmente desde los años ´90, la inmigración boliviana adquirió gran protagonismo a lo largo de la llamada escalera boliviana: primero como peones, luego como medieros y por último como productores-arrendatarios (Benencia y Quaranta 2006). Durante los años 2000, la fuerza de trabajo en el CHP continúa siendo predominantemente de origen boliviano (Cieza et al 2015).
Dada la antigüedad de la información del Censo Nacional Agropecuario (2002), no es posible contar con información actualizada sobre la cantidad de agricultores familiares en La Plata, pero estimaciones de Cieza et al (2015) señalan que las unidades hortícolas con predominio de trabajo familiar comprenderían al menos dos tercios del total, no superando las dos hectáreas en total cada una. En ese marco, el crecimiento e instalación de la agricultura familiar se vio acompañado por un proceso de aumento del número de organizaciones de productores (asociaciones civiles principalmente), vinculado a los requerimientos que estipulaban diferentes medidas de políticas destinadas al sector hortícola (subsidios, microcréditos o asistencia técnica) para ser destinatarios de las mismas (Ambort, 2017)
A partir de mediados de los ´80 y principalmente durante los ´90, se promovieron profundas transformaciones tecnológicas: la principal fue la instauración y expansión del modelo productivo del invernáculo. Este sistema permitió aumentar la productividad, controlar la periodicidad de cosecha y una mayor relación costo/beneficio, entre otras cuestiones (García 2015) . Si bien no se encontraron estadísticas oficiales disponibles actualizadas, Blandi et al (2015), basados en información secundaria, afirman que el área bajo cubierta alcanzaría al 60% de la superficie del CHP, lo que marca la transformación y la preponderancia del sistema bajo cubierta por sobre el sistema a campo. Sin embargo, las mejoras de productividad que posibilita el invernáculo reducen el precio del producto y el margen de ganancia, obligando a realizar nuevas inversiones de capital, convergiendo en un espiral que asfixia su sostenibilidad
Si bien la relación entre exclusión social y la agricultura familiar fue problematizada en otros trabajos2, se entiende que el caso de los agricultores familiares de La Plata presenta singularidades que contribuyen al debate, y para ello se empleará una propuesta de esquema compuesto por dimensiones que surgen del análisis empírico.
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CASO: LA EXCLUSIÓN DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES DEL CHP
En consonancia con lo señalado en el apartado 3, Subirats et al (2004: 19) plantean que: “…la exclusión social (…) se define por una acumulación de factores o déficits que se interrelacionan y retroalimentan entre sí”. A partir de aquí, se postula que el carácter multidimensional, dinámico y heterogéneo de la exclusión social cobra singularidad en el caso de la agricultura familiar platense, por medio de la acumulación de déficit que se interrelacionan y refuerzan entre sí. Para dar cuenta de ello, se expone un esquema de análisis presentado en el cuadro n°1 como propuesta para el análisis de la exclusión social aplicado al caso de los AF. Si bien, en el planteo de Subirats et al (2004) surgen como ámbitos de la exclusión el económico, el laboral, el formativo, el sociosanitario, el residencial, el relacional y el ámbito de la ciudadanía, la operacionalización para el caso de estudio seleccionado requirió considerar el rediseño de las dimensiones o variables sintetizadas a partir de la información primaria surgida del caso, fin de comprender su especificidad y complejidad particular.
En efecto, el esquema de variables del cuadro n°1, muestra en formato reducido las principales problemáticas que afectan a los agricultores familiares del CHP, las cuales surgen a partir un proceso inductivo que permitió sintetizarlas desde el análisis de la información obtenida en el estudio del caso, aunque su ordenamiento no implica grados de importancia o prioritarios. Es preciso señalar que la propuesta presentada en el cuadro n°1 comprende seis variables, las cuales están englobadas dentro de la dimensión de tipo económica (que hace a la forma en que se genera el valor). Las variables vinculadas a dimensiones políticas o de relaciones sociales no son soslayadas, pero dado el carácter acotado del presente trabajo, serán desarrolladas en futuras investigaciones.
Cuadro n°1. Variables de la exclusión social de la agricultura familiar en La Plata.
Fuente: elaboración propia.
Cada una de las seis variables del cuadro n°1 a su vez se compone de factores de exclusión que son los que constituyen las diferentes desventajas o asimetrías que afectan a los agricultores familiares. Asimismo, y retomando los aportes de Subirats et al (2004), los diversos ejes presentados se ven reforzados por otros factores de desigualdad que atraviesan transversalmente a las variables de exclusión. Se mencionarán brevemente algunos para enmarcar el análisis posterior de cada una de las variables.
