ARTÍCULO

Vivir al lado del arroyo. Vecinos, funcionarios, referentes y extensionistas en un conflicto por relocalizaciones en un barrio popular de La Plata¹

Living by the stream. Neighbors, officials, political referents and extensionists in a conflict over relocations in a popular neighborhood of La Plata

Soledad Balerdi
solebalerdi@hotmail.com
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de La Plata; CONICET. Argentina

Recibido: 27|12|16
Aceptado: 31|05|17

RESUMEN
Este trabajo describe el devenir de un conflicto por relocalizaciones en un barrio popular de La Plata, motivado por el desarrollo de una obra de infraestructura hidráulica. En base a un trabajo de campo etnográfico llevado a cabo entre 2013 y 2016, repone la dinámica que este conflicto fue adoptando, su emergencia, desarrollo y dilución, así como la intervención de los distintos actores involucrados y algunos de los criterios y argumentos puestos en juego en este proceso. A partir de este recorrido, el trabajo se propone dar cuenta de la complejidad de las modalidades de gestión e intervención del Estado en territorio y contribuir a la reflexión sobre política cotidiana y procesos de acción colectiva en barrios populares.

Palabras clave: Etnografía; Conflicto; Relocalización; Estado; Acción colectiva.

ABSTRACT
This paper describes the development of a conflict for relocations in a popular neighborhood in La Plata, motivated by the implementation of a hydraulic infrastructure public work. Based on an ethnographic fieldwork carried out between 2013 and 2016, it replenishes the dynamic of this conflict, its emergence, development and dilution, as well as the intervention of the different actors involved and some of the criteria and arguments brought into play in this process. On this basis, the paper aims to show the complexity of the modalities of management and intervention of the State in the territory and contribute to the reflection on daily politics and processes of collective action in popular neighborhoods.

Key words: Ethnography; Conflict; Relocation; State; Collective action.

INTRODUCCIÓN

A mediados del año 2014 comenzaron a correr ciertos rumores entre los vecinos del barrio Las Quintas acerca de una obra de infraestructura que estaba llevándose a cabo a lo largo del serpenteante y extenso arroyo El Gato² y que podía implicar la relocalización de las familias del barrio. Casi un año antes, en julio de 2013, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha un ambicioso plan de desarrollo hidráulico en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada denominado “obras región capital”. Este plan fue diseñado centralmente en respuesta a la inesperada y trágica inundación ocurrida en abril de ese mismo año, y cuyo origen se atribuyó, entre otras cosas, al desborde de los arroyos y cuencas de la zona. El arroyo El Gato fue uno de los principales arroyos desbordado por la lluvia, y Las Quintas, el barrio en el que realicé mi trabajo de campo, así como otros muchos asentamientos que se ubican a lo largo de sus márgenes, se vieron afectados por este desborde. La obra, entonces, preveía la ampliación del cauce del arroyo y su revestimiento en hormigón, así como la relocalización de las viviendas asentadas en sus márgenes³.

En este artículo abordo el conflicto que se desencadenó en el barrio como consecuencia de esta obra y repongo la dinámica que adoptó en base a la descripción de tres momentos que siguen su desarrollo temporal, buscando, a partir de ello, dar cuenta de las distintas modalidades de acción e intervención de los actores involucrados y los criterios que fueron poniendo en juego en el proceso. Para ello me sirvo de un trabajo de campo etnográfico llevado a cabo entre 2013 y 2016 en el barrio, y de los antecedentes que aportan dos etnografías contemporáneas sobre problemáticas ambientales y procesos de desalojo en barrios populares (Auyero y Swistún 2008, Carman 2011)

El análisis de este conflicto buscará dar cuenta del proceso de conformación, transformación y disolución de una demanda sin restringir la mirada al éxito o fracaso final de la acción colectiva y sin asumir la existencia previa de un actor organizado, sino atendiendo a las modalidades en que una red de actores se constituye en el proceso mismo de reclamo (Felstiner, Abel y Sarat, 1981; Boltanski, 2000). Además, buscará dar cuenta de la complejidad de la intervención del Estado en territorio, por un lado, ilustrando de algún modo lo que Manzano (2013) denomina la personalización del Estado en la figura de sus funcionarios. Así, se repondrán las posiciones, argumentos y decisiones tomadas por distintos agentes de diferentes áreas estatales. Asimismo, el intento por reconstruir el mapa de actores en el conflicto buscará también dar cuenta de la pluralización del Estado, esto es, incorporar al mundo de interacciones analizado no sólo las agencias estatales de gestión, control e implementación de políticas, sino además las acciones de otros sujetos que intervienen en el campo también como parte del Estado: en nuestro caso, la Universidad. 

EL PRIMER TIEMPO DEL CONFLICTO. SU EMERGENCIA

Las Quintas es un pequeño asentamiento localizado entre la avenida 526, ancha y de tierra a esa altura de la ciudad, y uno de los márgenes del arroyo El Gato. Ubicado en el barrio de San Carlos, a unas 12 cuadras de la circunvalación que demarca el inicio del casco urbano de La Plata y a unos 6 kilómetros del centro de la ciudad, está conformado por familias que se identifican como parte de una comunidad toba, provenientes de la provincia de Chaco y asentadas en el barrio a partir de redes y lazos de parentesco desde la década del 90 en adelante, y otro sector próximo, conformado por familias provenientes, más recientemente, de distintas regiones de Paraguay que han ido llegando al barrio mediante el alquiler o la compra de las viviendas a habitantes anteriores.

