Revista de Historia, N° 20, Diciembre 2019, pp. 60-79
Departamento de Historia, Facultad de Humanidades,
Universidad Nacional del Comahue.
ISSN-e 2591-3190
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index 

Las revueltas populares y el tiempo social en la búsqueda de construcción de consensos en la autodenominada “Revolución Argentina”

Popular revolts and social time in the search for consensus building in the self-designated as "Argentine Revolution"

Gabriela Gomes *
gabrieladaianagomes@gmail.com

Ana Inés Seitz **
anaiseitz@gmail.com

 

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre los efectos que el “Cordobazo” y las revueltas urbanas en general, tuvieron sobre el gobierno del general Juan Carlos Onganía (1966-1970) de la autodenominada “Revolución Argentina”. Consideramos que el ciclo de revueltas urbanas desestabilizó al gobierno militar poniendo de relieve –entre otras cuestiones– que el apoyo y/o la adhesión social de los “gobernados” era crucial para el sostenimiento de la dictadura, por lo que estos procesos generaron en el régimen una preocupación por desarrollar diversas políticas y mecanismos de construcción de consenso social. En el primer apartado realizamos un breve balance historiográfico sobre las consecuencias sociopolíticas de las revueltas urbanas de 1969 para el régimen, así como sobre las estrategias implementadas por otras dictaduras del siglo XX europeas y del Cono Sur para ampliar sus niveles de aceptación social. En la segunda parte nos centramos en considerar ciertas prácticas y políticas que desarrolló la dictadura en un clima de fuerte rechazo social al régimen, fundamentalmente a partir de 1969, con el fin de ampliar sus bases de apoyo en la sociedad y en las filas castrenses.

Palabras claves: dictadura- revolución argentina – consenso – tiempo social- revueltas populares

 

Abstract

The aim of this article is to reflect on the effects that "Cordobazo" and urban revolts in general had on the government of the general Juan Carlos Onganía (1966-1970) of the self-designated as "Argentine Revolution". We believe that the cycle of urban revolts destabilized the military government by highlighting - among other issues - that the social support of the “governed” was crucial for the maintenance of the dictatorship, which is why these processes generated in the regime a concern to develop various policies and mechanisms for building social consensus. In the first section we carry out a brief historiographic balance on the socio-political consequences of the 1969 urban revolts for the regime, as well as on the strategies implemented by other European and South Cone 20th century dictatorships to expand their levels of social acceptance. In the second part, we focus on considering certain practices and policies that the dictatorship developed in a climate of strong social rejection of the regime, fundamentally since 1969, in order to broaden its bases of support in society and in military ranks.

Keywords: dictatorship – argentine revolution - consensus – social time- popular revolts

 

Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2019
Fecha de aceptación: 05 de diciembre de 2019

 

Las revueltas populares y el tiempo social en la búsqueda de construcción de consensos en la autodenominada “Revolución Argentina”

1. Introducción

El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Arturo Illia (1963- 1966) e instauró la autodenominada “Revolución Argentina”, que se extendería hasta 1973. 1 Liderada por el general Juan Carlos Onganía hasta 1970, esta dictadura irrumpió en la escena con una intención refundacional del país que “no tenía plazos sino metas”. 2 La “Revolución Argentina”, por tanto, se estableció en el gobierno proyectándose en un lapso indeterminado. Se planificó una reestructuración del país en “tres tiempos”. En primer lugar, el “tiempo económico” que apuntaba al crecimiento mediante la modernización y la tecnificación de los sectores productivos, en el cual el Estado garantizaría la libertad de empresa y alentaría las inversiones extranjeras. Luego, en un segundo momento, el “tiempo social” tenía por objetivo alcanzar una distribución más equitativa del ingreso, así como atender las demandas de los asalariados. Por último, se proyectaba un “tiempo político”, que se alcanzaría luego de haber logrado la integración social, articulada por el Estado y las organizaciones corporativas de la sociedad. 3