Por un lado, las asimetrías de género atraviesan a la agricultura familiar debido a la desigualdad de las labores intra- familiares. En este sector, las mujeres trabajan muchas más horas que los hombres al ser las encargadas de las actividades domésticas y reproductivas, además de participar de las actividades generadoras de ingresos (Biaggi 1997). Con respecto al caso de La Plata, Archenti (2008) afirma que esta problemática se ve acentuada, señalando que este rol de la mujer en la agricultura familiar está “naturalizado” desde que son pequeñas incluso.
Por otra parte, la mayoría de los agricultores familiares de La Plata son migrantes bolivianos como se señaló más arriba. La necesidad de migrar hacia la Argentina, los forzó a insertarse en el CHP como peones primero, y luego a ascender peldaños en la estructura social, en base al empleo de mano de obra familiar para ahorrar costos, la precariedad de su propia fuerza de trabajo y la restricción del consumo (Garcia 2011a) . Si bien, no se registran demandas o conflictos de corte étnico, la condición de migrantes bolivianos de la mayoría de los AF del CHP los limita por la falta de condiciones formales para el acceso a un crédito o la propiedad de sus tierras, como se desarrollará más adelante.
En relación a este punto, para los quinteros migrantes el acceso a la educación se ha convertido tanto para los productores como para sus hijos en un posible camino para la inserción universitaria y poder acceder a un mejor trabajo. Dado que muchos productores migrantes no han podido terminar sus estudios secundarios, se busca que sus hijos/as alcancen mejores posiciones en la estructura social por medio del acceso a la educación formal. Este anhelo se aprecia en las estrategias adoptadas por las familias. Según un estudio de Lemmi, Morzilli y Moretto (2017) ante los aportes que los jóvenes hacen a las tareas productivas en las quintas a contraturno de la escuela y los fines de semana, los padres y madres buscan que estos prioricen los tiempos de estudio de sus hijos/as antes que los tiempos de trabajo.
Por último, la informalidad afecta a las condiciones de producción y vida de la agricultura familiar, sumada a la invisibilidad que cargan como agentes productivos en la región. Por una parte, la informalidad es “moneda común” en sus condiciones de comercialización, producción o financiamiento como fuera descripto en apartados anteriores, limitando por ejemplo el conocimiento real de sus precios. En tanto fuerza de trabajo, tampoco han tenido acceso efectivo, estable e integral a una obra social ni aportes previsionales, entre otros derechos, excepto por los aportes del Monotributo Social Agropecuario implementado desde 2009, pero que actualmente está en retroceso como política pública. Por otro lado, la invisibilidad disminuye tanto el reconocimiento de sus problemáticas, como de la AF en la producción de alimentos, la obtención de información para elaborar políticas públicas, y hasta el establecimiento de vínculos con sectores organizados del ámbito urbano para generar organización y unidad ante sus demandas y reclamos. A continuación, se desarrollan cada una de las variables postuladas en el cuadro n°1.
5.1 Tenencia de la tierra
La forma de tenencia de la tierra juega un rol clave en las explotaciones de tipo familiar en las que se combina la unidad productiva y la doméstica. Históricamente, en la ciudad de La Plata la propiedad legal de la tierra fue el tipo de tenencia preponderante de los productores (Hang et al. 2013). No obstante, a lo largo del tiempo con la transformación del modelo productivo y los actores sociales, se produjo un cambio en favor de la modalidad de arriendo3: en 1988 el 23% de la superficie hortícola platense estaba en arriendo, pero en 2005 alcanzó el 48,1%, mientras que la tenencia en propiedad era del 47,5%. Si bien estos datos están desactualizados4, se estima que el arriendo es predominante como acceso a la tierra: según estimaciones de García (2013), para el año 2013, entre 2/3 y ¾ de los establecimientos acceden a la tierra vía arrendamiento (García & Kebat 2008; García 2013)
Esta situación afecta principalmente a los productores bolivianos, quienes luego de un proceso de movilidad social ascendente conocido como escalera boliviana llegan a ser productores pero no alcanzan a ser dueños de la tierra en la que producen y viven (Benencia y Quaranta 2006; Lemmi 2011) . Entre los motivos por los que se les dificulta acceder a la propiedad están: el costo de la tierra, los elevados alquileres, los altos requerimientos de inversión en capital y, dificultades de tipo legal. Así lo señala un productor de La Plata:
“…el problema es estructural, esto hay que remitirse, si vamos a hablar de los quinteros de origen boliviano, a 30 y pico de años atrás cuando empezamos a venir de peones, luego de medianeros, después hasta que en los 90´o antes de los 90´, pero en los 90´fue directamente el cambio de actores donde tomamos la posta nosotros como productores, pero todos alquilando, muy poco porcentaje de productores de origen boliviano han logrado comprar la tierra. La mayoría de nosotros alquilamos dependemos de eso, así que si no pagamos la luz y el alquiler nos tienen que rajar y no tenemos dónde ir. Cuando yo te digo que son estructurales es el tema de la tenencia de la tierra. Nosotros tenemos que hacer rendir el espacio que pagamos como alquileres y todo lo que tiene que ver con la subsistencia” [Productor 1, junio 2016]
El aumento de los alquileres se convirtió en un costo fijo creciente a lo largo de los años, que restringe las posibilidades de acumulación de los productores. Si bien es difícil acceder a datos precisos sobre el valor de los arriendos y el peso que significa, ya que varía según la localización y los terrenos de cada productor, la información brindada por referentes de las organizaciones permite tener una aproximación a dicha dinámica.