A grandes rasgos, los habitantes de Las Quintas comparten trayectorias marcadas por procesos migratorios, por el abandono de la educación formal, el ingreso temprano al mercado laboral y, desde su llegada a La Plata, por el pasaje intermitente por distintos trabajos informales, fundamentalmente en la construcción, el servicio doméstico, así como también el cartoneo, la venta de ropa usada en ferias, el corte de césped y otras “changas”. En los últimos años, no obstante, ganaron fuerte presencia en el barrio las cooperativas de empleo de las que participan muchas de las mujeres (como parte de los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”), y las familias recibieron nuevas fuentes de ingreso que mejoraron relativamente su situación (centralmente la AUH⁴). Esto, sumado a la circulación por el barrio de nuevos recursos materiales otorgados por distintas áreas del Estado y por organizaciones territoriales en los últimos años ha conducido a cambiar notablemente en poco tiempo su morfología: muchas de las pequeñas casillas de chapa y madera que habían levantado las familias al llegar han ido dejando paso a viviendas más amplias y de “material”.

Durante 2014, en el marco de las actividades del Proyecto de Extensión Universitario en el que participo⁵ y a partir del cual llegué al barrio, algunos vecinos comenzaron a manifestarnos su preocupación por el desarrollo de la obra en el arroyo. Ésta era motivada centralmente por la incertidumbre generada por lo que percibían como una falta de información “oficial” al respecto⁶. ¿La obra afectaría sus viviendas? ¿Deberían desplazarse? ¿Cuándo? ¿Obtendrían otra vivienda a cambio? ¿A dónde? Según nos comentaban, la obra pasaría inminentemente junto a sus viviendas, pero por entonces ningún funcionario se había acercado al barrio a informarles al respecto.

Cuando finalmente, algunas semanas después de iniciados los rumores, la visita de funcionarios del Instituto de la Vivienda⁷ responsable de las relocalizaciones previstas en el proyecto de obra tuvo lugar, la situación inicial derivada de la falta de información oficial y la incertidumbre se agravó. Según nos fueron relatando los vecinos que recibieron esta visita, y a quienes se les comunicó su pronta y necesaria relocalización, consideraron insuficiente la información que se les brindó respecto a los posibles destinos de la misma o bien desaprobaron por distintos motivos las opciones propuestas; incluso en algunos casos denunciaron haber sido objeto de tratos bruscos o amenazas por parte de los funcionarios. Algunos se mostraron preocupados porque sostenían no haber recibido ningún documento por escrito con las opciones de relocalización que se les ofrecían (gesto que hubiese según ellos representado mayor credibilidad sobre lo que los funcionarios planteaban). Otros acusaban a los funcionarios de no haber realizado en el barrio ningún “censo” para determinar cuántas y cuáles serían en realidad las viviendas a relocalizar.

En una etnografía sobre el sufrimiento ambiental en Villa Inflamable que constituye un importante antecedente para esta investigación, Auyero y Swistun (2008) sostienen que las experiencias cotidianas de muchos vecinos de Inflamable están “dominada(s) por las sospechas sobre las acciones de las empresas, por la incertidumbre respecto de la nunca realizada, pero siempre inminente, acción de las autoridades locales y por una constante espera” (2008: 130). Para los autores, la “confusión y la incertidumbre […] son productos socioculturales que exacerban el sufrimiento de los habitantes del lugar” (2008: 120). En su análisis, y como sucede también en nuestro caso, esta incertidumbre es exacerbada, y no aplacada, por la intervención del Estado. En las dispersas, confusas o aparentemente contradictorias intervenciones de las instituciones estatales los autores identifican desinterés, inacción, delegación de responsabilidades. Ahora bien, lo que en nuestro caso veremos es que el clima de incertidumbre en el barrio, al que la particular modalidad de intervención del Ministerio contribuía, no conducirá a la inacción o a la apatía, sino por el contrario a la conformación de una red de actores que se movilizará en y por esa incertidumbre.

Si bien en un principio las quejas ante el accionar de los funcionarios del Instituto se escucharon de manera aislada, expresadas individualmente por algunos vecinos preocupados, que nos relataban su experiencia u opinión cuando indagábamos sobre el tema, a partir de entonces se fue tramando una red de actores que motorizarán el reclamo. Estas posturas sostenidas por los vecinos, si bien fueron críticas y potentes, no se articularon desde un comienzo en un reclamo concreto. Siguiendo el planteo de Felstiner, Abel y Sabat (1981) sobre los procesos de conformación de disputas⁸, podríamos decir que si bien los actores involucrados reconocían, “nombraban”, tal situación como perjudicial, e identificaban a un responsable de la misma (el Instituto de la Vivienda provincial y sus funcionarios, en este caso), en las instancias iniciales del proceso, este reclamo aún no se expresaba como tal públicamente. Pero fue con mayor fuerza a partir de que Tomás⁹ -referente del Movimiento Justicia y Libertad¹⁰ una organización territorial local con inserción en el barrio-, acompañado por miembros del Proyecto de Extensión, comenzaron a organizar asambleas con los vecinos, que estas voces comenzaron a identificarse entre sí y a expresarse de un modo más coordinado.

Era la segunda asamblea que se hacía en el barrio por este tema. Según comenzaron relatando dos jóvenes, Francisco y Eduardo, que viven sobre el margen del arroyo a la altura de la calle 141, en el mes de diciembre había ido “gente del Ministerio” a informarles a ellos y a los habitantes de cuatro viviendas más (en total 6 casas) que iban a tener que mudarse. Ambos estaban muy enojados. Hablaban con exaltación. Dijeron que les habían ofrecido trasladarse a una casilla en Romero o a un terreno en barrio Aeropuerto, pero que ninguna de esas opciones les gustaba, e incluso no creían que fuesen ciertas, que los funcionarios no les daban “ninguna garantía” y les “mentían”. Incluso les habían dicho, según contaron, que los iban a convocar a una reunión el 15 de enero pasado para resolver la situación, y que esa reunión al final nunca tuvo lugar, que ellos siguen esperando sin saber qué hacer. (Registro de campo. 13 de febrero de 2015).

