ARTÍCULO
El tiempo histórico y los usos políticos del pasado. El poder de la palabra en la Argentina peronista (1946-1955)
The historical time and the political uses of the past. The Power of Word in Peronist Argentina (1946 – 1955)
Noemí M. Girbal-Blacha
noemigirbal@gmail.com
CONICET; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de Quilmes. Argentina
Recibido: 21|12|17
Aceptado: 06|03|18
Resumen
El interés por la reflexión epistemológica asume para la historia un valor creciente. Los hechos no se imponen por sí mismos. Los historiadores escriben inmersos en un tiempo y un espacio que influyen en sus explicaciones. Las representaciones del pasado se hacen desde el presente. La historia teje una trama argumental para distinguir lo simbólico y lo fáctico del pasado y su uso político. Los gobiernos populares como el peronismo hacen de los medios de comunicación y del pasado fundacional de la Nación un uso doctrinario para fidelizar a la sociedad y mostrar su gestión. Acciones y discursos se analizan aquí en la relación entre el tiempo social y el tiempo histórico acerca de un tema que conserva actualidad para la historia del tiempo presente.
Palabras clave: Historia; Política; Tiempo; Peronismo.
Abstract
The interest for epistemological reflection assumes for history an increasing value. The facts do not impose themselves. Historians write within time and space that influence their explanations. Past representations are built from the present. History weaves an argumentative plot to distinguish the symbolic and factual of the past and its political use. Popular governments such as Peronism make the media and the foundational past of the Nation a doctrinal use to retain society and show its management. Actions and speeches are analyzed here in relation to the social and historical time about a topic that is current for the history of the present time.
Key words: History; Politics; Time; Peronism.
Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política.
Tzvetan Todorov, 20101
SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA HISTORIA
Historia, Memoria, Olvido forman parte de las representaciones del pasado y cobran renovada importancia en perspectiva comparada. La Memoria es un objeto histórico. Pierre Norá habla de “los lugares de Memoria” (no los físicos sino los espacios de reflexión). Hay quienes -como Henri Ruso- la asocian con la noción de trauma usando categorías del psicoanálisis. De todos modos, cualquiera sea la interpretación, la Memoria (individual o colectiva) se inscribe en un pasado coherente que suele atribuir un sentido -aunque sea subjetivo- a los hechos del pasado. Ser parte de una misma historia da sentido de pertenencia, sentido de identidad (Cuesta Bustillo 1998; Girbal-Blacha y Moreyra, 2011)
El interés por la reflexión epistemológica asume para la historia un valor creciente, especialmente en relación con la necesidad de desmitificar las certidumbres consagradas. Hoy se asume que los hechos no se imponen por sí mismos y se sabe que las verdades de la historia no son eternas, porque la historia siempre es escrita por historiadores inmersos en un tiempo y un espacio que influyen en las explicaciones del objeto conocido que él nos proporciona. Las representaciones del pasado se hacen siempre desde el presente.
La jerarquía científica de la historia se relaciona con su función social -y también política-toda vez que ella se vincula íntimamente con el fundamento de la identidad nacional, del espíritu crítico y de la ciudadanía; y si bien la primera se puede construir -según Antoine Prost- alrededor de una leyenda, las otras dos necesitan de un “régimen de verdad”, no exento de opinión, que es ineludible (2000, 33)
Hacia la década de 1970 la “verdad absoluta” es puesta en cuestión por la crítica multidisciplinar. Michel Foucault aborda -bajo la influencia del espíritu del 68 francés- una postura desmitificadora y denuncia una suerte de golpe de Estado por parte de la historia y de los historiadores, para imponer a los lectores una determinada visión del mundo. En tanto, la linguistic turn americana, refuerza poco después estas críticas aplicando a los escritos históricos los métodos de una crítica literaria renovada ella misma por el psicoanálisis. La lingüística y la semiótica a través de los trabajos de Hayden White refutan toda pretensión del discurso histórico de ser quien da a conocer la realidad. Los historiadores resultan a la luz de esta evaluación, sólo generadores de un discurso sobre el pasado (Prost 2000, 30; Boutier y Julia 1995; Lepetit 1995; Devoto 1995, 155-175)
La respuesta de los más destacados historiadores -Roger Chartier, Krzysztof Pomian, Philippe Boutry, entre otros- no se hace esperar cuando sostienen que el texto histórico no sólo está sujeto a reglas lingüísticas y literarias; por el contrario se caracteriza por su reporte de la realidad que pretende hacer conocer, y por esa razón es histórico. Como expone Paul Veyne en esos años 1970, “la explicación narrativa y la construcción literaria del relato son compatibles con la realidad de los hechos y la verdad de las explicaciones” (1971). Se trata de una perspectiva que hoy comparte la mayoría de los historiadores, que descreen de las grandes interpretaciones y juzgan imposibles las síntesis ilusorias capaces de poner en peligro una historia comprensiva. Actualmente se acepta la pluralidad de interrogantes, la diversidad metodológica y la variedad de fuentes, es decir, un abanico de verdades que no son necesariamente complementarias y acumulativas (Revel; 1995: 125-143; Revel; 1996). En este sentido Historia y Política renuevan un contacto que le es propio y que reconoce raíces lejanas, dando cuenta del poder de la palabra.
El pasado que siempre se estudia y se conoce desde el presente, aun globalizado, puede concebirse -en ese sentido- como un revisionismo histórico, en lo referente a una relectura ideológica del pasado (Fazio Vengoa 2009, 301-319). Hay entre las Memorias y la Historia un proceso subjetivo que lidera el historiador. Los llamados vectores de Memoria operan entonces como elementos de transmisión en tanto los individuos son receptores de Memoria.
Las memorias son múltiples y conflictivas, pero es a partir de ellas que se llega a forjar una identidad nacional. Se puede reconocer una memoria oficial, es decir, una cierta interpretación del pasado; una interpretación intrínseca de la Memoria, que es a la vez, construcción social y construcción histórica. Su expresión es la Historia Patria, como un relato oficial; una imagen del pasado que se intenta forjar (monumentos, libros, emblemas, conmemoraciones). Este proceso se da tanto en regímenes autoritarios, que construyen una memoria con un imperativo de control social; como en regímenes democráticos, que suelen hacerlo a través de la instrucción pública (manuales, libros de lectura).
Hay una política de la Memoria, como hecho simbólico (ej.: en Argentina el frustrado Altar de la Patria) y, en consecuencia, una dimensión política de la Memoria que no sólo pertenece a los gobiernos, sino a la Iglesia a los partidos políticos y a diversas instituciones u organizaciones corporativas de un país. Hay una utilización de la Memoria para forjar una construcción del pasado, porque la continuidad es un aspecto central de toda política. La Memoria Nacional, como política propone una interpretación del pasado en tanto hay estratos de Memoria. Memoria y Olvido -que se expresan a través de la Historia- no son terrenos neutrales, sirven para legitimar la identidad colectiva. Tampoco el tiempo histórico es uniforme; debe pensarse según las sociedades y no está marcado por los mismos acontecimientos. La Memoria funda la identidad de un grupo y de una Nación.
