ARTÍCULO
Disonancias políticas en el Fin del Mundo. Historia, partidos políticos y transiciones democráticas de Argentina y Chile
Political irregularities in the end of the World. History, political parties and democratic transitions in Argentina and Chile
Rafael Eduardo Micheletti
rafamicheletti@hotmail.com
Universidad Nacional de Rosario. Argentina
Recibido: 27|12|15
Aceptado: 06|06|16
Resumen
A través de una combinación de método comparado y análisis de caso, se pretende poner de relieve la importancia de la naturaleza de los partidos políticos predominantes para el desarrollo de una transición democrática exitosa. Para ello, será necesario esbozar una aproximación a una tipología de los partidos políticos. Se compararán la historia y, en especial, las últimas transiciones democráticas de Argentina y Chile. Asimismo, se destacará el éxito de la transición democrática chilena y el fracaso de la primera fase de la transición democrática argentina. Esto se explica por la tendencia del populismo a concentrar el poder y a desmantelar y subordinar las instituciones independientes, lo cual dificulta la rendición de cuentas y estimula la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. La causa principal de esta diferencia de desenlace y de duración de las transiciones democráticas mencionadas sería la diversidad de naturaleza de los sistemas de partidos respectivos, motivada a su vez por una mayor amplitud histórica de la base social clientelar de Argentina.
Palabras clave: Democracia; Transición; Partidos políticos; Argentina; Chile.
Abstract
Through a combination of comparative method and case analysis, the present paper aims to highlight the importance of the nature of the dominant political parties for the development of a successful democratic transition. To do this, it will be necessary to outline an approach to a typology of political parties. Democratic transitions of Argentina and Chile will be compared making a previous historic tour. Additionally, it will be emphasized the success of Chile's democratic transition and the failure of the first stage of Argentina’s equivalent. This is explained by the tendency of populism to concentrate power and to dismantle and subordinate independent institutions, which makes accountability difficult and stimulates arbitrariness and legal insecurity. The main cause of this difference in outcome and duration of the mentioned democratic transitions would be the diversity of nature of the respective political parties systems, driven in turn by a historical greater extent of patronage and dependent social structure in Argentina.
Key words: Democracy; Transition; Political parties; Argentina; Chile.
INTRODUCCIÓN
A través de una combinación de método comparado y análisis de caso, se pretende enfatizar la importancia de la naturaleza de los partidos políticos predominantes para el desarrollo de una transición democrática exitosa. Se hará, a tal efecto, un breve recorrido histórico para acreditar la existencia de una base social clientelar sensiblemente más extensa en Argentina que en Chile. Por último, se intentará establecer una conexión entre la extensión de dicha base social y el resultado de la última transición democrática. Se postula como punto de contacto entre ambas variables la naturaleza de los partidos políticos predominantes, para lo cual se esbozará una tipología de los partidos políticos.
La comparación que se hará seguidamente no será puramente empírica. La realidad muestra que los procesos de cambio político están dotados de una enorme complejidad (O’Donnell y Schmitter 1988). El método empírico debe usarse como medio de control de las hipótesis, pero esto no significa restringir las hipótesis a fenómenos observables o “universales empíricos” (Geary y Pinillos 2004). Se debe integrar lo cualitativo y lo cuantitativo, lo deductivo y lo observable. Al decir de Juan José Sebreli, “para encontrar algo es preciso saber antes qué se está buscando” (2012:23).
Se seguirá la larga tradición de la comparación nacional dentro de un área geográfica restringida y de manera sincrónica (Lucca y Pinillos 2012), introduciéndose también elementos de contraste de contexto y de diferencia.
ANÁLISIS HISTÓRICO
Las historias de ambas sociedades en cuestión tienen numerosas similitudes, sólo que la chilena evidencia procesos con menor nivel de autoritarismo. Esto refuerza la hipótesis de una base social clientelar más restringida en el caso chileno, lo que ayuda a generar condiciones más propicias para los partidos democráticos.
El primer gobierno patrio autónomo se estableció en Argentina en mayo de 1810, mientras que Chile hizo lo propio en septiembre del mismo año. Ambas naciones experimentaron cierta inestabilidad institucional hasta aproximadamente 1830, cuando los liberales son derrotados y se consolidan gobiernos más o menos autoritarios que duran hasta alrededor de 1860. Estos gobiernos, con sus matices, exaltan una suerte de nacionalismo embrionario (aunque de tendencia más conservadora en el caso chileno), persiguen con diferente tenor a la disidencia y establecen sus propios aparatos de disciplinamiento social, como la “Guardia Cívica” en Chile y “La Mazorca” en Argentina. Empero, la primera se trató de una especie de servicio militar obligatorio para disciplinar a la sociedad y subordinar a las fuerzas armadas (Grez Toso 1997), mientras que la última se convirtió en una policía política paraestatal y partidista (Lorenzo 2005:223).
Los conservadores chilenos eran menos democráticos y republicanos que sus compatriotas liberales, pero adherían a los principios básicos de la Ilustración, de manera tal que sancionaron una constitución e impulsaron una significativa modernización institucional y educativa. Por el contrario, Rosas era un nacionalista conservador, que se opuso a la sanción de una constitución y le quitó financiación a la educación. Su rol histórico se cernió a la imposición del orden tras las guerras civiles y a la defensa de la soberanía nacional, sin posibilidad de proyectar a futuro una sociedad desarrollada desde el punto de vista institucional, económico y social (Luna 2004:92-93).