Durante este período de construcción del conflicto, el Proyecto de Extensión y Justicia y Libertad fueron motorizando la demanda y constituyéndose como “denunciantes” (Boltanski 2000) del reclamo a favor de los vecinos del barrio, tomaron diferentes iniciativas y acciones. Por un lado, dieron curso a la vía institucional del reclamo. Inicialmente miembros del Proyecto comenzamos presentando notas escritas y manteniendo entrevistas con distintos funcionarios del Ministerio de Infraestructura solicitando información “oficial”. El referente de Justicia y Libertad introdujo el tema en la agenda de discusiones del Consejo Social de la Universidad (órgano del que habitualmente forman parte funcionarios municipales y provinciales, representantes de organizaciones sociales con desarrollo en la región, además de miembros de las distintas facultades, representantes de los gremios de la universidad). Y luego en conjunto con un colectivo local de abogados -el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica)- y algunos vecinos del barrio, presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la provincia. El reclamo fue así expresándose tanto ante quienes se consideraban como los actores responsables de la situación (Felstiner, Abel y Sabat 1981), como a otros actores del ámbito público que harían las veces de “jueces” del conflicto (Bolstanski 2000).

Por otro lado, miembros del Proyecto de Extensión, junto a Tomás y a una de las abogadas del CIAJ comenzaron a sostener encuentros con cierta regularidad en los que se intercambiaban pareceres e información sobre la situación y se pensaban alternativas a seguir. Luego estas alternativas eran planteadas y discutidas con los vecinos en las asambleas que comenzaron a realizarse en la casa de Susana, una de las vecinas del “barrio paraguayo” y coordinadora de Justicia y Libertad.

En este proceso, el reclamo que comenzó concentrándose en un pedido por “información oficial” respecto a qué viviendas y a dónde serían relocalizadas, fue tomando un nuevo cariz. A medida que se avanzaba en este proceso, los actores del reclamo fueron construyendo el diagnóstico de que el Ministerio accionaba sobre la base de información desigual y dispersa. Si bien, a partir de las respuestas e intervenciones que comienzan a dar los funcionarios del Instituto de la Vivienda, se va definiendo que las viviendas que obstaculizaban el avance de la obra y que había que relocalizar eran seis, los actores del reclamo comienzan a percibir que este dato iba siendo construido en la medida misma en la que se desarrollaba la obra, por parte de los ingenieros o responsables de las empresas adjudicatarias de los distintos tramos de la misma y de los funcionarios del área de Hidráulica del Ministerio. Eran estos agentes quienes iban comunicando -casi “sobre la marcha”- a los funcionarios del Instituto qué casas debían ser removidas. Así, mientras que los funcionarios planteaban la necesidad de relocalizar a seis, los actores del reclamo sostenían que el criterio por el cual una vivienda no era incluida en los planes oficiales de relocalización, siendo que se ubicaba también “peligrosamente” al margen del arroyo, junto a otra vivienda que sí sería relocalizada- no tenía fundamento sólido.

A esto se sumaba el hecho de que en el barrio seguían circulando rumores, que los vecinos relataban con enojo en las asambleas sobre los mensajes recibidos por parte de los funcionarios, que incluían desde amenazas de desalojos hasta propuestas inciertas y cambiantes acerca de los destinos de la relocalización.

En la asamblea de hoy Laura nos contó que los funcionarios volvieron a comunicarse con ella para decirle que finalmente no se va a tener que ir de su casa, porque no hay plata para hacer casas nuevas, así que simplemente le harán una pared sobre el límite de su terreno. La semana anterior había recibido por parte de estos mismos funcionarios la amenaza de “te vamos a pasar la topadora por encima” por no querer dejar su casa. (Registro de campo. 19 de febrero de 2015)

Todo esto condujo a los actores del reclamo a elaborar un diagnóstico sobre la necesidad de realizar un “relevamiento” propio sobre la situación de los vecinos. Durante el mes de febrero, los miembros del Proyecto de Extensión, con el acompañamiento de algunas vecinas, fuimos recorriendo las viviendas que se encuentran más próximas al margen del arroyo y completando un cuestionario por vivienda que incluía preguntas por la situación de empleo, escolar, de salud de sus habitantes, por las condiciones habitacionales (como materiales de las viviendas y condición de propiedad de las mismas), así como por la información conocida respecto a la relocalización (si la persona fue informada sobre algo referente a la posible relocalización o convocada a alguna reunión al respecto por parte de funcionarios del Ministerio). Este cuestionario fue complementado con la elaboración de un mapa particular: a partir de una imagen satelital del barrio, fuimos señalando a cada familia encuestada en su vivienda correspondiente sobre el mapa. Con esta información, se construyó el argumento de que el número de familias que vivían igualmente próximas al arroyo no eran sólo seis.

A partir de esto, y vislumbrando la oportunidad de obtener viviendas que superaran en calidad las casillas precarias que muchos de estos vecinos habitan, los actores del reclamo comenzaron a sostener la necesidad de ampliar el criterio de afectación para incluir en la relocalización no sólo a las viviendas seleccionadas por los funcionarios, sino a todas las que se encontraran sobre el margen del arroyo. Esto generó que la demanda inicial por información se fuera convirtiendo en una demanda por modificar el criterio de afectación de los funcionarios del Instituto de la Vivienda. Para comprender la transformación del reclamo hacia una ampliación del número de quiénes se consideran “afectados” es necesario atender a que la relocalización que inicialmente aparece como perjuicio va rápidamente convirtiéndose para muchos de los vecinos en una oportunidad: de dejar de vivir al lado del arroyo y de mejorar las condiciones materiales de sus viviendas.