En tal sentido relato y cuantificación de la información son recursos complementarios para la epistemología histórica. El primero resume la dimensión diacrónica, singular, acontecimiental; mientras la dimensión sincrónica, generalizadora, estructural se expresa por cuadros y gráficos. La historia teje con el relato y el cuadro una trama, una cadena; pasando de una estructura argumentativa a otra, recurriendo a todos los métodos posibles, tanto a la ejemplificación como a la validación estadística. Si se confrontan ambos procedimientos para construir -desde el juicio crítico- la explicación histórica es posible distinguir mitos y realidades, lo simbólico y lo fáctico de algunos perfiles del pasado y su uso político (Valencia García 2007). Es el caso, por ejemplo, de gobiernos populares como el peronismo que conduce la Argentina entre 1946 -1955, para quien los medios de comunicación, el pasado fundacional de la Nación y las imágenes adquieren singular importancia doctrinaria, para fidelizar a la sociedad y dar cuenta de la gestión gubernativa. Acciones y discursos que aquí se analizan críticamente desde la escritura de la historia, para reflexionar sobre la relación entre el tiempo social y el tiempo histórico como parte de un tema que conserva actualidad en la llamada historia del tiempo presente.
EL CASO DEL DISCURSO ECONÓMICO PERONISTA
La reforma de la economía nacional es un verdadero desafío para “el coronel de los trabajadores” Juan Domingo Perón, que después del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, asume el 4 de junio de ese año la Presidencia de la República, en conmemoración de la "Revolución del 4 de junio de 1943"de la cual formara parte activa. La redistribución del ingreso capaz de favorecer la pequeña y mediana industria del país, se convierte en la base de la política mercadointernista que Juan Perón ejecuta. La reforma financiera de 1946 y el I.A.P.I. (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) ente autárquico que monopoliza el comercio exterior argentino y deriva las ganancias obtenidas de la venta de productos agropecuarios hacia la banca nacionalizada en beneficio del sector industrial pequeño y mediano, permiten al Estado dirigista, benefactor y planificador peronista actuar sobre el diagnóstico elaborado por el Consejo Nacional de Posguerra -creado en 1944- respecto de la realidad socioeconómica del país (Girbal-Blacha 2000, 77-102).2
La necesidad de transformar “una economía al servicio del capital” en otra dispuesta a colocar el capital al servicio de la economía, para revertir su connotación colonial, lo llevan a planificar y proclamar la “independencia económica” con la firma consagratoria de un acta en la histórica Casa de la Independencia Argentina, en Tucumán (1816), el 9 de julio de 1947. Tendiendo un puente legitimador entre pasado y presente, de más de dos siglos, entre estos dos acontecimientos de la Historia Nacional. Lo simbólico del acto envuelve la realidad, es decir, los hechos que conducen a la nacionalización de nuestra economía propiciando una independencia renovada capaz de completar un largo ciclo histórico para el pasado de los argentinos.3 Dicho con las palabras del Presidente Juan Perón:
Ahora, cuando todo lo que es fundamento de nuestro porvenir está en nuestras manos, cuando pisamos tierra nuestra, absolutamente nuestra, cuando disponemos a nuestro albedrío de todo lo que constituye el patrimonio argentino, podemos decir que la libertad política se ha complementado con la independencia económica, proclamada solemnemente en la histórica Tucumán, que conoció la aurora de nuestra nacionalidad y que ha sido propicia sede a la consolidación de la Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.4
Con la “recuperación económica los ferrocarriles son argentinos. Los teléfonos son argentinos. El gas es del Estado”, recuerda El Manual del Peronista y uno de los tantos libros de lectura para la escolaridad elemental, aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación en 1952 (Manual del Peronista 1988; Casas 1954, 37 y 50). Un año de crisis económica para la Argentina que torna más liberal su economía, deja atrás la "tercera posición" -que la aleja tanto de Rusia como de los Estados Unidos- y refuerza"la vuelta al campo", declarada en 1950. Mientras tanto el Ejecutivo Nacional pone en acción el Plan de Emergencia Económica que revisa la orientación del crédito a la producción en favor del agro al mismo tiempo que revoca algunas normas que limitan la economía agraria e incentiva la formación universitaria en problemas de actualidad socioeconómica.5 En 1953 desde el oficalismo se recuerda a la sociedad argentina que “la Patria tiene un pasado que pertenece a los héroes. Y tiene un presente que nos pertenece. El presente de la Patria lo escribimos nosotros con nuestra conducta [...] Esto te dice que en la ejecución del SEGUNDO PLAN QUINQUENAL, tú tienes una grave responsabilidad. [...] Eres un soldado en esta batalla, como otrora lo fue el Tambor de Tacuarí”, informa el Segundo Plan Quinquenal, en su versión para niños cursantes del quinto y sexto grados de la escuela primaria, colocando al Presidente Perón entre los héroes fundacionales de la Nación y enlazando su acción a la magna gesta de la independencia argentina.6
El propósito de “dar unidad a la educación del pueblo argentino, formando su conciencia histórica, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y exaltando la voluntad ferviente de servir a Dios, a la patria y a la humanidad”, como expresa Perón en mayo de 1949, alimenta los mensajes de un discurso cargado de simbolismos que envuelve en un halo mítico varias de las reformas económicas y sociales que lleva adelante el Estado nacionalista, planificador y popular que él lidera. La difusión de la doctrina de independencia económica se convierte en un objetivo en sí mismo y se insiste desde el ámbito del poder en que “la economía ha de orientarse con un amplio espíritu de justicia distributiva. Enseñando a respetar el capital, como que él es trabajo acumulado, pero enseñando también que él no puede ser nunca factor de opresión y esclavitud nacional o internacional”, a tal punto que en 1949, cuando se reforma la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial consecutiva, estos principios se incluyen en su Preámbulo y en los artículos 15 y 40 de la ley fundamental de la Nación Argentina.7
Desde otra perspectiva, pero con idénticos fines, la pendular “tercera posición”, la redistribución del ingreso, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, como principios que dan sustento a la doctrina peronista, se difunden una y otra vez por diversos medios de comunicación y aprendizaje, con el propósito de convalidar y -a veces- sobrevaluar realizaciones, capaces de fortalecer lealtades y generar consenso, reclamando sacrificios cuando las circunstancias así lo exigen e incluyéndose -a través de todos estas acciones- en la Historia de la Nación Argentina.