En 1861 en Chile y en 1862 en Argentina, se consolidan en el poder los sectores “liberales”. Si bien sus ideas hallaban dificultades a la hora de plasmarse en el terreno debido a la falta de una sociedad civil independiente, lograron establecer embrionarios y rudimentarios Estados de Derecho republicanos que protegieron las libertades individuales. Se dio cierto grado de competencia política hacia el interior de la clase social más acomodada, lo cual redundaba en un mayor control del gobierno y en una economía más competitiva y productiva. Ambas naciones se insertaron en la economía mundial en clara asociación con el principal centro industrial del planeta, que era Inglaterra. Para 1910, sus economías, si bien predominantemente primarias (más extractiva la chilena y agropecuaria la argentina), estaban entre las más prósperas.1
Según Torcuato S. Di Tella, los distintos niveles de autoritarismo de Argentina y Chile en el siglo XIX y comienzos del XX pueden explicarse, a pesar del predomino en ambas sociedades de un clima templado que facilitaba el surgimiento de una clase media rural, por el hecho de que en Argentina la base campesina era menor y prevalecía un proletariado rural más vulnerable y dependiente (1996). Según el mismo autor, esto se vio acrecentado por la extranjerización de las clases sociales estratégicas para la existencia de un sistema de partidos moderno, que son la burguesía y el proletariado urbanos, debido a la fuerte inmigración sin integración política efectiva (Di Tella 1996).2
Por su parte, Collier ha esbozado como hipótesis de la llamativa estabilidad e institucionalidad de Chile en el siglo XIX razones sociales y geográficas: “La inmensa mayoría de la población (más o menos un millón en 1830) vive en una zona (…) de 450 kilómetros (…) [sin] diferencias regionales muy marcadas. (…). La clase alta domina casi sin contrapeso. (…). Parece probable que el panorama global fuera una élite coherente y llena de confianza y un pueblo generalmente sumiso.” (Collier 1989).
La sumisión del pueblo chileno que puntualiza Collier no se deriva del autoritarismo sino de la cohesión y del consenso de la élite. Por ende, más que sumisión es, simplemente, estabilidad. La élite está más integrada y acepta, a grandes rasgos, las reglas de juego democráticas, más allá de los diversos modelos democráticos en pugna.
El período liberal chileno fue testigo de una creciente presión de la élite política tendiente a fortalecer al Congreso y a debilitar al Poder Ejecutivo. Este proceso colapsó y estalló con la Revolución de 1891 en la forma de una guerra civil que dio inicio a una nueva etapa conocida como “república parlamentaria”. En Argentina, el caudillismo del interior comenzó a desplazar a los liberales porteños en 1880 con el acceso al poder de Julio Argentino Roca y su “liga de gobernadores”. Nuevamente, se observa, a pesar de los fuertes paralelos entre ambos países, un menor grado de autoritarismo en el caso chileno, ya que la república parlamentaria tenía una división de poderes más marcada y real que el “unicato” presidencialista argentino.
En ese tiempo se sanciona en Chile la ley de autonomía de las comunas, lo cual significó una nada despreciable descentralización a nivel municipal. Se ha criticado esta ley por trasladar las prácticas abusivas desde el plano nacional al comunal, pero esa es precisamente su virtud: colocar los abusos más al alcance de los ciudadanos e impedir la consolidación de maquinarias políticas clientelares centralizadas y sofisticadas, como terminaría ocurriendo en Argentina tanto en el caso de la UCR como del PJ a lo largo del siglo XX. El entramado clientelar de los partidos tradicionales argentinos ha tendido a fortalecerse en las últimas décadas (Levitsky 2003), con una fuerte concentración de los mismos en el FPV (frente que incluyó al PJ y parte de la UCR) en el período 2003-2015.3
A mediados de la primera mitad del siglo XX, Argentina y Chile comenzaron a padecer una creciente injerencia de los militares en los asuntos políticos. En el caso de Chile, el punto de inflexión se dio en 1924 con la famosa protesta del “ruido de sables”, que constituyó una presión directa sobre el Congreso de parte de un grupo de soldados que fue a protestar al recinto y provocó la renuncia del entonces presidente Arturo Alessandri. En Argentina, por su parte, el año que marca el hito en materia de interrupción de un largo período de estabilidad institucional es 1930, cuando el general José Félix Uriburu perpetra un golpe de Estado inspirado en el corporativismo fascista. Otra vez vemos, en la génesis de este pretorianismo, un perfil más autoritario en el caso argentino.
Se observa aquí una casualidad histórica que parece ejercer cierta fuerza simbólica en contra del autoritarismo en Chile. La crisis mundial de 1930 encontró en ese país un gobierno autoritario con un líder demócrata en el exilio, el ex presidente Arturo Alessandri, quien supo capitalizar tal circunstancia y liderar en 1932 el establecimiento de un sistema democrático que perduraría hasta 1970. Ese año un partido populista accedería al poder con la intención de remover las bases del sistema con su “vía pacífica al socialismo” (Yocelevzky 2002:73), lo cual sería usado como excusa del golpe de 1973.