La situación de prejuicio y vulnerabilidad a la que son expuestas las pocas familias cuyas viviendas debían, según los funcionarios, ser desmontadas para el avance de la obra, se convierte a partir de la acción política de esta red de actores en la posibilidad de generar un reclamo colectivo por mejores condiciones habitacionales para el barrio. La garantía ofrecida a cambio es la aceptación pacífica de la relocalización, siempre que fuera bajo el nuevo criterio planteado por los actores del reclamo, ya que de lo contrario, existe siempre la posibilidad de llevar adelante lo que Manzano (2013) denomina “demostraciones situacionales de fuerza” como estrategia posible de las poblaciones organizadas colectivamente en su vínculo con el Estado. En este sentido, durante algunas asambleas se evaluó la posibilidad de intensificar el reclamo mediante la toma del obrador en donde la empresa guardaba las maquinarias y herramientas, impedir la construcción ocupando el canal en donde trabajan las excavadoras o realizar una concentración a las puertas del Ministerio. En todos los casos se consideró que estas medidas serían un recurso al que recurrir si las negociaciones fracasaban.

A pesar de esto, el reclamo era rechazado por los funcionarios, que insistían en la imposibilidad de relocalizar a más familias de las previstas. ¿Por qué? ¿En qué parecía basarse el criterio que los funcionarios del Instituto de la Vivienda elaboraban para conducir la relocalización? En primer lugar, en una cuestión de “tiempos”. El plan de obra había sido anunciado con “bombos y platillos” como respuesta concreta a la inundación del 2013 y más en general a los problemas hidráulicos de la región, y formaba parte de la campaña del oficialismo local y provincial para las elecciones que tendrían lugar en 2015. Aceptar un número mucho mayor de familias a relocalizar supondría demorar la demolición de las casas para que la obra avanzara. Como veremos luego, el contexto eleccionario definió en gran medida los tiempos del conflicto: la prisa inicial por resolverlo y su desactivación pasados los comicios. En segundo lugar, el criterio de estos funcionarios también estuvo elaborado en base al argumento de que las tierras sobre las que las familias a relocalizar habitan son fiscales. En el mes de Marzo, en un encuentro en el barrio que describiré más adelante entre los funcionarios del Instituto, vecinos y otros actores, uno de los funcionarios aclaraba que las tierras sobre las que el barrio se erige son tierras “del arroyo”:

[...] Lo que hay que hacer es hablar con cada una de las familias que tienen que correr el alambrado o que tienen que mover casillas [que estarían obstaculizando el avance de la obra] que están ocupando tierras que pertenecen al arroyo del Gato. La ocupación de las tierras que están contiguas al arroyo, no tengan dudas que son tierras pertenecientes al arroyo. Ese es el primer concepto que me parece que tiene que quedar en claro. (Registro de campo. 25 de Marzo de 2015).

¿Qué significaba esa aclaración? Que como ocupantes de un margen de tierra que es propiedad del arroyo, los vecinos, desde este punto de vista, serían en realidad habitantes ilegítimos (Carman 2011) de un área natural que debe ser intervenida en beneficio de (el resto de) la ciudad. Algunas semanas después, en una de las reuniones mantenidas en el marco del Consejo Social, Laura, una de las vecinas cuya casa se encontraba en ese momento frenando el avance de la obra, contaba angustiada a los presentes:

[La funcionaria del Instituto] viene todos los días y te dice 'vos no tenés derecho, vos estás en una tierra que es del Estado, vos te tenés que ir'. Yo tengo miedo de abrir la puerta de mi casa y que esté ahí parada afuera diciéndome 'y??? te decidiste???' Yo tengo una casa de material que me costó mucho construir, pero ella me dice que no vale nada porque está sobre una tierra que es del Estado, me dice que tendría que haberla hecho en otro terreno... yo si tuviera plata me hubiera comprado un terreno, pero no tengo. (Registro de campo. 15 de abril de 2015).

Este criterio supone que en tanto habitantes ilegítimos, los vecinos cuyas viviendas obstaculizaran el ensanchamiento del arroyo, debían ser removidos sin tener el derecho a cuestionar el destino de la relocalización, o a reclamar mejores condiciones de vivienda y hábitat de las que el Estado les ofrece.

María Carman, en su etnografía Las trampas de la naturaleza (2011), analiza las políticas de expulsión por parte del poder local sobre población habitante de dos villas de Buenos Aires, la villa Rodrigo Bueno y la Aldea Gay, desalojadas parcial o totalmente por el gobierno de la ciudad a mediados de la década del 2000 para la apertura de un corredor de parques frente al Río de La Plata, situación en la cual según la autora se apeló, fundamentalmente, a la preservación de la naturaleza como argumento justificativo del desalojo. La tesis de Carman es que en ambos procesos, los diferentes actores (agentes estatales y privados) que promovieron los desalojos invocaban la preservación del medio ambiente, o la voluntad por prevenir o detener un supuesto daño ambiental que los habitantes de esas zonas producirían, para justificar su expulsión. La deshumanización de los pobladores de la villa funcionaba, según la autora, como operación simbólica que allanaba el camino para el ejercicio de la violencia pública, cuyo potencial uso se ejercía como amenaza ubicua en las villas, atemorizando a sus pobladores.