La Doctrina de la Seguridad Nacional y su hipótesis del “enemigo interno”, la “amenaza comunista” y el peligro de la “infiltración marxista” ocuparon un lugar destacado dentro de las políticas del régimen. Frente a ello, el gobierno militar respondió articulando distintos mecanismos represivos. Se sancionaron un conjunto de medidas de excepción estatal, dirigidas hacia todos los sectores que representaban algún tipo de “amenaza” para la seguridad interna, en particular, hacia los jóvenes que participaban de la militancia política y de las organizaciones estudiantiles y sindicales. 4

El intento autoritario de la dictadura terminó por generar una respuesta totalmente opuesta. El 29 de mayo de 1969 se produjo el estallido social conocido como “Cordobazo”, en el cual confluyeron obreros y estudiantes en una enorme protesta de inédita envergadura y duración contra el gobernador de la provincia de Córdoba, Carlos Caballero y las políticas económicas que impulsó el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena. 5

El “Cordobazo” ha quedado anclado en la historiografía como un punto de “quiebre” en la historia reciente del país. Creemos, sin embargo, que es necesario “descentrar” dicho proceso, en tanto pensamos que debe ser leído en el marco de un ciclo más amplio de revueltas populares, que incluyó movilizaciones en distintos puntos del país como Resistencia, Catamarca, Corrientes, La Plata, Pergamino, Tucumán, entre otras ciudades 6 . Incluso, el “Rosariazo” –contemporáneo– debe ser ponderado como una de las mayores puebladas del período.

El presente artículo es un trabajo de balance y síntesis antes que de investigación empírica. Concretamente, partimos de considerar que el ciclo de revueltas urbanas, desestabilizó al gobierno militar de Juan Carlos Onganía y puso de relieve –entre otras cuestiones– que el apoyo y/o la adhesión social de los “gobernados” era crucial para el sostenimiento de la dictadura. Es posible señalar que ese clima de protesta, movilización y radicalización provocó una fuerte crisis de mando al interior de la corporación castrense y obligó a Onganía a solicitar la renuncia a todos los ministros y secretarios de Estado y anunciar el “tiempo social” 7 , como recurso para contener las demandas sociales, junto a una serie de estrategias que apuntaban a la construcción de apoyos políticos entre los sectores sindicalistas y principalmente dentro de la corporación castrense. 8

Consideramos que esta dimensión social de los efectos que tuvieron las revueltas populares, ha sido escasamente indagada dentro del campo de estudios de la historia argentina reciente. Por ello, nos proponemos realizar un breve balance historiográfico que, al considerar las consecuencias sociopolíticas de las revueltas urbanas de 1969 para el régimen, así como las estrategias de construcción de consenso social en otras dictaduras del siglo XX europeas y del Cono Sur, nos permita plantear algunas reflexiones sobre ciertas prácticas y políticas que, a partir de 1969, desarrolló la dictadura con el fin de ampliar sus bases de apoyo en la sociedad y en las filas castrenses.

De este modo, nos proponemos atender concretamente a una coyuntura específica dentro del período, que tiene que ver con el ciclo de las revueltas, el lanzamiento del “tiempo social” y la destitución de Onganía, analizando sus efectos en cuanto al desarrollo de mecanismos y estrategias de construcción de consenso en la sociedad y a los intentos de la corporación militar de canalizar la movilización social por la vía institucional.

El presente artículo se divide en dos apartados. En el primero presentamos una breve síntesis bibliográfica sobre las principales líneas de investigación que servirán de guía para nuestra indagación sobre los efectos del ciclo de revueltas populares de 1969 en el régimen. En el segundo esbozaremos, a modo exploratorio, algunas de las dimensiones en que es posible constatar nuestra hipótesis, analizando de qué modo las transformaciones en el propio régimen y, concretamente, de sus políticas sociales, pueden ser pensadas en términos de la necesidad de construir nuevos apoyos sociales a partir del cuestionamiento a la “autoridad” militar que implicaron las revueltas urbanas para las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