En Argentina, aunque con ciertos signos populistas autoritarios, el gobierno que cargó con la crisis mundial de 1930 fue el de Yrigoyen, surgido de las urnas, y la capitalización del evento trágico fue favorable al intervencionismo militar. El activo pretorianismo argentino dificultó desde entonces el fortalecimiento de la sociedad civil y la construcción de un sistema de partidos estable y moderno (De Riz 1986), facilitando la consolidación de las estructuras políticas clientelares.
Aproximadamente a partir de 1930, tanto en Chile como en Argentina se tomaron medidas para promover la industria. En el caso argentino, más allá de la fuerte inestabilidad política y económica, la industrialización cobró especial impulso en las décadas del 30 y del 604, casualmente cuando la gravitación política de las maquinarias clientelares masivas se vio disminuida por la proscripción del partido de masas dominante de la época (UCR y PJ respectivamente). En esas décadas funcionó una suerte de aristocracia republicana, denominada por algunos “semidemocracia” (Cavarozzi 1997:11), sin pleno sufragio universal pero con cierto grado de división de poderes, calidad institucional y seguridad jurídica. No se observó una tendencia a la concentración del poder, a la manipulación y subordinación del poder judicial y a la prohibición o censura de la prensa crítica como ocurriera, en mayor o menor medida, en el marco de las dictaduras militares o de los procesos populistas. Incluso algunos autores han destacado la independencia de la sociedad civil que se fomentó o permitió durante las décadas mencionadas (Cavarozzi 1997:11-12), lo cual sería reflejo de la presión de una base social independiente hacia el partido gobernante.
En cuanto a Chile, su mayor estabilidad da lugar a una imagen más clara de su desempeño económico. Su PBI per cápita asciende sostenidamente desde 1932, salvo por dos caídas o retrocesos significativos: el descalabro populista de Allende en 1970 y la crisis de la dictadura militar de Pinochet alrededor de 1980.5 Se evidencia la vigencia del Estado de Derecho democrático como principal factor de desarrollo.
De 1932 a 1970 se produce un fuerte contraste entre los sistemas de partidos argentino (inestable y mayormente autoritario) y chileno (estable y democrático). A partir de la elección de 1938, quedarían conformadas en Chile las seis fuerzas políticas que, aunque con cambio de nombres, le darían forma al sistema de partidos hasta 1973: a la derecha el partido Liberal y el Conservador, al centro el Radical y la Falange Nacional (Democracia Cristiana desde 1957) y a la izquierda el Comunista y el Socialista. En 1938 triunfa el Frente Popular (ambos partidos principales de izquierda junto con el radical y otros menores), pero se trataba de uno muy distinto de su equivalente de 1970, la “Unidad Popular”: su ideología tendía más al desarrollismo que al marxismo, y estaba liderado por el centrista Partido Radical en vez de por el gramsciano Partido Socialista de Allende.
Volviendo a la Argentina, las aristocracias republicanas de las décadas del 30 y del 60 no tenían ni podían tener ya la legitimidad pública de la aristocracia republicana de 1853-1916. No implicaban un avance indiscutible hacia la democracia con respecto a lo que había antes, sino un retroceso del sufragio universal que, por más que condujera a cierta estabilidad de las libertades públicas, era imposible que no fuera percibido socialmente como un retroceso político. No era un sistema viable para desplazar políticamente a los aparatos clientelares, los que debían ser derrotados en las urnas para que se pudiera consolidar la democracia.6
Los impulsos de desarrollo e industrialización generados por las inestables aristocracias republicanas del 30 y del 60 se vieron rápidamente contrarrestados a partir de 1966, cuando retornó la alternancia entre dictaduras militares y proyectos populistas autoritarios. Como no podía ser de otra forma, los indicadores económicos y sociales volvieron a estancarse y a retroceder a partir de los 70.7 La represión ilegal fue creciendo con una innegable continuidad entre populismo y militarismo (Portantiero 1987:257). De hecho, en 1976 la población argentina no resistió el golpe militar porque no sentía el sistema vigente como propio (Quiroga 2005).
La declinación económica argentina a partir de los años 70, según una opinión muy difundida, se debió a la acción del “neoliberalismo” (Borón 1992). Ahora bien, esta óptica parece incapaz de explicar un deterioro tan pronunciado y sostenido por varios motivos. Primero, los gobiernos argentinos, desde 1970 en adelante, incrementaron enormemente el gasto público y la deuda pública, sin interrupciones, al tiempo que tuvieron, en mayor o menor medida, fuertes inclinaciones autoritarias y caudillistas antiliberales. Por ende, no se trató de gobiernos “liberales” propiamente dichos en ninguno de los casos. Que se hayan adoptado en medio de contextos de crisis algunas medidas aisladas de inspiración o autoría liberal no hace al sistema ni al gobierno propiamente liberal. Incluso Perón adoptó medidas de corte liberal hacia el final de su primer gobierno y no por eso vamos a decir que se trató de un gobierno liberal. Por otra parte, en segundo término, el sistema económico chileno, mucho más exitoso que el argentino (en especial a partir de la última transición democrática) tuvo características liberales mucho más marcadas, integrales y permanentes que el de la Argentina. Por último, aun suponiendo que la dictadura militar argentina de 1976-1983 y que el gobierno menemista de 1989-1999 hubieran sido realmente “neoliberales” (lo que aquí se rechaza), esta perspectiva no alcanzaría para explicar la continuidad de un deterioro económico y social generalizado y constante desde aproximadamente 1970 hasta 2015.