“Antes era mucho más rentable, podíamos trabajar más tranquilos… Cuando yo vine [año 2006] pagábamos un alquiler 650 o 700 pesos la hectárea por mes el alquiler (…) Después fue subiendo de a poco (…) Cuando se fue el gobierno de Cristina [Fernández, en diciembre de año 2015] estábamos pagando 2.500 [pesos] la hectárea” [Productor 2, marzo 2018]
Esta situación se agravó a partir de 2016 con el cambio en la administración gubernamental en diciembre de 2015. A partir de los aumentos de tarifas de los servicios públicos y la devaluación, los alquileres también aumentaron en un salto discreto: en abril de 2016 se pagaba por una hectárea entre 4.000 y 5.000 pesos por mes5, lo que implicó un aumento de aproximadamente el 100% en pocos meses. Sin el acceso legal a la tierra, los productores afrontan elevados costos que limita la posibilidad de invertir sus ingresos en otros destinos y al mismo tiempo les exige aumentar la productividad y acortar la periodicidad de sus cultivos para contar con liquidez suficiente para enfrentar el arriendo. Para ello invierten en capital fijo y circulante, principalmente el invernáculo e insumos externos, y contraen el consumo familiar. Además, la situación de informalidad de muchos productores les impide acceder a un crédito hipotecario o realizar trámites para la compra de tierras. Al respecto, una demanda generalizada es por el otorgamiento de facilidades por parte del Estado para la compra de las tierras:
“Necesitamos trabajar conjuntamente con la municipalidad y el ministerio, para que lleguemos nosotros a tener un pedazo de tierra, no estamos pidiendo que nos regalen (…) porque va a ser para el futuro de nuestros hijos (…) nosotros no somos sujetos de crédito porque no tenemos los requisitos que nos pide el banco (…) que el Estado haga posible esas cosas que estamos planteando” [Productor 3, mayo 2017]
Por otro lado, esta situación afecta a las condiciones de vida familiar. La precariedad en la tenencia de la tierra lleva a que los productores hortícolas no puedan, o no elijan invertir en el mejoramiento de su vivienda. Un hogar típico en los cuales viven los agricultores familiares de La Plata está construido con madera, piso de tierra, sin calefacción ni ventilación, baños para más de una familia y problemas de contaminación del agua.
Adicionalmente, los dueños de las explotaciones o de las inmobiliarias no permiten que los productores realicen mejoras en la vivienda ante el temor de que luego las usurpen y no puedan desalojarlos por constituir un núcleo familiar. Por otra parte, cualquier mejora en la propiedad no es reconocida por el propietario, así lo sintetiza un productor:
“Vos ves, mirá, la casilla en qué vinimos, todo madera. Si armamos una casa acá en tierra ajena, al rato que a ellos se les canta, nos dicen, ´mirá no te alquilo más, todo lo que pusiste queda así como está´, no te indemnizan nada. Por eso, no hay quintero que haga una casa de material, porque el día de mañana, no puede levantar y llevársela” [Productor 2, marzo 2018]
En resumen, no acceder a la propiedad legal de la tierra se convierte en factor de exclusión social, ya que ejerce presión sobre las condiciones productivas, estableciendo un límite a las posibilidades de acumulación, y sobre las condiciones de vida, generando situaciones de hacinamiento habitacional. La modalidad de tenencia de la unidad de producción condiciona las estrategias productivas de los AF (Hang, et al. 2013), como se verá a continuación.