Si como el Presidente Juan Domingo Perón afirma -con un lenguaje sencillo, directo y que lo identifica con el común de la gente- “con orgullo de argentino y de peronista”, que las realizaciones de su gobierno permiten “levantar sobre sus estructuras el edificio de la realidad política y de la realidad social”, cómo no revalorizar la repatriación de la deuda externa, la adquisición por parte del Estado Nacional de los servicios públicos y la redistribución del ingreso a través del crédito en favor de la producción industrial y agraria en el contexto de un dinámico mercado consumidor interno. Es a partir de estos argumentos que Perón se considera el creador de “un sistema de economía social, y de haberlo asegurado como realidad nacional por la independencia económica”, base del pleno empleo y de la justicia social de la cual se benefician entonces los por él revalorizados descamisados, a través de un discurso que toma al pasado glorioso de la Nación y sus héroes máximos como referencia.8
En Diálogo con Sarmiento, un texto de difusión popular que relata la vida del educador y político sanjuanino, el “gran maestro” -prototipo del educador en la Argentina- su imagen se convierte en la de“un obrero incansable”, nacido en “una casita muy pobre de San Juan”, al oeste del territorio argentino, que debe sus progresos y ascenso social al trabajo y la educación; valores caros a la Argentina de entonces (Casas 1954, 73-74). Un símbolo patrio, como lo es el escudo nacional, también resulta un factor valioso y significativo para asociar el quehacer gubernamental y los inicios de lo que será el movimiento peronista a los orígenes fundacionales de la Nación. Lo expresan algunas lecturas dedicadas a los jóvenes y niños. “Este es el escudo argentino -dice una de ellas-. Nos habla de paz, trabajo y libertad. Fue adoptado en 1813, y desde entonces está viendo crecer al país que representa. Desde 1943, asiste al más alto movimiento de recuperación económica y justicia social que registra la historia de la Patria” (Casas 1954, 33).
Las realizaciones acompañan el discurso, así como la abundante iconografía peronista, y se respaldan en la voluntad política; el pueblo se siente protagonista y principal beneficiario de ellas. La Historia conjuga los hechos y los dichos en el ámbito de este gobierno nacionalista y popular que hace del discurso y la imagen un instrumento de seducción, de validación de sus actos y, esencialmente, de poder para dar cuerpo y consistencia al Estado Benefactor.
LA HISTORIA PATRIA Y LA UNIVERSIDAD EN EL DISCURSO POLÍTICO OFICIAL
Si el poder es algo más que una institución y que una expresión jurídica, si “representa una relación desigual de fuerzas”móviles y de distinto rango, con coherencias y contradicciones, y -a su vez- es expresión de las hegemonías sociales; si se advierte que donde hay poder hay resistencia, es preciso analizar sus mecanismos característicos, de entre los cuales se destaca la denominada por Michel Foucault “polivalencia táctica de los discursos”. Poder y saber se articulan en el discurso, que se concibe como “una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable”; es decir, sin una división tajante entre el discurso aceptado y excluido, sino como una multiplicidad de elementos argumentativos que actúan de modo distinto ante estrategias diferentes. El proceso es complejo y el discurso puede -a la vez- ser instrumento y efecto del poder, pero también resulta punto de inicio para la elaboración de una estrategia opuesta. “El discurso transporta y produce poder”, al tiempo que lo expone, lo torna frágil y le estipula límites. Le fija tolerancias, aunque no siempre sean nítidas. Los discursos actúan entonces como “bloques tácticos” en el campo de las relaciones de fuerzas y forman parte de la estrategia que se intenta llevar adelante (Foucault 1985; Terán 1985; Campbell 1997: 27-32; Blacha 2015: 73-122).
Como se expuso en la primera parte de este estudio, los hechos no se imponen por sí mismos; un discurso los acompaña, los legitima o los descalifica y los impregna, como un conjunto de procedimientos intelectuales. Un estudio que analice el poder, debe tener en cuenta -dice el lingüista Teun Van Dijk- un recurso de control social como el discurso público, porque “la lucha por el poder es también la lucha por la palabra”. En tal sentido, el análisis del discurso como el del estilo retórico, aportan algunas claves para desentrañar los rasgos de una gestión gubernativa nacionalista y popular como la que lidera el pragmático Juan Domingo Perón en la Argentina de mediados del siglo XX (De Ipola 1999, 325-332; Lechner 1997, 33-35). Se trata de un gobierno que se apoya en los principios y valores de la democracia -aunque no igualmente en los de la República- y enlaza la legitimidad de su poder con la participación popular, que no se reduce sólo al ejercicio regular del sufragio, sino en símbolos y expresiones colectivas comunes (Floria 1998, 93-97). “El tipo de integración del pueblo en la vida política en que el líder popular piensa es, pues, estético o litúrgico, más que institucional”, afirma José Álvarez Junco al analizar el tema del populismo en América Latina (1994, 11-38).
En los gobiernos democráticos populares o populistas quien dirige concentra una excepcional capacidad organizadora y manipuladora; por lo tanto, como ocurre con el caso del peronismo histórico (1946-1955) el discurso político que articula su lider, divide a la sociedad en dos campos antagónicos: pueblo vs. oligarquía, seduciendo a unos y motivando la reacción y/o el desconcierto, de quienes son descalificados por su condición de opositores. Un vínculo místico une al líder con el pueblo, y sus atributos personales son asimilados a “íconos de sus culturas”, a través de un proceso de construcción mitológica. El populismo peronista presenta rasgos de heterogeneidad y complejidad mucho mayores de los que su propia imagen monolítica aparenta si se sólo se lo analiza a través de la doctrina (De la Torre 1994, 39-60; Girbal-Blacha 1997, 63-77; Prost 1996, 127-140; Rioux 1997, 7-20 y 275-354; Sidicaro 1995, 31-38; De Ipola 1999, 325-332; Girbal-Blacha 2003). Por esta razón, interpretar el peronismo constituye un verdadero desafío y de él han participado los intelectuales en distintos momentos del pasado y aun en el presente. Esa lucha es la que ha permitido y permite, además, la verdadera construcción del peronismo. De ella formaron parte dicotómicamente, peronización y desperonización de la sociedad, con toda su carga simbólica en gran parte de la historia argentina, aun de la del tiempo presente.
En la Argentina los “mitos y paradojas” (Bairoch 1995; Cortes Conde 1992, 123-144; Sciences Humaines 1997) -que van más allá de la historia económica, social o cultural- se expresan en el discurso oficial y deben ser analizados en el contexto de crisis por el que pasa el discurso liberal en esos tiempos. Perón se apropia entonces de una serie de críticas al liberalismo, transformándolas en discurso de confrontación, que identifica con los rasgos de la Nueva Argentina para oponerla a la Argentina oligárquica. La Historia juega así un papel de singular trascendencia en la construcción del poder político; tanto como el que cumple cuando se trata de presentar los logros económicos. Al mismo tiempo que sirve para consolidar el culto al líder y sus realizaciones, pretende difundir la doctrina nacional peronista y se torna significativa para arraigar los mitos y fidelidades enlazadas a la gestión y acción de Juan Perón y Eva Duarte de Perón (Evita), en la sociedad argentina.