En consecuencia, atribuir a una supuesta ideología “liberal” la culpa por el descalabro económico y social de la Argentina de las últimas décadas parece desacertado. Se hace necesario un análisis más sistémico, que dé cuenta de un proceso social e institucional más profundo y que atienda a la variable que se destaca por su persistencia a lo largo de todo el período, que es el autoritarismo, sea en su formato militar o populista.
Ahora bien, los procesos históricos de Argentina y Chile parecen equipararse en términos de autoritarismo y violencia política a partir de 1970. Más aún, la dictadura militar chilena dura más tiempo que la argentina. Sin embargo, hay razones para pensar que los factores coyunturales son los que explican en mayor medida esta equiparación, y que las variables estructurales, como la magnitud de la base social clientelar y la naturaleza de los partidos predominantes, se mantuvieron a grandes rasgos inalterables.
De hecho, el populismo chileno liderado por Allende accede al poder con una base electoral bastante menor que la del peronismo argentino y gracias a un acuerdo político en el Congreso Nacional (ya que no contaba con mayoría absoluta). “El período de funcionamiento regular del sistema político chileno se remontaba a la década de los treinta, por lo cual había perdurado más que los de la mayoría de los países de Europa, por no mencionar al resto de América Latina donde el caso chileno aparecía como francamente excepcional” (Yocelevzky 2002:34). Asimismo, la dictadura militar argentina se produce en mayor medida por factores internos que la chilena, en cuya gestación estuvo involucrada la CIA (Devine 2014).
Chile no tuvo mayores problemas para consolidar un sistema democrático representativo luego de su última dictadura militar porque en su sistema de partidos había un predominio de agrupaciones de tal naturaleza. La transición democrática chilena operó en un terreno más propicio para la consolidación democrática que el de su contraparte trasandina porque su autoritarismo previo era más coyuntural que estructural.
Durante las últimas dictaduras militares, se observa una mayor capacidad de resistencia y de presión a favor de la democracia de parte de los partidos políticos en Chile que en Argentina (Alcántara Saez 2001). Esto ayudó al menor grado de personalismo y a la mayor estabilidad de la dictadura pinochetista (Di Tella 1996). Incluso, y a diferencia del caso argentino, Pinochet encontró oposición a sus prácticas terroristas y a sus abusos en el interior de las propias Fuerzas Armadas, bajo el liderazgo del gestor del golpe Gustavo Leigh, al tiempo que permitió una mayor participación en su gobierno de los partidos políticos a través de un Consejo de Estado consultivo. La represión a la que acudió sucesivas veces Pinochet, sin reparo humanitario, parece probar que los límites que tuvo su dictadura no tienen que ver tanto con una menor voluntad autoritaria sino, fundamentalmente, con fuerzas que emanaban de una sociedad civil más independiente y de un sistema de partidos más democrático.
Como conclusión de esta sección, se puede deducir una conexión entre amplitud de base social clientelar y tendencia al autoritarismo del sistema político. Esta conexión es susceptible de ser explicada a través de una adecuada tipología de los partidos políticos, la cual esbozaremos brevemente antes de continuar con la comparación histórica.
TIPOLOGÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS SEGÚN SU NATURALEZA
Se han realizado estudios que asignan una relevancia directa a las tradiciones autoritarias mediatas en la explicación de la realidad política presente, en especial en el caso de América Latina (Mansilla 2011). Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es suficiente explicación asignar a la cultura política en abstracto la responsabilidad por la diferente configuración de los sistemas de partidos en Argentina y Chile? Es decir, ¿por qué dos países con procesos históricos y herencias culturales similares desarrollaron culturas políticas sustancialmente diferentes? Sin pretender dar una explicación mono-causal de un fenómeno de suma complejidad, debemos mirar los tipos de partidos predominantes.
No sólo los partidos políticos son actores sumamente relevantes en la configuración de los sistemas políticos, sino que también son verdaderos entes sistémicos en sí mismos (Alcántara Saez 2001). A partir de esta idea, se puede afirmar que la naturaleza de un partido político estará determinada por una interacción compleja y continua entre su práctica política dominante o modalidad de relación con las bases, su estructura u organización interna, su ideología y su método de cambio político.
Básicamente, se pueden clasificar los partidos políticos en totalitarios, oligárquicos y democráticos. Puede haber subdivisiones, en especial dentro del grupo de partidos democráticos luego del impacto transformador de la Revolución de la Información (Toffler 1986). Empero, esa división tripartita general parece a simple vista adecuada para el tipo de análisis que se pretende en el presente ensayo.
En un partido político totalitario la modalidad de relación con las bases (incluyendo tanto a las bases partidarias como a las extrapartidarias) es de dominación y dependencia. Esa dominación suele ejercerse a través del terror o violencia a medida que el partido totalitario consolida su poder, aunque puede al inicio basarse más en el clientelismo o en una combinación de clientelismo y violencia.
