Revista FaDECS 2016

(En)clave Comahue, N°24, 2018 FADECS - UNCo

Creación del enemigo público mapuce: un análisis del discurso oficial sobre el conflicto territorial con el lof Campo Maripe entre 2013 y 2015

Creation of the mapuce as public enemy: an analysis of the official discourse on the territorial conflict with the lof Campo Maripe between 2013 and 2015

Alan David Rocha Varsanyi*
FADECS / IPEHCS / CONICET
alanvarsanyi@gmail.com

* Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue y becario doctoral de CONICET. Cursa el Doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

    RECIBIDO: 13/4/18 APROBADO: 12/6/18

Resumen

En el presente artículo1 estudiamos las formas en las que se cons- truye hegemonía desde la prensa oficial, en el marco del conflicto territorial que se desarrolla entre el Estado neuquino y la comunidad Campo Maripe. Para ello, analizamos los comunicados difundi- dos por el sitio web institucional “Neuquén Informa”, entre 2013 y 2015, con una metodología que combina el análisis crítico del dis- curso y la codificación cualitativa. En un contexto signado por la expansión de la frontera de extracción de hidrocarburos, en parti- cular con la explotación de yacimientos no convencionales, y por la profundización de la práctica política mapuce ligada a las reivindi- caciones territoriales, identificamos tres dimensiones centrales a estudiar. En la primera, indagamos la estrategia de acumulación neuquina centrada en los hidrocarburos y su vinculación con el dis- curso oficial. En la segunda, abordamos las relaciones intercultura- les por las cuales el Estado despliega estrategias discursivas para la construcción de un/x2 otrx mapuce específico. Por último, en la ter- cera, estudiamos las valoraciones y epresentaciones que el Estado elabora sobre las formas de reclamo. El análisis cruzado de dichas dimensiones nos permite reconocer la importancia de las prácticas comunicacionales en el proceso de construcción de un determina- do discurso funcional, velado por una supuesta posición de neutralidad.

Palabras clave: Estado, modo de acumulación, hegemonía, conflictos territoriales, intercultu-ralidad.

Abstract

In this article we study the ways in which hegemony is constructed in the official press, within the context of the territorial conflict that develops between the Neuquén State and the Campo Maripe com- munity. To this end, we analyzed the communications produced by the institutional website “Neuquén Informa”, between 2013 and 2015, with a methodology that combines critical discourse analysis and qualitative coding. In a context marked by the expansion of the hydrocarbon extraction frontier, particularly with the exploitation of unconventional deposits, and the increasing Mapuce political practice linked to territorial claims, we identified three central dimensions to study. In the first one, we investigated the Neuquén accumulation strategy, which is focused on hydrocarbons, and its link with official discourse. In the second, we approximate to the intercultural relations by which the State deploys discursive strate- gies for the construction of a specific other/mapuce. Finally, in the third one, we study the appraisals and representations that the State elaborates on the forms of claim. The cross-analysis of these dimensions allows us to recognize the importance of communica- tional practices in the process of constructing a specific functional discourse, veiled by a supposed neutrality position.

Keywords: State, accu-mulation mode, hege-mony, territorial con-flicts, interculturality.

Introducción

En las últimas dos décadas la provincia de Neuquén se ha caracterizado por la emergen- cia y el desarrollo de numerosas luchas políticas y sociales vinculadas a la defensa y el valor de los bienes comunes. Desde los años noventa comunidades mapuce con diversos grados de orga- nización, autonomía y radicalidad han reaccionado al avance de la frontera de explotación hidrocarburífera y de otras actividades extractivas– al desplegar variadas estrategias de acción directa y reclamos institucionales en el marco de conflictos por el control territorial de los espa- cios que habitan.

Zonas áridas de escasa productividad agrícola-ganadera y con poco valor para el merca- do capitalista de fines del siglo XIX y principios XX fueron los marginales territorios en los que forzosamente debieron emplazarse las comunidades mapuce luego de las campañas expansio- nistas del Estado argentino. Sin embargo, a partir del declive de la curva de productividad petro- lera en las últimas tres décadas y la implementación de tecnologías experimentales, muchas de estas zonas se han reconvertido en espacios de alto valor para el mercado vinculado a la explo- tación de hidrocarburos con lo que se reeditan y profundizan nuevos procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2005).

El territorio provincial de Neuquén se caracteriza por poseer una importante población autorreconocida como originaria en un porcentaje que triplica la media nacional, el 90% de esta última corresponde a la nación mapuce.3 Este pueblo, que supo tener una población estimada de dos millones y que desde el siglo XII ocupó los territorios hoy comprendidos por la Patagonia norte Argentina, se configura como un relevante actor social y político de la región (Gordillo y Hirsch, 2010). Ya desde 1964 con el decreto provincial Nº 0737/64 y el sistema de reservas indí- genas, Neuquén desarrollaba una legislación específica para tratar con los pueblos originarios al brindar a ciertas comunidades la tenencia de la tierra que ocupaban y la promesa de los títu- los de propiedad. Desde entonces se ha forjado una compleja relación Estado-comunidades cuyo análisis, por un lado, pone en relieve el protagonismo de diversos sectores del pueblo mapuce en los procesos sociales y políticos fundamentales que constituyen la realidad patagó- nica, y por otro, nos permite estudiar la política intercultural del Estado en relación a los proce- sos económicos y políticos regionales, nacionales e internacionales.

Las condiciones de vida del pueblo nación mapuce han estado profundamente marcadas por la lógica de la reproducción del capital y particularmente por su necesidad de superar todos los límites geográficos para la acumulación a través de la compresión del espacio-tiempo y de la renovación de las formas de desposesión que dinamizan el procesos de circulación ampliada del capital (Harvey, 2009). La reproducción ampliada del capital, que requiere de la constante propagación de sus relaciones sociales de producción basadas en la mercantilización y deglu- ción subordinada de territorios, sujetxs4 y bienes comunes a través tanto de la violencia y el despojo como de la extracción de plusvalía, en tanto formas constitutivas del proceso, despliega en las últimas décadas una nueva arremetida y profundización de sus fronteras (Composto y Navarro, 2012; Gudynas, 2011; Harvey, 2005; Seoane, 2012).

En este sentido, el neoliberalismo impulsado desde los 70 por las clases dominantes, con su proyecto político, económico y social para la reestructuración y fortalecimiento de las condi- ciones de rentabilidad del capital, se asentó sobre un avance contra la clase trabajadora y los sectores populares, pero también contra la naturaleza y los bienes comunes. En este contexto, y con especial fuerza en los años 90, diversas comunidades mapuce se constituyen como actri- ces de peso en la lucha por la defensa de los bienes comunes con antecedentes como los de Kaxipayiñ y Paynemil. En Neuquén, los años 90 expresaron un cambio en los procesos de poli- tización del pueblo mapuce con la adopción de nuevos métodos de lucha y formas organizativas como la Coordinadora de Organizaciones Mapuche y la Confederación Mapuche de Neuquén desarrollaron una línea política con mayor autonomía respecto al partido provincial gobernante Movimiento Popular Neuquino5 (en adelante MPN) en la que se combina diálogo y acción direc- ta. Sin embargo, esta creciente politización puede rastrearse desde los 60´ y las primeras orga- nizaciones ligadas a la Iglesia del padre Jaime de Nevares y los recambios generacionales que se desarrollaron en las comunidades en la década de 1980 (Aguirre, 2017).