5.2. Vulnerabilidades productivas
La instauración y difusión del modelo productivo del invernáculo, trajo algunos beneficios económicos a los agricultores familiares, pero también elementos de vulnerabilidad. En primer término, la necesidad de utilizar insumos que están atados al precio del dólar. Si bien este factor es un punto de fragilidad, en coyunturas donde se experimenta una dinámica devaluatoria, como la ocurrida en diciembre de 2015, los precios, y por ende los costos, crecieron exponencialmente, lo cual constituyó uno de los principales puntos de protesta en abril de 2016, así lo manifestaba uno de los productores participantes:
“primero de todos es el tema de los insumos, semillas, que todo compramos en precio dólar, y nosotros vendemos en pesos (…). Las semillas que nosotros compramos son todas importadas, por ejemplo, el tomate, el morrón, el pepino…el plástico que compramos también, es producción nacional, pero es a ´precio dólar´´” [Productor 4, Abril 2016]
Sumado a esto, otro de los puntos de protesta durante los años 2016 y 2017, ha sido el aumento de las tarifas debido a la quita de subsidios, lo cual generó aumentos de la electricidad (utilizada por los productores en los sistemas de riego por goteo), y del gasoil utilizados en los tractores y camionetas. Todo ello, generó incrementos de los costos productivos.
Dentro de la dimensión productiva, uno de los factores que afecta directamente a los AF, es la complejidad del manejo de los cultivos bajo invernáculo; lo cual generó la necesidad de contar con asesoramiento técnico ante la aparición de plagas, enfermedades, problemas de fertilidad o degradación del suelo y, manejo de los insumos. Entre las principales enfermedades se encuentran el trip, la mosca blanca y los hongos.
También se destacan otras consecuencias de la utilización de insumos externos y técnicas productivas asociados al invernáculo. Blandi et al (2015), mediante el estudio de casos en el CHP afirman que las técnicas agresivas de labranza, las escasas rotaciones y el uso indiscriminado de agroquímicos (propias de la producción bajo invernáculo), generan problemas de contaminación del medio ambiente, de fertilidad de los suelos (y la conservación de sus propiedades físicas) y riesgos para la salud de los agricultores, al no contar con la información necesaria y/o no emplear las técnicas de precaución para el cuidado de su salud en las labores cotidianas. Adicionalmente, el plástico del invernáculo se convierte en un problema cuando termina su vida útil, ya que este material persiste en el ambiente agrediendo el ecosistema (García, 2015).
Este cambio volvió a las producciones familiares cada vez más dependientes de los insumos externos: los conocimientos específicos y los saberes técnicos se tornan un insumo más con la tecnología del invernáculo (García & Kebat 2008; García 2015) . Sin embargo, la mayoría de los productores de la región, o no cuentan con asesoramiento, o los que la reciben recurren a las agronomías privadas de la zona (Blandi et al. 2015; Cieza 2004) . En el cuadro n° 2 se brinda información que da cuenta de esta necesidad, en las Explotaciones Hortiflorícolas (EHF).
Cuadro n° 2. Cantidad de EHFs, por tipo de asesoramiento recibido, según actividad
Fuente: Censo Horti Florícola de la Provincia de Buenos Aires 2005
De la información del cuadro n° 2, se desprende que aproximadamente el 35% de las EHF no reciben asesoramiento (369/1047), pero a su vez según la misma fuente, entre quienes la reciben, una amplia mayoría recurre a los proveedores privados de agro-insumos de la región (61%6 del total)7. Si bien en los últimos años se implementaron políticas públicas que proporcionan acompañamiento técnico, el crecimiento cuantitativo de productores (según los entrevistados, en el año 2016 existían entre 3.500 y 4.000 productores en la región), elevó la demanda de asistencia técnica por encima de los recursos brindados. Así describe esta carencia un promotor asesor de Cambio Rural, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA):
“…ellos [los agricultores familiares] tienen un tema que es el manejo de agroquímicos con relación a la sanidad de los cultivos. Tienen plagas y enfermedades que se repiten y que el fuerte manejo es con la aplicación de agroquímicos. Ahora, nunca tuvieron acompañamiento técnico, las primeras visitas que recibían eran las nuestras [del INTA] y ellos siempre se manejaron yendo a las agroquímicas a decirles ´bueno, mirá me parece que tengo tal cosa en la planta´. No tenían un diagnóstico ni de la plaga ni de la enfermedad certero. De la agroquímica les venden un producto y que lo apliquen, “esta es la dosis”. Entonces tienen problema en poner la dosis, en menor cantidad de lo que corresponde, en mayor cantidad aplicarla a destiempo, mal aplicadas, con equipos sin calibración…” [Técnico 1, marzo de 2016]
Esta dinámica afecta la autonomía (y eficiencia) productiva y de gestión de los AF de La Plata, entendida como capacidad de formulación de metas, definición de actividades y mejoramiento de la autogestión individual y colectiva (Blandi et al. 2015). El factor más importante en este sentido es la dependencia de insumos y asesoramiento externo, que por un lado se tornaron indispensables, pero a la vez son de costoso (los precios de la mayoría de los insumos están atados al dólar) o nulo acceso (no se puede afrontar el pago de un técnico privado) para los productores familiares.