Esto da lugar a estructuras de mando verticales que sobreviven incluso aunque formalmente se establezca un funcionamiento interno democrático. Pero, además de esto, en el partido totalitario hay una ideología autoritaria muy fuerte y arraigada, que lleva a que sus integrantes efectúen un culto a la personalidad de un líder determinado identificado con esa ideología, y a que transfieran automáticamente todo el poder de decisión a una sola persona. No sólo el partido será autoritario y vertical, sino también centralizado en una sola persona y altamente cohesionado y agresivo.
En relación con el método de cambio político orientado a implementar un sistema totalitario, se podrán adoptar dos modalidades: la lucha armada o el populismo. Por tendencia instintiva, el líder totalitario busca el poder por la fuerza, pero la coyuntura puede llevarlo a tratar de acceder al poder por medio de elecciones para, desde allí, buscar consolidar un Estado autoritario con el ritmo de transformación que las circunstancias permitan. Este proceso de autoritarismo progresivo y de desmantelamiento paulatino de las instituciones democráticas desde el gobierno es lo que comúnmente se denomina “populismo”. Es por todo esto que, como en los casos de Adolf Hitler o Hugo Chávez, muchas veces los dictadores o pretendientes a dictador han llevado a cabo golpes de Estado fallidos antes de acceder al poder a través de elecciones.
El clientelismo, entendido no como simple intercambio sino como forma de dominación y sumisión (Auyero 1996), es la práctica que se destaca al momento de afectar la autonomía de las bases en los partidos populistas, que buscan legitimarse socialmente a través del voto pero desde una perspectiva y proyección autoritarias que plantean la apropiación y el uso partidista y discrecional del Estado por parte del líder.
Cabe hacer un breve paréntesis en relación con el significado de la palabra “populismo”. Más allá de las dificultades y la falta de consenso en torno al vocablo (Freidenberg 2007), se considera aquí que el populismo puede definirse como un “método de cambio político pacífico y autoritario” caracterizado por la búsqueda de una legitimación democrática de origen aunque sea formal y aparente, por la concentración progresiva y creciente del poder, por la apropiación y el uso discrecional y clientelar del Estado y por la deliberada división y polarización de la sociedad en base a la idea de un enemigo identificado como el “anti-pueblo”.
El populismo amalgama ilegalidad con voluntad popular, reduciendo la noción de “pueblo” a una parcialidad identificada con el líder populista (Biglieri 2008), lo cual provoca la emergencia del anti-pueblo que justifica la plena concentración del poder al efecto de enfrentarlo y neutralizarlo. “Al fin de concebir al ‘pueblo’ del populismo necesitamos (…) una plebs que reclame ser el único populus legítimo, es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad” (Laclau 2013:108). El contexto de un sistema de partidos oligárquico de base clientelar le permitirá al dirigente populista avanzar hacia el totalitarismo con mayor seguridad y eficacia. De ahí la fuerte conexión entre sistemas de partidos oligárquicos y populismo, lo cual reiteradas veces ha sido evidenciado por la historia (Freidenberg 2007)
Es importante notar que hay que distinguir entre la “naturaleza” de un partido, que es su tendencia a futuro en cuanto al nivel de concentración del poder que propugna en la sociedad, y el “método de cambio político”, que tiene que ver con la estrategia utilizada para llegar a ese punto. Muchas veces estas dos dimensiones de los partidos políticos se confunden, y se niega la naturaleza totalitaria o se afirma el perfil democrático de un partido porque adopta el método populista cuando su ideología, su estructura y su relación con las bases son autoritarias o totalitarias.
Por ejemplo, los liderazgos de Juan Domingo Perón, Salvador Allende, Héctor Cámpora, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández son propios de partidos totalitarios populistas. Sin embargo, al negarse su naturaleza en virtud del método de apariencia democrática empleado, se cae en la justificación de una supuesta naturaleza democrática que no se condice con su tendencia a una creciente concentración del poder. La misma dificultad suele presentarse al analizar los partidos políticos islámicos. Hay partidos islámicos populistas de ideología totalitaria que son muchas veces percibidos y analizados como democráticos por su contraste con las organizaciones terroristas del islamismo radical, pero esto lleva a tejer interpretaciones y proyecciones erróneas que dificultan el fomento y crecimiento del Islam realmente moderado y democrático.
Asimismo, la diferencia entre un partido oligárquico y uno totalitario es que, en el primero, el componente ideológico es muy débil, de manera tal que al interior del partido, si bien la estructura es vertical y autoritaria, la tendencia a centralizar el poder es menor. Aparecen diversos centros autoritarios que se ven obligados a negociar y a veces incluso a competir, más allá de que algunos puedan gravitar más que otros. La práctica política dominante en este tipo de partidos suele ser el clientelismo.
En los partidos oligárquicos el poder se reparte entre los diversos actores, generalmente, de manera geográfica. Suelen ser por ello catalogados como “feudales”. El PRI mexicano puede ser entendido en buena parte de su historia como un partido oligárquico en este sentido, así como el PJ y la UCR de Argentina luego de que perdieran sus liderazgos carismáticos originales y permanecieran como estructuras clientelares fuertemente arraigadas en las provincias y los municipios.