Cuando el peronismo recuerda anualmente el “Día de la Lealtad” (17 de octubre de 1945) como una de las fechas identificatorias del poder popular peronista en sus orígenes, no olvida incluir la conmemoración en la Historia Patria. Doctrina e Historia aparecen estrechamente vinculadas para legitimar un presente sobre las bases del pasado fundacional de la Nación.
“¡Gloria a los hombres del pasado, que nos dieron una patria libre! ¡Gloria a los hombres del presente, que la están haciendo soberana! Y eterno en la gratitud de un pueblo leal, el nombre de quien tanto hizo por la justicia social en la Argentina. 17 de Octubre: día que recuerda la más honda manifestación de esa gratitud y de esa lealtad” (Casas 1954, 84).
En 1948 la síntesis doctrinaria que condensa el Manual del Peronista, expone (capítulo XIII) -por ejemplo- su concepción acerca de la cultura y la educación, así como la función y la misión de las universidades en tanto orientadoras de la juventud argentina. Se propone un desafío político que reniega de la historia inmediata para hundir sus raíces en el pasado fundacional de la Nación legitimando la acción emprendida por el gobierno nacional y popular. Por estas razones desde sus páginas se expresa que “en la universidad se ha de afirmar una conciencia nacional histórica”, que garantice la continuidad con el pasado y permita “difundir el saber y la cultura” en todo el cuerpo social; para que no se produzca “un divorcio entre la universidad y las masas populares”; es decir, que se consolide una universidad “argentina”, que prepare hombres capaces de “resolver los problemas argentinos en todos los campos” (Manual del Peronista 1988, 36-37).
El Estado peronista piensa que “más que enseñar muchas cosas”, la universidad debe “enseñar cosas útiles”. De ahí que (ítem 143) este manual consigne sin eufemismos el tipo de sistema universitario que pretende auspiciar el peronismo: la creación de universidades técnicas; porque “aspiramos a que los futuros técnicos que han de tomar la dirección del país salgan de estas escuelas de trabajo de buena voluntad”(Manual del Peronista 1988, 31-32). No es difícil comprender que sobre estas bases y desde el comienzo, las relaciones del peronismo con el movimiento estudiantil, y en especial con la universidad tempranamente intervenida por el gobierno de Juan Perón, serán particularmente conflictivas y tensas, aunque el “líder de los trabajadores” sepa que no puede prescindir de ella y trate de sostenerla con subsidios y buenos presupuestos para su funcionamiento.9 En 1949 se diagrama como parte de esta concepción la Universidad Obrera (hoy Universidad Tecnológica Nacional) para aquellos que trabajan y pretenden prepararse en especialidades técnicas para insertarse en los trabajos más calificados que ofrece el país.
Es evidente que este desafío gubernamental y partidario se dirige también a los intelectuales e implica una búsqueda de reconocimiento del seductor estilo populista por parte de este sector jerarquizado de la sociedad, cuando la educación supone la posibilidad de ascenso social y encierra una lucha de status entre quienes -no sin contradicción- aceptan ese desafío que les presenta el gobierno peronista y entran en el debate para confrontar y oponerse a sus planteos. El conflicto entre estas diferentes jerarquías sociales queda abierto, la dimensión simbólica del poder legitima estas diferencias y un discurso contrastante -propio de los populismos- le da forma y consistencia (Bourdieu 1980, 167-174).
La misión que el Estado nacionalista, popular y dirigista argentino le otorga a la Historia desde el discurso oficial en sus diversas manifestaciones, entre 1946 y 1955, adquiere contornos singulares y se torna mucho más explícita esa relación, que reconoce antecedentes y seguirá expresándose después del derrocamiento del Presidente Juan Perón, en setiembre de 1955. A pesar de la consigna “alpargatas si, libros no” -que la oposición atribuyera a la gestión de Perón- y que procuraba oponer peronismo a intelectualidad-ciencia-cultura, la relación con los hechos más relevantes de la Historia nacional se fortalece, tornando discutibles algunas versiones historiográficas que han insistido en la ruptura del Estado populista con el pasado, como una condición singular y distintiva del accionar peronista (Plotkin 1993).
Un papel especial le asignó tempranamente el Estado benefactor a la Historia Nacional para poder afirmar la identidad, la adhesión a la doctrina nacional y la conformación de la comunidad organizada enmarcada en la doctrina nacional justicialista. El 1º de mayo de 1947 el Presidente de la Nación inaugura el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y se refiere entonces a los principios de la revolución triunfante el 4 de junio de 1943 de la cual él había sido uno de sus gestores principales. Lo hace para poner de manifiesto que sus objetivos se llevan a la práctica a través de las propuestas del Primer Plan Quinquenal (1947-1951). Los principios de la justicia social, la libertad y la democracia se difunden a través del discurso estatal, buscando el respaldo de la Historia, pero sin impedirle al Presidente Juan Perón mirar con recelo a las organizaciones estudiantiles, reiterando una y otra vez la necesidad de contar con una universidad argentina de la cual esté ausente, paradójicamente, la política.
El 26 de setiembre de ese año se sanciona la ley 13.031 del régimen universitario después del enfrentamiento parlamentario entre peronistas y oposición. Para el oficialismo la intervención del estado resulta necesaria para contrarrestar la politización y el accionar de las elites oligárquicas y liberales en estos centros de estudio. Los opositores -por su parte- sostienen, especialmente a través de los representantes de la Unión Cívica Radical, la necesidad de mantener los postulados de la Reforma Universitaria de 1918 y rechazan la injerencia del Estado, al que asocian con la presencia conservadora en la universidad. Los objetivos de la ley limitan la autonomía y el cogobierno universitarios, para permitir la intervención estatal directa en estas casas de altos estudios. Es el Poder Ejecutivo el que designa a los rectores de las universidades nacionales por el término de 3 años (art. 10), quien a su vez nombra al secretario general de la universidad y al prosecretario (art. 19). También los profesores son designados por el Ejecutivo Nacional de una terna elevada por la universidad “previo concurso de méritos, aptitudes, técnicas, títulos, antecedentes y trabajos”(art. 46) (Mangone y Warley 1984, 94-104). La representación estudiantil -por su parte- queda drásticamente reducida, con voz pero sin voto (arts. 84, 85 y 86).