Adicionalmente, el predominio de la producción bajo cubierta genera problemas en relación con el agua. Por un lado, el invernáculo impermeabiliza el suelo generando anegamientos en las zonas productivas, pero a la vez su tecnología requiere del riego, recurso extraído de los acuíferos que corren el riesgo de sobreexplotarlo (García, 2015).
Por último, la vulnerabilidad de la AF se pone de relieve durante las emergencias climáticas por caída de granizo, inundaciones o tornados: la más reciente ocurrió en febrero de 2017. La tormenta destruyó los invernáculos de las quintas y afectó la producción, y debido a los altos niveles de inversión en capital que requiere el invernáculo (madera, nylon, mano de obra, entre otros), se ocasionaron grandes pérdidas en aproximadamente el 90% de las instalaciones y sembrados8, por lo que la tormenta dejó al descubierto la grave situación de los productores: “a partir de la tormenta fue imposible seguir como productores, porque el 100% [del tiempo] tuvimos que dedicarle a la vivienda” [Productor 4, mayo 2017]
Como desde el Estado no se dispuso de la ayuda financiera necesaria generalizada para superar la situación de emergencia, muchos productores se vieron en la obligación de endeudarse con financistas privados9 para poder cosechar y comercializar los cultivos en pleno proceso estival de producción.
5.3 Uso intensivo de la fuerza de trabajo familiar
Las problemáticas del ámbito laboral no sólo se vinculan solamente al acceso al mercado de trabajo y la obtención de ingresos, sino también a las condiciones laborales en que se desarrollan las tareas (Subirats et al. 2004). Este aspecto cobra especial particularidad en el CHP, en donde, el 59% del factor trabajo es aportado por el productor y/o su familia, mientras que en el 65% de las Explotaciones Hortícolas las actividades son llevadas a cabo por mano de obra predominantemente familiar10 (García, 2011a y 2014) y en el cual la producción bajo invernáculo más que duplica al sistema a campo en el empleo: el sistema a campo ocupa en promedio 1,5 personas/ha/año, mientras que en el sistema de invernáculo se ocupan 4 personas/ha/año (Seibane et al. 2014) . El estudio de Cieza et al (2015) destaca que hasta una ha bajo cubierta el trabajo puede ser cubierto con mano de obra familiar, complementando los momentos de mayor demanda con la contratación de personal como asalariado o mediero que son complementario11.
Entre los motivos más destacados del uso de mano de obra familiar, se encuentra el ahorro de la contratación de trabajo (Hang et al. 2013) . Pero al mismo tiempo, la fuerza de trabajo familiar empleada en el CHP se caracteriza por la precarización y la intensidad de las jornadas, que además de la producción incluye la gestión de las explotaciones.
Las principales problemáticas se vinculan a la extensión de la jornada laboral normalmente supera las 8 horas, en el verano se llega a trabajar hasta 11 o 12 horas, a lo que se agrega la intensificación de la jornada a través de la cantidad de tareas, eliminación de tiempos muertos, y adversas condiciones de salubridad y seguridad de las labores, aumentando la vulnerabilidad de los agricultores. Estas condiciones se apoyan en el horticultor boliviano, quien debido a las condiciones asimétricas que sufre (principalmente como migrante) está obligado a afrontar dichas condiciones de trabajo (García 2014).
La particularidad de la fuerza de trabajo en la agricultura familiar de La Plata no es la falta de acceso al trabajo, sino los elevados grados de precariedad con que se desarrolla, lo que se manifiesta en un uso intensivo auto- impuesto (auto-explotación) como parte de una estrategia para reducir los costos y mejorar su competitividad. Adicionalmente, el modo en que se desarrolla el trabajo en las quintas familiares pone en riesgo la continuidad de la producción familiar ante la preocupación de buscar nuevos horizontes para los hijos, como lo relata una productora con motivo de la movilización de abril de 2016:
“queremos dos hectáreas por familia para trabajar, para darle una profesión a nuestro hijos, que sean estudiados y que no trabajen en el campo como nosotros, que hay mucho sufrimiento para trabajar en el campo: tenemos que estar debajo de la lluvia, en el barro, todas esas cosas, y no se puede…no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros estamos pasando (…) nosotros trabajamos, plantamos verduras para mantener a los mercados…” [Productora 5, Abril de 2016]
5.4 Escasez de financiamiento
El modelo productivo del invernáculo impone mayores requerimientos de inversión en capital fijo y circulante para el desarrollo de la producción. Para ello, los agricultores familiares deben contar con financiamiento suficiente en el momento del año en que se realiza la compra de insumos. No obstante, tienen dificultades para el acceso a las fuentes de financiamiento, limitando sus posibilidades de crecimiento o continuidad productiva.