El proceso de saqueo y despojo no solo se mantiene sino que se profundiza con el proyecto neodesarrollista argentino de posconvertibilidad y su orientación neo-industrialista basa- da en el procesamiento de los bienes comunes de bajo valor agregado extraídos por los grandes capitales en función de las necesidades de las cadenas de valor internacionales (Féliz y López, 2012). En esta estructura socio-productiva que posee una importante base primaria controlada por el capital transnacionalizado es la explotación y exportación de riquezas naturales la que lidera y dinamiza el patrón de crecimiento, asignando en este proceso una función particular a las zonas “periféricas” patagónicas como zonas de extracción de recursos. Uno de los hechos que expresa esta expansión es la implementación de nuevas formas de extracción en yacimien- tos hidrocarburíferos no convencionales (en adelante HNC), que, a su vez, constituye el insumo energético central para sostener tanto la actividad extractiva como la industrial.

Esto deriva en una expansión de la frontera de explotación que repercute en las formas materiales y simbólicas de reproducción de la vida de las comunidades mapuce cuyas bases son socavadas al desplegarse desde el Estado, en un sentido ampliado, una serie diversa de meca- nismos expropiatorios, económicos y extraeconómicos que conllevan tensiones y conflictos. En este punto, nos propusimos un análisis que visibilizara críticamente las tramas y vínculos que se tejen entre prácticas discursivas estatales de construcción de consenso y legitimidad y la repro- ducción de la estrategia de acumulación (Jessop, [1983] 1991) vigente en la región Patagónica.

Con el objetivo de identificar dichas relaciones, el presente trabajo analiza un caso par- ticular, el conflicto que se desarrolla desde 20126 por el control territorial de zonas cercanas a la localidad de Añelo, corazón del avance de la explotación no convencional a escala masiva. En dicho caso el Estado provincial, ante el reclamo del lof Campo Maripe que confronta y tensiona las prácticas oficiales, despliega una compleja serie de mecanismos y estrategias de neutralización del conflicto.

Para comprender dicho proceso, reconocimos como necesario la construcción de tres ejes rectores que si bien deben entenderse como estrechamente interrelacionados poseen par- ticularidades sustantivas que ameritan un análisis específico. El primero procura analizar la forma en que opera, en el discurso oficial elaborado por el Estado en torno al conflicto, la estra- tegia de acumulación neuquina centrada en la explotación hidrocarburífera. El segundo refiere a la especificidad intercultural del conflicto, y para ello proponemos desentramar la estrategia discursiva que elaboró la prensa del Estado provincial en torno a la cuestión racial, las nociones ligadas al pueblo-nación mapuce y las relaciones interculturales en el marco del conflicto. El ter- cero y último alude a reconocer las valoraciones y representaciones que desde el discurso ofi- cial se construyen sobre las formas y estrategias de reclamo desplegadas por el lof Campo Maripe y por ende de las tensiones de la praxis política autónoma de dicha comunidad en el marco del Estado capitalista representativo y liberal

Orientaciones teórico-metodológicas

La intención de aportar desde una ciencia comprometida (Fals Borda, 2015) a los proce- sos de comprensión y transformación de las relaciones de opresión implicó no solo la elección de una temática vinculada a las estrategias discursivas del poder, sino también, y necesariamen- te, la elaboración de un diseño metodológico que brindara las herramientas necesarias para visibilizar críticamente dichas relaciones de poder, sus contextos y mecanismos de producción y reproducción. Para ello, construimos un abordaje cualitativo que se estructuró como un aná- lisis comprensivista anclado en la codificación, entendiendo a esta última como un proceso que ayuda a la organización, recuperación e interpretación de datos que desbordan la mera reduc- ción para habilitar la expansión, transformación y reconceptualización creativa del corpus. Los códigos son “herramientas para pensar, se pueden expandir, cambiar o aunar a medida que nuestras ideas se desarrollan a lo largo de las interacciones repetidas con los datos” (Coffey y Atkinson, 2003: 38) y por ello las pusimos en práctica de manera flexible en el corpus.

En el mismo sentido, esta investigación complementó la codificación cualitativa con el Análisis Crítico del Discurso (ACD) como orientación general.7 Buscamos así estudiar la dimen- sión discursiva del Estado en estrecha vinculación con las diversas condiciones históricas, socia- les, geográficas, políticas y económicas particulares en las que emergen y con las que guarda una relación dialéctica de mutua determinación. Partimos de entender a dicha perspectiva no como un conjunto de técnicas metodológicas que se acumulan de forma cuantitativa y frag- mentada, sino como una corriente teórica, ética y metodológica que analiza al lenguaje como una práctica social reconociendo sus contextos y la particular e ineludible relación que se teje entre lenguaje y poder. En lugar de centrarse en problemas puramente académicos, su punto de partida se encuentra en los problemas sociales predominantes; y por ello escoge la perspec- tiva de quienes más sufren para analizar de forma crítica a quienes poseen el poder (Van Dijk, 1988). De esta manera, nos abocamos a desnaturalizar las prácticas comunicacionales y las ponemos en relación con los contextos y procesos en los que se inserta y con los que guarda complejas vinculaciones. Es por ello que partimos de reconocer que el discurso es ideológico en la medida que contribuye a mantener unas particulares relaciones de poder y dominación. Tal como afirma Fairclough (2003: 14), “el discurso es una forma de significar un particular ámbito de la práctica social desde una particular perspectiva”.

Con la misma lógica se construyó el objeto de estudio, cuya delimitación se basó en dos criterios. En principio, en un sentido general entendemos que el estudio del Estado, sus prácti- cas, contradicciones, discursos y elementos continúa siendo un debate vigente y necesario que apunta a las fibras fundamentales de la reproducción de las relaciones de opresión y mercanti- lización de la vida. Su existencia se extiende a nivel global y al ser un foco de la conformación y cristalización del poder su dinámica hegemónica es relevante para el entendimiento de las prác- ticas sociales estructurales y superestructurales, y el análisis del desarrollo de los conflictos y los cambios en la correlación de fuerzas de las clases y sectores subalternos. Por otro lado, en un sentido más circunscripto al corpus específicamente analizado, elegimos trabajar con las publicaciones del sitio web “Neuquén Informa”. Al ser un ente especializado en prensa institucional sus comunicados representan un discurso oficial planificado, reflexionado y elaborado en base a una determinada estrategia comunicacional que se encarga de mostrar hacia “afuera” la posi- ción del Estado neuquino frente a la realidad social, o por lo menos de una cierta realidad. En este sentido, entendemos que hay enunciadorxs (individuales, colectivos, institucionales, etc.) que se hallan situadxs en lugares específicos del campo social que le brindan ciertos capitales, estrategias y herramientas por los que llegan a posicionarse de manera privilegiada en la circu- lación de discursos. De esta manera, se constituyen como formadorxs privilegiadxs de hegemo- nía al abonar diferencialmente al sentido común legitimador del orden social. Por ello, nos foca- lizamos en la producción discursiva realizada por “Neuquén Informa”, una plataforma con recursos presupuestarios, herramientas técnicas, equipos profesionales, vínculos con los medios regionales y nacionales, que cuenta la legitimidad de ser la voz oficial del Estado. Estas características le otorgan una relevancia diferencial a la hora de construir y difundir una versión oficial de la realidad.