Ahora, si bien habrá algunos puntos en común en los casos que analiza Carman, y la modalidad de intervención que tiene el Instituto de la Vivienda aquí (me refiero centralmente a un desaliento de las reuniones e iniciativas colectivas, ciertas acciones intimidatorias hacia los habitantes, y una apariencia de unanimidad, consenso y de aceptación voluntaria a la relocaliación), encontraremos algunas diferencias importantes que ponen de manifiesto la relevancia del caso para pensar las modalidades de intervención estatal en otros contextos locales y políticos. En primer lugar, la respuesta del gobierno provincial ante los numerosos barrios populares asentados sobre los márgenes del arroyo que obstaculizarían el desarrollo de la obra no será la erradicación, sino la relocalización: esto supone la existencia de un plan de construcción de viviendas a las que las familias serían trasladadas, que a su vez prometería una mejora en sus condiciones de hábitat. En segundo lugar, la concepción sobre los vecinos como habitantes ilegítimos, que sí aparecerá tácitamente en la voz de algunos agentes, no guiará todas las intervenciones de las distintas áreas del Ministerio, ni será unívoca entre todos los funcionarios.

EL QUIEBRE DEL CONFLICTO: LA “VISITA” DEL CONSEJO SOCIAL AL BARRIO

A finales del mes de marzo de 2015, cuando la obra ya estaba en marcha a la altura del barrio, a pedido de Tomás -el referente de Justicia y Libertad-, el Consejo Social de la universidad realizó una “visita” al barrio de la que participaron, además de los representantes de las distintas facultades, miembros de la organización y del Proyecto de Extensión, también diferentes agentes estatales: funcionarios del Instituto de la Vivienda, representantes de la Comisión Bicameral de Fisalización y Control de la obra, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Estado de la provincia. En esta visita, que fue acompañada por varios vecinos del barrio, se recorrieron distintas viviendas localizadas a la vera del arroyo, con el objetivo de que, como sostuvo el dirigente de la organización, los presentes pudieran “ser testigos” de las condiciones de las viviendas y de las consecuencias que estaba teniendo el avance de la obra, que pudieran “ver la situación caso por caso” antes de “sacar conclusiones”.

Esta intención por mostrar la situación de todos los vecinos afectados (y no sólo de las seis familias cuya vivienda obstaculizaría, según los funcionarios, el desarrollo de la obra) respondía, por un lado a lo que siguiendo a Bolstanski (2000) podemos llamar la pretensión de universalidad del reclamo: esto es, que todos puedan “ser testigos” de las condiciones habitacionales de los vecinos afectados supone dar cuenta de la veracidad de la denuncia expresada y de que el interés detrás de esta demanda no es individual, de algunas pocas familias, sino que es un interés general de todo el barrio; y por otro lado, y en relación a esto, responde a la voluntad por poner en evidencia las necesidades en relación a las condiciones habitacionales de los vecinos. La apelación a un interés general en este sentido permite articular la demanda en torno a las relocalizaciones de las viviendas afectadas, con otras demandas vinculadas a las condiciones de vida del resto de los vecinos, y volver así el reclamo hacia un plano más colectivo de los derechos de poblaciones marginadas.

La “visita” se desarrolló en un ambiente tenso. Muchos de los vecinos comenzaron interpelando al funcionario del Instituto con cuestionamientos sobre la falta de información oficial y otros a discutir abiertamente con él respecto a las condiciones de la relocalización que él les proponía. Luego, a lo largo del recorrido por las viviendas ubicadas al margen del arroyo, que se extendió unas tres horas, los funcionarios volvieron a discutir con vecinos, con el referente del Movimiento, con algunos de los miembros del Consejo Social presentes, quienes, alarmados ante las condiciones habitacionales de los vecinos y la situación de mayor riesgo producida por el ensanchamiento del arroyo, cuestionaban los modos en que se estaba desarrollando la obra.

Daniel, uno de los miembros del Consejo Social, pregunta: “¿hay estudio ambiental previo a la obra donde la situación de los vecinos sea tenida en cuenta?”. Tomás responde que no. Todos los demás hacen silencio. El funcionario del Instituto, con gesto de ofuscación, se cruza de brazos. Estamos llegando al final del recorrido y ha discutido ya demasiado. (Registro de campo. 25 de marzo de 2015).

Finalmente, luego de la “visita” tuvieron lugar una serie de reuniones en el Consejo Social en las que se cuestionó el modo de operar de los funcionarios y de los responsables de la empresa, poniendo en el centro del argumento la existencia de una dicotomía a partir de la cual se privilegiaban los aspectos técnicos de la obra mientras que se relegaban los aspectos sociales.

En el marco de una de las reuniones del Consejo Social posteriores a la visita al barrio, la mayoría de los asistentes acordaron en que, como sostuvo uno de los participantes, “la empresa parece estar manejándose como si la vera del arroyo estuviera libre”. En este marco, uno de los trabajadores sociales miembro del Consejo sostuvo que parece haber una definición de afectación que solo incluye a las viviendas o parcelas que se superponen con el trazado de la obra. Dijo que la empresa está suponiendo que ahí no hay nadie y pretende trabajar en consecuencia, y que “externaliza” el problema “sin hacerse cargo”. Luego habló de la desvalorización de las “cuestiones sociales” por parte de los funcionarios y de su empobrecimiento en la concepción de la vivienda y del hecho social que implica la reubicación de una familia. “La valorización de los lazos sociales está totalmente invisibilizada en la intervención de estos funcionarios”. Muchos de los presentes coincidieron con su diagnóstico. (Registro de campo. 8 de abril de 2015).