Ante este problema, algunos agricultores familiares recurren casi exclusivamente al ahorro que se pueden generar en los momentos de buena producción y/o precios. Los que no pueden autofinanciarse, acuden a las fuentes informales de crédito (acopiadores, intermediarios, prestamistas, etc.) en condiciones desventajosas (Cieza 2012) .
Como se aprecia en el cuadro n° 3, aproximadamente el 90% de las EHFs de La Plata no cuenta con acceso al financiamiento:
Cuadro n° 3. Cantidad de EHFs, por actividad según haya o no recibido financiamiento
Fuente: Censo Horti Florícola de la Provincia de Buenos Aires 2005
Dado que la proporción de crédito bancario es prácticamente nulo, han comenzado a aparecer desde el año 2008 organizaciones financieras que captan esta demanda. Las mismas se caracterizan por una campaña de marketing con carteles y pasacalles en las zonas de producción, promoción del crédito “in situ” y el cobro de altas tasas de interés, generando condiciones para el endeudamiento de productores (Cieza 2012) , deviniendo en un factor de exclusión.
Cuadro n° 4. Cantidad de EHFs que recibieron financiamiento, por actividad, según fuente
Fuente: elaboración propia en base a Censo Horti Florícola de la Provincia de Buenos Aires 2005
De la información del cuadro n° 4, se destaca el bajo porcentaje de EHFs que se financiaron vía bancos oficiales y, en contraposición, el rol primordial que ocupan los proveedores de insumos en el financiamiento. Entre los mayores impedimentos para el acceso al crédito formal se encuentran el incumplimiento de requisitos formales como la falta garantías u otras exigencias de tipo legal. Así lo señala un técnico de Cambio Rural especializado en el armado de proyectos de microcréditos para agricultores familiares en La Plata:
“…en general en la producción agropecuaria el tema del financiamiento es súper necesario y es una herramienta que no está, porque el crédito formal es un crédito que exige toda una serie de papeleo y burocracia tremenda que por la informalidad del sector productivo hortícola es imposible acceder.” [Técnico 2, junio de 2016]
Ante este contexto, desde 2005 se desarrolló en La Plata y alrededores una experiencia de financiamiento a través de microcréditos conocido como Banco Social, que otorga créditos a tasa subsidiada y garantía solidaria a grupos de productores con necesidades de inversión, pero sin posibilidad de acceso al crédito formal. Esta experiencia es valorada positivamente por los productores ya que en promedio, les aportaba más del 50% de los requerimientos de financiamiento de la campaña (Barros et al. 2015) . No obstante, aunque la cantidad de productores que participan del proyecto creció desde sus inicios, continúa representando un canal acotado de financiamiento si se considera al territorio en su totalidad (lo cual no le quita mérito a la iniciativa).
Por ende, la falta de financiamiento accesible y sostenido para los agricultores familiares se constituye en un factor de exclusión, tanto por las situaciones en las que se condiciona su endeudamiento como en las que directamente se le impide el acceso al crédito.
5.5 La comercialización: un reloj de arena
La comercialización constituye una de las principales debilidades de los agricultores familiares platenses. En primer término, las hortalizas son básicamente un alimento destinado al consumo interno, pero cuyos insumos se encuentra valuados a “precio dólar” (Caracciolo, 2016), lo que configura un desfasaje estructural. Por otro lado, son productos de corta vida útil, característica que impone la necesidad al vendedor de colocar el producto en períodos de tiempo determinado. La mayoría de los productores no cuenta con la infraestructura necesaria para la conservación de las hortalizas, lo cual aumenta la necesidad de colocación de sus productos en períodos cortos de tiempo.
En este esquema, los productores se ven perjudicados en la comercialización, debido a que las hortalizas son productos baratos para el vendedor pero caras para el comprador, resultando en un esquema tipo “reloj de arena” en donde la intermediación (o sea, el revendedor) se apropia de gran parte del excedente (García 2011b) . Según Duré (2013, cit en Barros et al. 2015: 162), en la zona del CHP, la diferencia de precios entre el producto pagado en la unidad productiva y la que llega al consumidor puede variar entre un 100% y un 400%, producto de la existencia de más de un intermediario entre ambas instancias. Si bien existen diferentes canales de comercialización, el que se observa en la generalidad de los casos es la venta en las quintas a “culata de camión” a intermediarios, en la cual el pago por lo general no es inmediato, sino que se realiza una vez que el producto se vende en el mercado concentrador u otro (Caracciolo, 2016). Este sistema es relatado por un productor:
“…eso se llama la comercialización vía ´culata de camión´. Nosotros ofrecemos aquí en la quinta vía Nextel12, el intermediario viene y te compra acá en la quinta, te deja los [cajones] vacíos, vos cosechas, y entregas la carga.