En su aspecto más concreto, la metodología de análisis se aplicó a la totalidad de los comunicados con referencia al Lof Campo Maripe que el gobierno de la provincia del Neuquén produjo y difundió, a través del sitio digital “Neuquén Informa” en el lapso que transcurre entre el 16 de julio de 2013 y el 6 de septiembre de 2015. El recorte temporal del corpus posee como punto de inicio la primera acción directa de la comunidad en rechazo a la expansión y profun- dización de la explotación hidrocarburífera y como punto de finalización la presentación del informe antropológico derivado del relevamiento acordado con el gobierno provincial en el marco de la Ley 26.1608 que establece la legitimidad del reclamo de la comunidad y sus reper- cusiones.

En el aspecto teórico, reconociendo que “las disputas interpretativas sobre la naturaleza del Estado capitalista y otras conceptualizaciones de la realidad social difícilmente puedan disociarse de posturas políticas e incluso tácticas, tendientes a consolidar o a enfrentar el modelo dominante” (Thwaites Rey, 2012: 9), construimos una conceptualización de Estado siguiendo una perspectiva clasista que lo entiende como una instancia no neutral, que dista de representar el bien común. Una condensación contradictoria de relaciones de clase y sus fracciones que expresa relaciones de dominación situadas histórica y geográficamente que implican un entramado hegemónico de procesos de coerción y consenso que garantizan las condiciones para la reproducción social de las relaciones capitalistas (Ouviña y Thwaites Rey, 2012).

Uno de los aportes más significativos de pensar en términos gramscianos al Estado ampliado es explicitar la complejidad de la dominación y las dimensiones consensuales de dichos procesos en las sociedades del capitalismo desarrollado actual. La continua construcción y recreación de la hegemonía por parte del Estado resulta un ejercicio fundamental para la reproducción de las relaciones de poder. De esta manera, dicha supremacía de un grupo social se manifiesta tanto en forma de dominio como de dirección intelectual y moral, e implica a un Estado ampliado que incluye una sociedad política y una sociedad civil que desarrollan una con- junción de procesos diferenciados, pero interrelacionados de coerción y consenso (Gramsci, [1949] 2009). Es mediante las instituciones de la sociedad civil que las clases dominantes logran consolidar y legitimar su poder. Desde los partidos políticos, sindicatos, parlamentos y organis- mos educativos y religiosos –actualmente podríamos sumar medios de comunicación y sistemas de salud entre otras instituciones– que se constituyen como aparatos privados de hegemonía, relativamente autónomos tanto del mundo económico como de los aparatos represivos, se introduce en los sectores populares y se unifica en los sectores dominantes una serie de cos- tumbres, valores y una “visión del mundo” funcional a la reproducción social (Thwaites Rey, 1994).

Por otro lado, en tanto proceso activo e inacabado en constante renovación, la hegemo- nía no se corresponde a un estado inmutable de las cosas, sino que la internalización de una visión de mundo funcional debe recrearse y transformarse dinámicamente en un campo signa- do por la lucha de clases y las disputas sociales que constantemente tensionan los límites impuestos a lo posible, lo pensable y lo experimentable. Esta relación entre coerción y consen- so, que se halla indisolublemente ligada a las bases materiales de producción y a la reproduc- ción de la vida social, es de utilidad para enmarcar en un sentido más integral la presente inves- tigación del discurso oficial de la provincia del Neuquén, en instancias donde la legitimidad del modo de producción y el rol del Estado se ven, por lo menos parcialmente, cuestionadas en pro- cesos concretos de conflicto.

Por último, resultó necesario, por la especificidad de la temática, complementar con una serie de nociones entre las que resaltamos las de luchas por la territorialidad y la de intercultu- ralidad. La primera es central en tanto describe modos particulares de disputa, resistencia y organización que de manera comunitaria y colectiva despliegan las comunidades para fortale- cer sus reivindicaciones. Un proceso que ha implicado en nuestra región la reconfiguración de formas de organización, resistencia y rebelión contra la explotación intensiva de los bienes comunes, particularmente frente a explotaciones hidrocarburíferas no convencionales y a la megaminería. Conflictos en los que intervienen los diferentes poderes y niveles del Estado, tanto en la producción de conocimientos orientados a esas áreas como en la legislación de las normas requeridas y la disponibilidad de los recursos económicos y represivos que garanticen dichas explotaciones (García et al., 2016). Desde los sectores que motorizan los procesos de mercantilización, el territorio se constituye como zonas para poner en marcha procesos de acu- mulación, pero también su incorporación a las lógicas de la mercantilización opera como meca- nismo disolvente de la organización y la resistencia comunitaria. Por otro lado, la territorialidad, en tanto noción compleja, se constituye para las comunidades como eje de resistencia que habilita la reproducción material y simbólica de prácticas, conocimientos y formas culturales y económicas propias y tradicionales.9 Sin embargo, alertamos la necesidad de no esencializar las formas de resistencias de las comunidades y de entenderlas en relación compleja con diversos procesos de subsunción que nos apartan de los procesos lineales.

En este punto la utilización de la Interculturalidad crítica y su eje de trabajo basado en lo estructural-colonial-racial (Walsh, 2010) nos permite reconocer que la particular forma en que el Estado aborda el conflicto con Campo Maripe se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores (Walsh, 2010). La intercultu- ralidad crítica se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se constru- ye desde la gente busca la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. Dentro de los parámetros políticos del capitalismo de representación liberal, las medidas inter- culturales tienden a “antropologizar, folclorizar y regionalizar al Otro lingüístico y cultural”, se los presenta y construye como “cuerpos culturales identificables, rígidos y fijos” negando su naturaleza dinámica y creativa “ello permite una tolerancia liberal del Otro folclórico a la misma vez que denuncia el Otro real” (Viaña, 2009). Es en el conflicto más abierto donde las nociones funcionales de la interculturalidad se tensionan, por un lado aceptan un/x Otrx folclorizadx en los espacios formales de participación institucional, pero por otro despliegan estrategias expro- piatorias basadas en violencias materiales y simbólicas contra el/la Otrx real, es decir contra las comunidades concretas que en su territorio ancestral impugnan en diverso grado y facetas al sistema capitalista.