Finalmente, los partidos democráticos se caracterizan por la ausencia de toda práctica de dominación hacia las bases partidarias y extrapartidarias. La modalidad de relación con las bases pasa a ser de representación, ya que las mismas son independientes y ejercen presión sobre los dirigentes del partido. Son agrupaciones “representativas” en el sentido de que trasladan su representatividad interna al sistema político y basan su poder en la obtención de razonablemente buenos resultados institucionales, económicos y sociales al gestionar el Estado.
No es que no pueda haber corrupción en este tipo de partidos, pero ella tiene un costo político elevado y tiende a combatirse y minimizarse cuando se la detecta. Se produce una drástica separación entre partido y Estado y se defiende la división de poderes porque no se le teme y sirve para evitar que se consoliden estructuras de dominación que puedan obstruir el desenvolvimiento de los partidos democráticos. La independencia de las bases hace que el funcionamiento interno del partido sea democrático, más allá de la diversidad de intensidades democráticas que pueda haber. La ideología tiende a ser democrática en el pleno sentido de la palabra, nutrida de valores republicanos, puesto que es lo que se requiere para lograr una cohesión interna opuesta a las prácticas de dominación. Alexis de Tocqueville denominó a este tipo de partidos “grandes” (en oposición a los “pequeños”, que serían los autoritarios o corrompidos) y los describió con las siguientes palabras:
Lo que yo llamo los grandes partidos políticos son aquellos que se encuentran ligados a los principios más que a sus consecuencias; a las generalidades y no a los casos particulares; a las ideas y no a los hombres. Esos partidos tienen, en general, rasgos más nobles, pasiones más generosas, convicciones más reales y una actuación más franca y atrevida que los otros. El interés particular, que desempeña siempre el más grande papel en las pasiones políticas, se oculta aquí más hábilmente bajo el velo del interés público, llegando algunas veces a esconderse a las miradas de los mismos que lo animan y hacen obrar. (De Tocqueville 1957:195)
La convivencia dentro de un mismo sistema político de partidos con naturaleza diversa puede resultar muy difícil, puesto que ambos trabajarán a favor de reglas de juego incompatibles acordes a su propia esencia. Por ejemplo, la vigencia de la división de poderes y el Estado de Derecho reducirá la discrecionalidad del Estado y debilitará la base de sustentación clientelar de los partidos oligárquicos o populistas, liberando electorado cautivo susceptible de ser conquistado por los partidos democráticos. Y lo mismo puede decirse a la inversa. Una vez que el Estado funciona en base a patrones de conducta autoritarios o democráticos, creará condiciones sociales favorables al desenvolvimiento de partidos de naturaleza equivalente.
A la hora de explicar la inestabilidad política argentina del siglo XX, algunos han puesto el énfasis en la paridad de fuerzas políticas, lo cual habría facilitado la obstrucción del adversario sin permitir la plena consolidación de los procesos políticos (O'Donnell 1977). Otros, en cambio, se han focalizado en las reglas del sistema político imperante como factor que llevó a la inestabilidad. En una postura intermedia, se ha dicho:
Cada sistema político tiene leyes propias, que no constituyen un simple resultado de la interrelación de los atributos de las distintas fuerzas que actúan en él. El descifre de esta legalidad requiere, por ende, una aproximación que reconozca esta eficacia propia del sistema político y que se proponga revelarla no reduciéndola a la condición de mero reflejo de los “factores estructurales” ni considerándola un campo inerte. (Cavarozzi 1997:10)
La base social clientelar más amplia dificultaba en la Argentina el acceso al poder, vía elecciones, de los partidos democráticos. Esa base clientelar era fomentada por las reglas del sistema político vigente. Sin embargo, dentro de las fuerzas autoritarias hegemónicas puede observarse una paridad bastante marcada y una cierta dificultad para consolidarse y perpetuarse en el poder. Esto daría cuenta de que la base social clientelar era superior a la chilena pero no tan vasta como para permitir la fácil y completa consolidación de un gobierno autoritario o totalitario.
En algunos casos, los partidos democráticos optaron por alianzas estratégicas y transitorias con actores autoritarios de la oposición al efecto de debilitar al régimen autoritario vigente, lo cual no hizo más que acentuar la inestabilidad y confundir a la opinión pública. Es por todo lo anterior que la cultura política relativamente más autoritaria de la Argentina puede atribuirse en buena medida a los efectos del funcionamiento regular de un sistema de partidos autoritario.
LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS DE ARGENTINA Y CHILE
Cabe preguntarse por qué las transiciones democráticas de Argentina y Chile han tenido, hasta ahora (al año 2016), resultados tan diferentes. Hay quienes creen que la explicación debe buscarse en la naturaleza de los últimos regímenes militares. De hecho, en ese aspecto se han enfocado muchos estudios latinoamericanos (Munck 2007), pero hay varias razones para concluir que no es así en este caso.
A la hora de analizar los factores de la fase autoritaria de una transición democrática que inciden en la calidad de la democracia sobreviniente, se pueden mencionar: 1) la duración del régimen; 2) su grado de innovación; y 3) la modalidad de la transición, fundamentalmente en relación con el grado de continuidad (Morlino 2007).