Los actores del reclamo cuestionaban que el objetivo para los funcionarios fuera que la obra avance, sin importar de qué manera. En el argumento que elaboran para disputar con el Instituto de la Vivienda las condiciones de la relocalización, dan prioridad a lo que llaman los “aspectos sociales” del barrio, que según ellos, debían ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, la mirada “social” sobre el conflicto supone atender a las condiciones habitacionales de todo el barrio, y en particular de todas las viviendas ubicadas sobre el margen del arroyo. Esto permite a los actores del reclamo argumentar a favor de ampliar el criterio de afectación: al considerar como afectadas a todas las viviendas sobre el margen del arroyo -por el peligro, la insalubridad, las pérdidas materiales que ello implica- y no sólo a las que según el criterio técnico de la empresa obstaculizarán el desarrollo de la obra. Y en segundo lugar, y derivado de lo anterior, privilegiar los “aspectos sociales” permite plantear la necesidad de ampliar el número de viviendas a relocalizar promoviendo que las distintas familias que habitan viviendas contiguas en el barrio no se “fragmenten”, pudiendo trasladarse juntas y favoreciendo por ello la conformación de un “nuevo barrio” igualmente “tranquilo” y “seguro” como reclamaban los vecinos.

La “visita” al barrio entonces significó un quiebre en el desarrollo del conflicto. A partir de entonces, y motivado en parte por dos informes críticos de situación que elaboraron miembros del Proyecto de Extensión y los distintos representantes de las facultades del Consejo Social que habían participado del recorrido por el barrio, y que plasman el argumento acerca de la impronta técnica que estaría conduciendo este proceso, desde el Ministerio de Infraestructura -conscientes del rechazo que se había gestado entre los actores del reclamo hacia los funcionarios del Instituto de la Vivienda-, se decidió la intervención de otra área del mismo, la Comisión de Conflictos Habitacionales de la Subsecretaría de Tierras, área que, según sus representantes, se encargaba de gestionar este tipo de conflictos bajo los lineamientos de la Ley de Acceso Justo al Hábitat¹¹.

EL SEGUNDO TIEMPO DEL CONFLICTO Y SU DESENLACE

A partir de la “visita” al barrio se inició el segundo tiempo del conflicto: ahora los nuevos interlocutores, los funcionarios de la Subsecretaría de Tierras, dispuestos a acordar una salida del conflicto, aceptaron la ampliación del número de afectados. Se abrió entonces un marco de negociaciones sobre los términos y condiciones de su relocalización. Este segundo momento, que se desarrolló entre los meses de abril y octubre de 2015, estuvo marcado centralmente por las “mesas de diálogo” entre funcionarios de Tierras y Tomás (en las que se trataban las condiciones y posibles destinos de la relocalización), que a su vez establecían la frecuencia y el tema de las asambleas en el barrio (éstas eran convocadas por Tomás, que ponía a discusión lo hablado en las “mesas”).

Durante este período, una vez que se acordó la ampliación del número de viviendas, los vecinos realizaron una serie de recorridos por los distintos lugares de la periferia de la ciudad que surgían en las negociaciones como posibles destinos de la relocalización. Tanto durante estos recorridos, como durante las asambleas, se fue construyendo entre los vecinos un clima de expectativas en torno a la “lista” de nombres que definiría qué familias entraban dentro de la relocalización y cuáles no. Si bien existía una base sobre la cual ponderar a ciertas familias por sobre otras en función de una mayor cercanía al arroyo (representada por el mapa y los datos elaborados en el relevamiento realizado por el Proyecto de Extensión a principios de ese año), los criterios por los cuales un nombre “quedaba” o no en la lista fueron modificándose y disputándose vertiginosamente durante el proceso¹².

Por otro lado, a medida que avanzaban las semanas y ante el inminente advenimiento de las elecciones primarias que tendrían lugar en agosto de ese año, fue creciendo también entre los actores del reclamo cierto temor y ansiedad a que la relocalización se viera frustrada. Las preocupaciones se concentraban en la posibilidad de que el Ministerio de Infraestructura, ante la presión en contexto eleccionario, decidiera acelerar el desarrollo de la obra hidráulica y encontrara la manera de realizar la ampliación del arroyo a la altura del barrio sin que las viviendas que obstaculizaban su paso fueran removidas (dejando ciertos tramos del canal sin terminar o evitando dejar el espacio reglamentario entre el borde del canal y las viviendas), lo que haría que la relocalización ya no fuera percibida como necesaria.

Finalmente un terreno fiscal en Melchor Romero, próximo a un barrio conformado por población proveniente de Paraguay cuyo asentamiento había sido organizado algún tiempo atrás por el Movimiento Justicia y Libertad, fue el destino elegido por los vecinos para llevar a cabo la relocalización. Este terreno correspondía al Ministerio de Salud de la provincia, por lo que los funcionarios de la Subsecretaría de Tierras solicitaron la cesión del mismo. No obstante, la cesión no se realizó. “El gran problema es, hablando a calzón quitado, que hay instancias del Estado que nunca están de acuerdo con esto ni con ninguna otra cosa”, sostuvo uno de los funcionarios de la Subsecretaría de Tierras en una de las reuniones del Consejo Social, cuando la negativa del Ministerio de Salud ya parecía definitiva.

Finalmente en el mes de octubre de 2015 (antes de la elección provincial), Tomás acordó con Tierras en avanzar con una “toma legal” del terreno. Esto significaba que si bien la Subsecretaría no contaba con la cesión del mismo, avalaba informalmente que la organización comenzara con la “demarcación, apertura de calles y amojonamiento de los terrenos”. Sin embargo, los días pasaron, las elecciones marcaron el cambio de gestión en la ciudad y en la provincia y el conflicto se diluyó. La obra del arroyo siguió su paso, por lo que varias de las viviendas se vieron afectadas por su cercanía al borde del canal, pero ninguna fue demolida. La relocalización no ocurrió. Si bien esto significó para muchos vecinos la pérdida de la oportunidad que ésta representaba, otros se vieron aliviados de no tener que dejar su barrio. 