El artículo 2º de la ley establece las funciones “de las cuales no podrán apartarse” las universidades. Entre las más importantes se anotan las de: “afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, orientando hacia esa finalidad la tarea de profesores y alumnos”; organizar y estimular la investigación científica y técnica y preparar a los investigadores; acumular, elaborar y difundir “el saber y toda forma de cultura, en especial la de carácter autóctono, para la conformación espiritual del pueblo”; preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuerdo con las necesidades de la Nación; crear un cuerpo docente especializado; ofrecer una educación formativa e informativa “para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad moral, en la profesión y en la vida pública y privada”; elaborar los planes de estudio de las respectivas facultades, escuelas y cursos especiales; “reunir antecedentes y proponer soluciones para los diversos problemas económico sociales de la Nación”; divulgar las investigaciones científicas; y fomentar el desarrollo de publicaciones que difundan los avances técnico-científicos. Una vez más la Historia convalida el accionar político (Mangone y Warley 1984).
Es en 1949 cuando Juan Perón pronuncia un discurso contundente para dar “unidad” a la educación del pueblo argentino, “formando su conciencia histórica, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y exaltando la voluntad ferviente de servir a Dios, a la patria y a la humanidad”. Una enumeración de los principios que debe imponer la educación, enunciados por el Presidente de la República, resulta ilustrativa para comprender los usos de la Historia con finalidad política:
“1º) Que en la conciencia encaje exactamente la justicia; 2º) Que el fin de la vida no es la riqueza, sino la virtud; 3º) Que el hombre desarrolle su espíritu social, de cooperación altruista; 4º) Que la recuperación de la fe “es el objeto de nuestra cruzada, que se inspira en la verdad y en el bien común”; 5º) Que el pueblo se exprese en comicios libres; 6º) “La conciencia nacional ha de formarse en concordancia con el lenguaje, con la historia, con las tradiciones argentinas y con el conocimiento objetivo y directo de todo el país por sus habitantes”, para afirmar los conceptos de patria y de soberanía; 7º) Enseñar a respetar el capital como trabajo acumulado, pero enseñar también que “él no puede ser nunca factor de opresión y esclavitud nacional o internacional”; 8º) Cuidar la salud a través de la educación sanitaria y física; y 9º) Estimular por todos los medios la educación y la ciencia, de acuerdo a las necesidades regionales del país” (Mangone y Warley 1984, 100-101).
Las metas de la educación y de la escuela argentina se relacionan entonces con una educación integral: moral, intelectual y física; así como con la difusión de la doctrina de independencia económica y política “para afianzar la paz nacional e internacional por el reinado de la justicia”.10 La reforma constitucional de 1949 hace de la cultura “un bien común” y legaliza los criterios que el Estado peronista reserva para la universidad nacional. Se hace alusión a “la Universidad para la verdad”, a la formación política del universitario y a “la Universidad para la Patria”; expresando su oposición tanto a la universidad a la manera de Heidegger “el santón de la filosofía existencialista y filósofo de la Universidad nacional-socialista”, como al estilo de la universidad soviética que construye la ciencia y el arte en función de la política. La expectativa para la universidad argentina es crear profesionales “en función del bien del país” y formar “a las clases dirigentes de la sociedad”. Es un intento por preparar “a los argentinos para la vida política de una manera positiva, desterrando el agnosticismo político propiciado por el liberalismo, de perniciosos efectos anti-nacionales que están a la vista-” (Sampay 1975, 512).11 Por su parte, el artículo 37 de la Constitución reformada en 1949 (parte IV) se refiere a “la educación y la cultura”. La importancia de la función del Estado en la creación de escuelas, universidades y academias queda explicitada en ella. Se insiste entonces en que cada estudiante deberá conocer “la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país” así como “la evolución y misión histórica de la República Argentina” (Sampay 1975, 540-541).
Desde 1950 -con el cambio de rumbo y llamada vuelta al campo- el Estado acentúa el control sobre la sociedad civil. El decreto 17.906 del 28 de agosto, para “fortalecer el régimen representativo republicano”, dispone que los empleados o funcionarios públicos pueden “afiliarse a alguno de los partidos políticos legalmente reconocidos”, derogándose el decreto 32.577 de 1945 que lo prohibía expresamente; la ley 13.985 promulgada el 11 de octubre de ese año expresa entonces la voluntad del “Estado argentino que busca asegurar la defensa de los sagrados intereses nacionales sujetos, en la época presente principalmente, a posibles ataques ocultos de agentes y agrupaciones que respondiendo a intereses opuestos a los de la Nación pretendieran debilitar su potencial integral”;12 el sabotaje, el espionaje y la traición a la Nación son penalizados con dureza y se contempla la aplicación de la pena de muerte (art.11) para quienes participen en estos hechos.
Los gestos simbólicos singulares e iconográficos son propios del gobierno peronista. Dedica entonces casi todos los actos oficiales de 1950 a recordar el centenario de la muerte del héroe máximo de la nacionalidad argentina: el General Don José de San Martín, el Padre de la Patria, El Gran Capitán, El Libertador del dominio hispánico de Argentina, Chile y Perú. Al inaugurar la asamblea legislativa en mayo de ese año, Juan Domingo Perón afirma que “invocando la memoria del Gran Capitán”se presenta ante el Honorable Congreso Nacional “y ante el pueblo argentino, a dar cuenta de los actos que he realizado como presidente de la Nación”.13 Parafraseando el pensamiento sanmartiniano el primer mandatario coloca bajo su advocación la gestión de gobierno realizada; cuando sostiene que “el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria será, sin duda, el de una respuesta positiva, que casi con las mismas palabras que constituyen el alto ideal sanmartiniano, exprese con verdad y con austera dignidad ante su tumba centenaria: Somos lo que debemos ser”. El final del discurso del General Perón vuelve a enlazar Historia y Política:
“La verdad es clara y definitiva: somos lo que debemos ser. Y aunque nosotros no hayamos sino cumplido la última etapa de la liberación nacional, debemos bendecir a la Providencia que nos ha concedido la gracia y la gloria de cumplir nuestros propósitos de 1943 y nuestros planes de 1946. Ello nos permite considerarnos algo así como los últimos soldados del Gran Capitán; y como tales, al regreso de todas las batallas, volvemos al punto de partida para entregar a las generaciones del porvenir todo esto que es una patria justa, libre y soberana”.14
En 1951 el Ejecutivo Nacional que debe hacer frente a la insurrección militar encabezada por el General Benjamín Menéndez, reforma el Código de Justicia Militar (ley 14.117) y al año siguiente reajusta los cuadros del personal superior y subalterno de las fuerzas armadas (ley 14.123). Son sólo algunas muestras del refuerzo de controles y de su aproximación al totalitarismo, que formaliza en otros hechos significativos -cargados de innegable simbolismo- que coartan el accionar de gran parte de la sociedad civil. Uno de los más ejemplares es la expropiación de todos los bienes de la sociedad colectiva La Prensa, un símbolo editorial periodístico de la Argentina oligárquica. Los bienes expropiados no sólo son declarados de utilidad pública (ley 14.021, del 13 de abril de 1951) sino que son entregados para su administración a la central general de los trabajadores, CGT.15
Casi simultáneamente, el 15 de julio de 1951, aparece el primer número de Mundo Peronista órgano de difusión de la Escuela Superior Peronista, cuestionada por la oposición legislativa y verdadera expresión de la “apología del triunfalismo del régimen” (Ciria 1987, 287), que se convierte en uno de los primeros intentos oficiales para consolidar sistemáticamente la ideología peronista-justicialista a través de las figuras de Juan D. Perón y Eva Duarte de Perón;16 quienes pretenden fortalecer así su ingreso a la Historia Argentina. Un hecho que queda, poco después, explicitado en uno de los tantos libros de lectura para niños que completan su educación primaria en escuelas públicas:
¡Ayer Belgrano, San Martín, Moreno...! ¡Ayer los campos de batalla y los hombres valientes y arriesgados! [...] Y hoy, en la paz, la justicia social, libertad económica y soberanía política. Dos nombres hemos de sumar a tu historia, República Argentina. Trabajo, abnegación y sacrificio en el de Eva Perón. Patriotismo y firmeza en el de Juan Perón. Para ella el recuerdo imperecedero; para él la lealtad absoluta (Casas 1954, 92-93).