Con estas orientaciones teóricas, contextuales y metodológicas, pudimos avanzar en el análisis del corpus y en la búsqueda de las regularidades y patrones que nos habilitan a recono- cer las estrategias discursivas del Estado, pero también esos vacíos, discontinuidades y contra- dicciones que con sus matices tensionan nuestras ideas previas y permiten entrever otras pre- guntas y explicaciones posibles.

Intereses hidrocarburíferos

En pos de reafirmar una visión de totalidad que fuera sensible a las interconexiones entre las dimensiones simbólica y material de la región, definimos estudiar, en primera instan- cia, el discurso en búsqueda de aquellas marcas e indicios que se vinculan con aspectos de la estrategia de acumulación basada en la matriz hidrocarburífera. Esto requirió en principio su identificación y sistematización, pero también un posterior trabajo de interpretación, indaga- ción y reflexión para visibilizar los vínculos que se tejían entre fragmentos textuales y los com- plejos intereses ligados a la matriz extractiva. Entendiendo que un discurso es una expresión de los intereses, prácticas y cosmovisión de un colectivo y, a su vez, puede contribuir a la consoli- dación, reproducción y expansión de dichos intereses, prácticas y cosmovisión; reconocimos cuatro subejes relevantes para indagar.

Partimos de reconocer que la matriz hidrocarburífera –que incluye tanto HNC y conven- cionales– desborda ampliamente la dimensión económica y se manifiesta en una fuerte presen- cia del Estado provincial en la producción, regulación y construcción de las condiciones de acu- mulación y extracción necesarias, por un lado, y en la sedimentación y despliegue de un relato asentado en las nociones de desarrollo y progreso social, por otro. En este sentido, “la fracción dominante de la burguesía que controla el estado provincial, dotado de fuertes ingresos en con- cepto de regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas (...) impone a la sociedad la dinámica de acumulación populista” (Favaro, 2001: 303)10 caracterizada por una baja tasa de desocupación, una importante salarización capitalista en ciertos sectores, crecimiento en salud, vivienda y educación y beneficios sociales. Desde el mismo gobierno provincial se construye y difunde una imagen de progreso y bienestar estrechamente ligada al desarrollo en base a la matriz produc- tiva-extractiva hidrocarburífera.

Estas caracterizaciones de carácter general se corresponden coherentemente con una serie de elementos discursivos concretos que implican la imbricación de las lógicas e intereses empresariales con los anuncios estatales. En primera instancia, los comunicados revelan lo explícito de la integración Estado-gobierno-empresas. Identificamos en la producción de la Subsecretaría que las voces de los funcionarios del gobierno del MPN poseen un lugar privile- giado y representan prácticamente las únicas referencias directas que se citan a lo largo de todo el corpus y siempre como fuentes legítimas e incuestionables. Además, reconocemos que no solo existe una integración Estado-gobierno sino que en las instancias de disputa y negociación los comunicados realizan una asimétrica polarización discursiva que ubica en el polo desfavore- cido a la comunidad y las organizaciones sociales, las cuales no son referenciadas de manera directa ni utilizadas como fuente de información válida. Mientras que en el polo privilegiado, que también se identifica con el bien común de todxs lxs ciudadanxs, se coloca al Estado, el gobierno y las empresas. De esta manera, más allá de intentar posicionar al Estado como ente neutral en este marco de conflicto, a partir del análisis encontramos que esta imagen se diluye y se delinea con mayor claridad su carácter clasista. Esta integración llega a tal punto que el gobernador en un discurso público que es reproducido en uno de los comunicados estudiados anuncia: “hemos hecho trescientos pozos no convencionales en la provincia de Neuquén” (Jorge Sapag, 18 de septiembre de 2013). La conjugación del verbo en primera persona del plu- ral hace referencia a las perforaciones que ya en ese momento dependían del acuerdo Chevron- YPF, el gobernador en su expresión se posiciona claramente junto a las corporaciones estatales y privadas.

En la misma línea, en diversos comunicados se define a “Neuquén [como] un lugar de oportunidades e inversiones” (Inician acciones legales..., 21 de julio de 2014. Neuquén Informa) y se hace hincapié en que “en los tiempos de crisis que tiene el precio del petróleo, que bajó a 50 dólares, tenemos que ser muy cuidadosos y manejar un presupuesto equilibrado” (Discurso del gobernador Jorge Sapag en el acto…, 13 de septiembre de 2013, Neuquén Informa), lo que nos permite identificar una tendencia discursiva que se construye en función de intereses de mercado. El lugar de enunciación de los comunicados no se circunscribe a una Subsecretaría, sino que incluye un espacio social más amplio desde el cual se comunica y que comprende los intereses de la clase y los sectores desde (y para) los que se produce el discurso. Esta superpo- sición de enunciadorxs se expresa tanto en las voces referenciadas como en la forma de con- ceptualizar y caracterizar el conflicto territorial.

En el segundo subeje, analizamos cómo este poder de enunciación y etiquetamiento de acuerdo a intereses de un bloque hegemónico, se concretiza en las formas de entender al terri- torio y sus relaciones con las estructuras y prácticas sociales y económicas. El discurso oficial nos ofrece una noción de territorio que sigue una lógica binaria por la cual existen o territorios bien utilizados, es decir aquellos que son explotados por el capital privado, o desiertos impro- ductivos. Un ejemplo es el siguiente fragmento: “los funcionarios señalaron que la zona no solo no es desértica, sino que existen alrededor de 45 empresas (que poseen título de propiedad) y que cuentan con un total de 300 empleados distribuidos en diferentes industrias” (Desacreditan demanda de titularidad de tierras…, 5 de septiembre de 2013, Neuquén Informa). Siguiendo el razonamiento del discurso oficial, se entiende que el territorio o es espacio explotado económi- camente o es desierto y que lxs mapuce solo tendrían legitimidad para reclamar aquellas zonas donde no se ubican empresas y no poseen valor económico. Esto es, se mantiene el criterio estatal instaurado a fines del Siglo XIX por el cual las comunidades mapuce son relegadas a los territorios marginales, desvalorizados por el mercado y de escasa o nula productividad.

Las argumentaciones se centran en vincular inversión económica al derecho a la propie- dad privada y no se concibe la ocupación de un territorio por fuera de su rentabilidad y mercan- tilización y es por ello que queda fuera de lo posible para los enunciadores concebir un reclamo que apunte a formas alternativas de ocupación de la tierra por fuera de la necesidad de acumu- lación. Podemos ejemplificar aquello con una cita que manifiesta que “no hubo producción y tampoco hubo inversión como para justificar esa gran extensión, el grupo de personas que reclama está apostando a la especulación”11 (Desacreditan demanda de titularidad de tierras…, 5 de septiembre de 2013, Neuquén Informa). En última instancia, lo que estos procesos de sig- nificación denotan es una territorialidad construida en base a la apropiación de sectores hege- mónicos sobre la tierra. Esta asignación de sentido requiere la invisibilización de los procesos de apropiación que se desplegaron a partir de un sistemático y planificado genocidio del pueblo- nación mapuce, de los mecanismos institucionales y extra-institucionales de perpetuación de la subordinación; y de la apropiación territorial capitalista que refuncionaliza las características particulares de los territorios de acuerdo a las necesidades de acumulación.