Entrevistador: ¿Vienen todos los días?
Vienen todos los días, pero hay distintos mercados. Por ejemplo, al [Mercado] Central se carga domingo, martes y jueves (…) y los otros mercados chicos cargan, lunes, miércoles y viernes. Por lo general, va a consignación, a contra-boleta. Vos entregas cincuenta jaulas de lechuga hoy, el intermediario, viene lo carga, lo anota, lo lleva al mercado, vende y después vuelve a pagarte, con la misma plata que pagó te vuelve a pagar, saca su flete, saca su ganancia…pero el precio por lo general se establece a medida de la cantidad de verdura que hay. Por ejemplo, hoy por hoy [marzo 2018] un cajón de tomates de primera está 120 pesos, un cajón de 18 kilos. Apenas el valor del costo de producción, ganancia no queda nada.
Entrevistador: ¿Ustedes saben o han estudiado cuanto queda para el intermediario?
El 40 o 50%. Nosotros llamamos al Mercado [Central], está 200, 220 o 250. En la quinta te vienen ´no, que vendí a 140, 150´: te pagan 120. ¿Y qué vas a hacer? Por no tirarlo tenés que vender” [Productor 2, marzo 2018]
Este relato es representativo de las dificultades que afectan al común de los agricultores familiares de La Plata en la comercialización a “culata de camión”. La venta vía intermediarios les sustrae un porcentaje considerable (que varía según los casos) del valor producido, retroalimentando las exiguas posibilidades de acumulación y crecimiento económico. Como lo sintetiza un investigador y técnico del IPAF en la temática:
“…ahí no hay posibilidad de pelear precio, sino directamente de poder sacar la producción. Todo esto en el marco de un alquiler que lleva a establecer cualquier condición para poder sacar la verdura y vender y tener ingresos…” [Técnico 3, junio 2015]
Este problema se ve agravado porque en la generalidad de los casos, las organizaciones de productores no cuentan con un vehículo propio para trasportar la producción. Como un atenuante de dicha problemática, en los últimos años, crecieron las ferias de comercialización directa entre el productor y el consumidor, en la mayoría de los casos, situadas en distintos sitios pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata. No obstante, la cantidad de productores que venden en las ferias es reducido en relación con el total de la zona: según la información brindada por referentes en la temática: para el año 2015 existían un total de cien feriantes. Adicionalmente, los productores señalan que comercializar en las ferias, les genera el costo de dejar la producción en la quinta para trasladar su producción y realizar las tareas de venta.
La problemática la agricultura familiar en relación con la comercialización, no es el apartamiento total del mercado, sino la situación de ahogo en lo concerniente a la apropiación del valor en la instancia comercial. Esto obstruye la obtención de mayores ingresos por la venta de sus productos, retroalimentando las asimetrías estructurales que tensionan en pos de la exclusión como productores de los actores en cuestión
5.6 Condiciones de vida: precariedad de las viviendas
Como se señaló en el apartado 3 que la exclusión social no se asocia únicamente con la pobreza medida en términos de ingresos y las dificultades en el acceso al consumo. Si bien la agricultura familiar posee una racionalidad particular (Balsa, 2012) que la alejan de la búsqueda constante de la maximización de la tasa de ganancia, y la acerca más a la conservación del patrimonio (material y simbólico) familiar, en el caso de los AF insertos en el CHP, las restricciones en el consumo son generalizadas, pero no como opción, sino como una imposición (García, 2011a), producto de las diversas desventajas y desigualdades analizadas en los apartados previos.
En efecto, las imposiciones que demandan las elevados y continuos inversiones en capital y en arrendamiento de las explotaciones, limita las posibilidades de los AF de destinar ingresos a la satisfacción de otras necesidades (tales como vivienda, comida, vestimenta, esparcimiento, etc.). De hecho, la constricción del consumo fue utilizado como una estrategia de acumulación de los AF dedicados a la horticultura en La Plata: privilegiando el gasto en la unidad de producción antes que en la de consumo (Garcia 2011b y 2015) . Este aspecto genera la paradoja de que muchos productores viven en condiciones de precariedad, en casillas de madera con techo de chapa, piso de tierra o alisado de cemento, baños (en su mayoría externos) con formato tipo letrina, no poseen agua corriente sino de pozo que se encuentra contaminada y el gas es envasado en garrafa (Lemmi, Morzilli y Moretto, 2017), todo eso al lado de invernáculos con cultivos cuyos valores superan las centenas de miles de pesos. Estas condiciones adquieren una gravedad suprema ante situaciones de emergencia, como lo señala una productora.