Para reforzar la tendencia de confrontación del discurso peronista y en relación con el dirigismo, en julio de ese año queda promulgada de hecho la ley (14.036) que consagra “Mes del Justicialismo” el de octubre de 1952, “en honor a la acción de justicia social cumplida por el excelentísimo señor Presidente de la Nación, general don Juan Perón, y por la señora Eva Perón”. Un festejo que en los años sucesivos se reduciría a la “Semana del Justicialismo” (14 al 20 de octubre). La ley dispone -al mismo tiempo- declarar monumento histórico el edificio donde funciona la Secretaría de Trabajo y Previsión, en homenaje a la obra realizada por quien fuera su titular, el coronel Juan Perón, y erigir“un monumento al líder del justicialismo” que sería financiado por suscripción popular y que finalmente nunca sería erigido.17
El 26 de julio de 1952 muere Eva Perón y la sociedad argentina muestra su profunda escisión entre peronistas y antiperonistas. La documentación administrativa del Ministerio de Educación de la Nación lleva impreso en el ángulo superior izquierdo enmarcada entre 2 bandas de luto la inscripción "EVA PERON. Jefa Espiritual de la Nación".18 Es un año complejo, en el cual la crisis obliga al Estado a implementar el Plan de Emergencia Económica y Juan Perón se apresta a ejercer un nuevo mandato presidencial de connotaciones totalitarias. La universidad argentina entra en una nueva etapa de recortes de su autonomía, signada por la reforma constitucional de 1949 y por la ley de 1952 (14.184) que hace obligatorio el dictado de “Cursos de Formación Política” que no están exentos de consignas, “slogans” propagandísticos de las realizaciones del Estado peronista, entre críticas al verbalismo de la universidad elitista y la promoción de las raíces tomistas de la “tercera posición”. La catolicidad y la hispanidad se destacan como dimensiones sustanciales del quehacer argentino, mientras la Confederación de Docentes de la Universidad Argentina, "entidad gremial integrada por profesores universitarios de neta filiación peronista" se apresta a colaborar con el Congreso Nacional a través de 176 comisiones específicas que atiendan a la solución de los problemas centrales de la Nación.19
El culto a María Eva Duarte de Perón cobra cuerpo para satisfacción de los peronistas e ira no disimulada de los opositores. Se pretende integrarla al Panteón Nacional de los héroes de la Patria. El 7 de mayo de 1952 -casi tres meses antes de su muerte- el Congreso Nacional luego de otorgar a Juan Perón el título de “Libertador de la República”, designa “Jefa Espiritual de la Nación” a su esposa. La ley 14.124 de julio de ese año dispone la erección de un monumento en la Capital Federal20 y réplicas del mismo en las capitales provinciales y de los territorios nacionales; en tanto la ley 14.126, de ese mismo mes y año, determina que los planes de estudio de todos los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria, normal, técnica, superior y en las escuelas de orientación profesional deben incluir la lectura y comentario deLa Razón de mi Vida (atribuido a Eva Perón), para lo cual se dispone su distribución gratuita y el otorgamiento de becas “para la mejor glosa o composición sobre el contenido popular del libro y sobre su ilustre autora” (art.7). Por su parte, la ley 14.128 confiere a Eva Perón “el derecho al uso del Collar de la Orden del Libertador San Martín” héroe máximo de los argentinos, con carácter vitalicio, “en mérito a los excepcionales servicios prestados por ella al Pueblo de la Patria, el espíritu de sacrificio y las virtudes de la más pura tradición sanmartiniana”.21 Historia y Política aparecen unidas por lazos indisolubles, buscando la segunda legitimar su acción a través de la primera. Una ecuación que se refuerza desde setiembre de 1952 cuando a propuesta del Diputado peronista Héctor J. Cámpora (Presidente de la Cámara baja) propone que se adopten medidas para que los Consejos Directivos de la universidades -a través de sus Facultades de Derecho y Ciencias Sociales- den a conocer “las ideas de gobierno y sus realizaciones prácticas expuestas en el libro Política y Estrategia publicado con el seudónimo de Descartes” y que responde a la autoría del Presidente Juan Perón.22
A partir de 1953 entra en vigencia el Segundo Plan Quinquenal que conceptualiza la Doctrina Nacional como “una nueva filosofía de la vida”. El objetivo fundamental en materia de educación consagrado en el documento es “realizar la formación moral, intelectual y física del Pueblo” sobre la base de los principios de la Doctrina Nacional Peronista. La redistribución del ingreso se extiende a la política cultural oficialista, para jerarquizar la cultura popular, difundir el libro argentino, redactar un “Diccionario Nacional” que registre nuestra lengua, son algunas de las propuestas estatales que procuran reforzar “el tradicionalismo cultural” del régimen peronista (Ciria 1987, 215). Argentina en marcha, publicada tempranamente por la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual en 1947, es un ejemplo contundente de esta política.23
En enero de 1954 la ley 14.297 modifica la legislación universitaria vigente desde 1947 y adecuándose a los tiempos propone encuadrar la organización de las universidades argentinas, en “un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social”, reforzando los objetivos de estas instituciones de acuerdo con “la afirmación de la conciencia nacional”, de los principios constitucionales y de los que se desprenden del Segundo Plan Quinquenal, para que sus docentes y estudiantes se especialicen en estudios superiores “inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo”. Para lo cual oficialmente se propone que tengan a su cargo la organización de la investigación científica, así como la formación de un cuerpo docente altamente especializado e interesado por “los problemas nacionales”. Al igual que en otras esferas de la vida nacional el contralor sobre la universidad se acentúa, aunque se declare la autonomía docente y científica, existiendo denuncias formales de estudiantes presos. Se dispone que “todos los planes de enseñanza comprenderán además de las materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución” (art.2).24 Se sostiene el propósito de la educación -al igual que el trabajo- como un mecanismo para el ascenso social.