Esta apropiación capitalista de la tierra no es un hecho abstracto y homogéneo sino que asume una forma histórica y geográfica concreta. En este sentido la región que estudiamos se halla profundamente marcada por la matriz hidrocarburífera y sus dinámicas. En los comunica- dos esta realidad se expresa al reconocer la dependencia con los combustibles fósiles como única forma posible de desarrollo. En este punto si bien se acepta a las energías alternativas como un futuro deseable se las representa como una utopía desconectada de todo proceso actual. En un segundo momento esta naturalización se complementa con una defensa explícita de la extracción petrolera al minimizar los posibles riesgos socio-ambientales y focalizar en la supuesta neutralidad de la técnica y la pretendida rigurosidad del control estatal. Se defiendela idea de que “la tecnología no es ni buena ni mala. Es bueno o malo el uso que se le da a la tecnología” (Discurso del gobernador Jorge Sapag en el acto…, 13 de septiembre de 2013, Neuquén Informa). De este modo, la tecnología es escindida de la realidad y se la posiciona como un elemento abstracto por fuera de la realidad social, política y económica de la que emerge y a la que se encuentra orgánicamente vinculada. El discurso oficial hace énfasis en la justificación de las técnicas de explotación de HNC y su función de conducir a Neuquén al des- arrollo.

Por último, el cuarto subeje hace referencia a esta última noción de desarrollo y explo- tación hidrocarburífera, que es central a lo largo del discurso y se constituye como una idea fuerza que es afianzada por argumentaciones diversas. Se crea y abona una supuesta relación que iguala la profundización de la explotación hidrocarburífera con el desarrollo social y econó- mico de todxs lxs neuquinxs, la cual se expresa en expresiones como: “No se puede obstaculizar el progreso y el porvenir de los neuquinos con medidas de este tipo” y “Este bloqueo es una expresión ilegítima que va contra la libertad de comercio y trabajo” (Jorge Sapag rechazó blo- queo…, 28 de julio de 2015, Neuquén Informa). Se posiciona al lector ante la disyuntiva de que para mantener los estándares de vida de la provincia o se suben los impuestos o se utilizan las regalías del gas y del petróleo. Al decir que el reclamo de Campo Maripe “podría ser una extor- sión, que impide que se trabaje normalmente debido al corte de cruces en caminos que parali- zan tanto la producción petrolera como la agronómica y ganadera. Esos problemas repercuten en toda la sociedad” (Desacreditan demanda de titularidad de tierras…, 5 de septiembre de 2013, Neuquén Informa), se coloca a la comunidad como un obstáculo al desarrollo que afecta a “la sociedad” de manera indiferenciada. En consecuencia, a aquellos que impugnan la expan- sión de dicha extracción le es asignada una negativa connotación antisocial. El Estado con esta táctica, por un lado, legitima su accionar criminalizante como realización de un acto en favor de la totalidad de lxs neuquinxs; y, por otro lado, construye un obstáculo ajeno a sí para culpabili- zar de la degradación en las condiciones de vida de lxs trabajadorxs.

Racismo del Siglo XXI

Para profundizar la comprensión de esta representación que se construye del lof como un colectivo humano ajeno a la ciudadanía neuquina, retomamos las conceptualizaciones de la interculturalidad crítica y las empleamos para avanzar en el segundo eje de análisis, en el que nos propusimos indagar en la estrategia discursiva que elaboró la prensa del Estado provincial en torno a la cuestión racial, las nociones ligadas al pueblo-nación mapuce y las relaciones inter-ulturales en el marco del conflicto. En este sentido, estudiamos las políticas y sentidos sobre los pueblos originarios que se despliegan en el discurso oficial del Estado y su complejo vínculo con los procesos de reproducción social capitalista. Así, abordamos el vínculo Estado-comuni- dades desde un eje estructural-colonial-racial (Walsh, 2010).

El primer subeje al que nos abocamos fue el del reconocimiento estatal a la autodeno- minación como comunidad mapuce de lxs Campo Maripe. En este proceso, el Estado despliega un enorme capital simbólico que varía en relación con el desarrollo del conflicto asumiendo diversas formas. Por ello es que identificamos tres períodos con improntas particulares bien definidas. El primero comprende del 5 de septiembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, y se caracteriza por la beligerante negación y contraargumentación de la existencia de la comunidad que gira en torno a la descripción de lxs Campo Maripe como una familia descendiente de chi- lenxs que anteriormente nunca se había presentado como mapuce. En este lapso, observamos que el discurso oficial se construye orientado, no a deslegitimar los reclamos concretos sino a atacar al lof, su pertenencia al pueblo mapuce y las motivaciones de su organización. Al decir, por ejemplo, que “ahí no hay urbanización, no hay poblados, no hay mapuches. Apareció un señor Campos, que ahora se llama Campos Maripé. Este señor Campos es nieto de un señor Campos que vino de Chile en 1926...” (Discurso del gobernador Jorge Sapag en el acto…, 13 de septiembre de 2013, Neuquén Informa), el Estado se erige a sí mismo como única entidad con potestad para determinar quién es o no comunidad y, en ese proceso, niega la preexistencia de los pueblos originarios, evita garantizar los derechos constitucionales conquistados y le asigna a la conformación del lof una naturaleza especulativa.

El segundo período se extiende desde 14 de noviembre de 2014 al 28 de julio de 2015 y presenta la reveladora particularidad de expresar un sustancial cambio en la estrategia discur- siva. Se comienza a emplear la denominación “comunidad mapuche”, se reduce la descripción negativa y se celebra el avance en proyectos conjuntos. Estas modificaciones las entendemos solo en relación con el desarrollo del conflicto, que en dicho momento se hallaba en un estado de latencia por el otorgamiento de la personería jurídica y el cese de las acciones directas.

Integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe y el gobierno provincial trabajan en conjunto en un proyecto para irrigar 42 hectáreas. Esta nueva relación entre las partes estaría propiciada por el creciente desarrollo de la actividad hidrocarburífera que se da en la localidad. (Comunidad mapuche desarrollará agricultura…, 9 de junio de 2015, Neuquén Informa)

Esta cita brinda aportes para entender la particular irregularidad del discurso provincial y es sumamente demostrativa de las políticas de inclusión del Estado, ya que expresa una inte- gración subordinada, a través del otorgamiento formal de la personería jurídica, motivada por la necesidad de legitimación de la matriz hidrocarburífera. Se propone neutralizar los reclamos de la comunidad que resultan incompatibles con aspectos centrales de la acumulación a la vez que se brindan concesiones limitadas.