REFLEXIONES FINALES

¿Cómo se construye a nivel local una demanada por relocalización? En este recorrido etnográfico por el proceso de emergencia, transformación y disolución de un conflicto por relocalizaciones en un barrio popular de La Plata pueden retomarse una serie de dimensiones analíticas que surgen como relevantes para la reflexión sobre procesos de acción colectiva, modalidades estatales de gestión e intervención, y política en sectores populares.

Por un lado, el trabajo buscó dar cuenta de la presencia diversa que asume el Estado en el territorio, encarnada en actores e intervenciones sumamente heterogéneos: tanto en los funcionarios que corporizan la intervención de las distintas agencias estatales de gestión, control e implementación de políticas, como en otros actores que intervienen en el campo también como parte del Estado: en nuestro caso, el Consejo Social de la Universidad y el Proyecto de Extensión, que tomaron parte del conflicto, establecieron criterios, dieron discusiones, elaboraron informes, y cuya intervención torció de determinadas maneras su desarrollo.

A su vez, el análisis de la construcción y transformación de un reclamo que queda inconcluso o que adquiere otros rumbos, distintos a los esperados en su formulación inicial, y que surge a partir de la confluencia de actores diversos que no constituían previamente un actor colectivo organizado, abona a la reflexión sobre las distintas modalidades de acción y política en la vida cotidiana de los barrios populares, mostrando que también la incertidumbre, los rumores, el devenir errante de los intentos por leer y descifrar los rumbos del conflicto, pueden constituirse en experiencias productivas para la acción colectiva.

La descripción del despliegue de acciones del reclamo muestra cómo se va conformando y articulando a partir de ello una red de actores que se agencia de datos (los elaborados a partir del relevamiento), leyes y normativas (como la ley de hábitat) y de un lenguaje específico (qué significa afectación, por ejemplo) como recursos en la elaboración de los criterios que pondrán a jugar en el conflicto para desparticularizar la demanda e incidir en la relocalización.

En este proceso, y como sostiene Merlinsky (2013) en su análisis sobre los conflictos ambientales en Argentina, las posiciones de los distintos actores se van elaborando en la interacción y a partir de la dinámica misma que va adoptando el conflicto: para los funcionarios del Instituto de la Vivienda, a medida que avanzan los meses y se acercan las elecciones, el tiempo se convierte en un factor cada vez más crucial para acelerar (u obviar) la relocalización; asimismo, ante la intención de los actores del reclamo de influir en la decisión respecto al destino y las condiciones de la relocalización, los funcionarios anteponen el criterio de la propiedad de la tierra, para argumentar que como ocupantes ilegítimos, los vecinos deben aceptar lo que el Estado les ofrece; en contraposición, los actores del reclamo defienden la impronta social de la que, según ellos, el accionar puramente técnico de los funcionarios estaría erróneamente prescindiendo.

Notas

1. Algunos de los argumentos de este artículo fueron elaborados a partir de los comentarios recibidos en las IX Jornadas de Sociología de la UNLP el 7 de diciembre de 2016. Agradezco a Virginia Manzano, Jerónimo Pinedo, Cecilia Ferraudi, Victoria D’Amico y Rafael Farace, coordinadores de la Mesa “Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Argentina democrática”.

2. El arroyo El Gato, de unos treinta y cinco kilómetros de largo, recorre los partidos de Ensenada y La Plata de oeste a este atravesando numerosos barrios de la periferia, y a lo largo se asientan sobre sus orillas cientos de viviendas.

3. Según la información brindada por los sitios oficiales del Ministerio, este proyecto suponía, a los fines de las relocalizaciones previstas, la construcción de cuatrocientas cuarenta y cuatro viviendas en un predio destinado a tal fin en un barrio del partido de La Plata. Además, preveía la construcción de ciento veinte viviendas “transitorias” en el mismo predio, para “acelerar el traslado” de algunas familias, que luego recibirían las viviendas definitivas. (http://www.obrasregioncapital.com. Consultado el 15 de Diciembre de 2016).

4. La Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH), implementada desde el año 2009 a nivel nacional, otorga una asignación familiar a personas desocupadas, que trabajan “en negro” o que ganan menos del salario mínimo vital y móvil por cada hijo menor de 18 años. El programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “Argentina Trabaja”, por su parte, está orientado a la generación de empleo e inclusión social a través del trabajo, ocupando a personas sin ingreso formal en cooperativas para ejecutar obras de infraestructura. Dentro de este programa, el plan “Ellas Hacen” está destinado a mujeres madres con tres o más hijos y/o con hijos con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Para un análisis de estos programas sociales, ver Danani y Hintze (2011).

5. El Proyecto de Extensión “Entretejiendo derechos. Fortalecimiento y ampliación de derechos en el barrio Qom” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP trabaja en el barrio “toba” de Las Quintas desde el año 2009 y sus miembros son en su mayoría estudiantes y graduados de las carreras de Psicología, Sociología y Ciencias de la Educación de esa universidad. Durante estos años, las tareas del Proyecto se han centrado en el acompañamiento a la inserción escolar de los niños y niñas del barrio, así como al desarrollo de talleres de literatura infantil, de psicología comunitaria, de producción audiovisual con jóvenes y de acompañamiento de mujeres. A partir de esta inserción en el barrio, como describiré en este trabajo, el Proyecto se convierte en un actor central en el desarrollo del conflicto en torno a la obra del Arroyo El Gato. Agradezco a mis compañeros extensionistas con quienes he compartido gran parte de estas experiencias de campo y muchas de las discusiones y lecturas al respecto de las mismas.