Lo llamativo es que tanto en duración (incluso si incluimos los años del “onganiato” en el caso argentino) como en continuidad, la dictadura chilena debió haber tenido, desde este punto de vista, un mayor peso que la argentina en perjuicio de la calidad democrática del sistema electivo sobreviniente. Por su parte, en relación con el nivel de transformación, no es posible hacer una distinción significativa entre ambas, salvo por el hecho de que la dictadura pinochetista tuvo un mejor desempeño y un rol más reformista en lo económico, lo cual sirvió para prolongar la duración e incrementar su poder de negociación hacia el fin de su gobierno.
Muchos han puntualizado que la transición democrática chilena finaliza en el año 2005, cuando se eliminan los elementos no democráticos de la Constitución de Pinochet (Siavelis 2009). Esto daría cuenta de la mayor capacidad de condicionamiento y negociación que tuvo Pinochet en Chile en comparación con los militares argentinos. Estos últimos, fracasada la aventura guerrera, dieron lugar a una modalidad de transición por “colapso” o “desmoronamiento”, que se caracteriza por un muy escaso o nulo control sobre el proceso de transición por parte de la élite autoritaria en retirada, mientras que la transición chilena habría adoptado una modalidad de “transacción” con características opuestas (Mainwaring y Share 1986). También se ha hablado de una transición por reforma en el caso argentino y por pacto en el chileno (Karl 1991). Es de notar que la última dictadura militar argentina tuvo una menor duración que la chilena porque su exceso de autoritarismo llevó a una contingencia extraordinaria como la Guerra de Malvinas. Nunca sabremos cuánto hubiera durado de no ser por ese factor particular.
El hecho de que las características de la dictadura pinochetista sean menos favorables al éxito de la transición democrática subsiguiente que las de la dictadura argentina, refuerza la idea de que, aproximadamente de 1970 a 1985, los niveles de autoritarismo y de violencia política de ambos países se asemejan bastante más por factores coyunturales que por razones estructurales. Asimismo, la misma cuestión lleva a concluir que el fracaso y el éxito de las respectivas transiciones democráticas fueron en gran medida fruto, no de factores coyunturales, sino de la estructura o naturaleza del sistema de partidos correspondiente.
Si tomamos como unidad temporal el prudencial y aproximado plazo de dos décadas a partir del inicio de los gobiernos surgidos del sufragio universal, tenemos que el fin de la transición democrática chilena y el de la primera etapa de la transición democrática argentina están dados por hechos sumamente alusivos. Mientras que en Chile en 2010 se producía un traspaso pacífico de gobierno desde la Concertación a una oposición democrática liderada por Sebastián Piñera en un marco de crecimiento sostenido y de fortaleza y estabilidad institucional, en la Argentina surgía en 2003 un renovado impulso populista con connotaciones autoritarias aún más severas que las de los gobiernos semi-populistas precedentes. Este proceso sería protagonizado por uno de los dos partidos tradicionales, el Partido Justicialista (PJ), aunque con fuerte apoyatura en estructuras del otro gran partido tradicional (UCR), bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y su Frente Para la Victoria (FPV). Se trataba, además, de una reacción frente al derrumbe parcial del sistema de partidos tras padecer el país en 2001 una segunda grave debacle económica y social desde el final de la última dictadura militar.
Si bien en Chile, luego de dos décadas de gobierno de la Concertación, empezaron a surgir algunas críticas y propuestas de reforma institucional, lo cierto es que hay un gran consenso en torno a la idea de que la transición democrática chilena fue sumamente exitosa. De hecho, Chile ha sido sistemáticamente reconocido como un país que experimentó una transición democrática modelo y como una de las democracias más exitosas de América Latina (Siavelis 2009). Incluso las posturas más contestatarias con relación al proceso de democratización de Chile han reconocido el éxito que tuvo en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza (Huneeus y Cuevas 2013).
El rol de la fortaleza del sistema de partidos en los aspectos positivos de la transición democrática chilena ha sido destacado por los críticos de dicho proceso de transición (Garretón y Garretón 2010). Existen estudios que, para mediados de la década del 90, incluían a los sistemas de partidos argentino y chileno dentro del grupo de los “institucionalizados”, pero señalando una ventaja significativa a favor del último (Mainwaring y Scully 1996).
CONCLUSIÓN
Di Tella ha afirmado que la transición argentina debe ser contrastada especialmente con la de Chile, cuya estructura social es similar, aunque los sistemas de partidos son muy diferentes (2006). Esto concuerda con la idea aquí pregonada de que no son tanto factores históricos, culturales o sociales los que explican la diferencia de resultado de las transiciones democráticas argentina y chilena, sino fundamentalmente una naturaleza disímil de sus respectivos sistemas de partidos, los cuales a su vez tienen como una de sus principales causas un aspecto específico de la estructura político-social: el alcance, arraigo e intensidad de las redes clientelares.
Se puede decir que, en el caso de Chile, de 1990 a 2010 tiene lugar una transición democrática exitosa y de 2010 en adelante funciona la democracia constitucional consolidada. En cuanto a la Argentina, de 1983 a 2003 tenemos una transición democrática fallida. A causa del fracaso del primer intento de consolidación democrática, tiene lugar en Argentina, de 2003 a 2015, una reacción autoritaria que se enmarca en los neopopulismos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI. Pero, al dejar el kirchnerismo el poder y verse frustrado su proyecto autoritario, se abren las puertas a una segunda etapa o nuevo intento de transición democrática que, de tener éxito, podría conducir a un salto cualitativo en materia de institucionalidad y estabilidad.