En un tercer y último período, que comienza el 28 de julio de 2015 y se extiende hasta la finalización del recorte temporal establecido, esta paz relativa se quiebra y observamos cam- bios significativos en la denominación por parte del Estado. Identificamos una táctica mixta ya que si bien no se retrocede con la denominación de lxs Campo Maripe como comunidad mapu- ce, se retoman los argumentos de deslegitimación del primer período.

A lo largo de estas transformaciones discursivas, descubrimos el peso que se le brinda a la personería jurídica, a los títulos de propiedad y a la legalidad jurídico-institucional, en gene- ral, como fuente natural para definir lo legítimo y lo ilegítimo. Reconocemos que selectivamen- te se enuncian fundamentos legales (leyes, normas y títulos) como indicio objetivo de la justa apropiación por parte de privados de las tierras en disputa. Necesariamente esta legalidad es presentada deshistorizadamente omitiendo su función de cristalizar las asimetrías sociales, eco- nómicas y políticas derivadas de las campañas genocidas del Estado argentino. De esta manera, la falta de títulos legales se utiliza como fundamento para negar derechos a la comunidad.

A continuación, abordamos el tercer subeje que hace hincapié en las “políticas compen- satorias” (Gudynas, 2011) con las que estudiamos cómo la entrega de la personería jurídica y los millonarios proyectos productivos financiados por YPF-Chevron y la provincia se constituyen como elementos centrales de las negociaciones que poseen importantes consecuencias en el conflicto y el discurso. En algunos pasajes encontramos que se explicitan algunos objetivos de estas tácticas como por ejemplo cuando un alto funcionario provincial expresa que “lo que bus- camos –explicó Bertoya– es que conviva la actividad petrolera, la ganadera, y la de las comuni- dades en un proyecto compartido que incluya futuro y esperanza con el mejor horizonte para todas las familias” (Comunidad mapuche desarrollará agricultura…, 9 de junio de 2015, Neuquén Informa). Estas políticas compensatorias orientadas a la neutralización del conflicto y la obtención del consenso de la comunidad legitiman la explotación hidrocarburífera de la que vienen los recursos, generan una relación de dependencia técnico-productiva con la provincia, deslegitiman el accionar directo de la comunidad y contribuyen a forjar una imagen de desarro- llo integrado, armonioso y abierto a la inversión. No obstante, cuando la comunidad abandona el lugar pasivo y conciliador que se configura como la contraprestación de estas políticas com- pensatorias, a través de retomar las acciones directas por la falta de respuesta a las promesas, se clarifica la utilización política de dichas concesiones.

En última instancia, lo que la interculturalidad crítica nos permite dilucidar son las for- mas en las que el Estado capitalista heteropatriarcal y racista construye y administra la repre- sentación y la materialidad de lo diverso y lo propio y las vinculaciones entre sí. Por ello, la idea del “Estado como bien común” está sustentada en la elaboración y difusión de una noción libe- ral del Estado anclada en la idea de un contrato social. Un ejemplo puede observarse cuando el gobernador afirma: “hermano, el Estado sos vos” o el Estado es “el padre que tiene que velar para que a las familias les vaya bien”. De esta forma, se interpela de manera directa a un ima- ginario por el cual se relaciona la bonanza del Estado con el bienestar general de los diversos sectores del pueblo.

Indagando en las referencias discursivas, identificamos cuatro ideas fuerza sobre las que se hace hincapié. En ese sentido, la democracia representativa y delegativa se asume como la forma natural de organización política, el Estado es presentado como un garante del bien común que requiere fortalecer constantemente su aparato burocrático-estatal y, por último, se elabora una noción de ciudadanía homogeneizante donde se diluyen las diferencias entre mapuces, trabajadorxs, empresarios, funcionarios, etc. En consecuencia, democracia, ciudada- nía, contrato social, república e institucionalidad son elementos que se repiten en el discurso oficial para fortalecer y naturalizar la existencia del Estado capitalista, republicano y liberal que se caracteriza por una praxis monocultural y occidentalista que excluye a las comunidades y sus ancestrales formas de reproducción de la vida material y simbólica.

La lucha criminalizada

Por último, el accionar estatal en su dimensión más criminalizante lo estudiamos en el tercer eje de análisis, en el que reconocemos las valoraciones y representaciones que desde el discurso oficial se construyen sobre las formas y estrategias de reclamo desplegadas por el lof Campo Maripe y, por ende, de las tensiones de la praxis política autónoma de la comunidad, en el marco del Estado capitalista representativo y liberal. Partimos de reconocer que la criminali- zación de los movimientos populares forma parte de un conjunto de prácticas de control social que apuntan a reproducir las condiciones de gobernabilidad que habilitan los procesos de acu- mulación del capital (Korol y Longo, 2009). Durante la última década se ha configurado un con- exto marcado por la profundización de las judicializaciones, desalojos y represiones a comuni- dades además de un fortalecimiento de las campañas mediáticas anti-mapuce (Informe Alerta Argentina, 2005; Trentini et al., 2010; Valverde, 2011).

El discurso analizado desde esta perspectiva expresa como, más allá de una pretendida neutralidad descriptiva, se encuentra estructurado sobre la base de un relato parcial ya que solo referencia a funcionarios estatales y a “ciudadanxs” que se hallan en conflicto con la comunidad negando las declaraciones y denuncias de lxs miembrxs de la comunidad. Las adjetivaciones que se utilizan para caracterizar a la comunidad y sus acciones al utilizar términos como “violentas” y “coercitivas” le asignan una carga negativa al accionar de la comunidad situando el foco en la metodología de lucha y no en el contenido de los reclamos; con lo que los públicos que recep- cionan los contenidos elaborados por “Neuquén Informa” se encuentran con un mensaje frag- mentado configurado en base a una serie de intereses velados. Por ello, consideramos que las formas específicas de caracterización pueden contribuir a procesos de fragmentación de los sectores populares y a la disolución de posibles solidaridades con lo que se facilita el despliegue estatal de la violencia.

Otra forma que asume esta escalada en la criminalización son los modos de comunicar el desarrollo de los procesos de judicialización de la comunidad. Resaltamos que este es un segundo aspecto relevante de los procesos de criminalización discursiva ya que reconocemos en el corpus que la apelación a las acciones legales y a la justicia opera como mecanismo para asociar las acciones de resistencia a delitos y con ello legitimar la intervención de fuerzas repre- sivas y otros agentes del Estado. En fragmentos del discurso como: “El funcionario manifestó que intervendrá la Justicia, –ya se notificó a la comunidad y es muy lamentable que haya rein- cidencias con episodios que atentan al desarrollo de nuestra provincia en materia de hidrocar- buros” (Esquivel lamentó los “episodios que atentan contra el desarrollo de la provincia”, 29 de julio de 2015, Neuquén Informa) y “Neuquén inició acciones legales contra Albino Campos, ante los hechos violentos de público conocimiento” (Esquivel lamentó los “episodios que atentan contra el desarrollo de la provincia”, 29 de julio de 2015, Neuquén Informa), la justicia es asu- mida como una referencia superior, neutral y legítima que debe actuar a fines de corregir las desviaciones de la comunidad, sin en ningún momento hacer referencia a los procesos de inves- tigación y, por lo tanto, adjudicando a priori la culpabilidad a la comunidad. En definitiva, la judi- cialización en el discurso actúa como mecanismo de refuerzo de aseveraciones de la Subsecretaría.