2. La construcción de consenso en regímenes no democráticos: un breve recorrido historiográfico

Este artículo se enmarca en una serie de investigaciones que se vienen desarrollando en las últimas décadas, que abordan las dimensiones sociales de distintos regímenes autoritarios –de diferente naturaleza–, tanto europeos de la primera mitad del siglo XX como conosureños de su segunda parte. Estas indagaciones han superado aquellos análisis que, en diferentes historiografías nacionales, planteaban que dichos regímenes se habían establecido y sustentado únicamente en mecanismos represivos y de control social de la población, así como en la manipulación ideológica y propagandística de parte del Estado. En estos estudios, la sociedad adquiría un carácter meramente pasivo, donde los ciudadanos carecían de cualquier capacidad de reacción y/o de negociación con el régimen. Por el contrario, actualmente se enfatiza el rol que tuvo la sociedad en la instauración y permanencia de los regímenes autoritarios, condicionando sus orígenes, evolución y posterior caída. 9

Con el fin de obtener en la población los niveles de aceptación necesarios para garantizar su permanencia, las dictaduras implementaron una serie de políticas, instrumentos y mecanismos. La bibliografía al respecto es muy rica en el análisis de los casos europeos, y bastante menos consolidada para los conosureños. Dada la imposibilidad de abordarla en las dimensiones de este trabajo, nos limitaremos a puntualizar algunas consideraciones y planteos relevantes para nuestro objeto de análisis.

En principio, partimos de considerar, coincidiendo con Ismael Saz, que la noción de “consenso”, si bien ha sido objetada en su utilidad para el estudio de las actitudes sociopolíticas de los ciudadanos 10 , se trata de un concepto necesario “a la hora de estudiar las bases de las políticas de los distintos regímenes para conseguir la aceptación y consentimiento de los ciudadanos”. 11 Asimismo, en la formación de dichas actitudes y comportamientos sociopolíticos de parte de la población, intervienen tanto cuestiones ideológicas como materiales. 12 En este sentido, es posible afirmar que las dictaduras – tanto europeas como conosureñas– procuraron la construcción en la sociedad de un consenso ideológico y de diversas formas de adhesión hacia una comunidad política compartida. Además, también adquirieron gran relevancia distintas políticas y mecanismos destinados a proporcionar beneficios materiales a determinados sectores sociales con el fin de incrementar la aceptación popular del régimen. De esta manera, como señala Claudio Hernández Burgos, “debemos tener en cuenta elementos tales como la seguridad en el trabajo, el crecimiento económico, los beneficios recibidos, las prestaciones sociales o el nivel de bienestar alcanzado, pero también, otros como la paz, el orden, la nación o la religión”. 13

Por último, en el análisis de las estrategias, discursos y acciones que desplegó el poder para procurar crear y extender la adhesión al gobierno militar por parte de la sociedad, es importante considerar, igualmente, la recepción que estos intentos pudieron tener en los ciudadanos.14 Como plantea Francisco Cobo Romero, más allá de los intentos de los regímenes no democráticos en este sentido, en las consciencias individuales se produjeron “permanentes e irresolubles contradicciones”, generando desencuentros entre las formas en que los sujetos interiorizaron las propuestas políticas de las dictaduras y las demandas y expectativas de estos Estados sobre el comportamiento de los ciudadanos. 15

Existen numerosos estudios que han abordado la autodenominada “Revolución Argentina” 16 en las últimas décadas y se ha indagado diversas dimensiones del régimen. En particular, una serie de trabajos se refirieron a los mecanismos represivos de dicha dictadura, resaltando que en este período “se verificaron radicales transformaciones en el accionar de los militares, la normativa de seguridad y la legislación estatal, así como en las prácticas represivas” 17 .