Es un dato alentador, aunque no garantía plena, el hecho de que esta nueva transición democrática argentina iniciada en 2015 esté liderada por una estructura política nueva de aparente orientación republicana y ajena a los aparatos clientelares tradicionales. Es factible que el fin de los golpes y las dictaduras militares recurrentes haya posibilitado una experimentación y un aprendizaje colectivos con la democracia formal, lo cual favorecería una mayor fortaleza e independencia de la sociedad civil. Si esto es así, el gobierno de Cambiemos estaría en condiciones de marcar un punto de inflexión capaz de ponerle fin a una larga historia de frustración en materia de democracia.
1. Para más información ver:http://countrystudies.us/chile/57.htm y http://www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/temporales/23_AIS/Sanz.pdf
2. Para comienzos del siglo XX, los extranjeros formaban en Argentina el 30%, mientras que en Chile no llegaban al 5%.
3. Para una perspectiva más reciente ver la siguiente entrevista al etnólogo argentino Javier Auyero, especialista en el tema del clientelismo: “Los sectores populares viven peor que hace 15 o 20 años”. La Nación. 2011. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1418689-los-sectores-populares-estan-peor-que-hace-15-o-20-anos
4. A pesar de la muy difundida opinión de que el peronismo inició un proceso industrializador en Argentina, el gobierno peronista significó una leve y temporal desaceleración del desarrollo industrial que venía en crecimiento desde la década del 30, que fue alentado por la Segunda Guerra Mundial y que fue retomado en la década del 60 por impulso de los gobiernos radicales de Frondizi e Illia. Es cierto que Perón adoptó medidas que beneficiaron a la industria, pero lo hicieron sin generar un marco de legalidad, seguridad jurídica y competitividad, asfixiando al agro y consolidando un capitalismo prebendario basado en la discrecionalidad estatal, que no podía sostenerse en el tiempo, razón por la cual Perón debió dar marcha atrás con buena parte de las medidas que había adoptado. Favoreció más a un grupo de industriales que a la industria como tal. Para una comparación entre el desempeño económico de la década del 30 y el del peronismo ver: Márquez, Nicolás. “Ni década ni infame. A 84 años del inicio de un tiempo esplendoroso”. La Prensa Popular. 2014. Disponible en: http://fdra-historia.blogspot.com.ar/search/label/peronismo?updated-max=2014-09-13T20:00:00-07:00&max-results=20&start=12&by-date=false
5. Ver para el caso chileno http://countrystudies.us/chile/57.htm y http://unikoguru.blogspot.com.ar/2012/01/una-comparacion-del-crecimiento.html
6. Se podría hablar de una “burbuja republicana”, usando la imagen de la burbuja para dar cuenta de la falta de sustento popular del republicanismo en el marco de una aristocracia republicana, lo que le confiere una dosis significativa de ilegitimidad, fragilidad e inestabilidad. El concepto resulta útil para explicar, por ejemplo, la industrialización y el desarrollo de Inglaterra durante el siglo XVIII. En ese entonces, debido a la menor difusión de ideas democráticas y al subdesarrollo planetario generalizado, la burbuja tuvo una peculiar resistencia puesto que la aristocracia republicana implicaba un avance hacia la democracia.
7. Entre 1975 y 1990 el PBI per cápita argentino disminuyó en un 32.5%; el PBI industrial per cápita lo hizo en un 2.7%; la inversión bruta declinó en un 68%; la deuda externa trepó de 7.800 a 65.000 millones de dólares; los desocupados pasaron de 722.000 a más de 2.000.000; salvo periodos esporádicos, la inflación anual de tres dígitos fue una constante en esos quince años. Ver: Muichnik, Daniel. Qué hacemos con la gente, en Daniel Muichnik (comp.), Economía y vida cotidiana en la Argentina, Buenos Aires, Legasa, 1991, p. 16. Asimismo, a partir de 1990 la historia no fue mejor, ya que culminó con la peor crisis de la historia argentina ocurrida en 2001. Durante el gobierno kirchnerista el populismo se acentuó y el país, al año 2015, volvió a demostrar síntomas de estancamiento. Más allá de que la pérdida de credibilidad del Indec llevó a una proliferación confusa de estadísticas privadas, hay un consenso bastante general en torno a la idea de que en los últimos cuatro años de gobierno del FPV la economía tuvo un desempeño de virtual estancamiento (considerando el crecimiento de la población) con déficit y alta inflación. Ver: Olivera, Francisco. “Adrián Kaufmann: ‘La industria no crece ni genera empleo hace cuatro años’.” La Nación. 2015. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1830216-adrian-kaufmann-la-industria-no-crece-ni-genera-empleo-hace-cuatro-anos. Ver también: “Szewach: ‘No hubo crecimiento económico en estos cuatro años’” I-Profesional. 2015. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/213164-Szewach-No-hubo-crecimiento-econmico-en-estos-cuatro-aos
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