Esta focalización en la metodología de lucha del lof en desmedro de sus reclamos y del contexto en el que viven también la estudiamos en un tercer subeje en el que se observan las particulares características de los canales de diálogo propuestos por el Estado. El discurso ofi- cial retrata a estos canales institucionales como las legítimas vías de reclamo que se hallan siem- pre predispuestas al diálogo y que son despreciadas por la comunidad que elige accionar de manera “violenta, extorsiva y sobredimensionada”. En la siguiente cita observamos esta cons- trucción de los canales de reclamo:

Estamos absolutamente preocupados por esta elección de metodología de protesta por esto, exhortamos a que abandonen estas acciones que ponen en riesgo su vida y la de los trabajadores del yacimiento, dado que esta gestión provincial ha priorizado el diálogo para la resolución de conflictos, que es la única manera de lograr la paz social. Estas medidas de acción directa están a contramano de la democracia. Este gobierno siempre ha sido respe- tuoso de todas las expresiones pero esta no es la manera de peticionar. (Gastaminza reci- bió a representantes sociales…, 10 de octubre de 2014, Neuquén Informa)

En este párrafo se expresa la presencia de una serie de ideas fuerza que son de suma uti- lidad para comprender este mecanismo discursivo más amplio: la peligrosidad de la medida de protesta, lo antidemocrático de su implementación, el llamamiento al diálogo para la paz social por parte del Estado, el respeto del gobierno a la diversidad de formas de expresión y lo inco- rrecto de elegir las acciones directas como forma de reclamo. Al descontextualizar y deshistori- zar las acciones directas de reclamo, se les quita sustento y se le atribuye una supuesta y peli- grosa irracionalidad que pone en riesgo a la vida de lxs trabajadorxs, el desarrollo de lxs neu- quinxs y el medioambiente. En paralelo, se propone un constante diálogo que invisibiliza la asi- métrica correlación de fuerzas existente y su objetivo de legitimar un conflicto de intereses en gran medida incompatibles. El Estado mientras acepta un Otrx folclorizadx en los espacios for- males de participación institucional; despliega contra el/la otrx real, que se manifiesta por fuera de la institucionalidad, estrategias expropiatorias basadas en violencias materiales y simbólicas.

Esta creación del enemigo público, en tanto otrx internx, pero ajenx; es el último de los subejes a estudiar y el que entendemos más relevante ya que lo identificamos como la idea cen- tral que el discurso intenta fomentar y que se configura a partir de la interrelación de todas las demás dimensiones detalladas previamente. Muchos de los mecanismos y tácticas discursivas hasta ahora descritas apuntan a reforzar tal noción al aislar, extranjerizar y caracterizar a la comunidad como una entidad que atenta contra la forma de vida y el desarrollo de todxs lxs neuquinxs. Se le atribuye a Campo Maripe poner en riesgo tanto la dimensión laboral –la vida de lxs trabajadorxs–, como la económica, la democrática y la ambiental de la región. Del recla- mo de la comunidad se dice: “El hecho hace peligrar la vida de la gente por eso exhorto a la paz, el diálogo para no tener que lamentar tragedias”. De esta manera al público lector se le muestra una comunidad cuya agenda política, económica y social va en detrimento del bien común y del desarrollo de lxs neuquinxs. A partir de la polarización dicotómica que ubica a la comunidad enfrentada a un supuesto bloque conformado por la ciudadanía, las empresas y el Estado; se abona a una supuesta naturaleza antisocial del pueblo mapuce que implícitamente se asocia de manera progresiva a la idea de “terroristas”, “expansionistas” y ”separatistas”.

Este proceso no es un hecho aislado ya que lo podemos enmarcar en un contexto de cri- minalización y conflictividad que se ha agudizado a lo largo de las últimas dos décadas. En esta coyuntura se despliegan numerosos mecanismos simbólicos de deslegitimación de lo comuni- tario y de revalorización del accionar represivo estatal. Se ha comenzado crecientemente a aso- ciarse a los mapuce con la noción de “terrorismo”. En este sentido, Carlos Sapag, hermano del gobernador de la provincia de Neuquén durante el periodo estudiado, ha asegurado en diversos medios periodísticos que los dirigentes mapuce son respaldados por miembrxs de la FARC y la ETA (Bilardo, 2009). Se busca asimilar, aunque no se provea información objetiva o fundada, al pueblo mapuce con el accionar terrorista que amerita un accionar y una legislación más severa por parte del aparato estatal. Este despliegue ascendente en la intensidad del dispositivo expro- piatorio (Machado Aráoz, 2011) requiere que sectores mayoritarios de las sectores y clases sub- alternas brinden su consenso, o al menos pasividad, frente a las formas más directas de coer- ción que se aplican en los conflictos que afectan los intereses de los capitales asentados en la región o a la posibilidad potencial del asentamiento de capitales.

Finalmente, reconocemos la existencia de una connotación “extranjerizante” hacia el pueblo mapuce, ya sea mediante la explícita identificación de “mapuche” con “chileno”, a partir de la exaltación de otras parcialidades indígenas como “verdaderas” (en oposición a lxs mapu- ce), o bien características donde confluyen lo “exterior” con lo “ilegal” –condensado en las supuestas vinculaciones con grupos “terroristas” de origen internacional–. Estas evocaciones en todos los casos deslegitiman a lxs indígenas como un “otrx auténtico” al interior del ámbito nacional, al tiempo que posibilitan que los espacios territoriales en conflicto sean ocupados por aquellos que sí detentarían legitimidad: propietarios privados, pioneros, estancieros, empresas, etc. (Trentini et al., 2010).

Reflexiones Finales

La articulación de los tres ejes de estudio que hemos desarrollado contribuye a la com- prensión de los elementos nodales del discurso oficial y nos permiten avanzar en ciertas con- clusiones. El trabajo de análisis nos permite visualizar y fundamentar la relevancia que posee el discurso oficial en el marco del conflicto ya que la producción comunicacional de la Subsecretaría de Prensa asume un rol activo y dinámico generando abundantes contenidos para los públicos y medios de comunicación. Utilizando los recursos estatales, materiales y sim- bólicos, se elaboran comunicados que como hemos fundamentado, esconden detrás de una autoproclamada neutralidad una decidida defensa de los intereses de clase de los sectores dominantes. La representación del Estado como expresión del bien común y de una entidad superior e imparcial se resquebraja con el profuso registro de indicios y marcas discursivas que explicitan un uso político de la prensa institucional y una estrecha integración Estado-MPN- Empresas hidrocarburíferas.