Respecto de los instrumentos y políticas que fueron desarrollados con el objetivo de ampliar el consenso social hacia el régimen, investigaciones recientes han planteado que la “Revolución Argentina” no se agotó en la dimensión represiva, sino que tuvo ciertos niveles propositivos y fundacionales que han recibido menos atención. 18 Un conjunto de estudios han abordado, concretamente, la política social del gobierno militar de Juan Carlos Onganía que encarnaron el Ministerio de Bienestar Social (MBS) y la Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC). 19 Asimismo, se ha estudiado la “modernización” del sistema previsional del Ministerio de Bienestar Social entre la “Revolución Argentina” y la última dictadura. 20 Otros estudios han atendido a la planificación y el diseño de las políticas asistenciales. 21 Por otra parte, se ha abordado la propuesta comunitarista, como política de Estado que buscó ofrecer una “cara social del régimen”, impulsada por funcionarios de la SEPAC dependiente del MBS, mediante la cual se buscó reeducar, resociabilizar y reorganizar al mundo poblacional excluido con bajos niveles organizativos. Esta política fue preconizada por funcionarios pertenecientes a la familia nacional–corporativista, cuya agenda política mostró preocupación por integrar a los sectores con bajos recursos, marginales urbanos e indígenas a partir de un sistema de participación comunitaria. 22 Los nacional-corporativistas preconizaron un tipo de “participación social” distinta a la “vieja” democracia liberal, que apuntó a construir una “nueva” democracia de “verdadera participación social” pretendiendo sustituir a los partidos políticos por un sistema basado en la representación de los cuerpos intermedios. 23

3. El “tiempo social” y el giro político de la “Revolución Argentina”

Desde 1967, el “tiempo social” fue una de las principales aspiraciones políticas de los funcionarios asociados a la corriente nacional–corporativista que acompañaron a Onganía desde el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio del Interior y algunas gobernaciones. Sin embargo, el plan social basado en el comunitarismo, fue truncado debido al modelo económico que impulsó Krieger Vasena, el cual implicó la reducción de partidas presupuestarias de áreas como la Secretaría de Salud Pública, Vivienda y Seguridad Social. Como se sabe, su plan económico generó enormes descontentos políticos y sociales. Promovió una estrategia de concentración económica que privilegió a las grandes industrias, principalmente a las multinacionales, y protegió la rentabilidad de las inversiones extranjeras en detrimento de las estatales, la actividad comercial, la industria nacional y el crédito a escala pequeña. Renovó los contratos con las compañías petroleras extranjeras que había cancelado Arturo Illia, firmó nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y su gestión se orientó a generar “confianza” para los inversores internacionales y promovió la llegada masiva de capitales extranjeros a los que les aseguraba su rentabilidad. Por otra parte, eliminó los controles de cambio, la protección arancelaria y los créditos a los pequeños y medianos empresarios. 24 Su política fue ampliamente aplaudida por los círculos empresarios y financieros del país y del exterior –principal base de sustentación del régimen–, pero criticada por la burguesía industrial, la terrateniente y los asalariados. Su gestión golpeó fuertemente al sector obrero, se llevó adelante la reducción de personal en algunas empresas del Estado, modificación de las condiciones de trabajo para reducir costos y se produjo el cierre de numerosos ingenios azucareros en Tucumán. Krieger Vasena realizó una devaluación del 40%, congeló los salarios, suprimió los subsidios a industrias regionales marginales y aplicó retenciones impositivas a las exportaciones agropecuarias.