6. En un texto pionero sobre relocalizaciones masivas motivadas por grandes proyectos de desarrollo, Leopoldo Bartolomé (1985) analiza las consecuencias que tiene el anuncio de una relocalización compulsiva de miles de personas de la ciudad de Posadas a causa de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. La tesis del autor es que la misma posibilidad de la relocalización introduce un poderoso factor de desorganización e incertidumbre entre la población que da lugar a un deterioro de la calidad de vida de los involucrados, con antelación a la concreción de las relocalizaciones. Desde el anuncio de la obra, en 1974, hasta el momento en que el autor escribe, transcurren muchos años en los que circulan rumores, noticias y promesas diversas, y un gran desconocimiento acerca de plazos y condiciones de la relocalización. Todo esto, sumado al hecho de que la concreción de la obra se posterga año tras año, genera angustia, expectativas frustradas, incertidumbre, desconfianza y suspicacia entre los residentes. Para profundizar en esta línea de investigaciones sobre antropología de las relocalizaciones planificadas de gran escala ver: Catullo M. R. (1986 y 2006), Barabás, A. M y Bartolomé L. J (1992), Bartolomé L. J. (2006), Balazote, A. y Radovich, J. (2009).

7. Perteneciente al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

8. Dentro del campo de la sociología del derecho norteamericano, el estudio de los conflictos ha sido complejizado por la obra de Felstiner, Abel y Sarat (1981) quienes discuten con el abordaje tradicional de las disputas, anclado en miradas institucional y jurídico-céntricas. Según sostienen los autores, el análisis de las disputas en el campo de la sociología del derecho ha estado dominado por una agenda que se interesa por los agentes y las instituciones formales y sus productos (conflictos institucionalizados, judicializados, registros, estadísticas), y que relega el estudio del proceso de conformación de las disputas como tales. Esta perspectiva resulta interesante porque, con el foco en el proceso y no en el resultado, plantea una serie de pasos necesarios (“naming”, “blaming”, “claiming”) que deben seguirse de una experiencia perjudicial o injusta para que llegue a conformarse una disputa como tal en el plano institucional: esto es, cómo las experiencias percibidas como perjudiciales se transforman en reclamos y los reclamos en disputas.

9. Los nombres de las personas protagonistas de este texto han sido modificados para resguardar su anonimato.

10. El Movimiento Justicia y Libertad es una organización territorial que surge como desprendimiento en el año 2005 del MTD Anibal Verón y tiene desde hace varios años inserción en el barrio a partir de la gestión de planes sociales y cooperativas de empleo, y el trabajo territorial con comedores, centros educativos, entre otras cosas.

11. La Ley provincial 14.409, conocida como la Ley de Acceso Justo al Hábitat, promulgada en el año 2013 es una ley impulsada por un amplio conjunto de movimientos sociales, organizaciones y actores universitarios. La idea nace algunos años antes en el marco del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), y es discutida y trabajada en numerosos encuentros en el ámbito académico y político en diversos lugares de la provincia, en articulación con el Instituto de la Vivienda y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda. la ley es creada con el objetivo de promover “el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable”, buscando regular las acciones destinadas a resolver “el déficit urbano poblacional”. El reclamo inicial al Ministerio de Infraestructura por información oficial se apoyó en el argumento de que el acceso a la información era un derecho que los vecinos del barrio estaban viendo vulnerado, criterio que se basó en la Ley de Acceso Justo al Hábitat como fundamento jurídico.

12. Algo que no podré tratar dados los límites de este trabajo.

REFERENCIAS

1. Auyero, J. y Swistun, D. Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental. Buenos Aires: Paidós. 2008.

2. Balazote, A. y Radovich, J. “Aspectos teórico/metodológicos sobre los procesos de reasentamiento poblacional e impactos sociales de la construcción de grandes represas hidroeléctricas”. Ilha. Revista de Antropología: 2009. 10: 51-80.

3. Barabás, A. M. “Antropología y relocalizaciones”. Alteridades: 1992. 2 (4): 5-15.

4. Bartolomé, J. L. Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas. Buenos Aires: Ediciones del IDES. 1985

5. Bartolomé, L. J. “Reasentamientos forzados y el sistema de supervivencia de los pobres urbanos”. Avá. Revista de Antropología: 2006. 8: 1-24.

6. Boltanski, L. El amor y la justicia como competencias. Tres ensayos de sociología de la acción. Buenos Aires: Amorrotu editores. 2000.

7. Carman, M. Las trampas de la naturaleza: medio ambiente y segregación en Buenos Aires. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2011.

8. Catullo, M. R. "Relocalizaciones compulsivas de población. Estudio de un caso: ciudad Nueva Federación (Entre Ríos)". Runa, Nueva Serie: 1986. 16: 137-156.

9. Catullo, M. R. Ciudades Relocalizadas. Una mirada desde la Antropología Social. Buenos Aires: Editorial Biblos. 2006.

10. Danani, C. y Hintze, S. (Coord.). Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 2011.

11. Felstiner, W.; Abel, R.; Sarat, A. “The emergence and transformation of disputes: naming, blaming, claiming…”. Law and Society Review: 1981. 15: 631-654.

12. Manzano, V. “Tramitar y movilizar: Etnografía de modalidades de acción política en el Gran Buenos Aires (Argentina)”. Papeles de Trabajo: 2013. 25: 60-91.