En marzo de 1955 y como demostración de un discurso contrastante y una acción dual, el estilo político peronista se endurece, exige fidelidades, obliga al alineamiento político de la sociedad argentina y muestra perfiles totalitarios, en estrecha correspondencia con los rasgos más liberales de la economía, que el Estado nacionalista y popular conducido por Perón, instrumenta desde 1950. El gobierno se preocupa por la reformulación de la identidad nacional “asimilada a una tradición que se creía enterrada y que vuelve a la superficie” (Quattrocchi-Woisson 1995, 233), aliando historia y política. Como otras expresiones populistas latinoamericanas, hace un uso frecuente, propagandístico y organizado de los medios de comunicación (escritos, radiales y cinematográficos). El cine argentino, por ejemplo, recibe protección del Estado como una expresión de la industria nacional. Las vidas ilustres de los próceres argentinos forma parte de la filmografía de entonces. Mientras se fomenta la actividad editorial, mediante exenciones impositivas y crédito barato. Por otra parte, cine, radio y ediciones de propaganda muestran -en estos tiempos populistas más que en otros- la estrecha vinculación existente entre “régimen político y formas de entretenimiento popular” (Ciria 1987, 259)
Ya desde agosto de 1947, se ratifican las disposiciones (decreto 21.344 de 1944) que obligan a exhibir películas argentinas en todas las salas cinematográficas del país. El contralor recae en la Subsecretaría de Informaciones de la Nación.25 El peronismo despliega lo que podría llamarse una “política cinematográfica). con características similares a las que practica en otras áreas, otorgando préstamos especiales para la producción de películas nacionales, a veces sin garantía real, como a una industria más de las que intenta alentar. En junio de 1948 se crea la Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar, dependiente de la Subsecretaría de Educación. Una repartición que se encarga con exclusividad “de organizar y dirigir el empleo de la radiotelefonía y el cinematógrafo como auxiliares didácticos en todos los ciclos de estudios correspondientes al orden nacional, con el objeto de secundar la acción del Estado en los establecimientos educacionales” (Manrupe y Portela 1995; Maranghello, Tranchini y Díaz 1999; Girbal-Blacha 2002, 7-37)26
La manipulación por parte del Estado de los medios de comunicación y difusión se acrecienta después de 1950, cuando las realizaciones son menores a causa de la crisis que afecta al país y frente a la acentuación del autoritarismo gubernamental.27 Por entonces (decreto 6.486 del 23/4/54) la industria elaboradora del papel para diarios es declarada de “interés nacional”. El propósito es brindar un nuevo incentivo a la actividad editorial. Mientras tanto, el Estado peronista acentúa su control sobre la información que llega a la sociedad argentina y acentúa “la orientación cultural y estética de las transmisiones”. Los programas orales y musicales deben contribuir “a consolidar la cultura nacional”, observando “las prescripciones impuestas por la moral, las buenas costumbres, el arte, el buen gusto”, prohibiéndose específicamente las“expresiones antiargentinas o conceptos que, implícita o explícitamente, atenten contra el estilo de vida colectivo de los argentinos, su idiosincracia, sus tradiciones, instituciones políticas, sociales, culturales, etc.” (art.2), precisando que cada estación radial o televisiva ejercerá “una estricta fiscalización del contenido de sus informativos” (art.4)28
REFLEXIONES FINALES
No es sólo una característica exclusiva del populismo irradiar mensajes al conjunto de la sociedad con la pretensión de fidelizarla y legitimar el poder político a través de los acontecimientos centrales de la Historia Nacional, pero si es una de sus manifestaciones esenciales con sus particularidades. Producido el derrocamiento del Presidente Juan Perón, los hombres de la llamada“Revolución Libertadora” intentan -ellos a su vez- blindar legítimamente su poder político que no emana de la decisión de las urnas, pero que igualmente detentan desde un gobierno de facto y con un perfil decididamente antiperonista. Destacan entonces que es gracias a la acción de militares -con San Martín al frente- que “los pueblos gozaron y gozan del bien de la libertad” (Capdevila y García Velloso 1957, 23) En este caso, destacan el valor histórico de la Pirámide de Mayo -a la que identifican con el altar de la Patria- que conmemora la gesta revolucionaria de los argentinos en 1810, refiriéndose a ésta como la “Revolución Libertadora de Mayo”; apropiándose de la gesta de Mayo en un claro intento por fusionar los objetivos políticos del post-peronismo con este hecho fundacional de la Nación (Capdevila y García Velloso 1957, 41). Otros tiempos y una memoria selectiva que se gesta al mismo tiempo que el olvido para aquellos que ocuparan sitios de liderazgo y a los que ya no se puede nombrar (decreto-ley 4161 del 5 de marzo de 1956)
Quienes encabezan el golpe de Estado intentan justificar su acción contra Juan Domingo Perón, parangonando los sucesos de su derrocamiento con la acción desplegada, casi un siglo antes, por los opositores a Juan Manuel de Rosas, quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires (1829-1852), con poderes extraordinarios, que usara discrecionalmente. Los hombres de la “Revolución Libertadora” aplauden el accionar de 1839 desplegado por los unitarios, que “despedazaron el retrato de Rosas y lo pisotearon con furor” e hicieron lo propio con “varios bustos de yeso que representaban al Restaurador”, como ellos lo hicieran con los de Juan Perón y Eva Perón; lamentándose de que aquellos “patriotas fracasaran” (Capdevila y García Velloso 1957, 167-168). Aprovechan el relato acerca de la acción y la muerte de Mariano Moreno (uno de los hombres más representativos de la Revolución de Mayo de 1810) para revalorizar -en un libro de lectura para niños- el “amistoso lazo con Inglaterra desde que nacimos a la historia”; en tanto evalúan la concesión de la ciudadanía a la mujer argentina (1947) como un logro que se diera “por igual en todas las naciones” (Capdevila y García Velloso 1957, 84 y 130) para desconocerle al peronismo la concesión del voto femenino.
Desperonizar a la sociedad argentina no sería tarea sencilla, aunque quienes se proponen llevar adelante ese proceso lo descubran tardiamente; pero un objetivo era claro para los hombres que conducían la "Revolución Libertadora", era preciso eliminar a Juan D. Perón y su gestión de la Historia Argentina. El acto más contundente fue el decreto 4161 de 1956 -ya citado- prohibiendo
la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos” (Baschetti 1997, 80-81)
En este sentido y reconociendo que “no hay identidad social ni individual sin memoria”,29 que la memoria pasa por etapas donde ninguna es más auténtica que otra y atento a que el pasado no es una realidad inmutable, el análisis histórico y la preservación de la memoria pueden sugerir nexos de continuidad pero también claves para el cambio. Las representaciones del pasado no son arbitrarias, son tributarias del presente, sin dejar de ponderar que cuando se las construye, memoria y olvido son inseparables y que la primera -desde un enfoque colectivo- puede ser una manera de organizar el olvido. Más allá de la singularidad de los tiempos y de los regímenes políticos vigentes, “la lucha por el poder es también la lucha por la palabra” como lo demuestra el estudio de caso analizado en estas páginas (AAVV 1999)
1. https://elpais.com/diario/2010/12/07/opinion/1291676411_850215.html
2. ARCHIVO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION (AHCDN). Sección Expedientes. Año 1947. Expte. 1475-D, caja 27.