En respuesta, en febrero de 1967, el sindicalismo lanzó un plan de lucha con paros nacionales y movilizaciones. Ante la amplia protesta sindical, el gobierno dictatorial hizo uso de todos los resortes que la ley le otorgaba para controlar al gremialismo: reprimió violentamente, promulgó la ley 16.936 que prohibió el derecho a huelga, estableció el arbitraje obligatorio del Estado en conflictos laborales, suspendió las comisiones paritarias y las negociaciones colectivas, retiró la personería jurídica a varios sindicatos e intervino la Confederación General del Trabajo (CGT). Estas medidas apuntaban a “derrotar” el plan de lucha de la CGT. Ante esta situación, la respuesta de la conducción sindical fue variada. Los sindicatos que se vieron más afectados por la intervención gubernamental y la política económica de Krieger Vasena, como los portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior, se sintieron atraídos a la oposición abierta al régimen militar. En marzo de 1968 se produjo la división del movimiento sindical al formarse la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro (líder de los trabajadores gráficos) quien representaba la tendencia más combativa y antimperialista, en oposición a la CGT Azopardo dirigida por el elenco vandorista. 25 En cambio, los sindicatos conocidos como “participacionistas”, con una posición vulnerable en el mercado laboral, vieron la posibilidad de establecer una alianza con el gobierno dictatorial con lo que obtendrían protección estatal si aceptaban la retórica corporativista y participacionista del régimen. Esta corriente decidida a dialogar (“colaborar”, según sus críticos) con la dictadura, fue más tarde autocalificada como Nueva Corriente de Opinión. 26 A fines de 1967 y comienzos de 1968, desde la cartera del Interior el secretario Mario Díaz Colodrero, el ministro Guillermo Borda y el secretario de trabajo Rubens San Sebastián, intentaron cooptar a líderes sindicales como base social de apoyo al régimen. Por ello se lanzó un plan para que la normalización de la CGT estuviera bajo la conducción “participacionista”. 27

Más allá de los intentos de Onganía por “cooptar” a un sector del sindicalismo, las políticas económicas de Krieger Vasena y el autoritarismo y censura del régimen detonaron en una serie de revueltas populares. En 1969, este ciclo de protestas urbanas y el posterior asesinato de Augusto Vandor, líder sindical de la Unión Obrera, a manos de la guerrilla puso en jaque la “autoridad” de Onganía. Los altos mandos castrenses comenzaron a cuestionar la capacidad de liderazgo para “conducir” y concretar los objetivos políticos de la “revolución”. Así, el “enemigo interno” eran los grupos guerrilleros pero también comenzó a crecer una profunda desconfianza contra amplios sectores sociales de la sociedad civil que participaban de las revueltas y protestas contra el régimen. Para las Fuerzas Armadas, ese “escenario de anarquía”, “amenazaba” con “disgregar” el cuerpo de la nación. Como demostró la bibliografía especializada, en la dictadura convivieron múltiples corrientes y aspiraciones ideológicas, es decir, si bien las pujas al interior de las cúpulas militares fueron una constante del período 28 , sin embargo, el clima de protesta social y radicalización política, profundizó la crisis militar e incrementó las tensiones internas entre las dos grandes familias ideológicas: nacionalistas y liberales.

Luego del Cordobazo, Onganía realizó un cambio de gabinete y solicitó la renuncia a todos los ministros y secretarios de estado y algunos gobernadores fueron sustituidos. Por ejemplo, el general Francisco Imaz pasó al Ministerio del Interior que dejó vacante Guillermo Borda y el contador Juan Benedicto Martín ocupó la cancillería en reemplazo de Costa Méndez. 29 El 4 de junio, Onganía reemplazó a Krieger Vasena por Dagnino Pastore, quien simpatizaba con la Doctrina Social de la Iglesia. 30 Su política económica no fue muy distinta a la tendencia monetarista de su predecesor, pese a que fue un promotor de la cooperación entre el empresariado y el sindicalismo y la descentralización de la actividad económica. En definitiva, los cambios en el gabinete implicaron el desplazamiento de los nacional-corporativistas, mientras que los liberales mantenían el control de sus carteras ministeriales. En parte, Onganía apuntó a “satisfacer” una de las demandas de los elencos castrenses liberales, quienes no comulgaban con el plan comunitarista que había sido impulsado desde Bienestar Social y la gestión de Borda. 31

En ese contexto de enorme conflictividad para el régimen, el gobierno recurrió al “tiempo social”, que había sido previamente anunciado el 28 de marzo de 1969, como recurso para recuperar el control y contener las demandas sociales. 32 En junio de 1969 Onganía declaró que se iniciaba una “nueva etapa” de verdadera “participación social”. 33 En septiembre, Onganía redefinió el “tiempo social” como aquel que modificaría las estructuras sociales para una redistribución del ingreso más equitativa. De este modo, las estructuras sociales pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Se sostuvo que la economía debía estar al servicio de los hombres y no a la inversa. En ese contexto, también se planteó la necesidad de incrementar la inversión en materia de salud pública, educación, reestructurar el sistema previsional, promover una política de pleno empleo, alentar el desarrollo comunitario y erradicar los asentamientos informales.34