Los diversos mecanismos y tácticas presentes en los comunicados se orientan resuelta- mente a poner en circulación discursos sociales, que, apelando a componentes reaccionarios del sentido común, generen en lxs lectorxs y públicos una serie de nociones funcionales a legi- timar el avance de la explotación hidrocarburífera y a deslegitimar los reclamos realizados por la Comunidad Campo Maripe en torno al control territorial comunitarios de tierras ubicadas en el corazón del megaproyecto Vaca Muerta. De esta manera, señalamos que la producción de la Subsecretaría no cumple una función de registro o descripción de los sucesos; sino que se ins- cribe, decididamente, en el campo de disputa como parte relevante del dispositivo expropiato- rio. El discurso estudiado ha expresado un gran dinamismo que se deriva de su estrecha relación con el devenir del conflicto y de las necesidades –y posibilidades– del bloque de poder en cada instancia del conflicto.

En la medida en que la comunidad avanza en reclamos con medidas de acción directa, con mayor grado de articulación y coordinación y profundiza su impugnación a las formas de extracción ligadas a los yacimientos no convencionales, el Estado despliega diversas estrategias tendientes a generar las condiciones político-sociales favorables al mantenimiento de las con- diciones de rentabilidad y expansión capitalista. Es decir, cuanto más avanzan los procesos de autonomía, antagonismo y organización de dicho sector, más se intensifican los mecanismos de coerción sobre las prácticas disidentes y de consenso sobre el resto de la población, desplega- dos por el Estado. En el recrudecimiento de las disputas, entendemos que la dimensión comu- nicacional juega un rol clave, ya que al quebrar las solidaridades del campo popular y aislar y deslegitimar a los colectivxs en lucha habilita el despliegue de acciones represivas y criminalización manteniendo la gobernabilidad. De esta manera, en base a polarizaciones dicotómicas que asocian los intereses empresariales a los del bien común, se presenta al/a lector/x un discurso racista que abona a una representación de lxs mapuces como violentxs, extorsivxs, expansionis- tas, especuladorxs y antisociales, y que permite asociarlxs a la noción de terroristas y extran- jerxs fortaleciendo así una doble exclusión basada tanto en su presunto origen como en su accionar. Como contraparte, el meticuloso trabajo de asociar la explotación de gas y petróleo – en particular de HNC– al desarrollo y la mejora en las condiciones de vida de lxs neuquinxs se erige como otra arista fundamental; el relato del desarrollo a través de la explotación de bienes comunes por lo que es parte también fundamental del dispositivo expropiatorio.

En definitiva, concluimos que el discurso oficial en tanto dimensión comunicacional del dispositivo expropiatorio se constituye como un campo en el que el Estado Provincial actúa acti- vamente en pos de garantizar sus intereses de clase asociados a la profundización de un matriz productiva dependiente de los hidrocarburos. Así, consolida la hegemonía del bloque histórico y su modo de acumulación que en nuestra región posee como pilar la desposesión y el despojo de los bienes comunes naturales y la destrucción de las formas comunitarias de reproducción de la vida que las comunidades mapuces en parte expresan.

Notas

1 Este trabajo es resultado de mi tesis de grado, bajo la dirección de la Lic. Lorena Riffo y la co-dirección del Mgter Julio Monasterio. Defendida el 20 de diciembre de 2017 en FADECS-UNCo.

2 Nota de los editores: Al no haberse establecido en las normas editoriales de la revista ninguna pauta en relación con el llamado lenguaje inclusivo, se respeta la posición del autor en el uso de la “x”. Sin embargo, se prevé incluir las aclaraciones correspondientes a partir del año 2019 de acuerdo con las normas internacionales y con lo que definan los especialistas sobre el tema en cuestión.

3 Originarios: región Patagonia”. Recuperado de: www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_Patagonia.pdf.

4 Se define la utilización de la “x” ya que en nuestra lengua no existe una escritura neutra en términos de género y por lo tanto se diferencia el masculino del femenino y dentro de esta separación el masculino se utiliza como genérico con lo que se potencia un proceso que naturaliza la exclusión e invisibilización de lxs sujetxs no-masculinos. Utilizar la “x” apunta a fortalecer los procesos que desnaturalizan y tensionan el asimétrico binarismo hombre-mujer. Se optó por mantener el género en masculino en denominaciones como “funcionarios” y “empresarios” para visibilizar su carácter, cuantitativa y cualitativamente, masculinizado.

5 El MPN es un partido político provincial fundado en 1961 para sortear la prohibición de la proscripción del peronismo. En 1962 ganó su primera elección llevando a Felipe Sapag a la gobernación. Desde entonces, el MPN ha retenido el poder provincial, aportando incluso funcionarios para las jerarquías de los gobiernos de facto de las dictaduras cívico militares (Scandizzo, 2016).

6 Los conflictos poseen antecedentes desde principios del siglo XIX cuando lxs miembrxs de la comunidad se asientan en la zona, sin embargo desde el 2012 el conflicto comienza a adquirir una mayor visibilidad y un nuevo perfil.

7 Si bien nuestra metodología no se inscribe estrictamente en un análisis lingüístico, ni busca desarrollar íntegramente este tipo de técnicas de análisis, recuperamos del ACD el potencial que posee el reconocimiento crítico de la relación que se forja entre lenguaje y poder.

8 La ley 26.160 fue sancionada el 1 de noviembre en 2006, y fue anunciada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios. Prohíbe los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordena al Estado realizar el relevamiento y demarcación de sus tierras, reconociéndolas como de uso público, tradicional y actual de la comunidad, y determina la tierra que está bajo la posesión de las comunidades. Nota “Sigue en debate la prórroga de la ley de relevamiento territorial”, recuperada de http://www.8300.com.ar/2017/08/29/sigue-en-debate-la-prorroga-de-la-ley- de-relevamiento-territorial/

9 Tradicionales no en el sentido folclorizado de prácticas estancas y ahistóricas, sino en el sentido de prácticas enraiza- das en conocimientos y cosmovisiones propias que habilitan la emergencia creativa y dinámica de nuevas formas y pro- cesos que no por ser “novedosas” se escinden de las lógicas y marcos culturales y materiales propios de los pueblos originarios en los que se desarrollan.

10 El desarrollo de Favaro corresponde, por cuestiones de tiempo histórico, a la etapa de extracción de hidrocarburos convencionales exclusivamente. Sin embargo, entendemos que sus análisis poseen vigencia para explicar la etapa que, desde finales de la primera década del siglo XXI, incorpora la extracción de HNC a los convencionales.

11 Resaltado propio.

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