“…muchos vivimos en casillas de maderas, hubo casos que se incendiaron las casillas, nos quedamos sin nada, a la calle. Y trabajamos así. No es tierra de nosotros para poner un ladrillo hacer una casa de material, y vivimos en casilla de madera. Y mala instalación la luz y todas esas cosas, se prende fuego y a veces nos quedamos sin nada.” [Productora 5, abril 2016]
En este contexto, de difíciles condiciones de vida y restringidas posibilidades de consumo, se estimula la búsqueda de nuevos horizontes laborales y/o económicos de los descendientes de los actuales productores, a fin de encontrar alternativas laborales y sociales.
6. REFLEXIONES FINALES
En el presente estudio sobre los agricultores familiares de La Plata, se postuló un esquema que, respetando el carácter multidimensional y articulado de la exclusión social, permitió analizar distintas dimensiones a través de las que se visualiza la acumulación de desventajas de los actores protagónicos del caso de estudio.
A partir del análisis surge que, si bien los productores no fueron o están completamente apartados del sistema productivo, la exclusión social en este caso se visualiza en la retroalimentación de las múltiples desigualdades o asimetrías que los afectan en la generalidad de los casos, y que pone en riesgo su continuidad como productores. La manifestación de este posible resultado se presenta en la búsqueda de otros horizontes laborales para los/as hijos/as de las familias, debido a las duras condiciones de vida y de trabajo que representa estar en la quinta, y la inestabilidad de no ser propietarios de sus tierras, a lo que se añade la intranquilidad de los propios productores cuando señalan no querer abandonar sus quintas para mudarse a los barrios populares de la periferia urbana. La presión que ejerce entonces el alquiler que deben pagar, los fuerza a afrontar condiciones productivas, comerciales, financieras, de uso de la fuerza de trabajo familiar y de vivienda, de mucha precariedad y desigualdad, que tensiona su continuidad. De este modo, la multidimensionalidad característica del marco de la exclusión social permitió proponer un esquema para el acercamiento holístico a las diversas desventajas que caracterizan la situación de los agricultores familiares de La Plata y sus potenciales consecuencias.
Se espera que el mismo contribuya al debate sobre la necesidad de generar cambios a favor de los más vulnerables del sector agrario argentino.
1. Las entrevistas realizadas para este trabajo fueron nueve a productores y seis a técnicos, aunque sólo se utilizan y publican fragmentos de las más ilustrativas: cinco de las primeras y tres de las segundas. Los programas e instituciones refieren a Cambio Rural y el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, región Pampeana, situado en Villa Elisa, partido de La Plata
2. Ver Murmis (1994), Lattuada y Moyano Estrada (2001), Craviotti y Grass (2006), Craviotti (2008) o Rosa y García (2009)
3. La excepción está marcada por la particular coyuntura de 2001, en la cual la tenencia de la tierra en propiedad representaba el 76,4% y el arrendamiento el 22,3%, producto del abandono de gran parte de las tierras debido a la crisis económica.
4. Es la última información disponible: CHFBA ´05
5. Según el testimonio de productores que protagonizaron una protesta que incluyó corte de ruta y de comercialización entre los días 31-03-2016 y 01-04-2016 en las afueras de la ciudad de la Plata.
6. Dada la posibilidad de que una misma EHF reconozca plagas y/o enfermedades de distintas maneras para las distintas actividades y, reciba asesoramiento de distintos prestadores, las sumas totales de los cuadros 2 y 3, pueden exceder el total presentado en el apartado 3.
7. A través de un estudio de casos, Blandi et al (2015) también señalan que la mayoría de los agricultores resuelven sus dudas en el manejo de agroquímicos en las casas de venta
8. Diario El Día, 13/02/17. Disponible en: eldia.com /nota/2017-2-13-los-horticultores-de-la-region-exigen-respuestas.
9. Acervo testimonial. Conferencia de productores (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP), junio de 2017.
10. Cuando la fuerza de trabajo familiar supera al 50% del total dentro de la explotación
11. En el presente trabajo se hace referencia solamente a la mano de obra familiar, por estar dedicado a la agricultura familiar. No obstante, para un mayor desarrollo de otras modalidades como la mediería o los peones asalariados puede consultarse Hang et al (2013) o García (2014)
12. Se refiere al sistema de comunicación vía radio-llamada por telefonía celular.
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