Para lograr el apoyo de los sindicatos y unificar a la CGT, no se derogó la Ley de Asociaciones Profesionales y además se sancionó la Ley de Obras Sociales No 18.610, que establecía que las Obras Sociales se financiarían a partir de una retención del 2% para el empleador y del 1% para el trabajador sobre el total de su salario nominal. 35 Dichas medidas apuntaban a fortalecer el poder sindical. Asimismo, para contener las demandas sociales se decretaron aumentos de sueldos para 1970, los cuales debían ser absorbidos por las empresas y el gobierno militar establecería el control de precios. Estas últimas medidas generaron serias discrepancias con los tecnócratas liberales y con la principal base de apoyo económico al gobierno de Onganía como los grupos financieros y las grandes corporaciones empresariales, principalmente la Unión Industrial Argentina y la Asociación Coordinadora de Empresarios Libres, quienes hicieron uso de todos sus recursos para boicotear el “tiempo social”.

En materia de políticas sociales, se intentó ampliar la intervención social del Estado y una de las áreas a la que se adjudicó mayores recursos fue la de vivienda. En 1969 una de las más relevantes del período fue el Plan de Viviendas Económicas Argentinas (VEA), cuyo principal objetivo era la producción masiva mediante la construcción de grandes conjuntos habitacionales en todo el país. 36 Dicho Plan fue un instrumento del sector público que apuntó también a favorecer a las grandes firmas constructoras y al sector industrial más concentrado, dirigidos a utilizar al Estado como dinamizador de la economía. 37

Paralelamente, en el contexto de revueltas populares y fuerte represión, el régimen lanzó una serie de documentos destinados a poner de manifiesto su vocación social. Por ejemplo, en 1970 la Secretaría de Estado de Vivienda publicó un cuadernillo de carácter propagandístico titulado Acción Social en Vivienda 1968-1969, en el cual se sintetizaban los “logros” del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia de la dictadura y la “efectividad” de los Núcleos Habitacionales Transitorios, un tipo de vivienda muy precaria. 38

Sin embargo, los beneficios otorgados y otras estrategias de construcción de consenso desarrolladas por el régimen no fueron suficientes para reducir la alta conflictividad política y social. Las revueltas urbanas profundizaron la crisis de mando militar. De ahí que interesa destacar que la urgencia de Onganía por echar mano al “tiempo social” indicó la necesidad de generar bases de apoyo principalmente entre los sectores sindicalistas pero también de “amortiguar” la crisis castrense.

Al descontento empresarial, sindical y la movilización social en general, se sumó la violencia guerrillera. A fines de marzo de 1970 el Frente Argentino de Liberación secuestró al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, representante de la dictadura de Alfredo Stroessner, en la ciudad de Ituzaingó en la provincia de Corrientes. Dos meses más tarde, los Montoneros secuestraron y posteriormente asesinaron a Pedro Eugenio Aramburu. Este suceso resultó el golpe final para el gobierno de Onganía. En ese escenario, en junio de 1970 se reunió la Junta de Comandantes en Jefe para analizar la gestión de Onganía debido a que su desempeño retrasaba “el compromiso contraído por las Fuerzas Armadas ante el Pueblo de la República” el 28 de junio de 1966. En el Acta de la “Revolución Argentina” de junio de 1966 se había “fundamentado” que la “misión” de las Fuerzas Armadas era

“salvaguardar los intereses de la nación” y “restaurar” el “principio de la autoridad” y la “ausencia” de orden que se “traducen en hondas perturbaciones sociales (...) creando condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas”. 39