3. PRESIDENCIA DE LA NACION ARGENTINA (PNA). La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana. Buenos Aires: PEN, p. 139; CAMARA DE SENADORES DE LA NACION (CSN). 1949. Diario de Sesiones 1949. Buenos Aires, t. 1, pp. 34 y ss; AHCDN. Sección Expedientes. Año 1947. Expte. 600-D, caja 12, f.2.
4. PNA. La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana. Buenos Aires: PEN, p. 138.
5. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1952. Expte. 633-D, caja 8, fs. 1-3.
6. 1953. El Segundo Plan Quinquenal al alcance de los niños. Buenos Aires: Editorial Luis Lasserre, p. 4.
7. CSN. 1949. Diario de Sesiones 1949. Buenos Aires, t. 1, p. 37.
8. 1953. El Segundo Plan Quinquenal al alcance de los niños. Buenos Aires: Editorial Luis Lasserre.
9. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1947. Expte 46-D, caja 1; Exptes. 361-D y 372-D, caja 7; Exptes. 594-P; 598-P; 599-P; 600-P; 601-P, caja 8; Expte. 656-P, caja 9; Exptes. 519-D y 731-P, caja 10; Expte. 577-D, caja 11; Exptes. 645-D, 896-D, caja 12; Expte. 1126-D, caja21; Expte. 1248-D, caja 23; Expte. 1678-D, caja 30.
10. CSN. 1949. Diario de sesiones 1949. Buenos Aires, t. 1, p. 34.
11. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1949. Expte. 633-D, caja 13.
12. CSN. 1951. Diario de Sesiones 1950. Buenos Aires, t. 1, p. 5.
13. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1950. Expte. 6-D, caja s/n, fs.1-8; Expte. 20-D, caja s/n; Expte. 45-D, caja s/n; Expte. 57-P, caja 1; Expte. 869-D, caja 15, fs. 1-15.
14. CSN. 1951.Diario de Sesiones 1950. Buenos Aires, t. 1, p. 5 y 29.
15. Leyes y Decretos Nacionales, 1951. Buenos Aires, vol. 1, p.77; vol. 2, pp. 423-424. El diario gira bajo la razón social Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de Anchorena. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1950. Expte. 557-P, caja11, fs.1-3.
16. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1950. Expte. 391-D, caja 6, fs. 1-3.
17. Leyes y Decretos Nacionales, 1951. Buenos Aires, vol. 2, pp. 208-209.
18. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1952. Expte. 158-AA, caja 1, f.1; Expte. 95-OV, caja 1; Expte. 98-OV, caja 1; Expte. 100-OV, caja 1; Expte. 105-OV, caja 1; Expte. 106-OV, caja 1.
19. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1952. Expte. 158-AA, caja 1, f.1.
20. Leyes y Decretos Nacionales, 1954. Buenos Aires, 1954, vol. 1, p. 495 (decreto 8480 del 20/5/54).
21. Leyes y Decretos Nacionales, 1952. Buenos Aires, 1953, vol. 2, pp. 3-7.
22. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1952. Expte. 634-D, caja 8, f.1.
23. Prólogo, por Homero Guglielmini. Carlos Astrada: Surge el hombre argentino con fisonomía propia. Juan Francisco Giacobe. La investigación científica pura. Lepoldo Marechal: Proyecciones culturales del momento argentino. Antonio P.Castro: Museos históricos nacionales argentinos. Lucio M. Moreno Quintana: La Argentina trabaja por la paz mundial. José Imbelloni: La formación racial argentina. Juan Oscar Ponferrada: Orígenes y rumbos del teatro argentino. Carlos Aparicio: Por la justicia hacia la armonía social. Agustín Eduardo Riggi: Geología y geografía de las Islas Malvinas. Enrique Francois: El humanismo argentino. Homero M. Guglielmini: Hay una experiencia argentina de espacio, tiempo y técnica.
24. Leyes y Decretos Nacionales, 1954. Buenos Aires, 1954, vol.1, pp. 19-37. Cada universidad organizaría en su radio de acción los estudios regionales, promoviendo la técnica en vistas a la explotación de sus riquezas y el incremento de las actividades económicas locales (art.4). El gobierno es ejercido durante 3 años por un rector que nombra el PEN y un Consejo Universitario presidido por el rector e integrado por los decanos y vicedecanos de cada facultad (art.14); en tanto se establecen 4 categorías de profesores (titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios) no pudiendo crearse otras nuevas. AHCDN. Sección Expedientes. Año 1954, Expte. 791-D, caja 10, fs.1-3.
25. Leyes y Decretos Nacionales, 1947. Buenos Aires, 1948, vol. 1, pp. 100-105; 1950, vol. 1, Buenos Aires, 1950, pp. 425-428.
26. Leyes y Decretos Nacionales, 1948. Buenos Aires, 1949, vol. 2, pp. 900-902 y 935-936. La vinculación entre estos medios y el sistema político queda expuesta en la obsesiva propaganda oficial que comanda Raúl A. Apold desde las Secretarías de Prensa y Difusión, de Informaciones y la Dirección del Noticiero Panamericano y luego de Sucesos Argentinos; las películas como “Almafuerte” (1949, Luis César Amadori), “El morocho del abasto” (1950, Julio Rossi), “Barrio gris” (1954, Mario Soficci), “Mercado de Abasto” (1955, Lucas Demare) dan cuenta del ascenso de los sectores obreros, y de los “progresos justicialistas”.
27. Leyes y Decretos Nacionales, 1953. Buenos Aires, 1953, vol. 1, pp. 715-717. Como parte de las medidas adoptadas, el decreto 5.593 crea -el 31 de marzo de 1953- el Consejo Consultivo Cinematográfico Argentino con el propósito de asesorar al Estado en esta materia; sus miembros son designados por el PEN a propuesta de las entidades que agrupan a Productores, Directores, obreros y laboratorios cinematográficos. Cuatro representantes oficiales conforman un Consejo Asesor y presiden alternativamente el nuevo organismo.
28. Leyes y Decretos Nacionales, 1954. Buenos Aires, 1954, vol. 1, pp. 121-131.
29. Clarín, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2003, p. 35 (entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga)
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