En la reunión donde la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas decidió la destitución de Onganía, se sostuvo que el extremo personalismo de Onganía había contribuido a profundizar la crisis militar, por haber “marginado” al resto de las Fuerzas respecto a la toma de decisiones y de las medidas que debía encargar la “revolución” en un contexto de extrema conflictividad. 40

no ha sido posible lograr acuerdo entre las FFAA y el Teniente General ONGANÍA, en cuanto a la forma de encarar las medidas necesarias para el futuro desarrollo del proceso político nacional; Que el enfoque esbozado por el Teniente General ONGANÍA creaba el peligro de desembocar en una representatividad segmentada, que no canalizara adecuadamente las corrientes de opinión ciudadana, de acuerdo a la tradición democrática argentina y, al mismo tiempo, engendraba un concepto de Estado que podría haber llevado a deformar nuestra esencia republicana; Que ello contraría el fin último de la Revolución Argentina, que constituye la continuidad de un proceso iniciado el 28 de junio de 1966 y que ninguna manera implicará volver a formas perimidas que motivaron su existencia, ni tampoco distorsionar la voluntad democrática de nuestro Pueblo. 41

Tras el desplazamiento de Onganía, la Junta de Comandantes en Jefe asumió el gobierno de forma interina hasta designar un nuevo presidente y decidió modificar el Estatuto de la Revolución Argentina y la legislación conexa, con el objetivo de “preservar desviaciones en sus objetivos y conducción” y “garantizar” una “real” participación de los integrantes de la Junta en las decisiones del gobierno militar. 42 Días más tarde, Roberto Marcelo Levingston fue llamado desde Estados Unidos para reencauzar la “Revolución” y conducir la transición a la democracia. La Junta Militar había designado a los ministros que acompañarían al nuevo Presidente. 43

Levingston, quien no consiguió construir el apoyo castrense suficiente, intentó crear una suerte de Partido de la Revolución, apelando a las dirigencias intermedias y no a los jefes de los partidos políticos, pero no tuvo éxito. El área de Bienestar Social fue ocupada por el oficial naval Francisco Manrique, quien dio por concluido el plan comunitarista y privilegió una política social abocada al afianzamiento de un sistema de seguridad social universal 44 . La llegada de Levingston implicó que buena parte de los católicos que acompañaron a Onganía perdieran sus cargos. Sin embargo, la cartera de Economía y Trabajo estuvo ocupada por un católico nacionalista, Carlos Moyano Llerena (de junio de 1970 a octubre de 1970), quien mantuvo serias tensiones con los militares “desarrollistas” como Juan Enrique Guglialmelli, Pedro Gnavi, Ibérico Saint–Jean, etc., todos fuertes opositores a la gestión de Krieger Vasena. Debido a las discrepancias entre el ministro de economía Moyano Llerena y Guglialmelli, este último renunció al cargo de director del CONADE. 45 En octubre de 1970, Levingston destituyó a Moyano Llerena y designó a Aldo Ferrer como Ministro de Economía, quien promovió la tesis del “Compre Argentino”, defendió la industria nacional y la intervención del Estado, con lo que logró seducir a parte de la oficialidad “desarrollista”.

La estrategia levingstoniana apuntó a “continuar” la tarea que había comenzado su predecesor en la cuestión social. Pese a la destitución de Onganía, se mantuvo la convicción sobre los beneficios de la participación de la población para alcanzar el desarrollo, por lo que pervivió el diseño institucional que se montó durante su gestión. Entre los lineamientos de sus Políticas Nacionales se encontraban superar las diferencias regionales, proteger y fortalecer la familia, garantizar el derecho a educación, salud, vivienda, seguridad social, la justa distribución del ingreso y de las cargas sociales. Se apuntó a fortalecer el sistema federal y se insistió en la promoción, creación y actuación de los grupos intermedios de la “comunidad”. 46 Para garantizar la “armonía social” se sugirió estructurar un sistema basado en sólidas y libres organizaciones laborales, empresariales y profesionales, que pudieran acordar sobre condiciones de trabajo y niveles de remuneraciones, previendo la intervención del Estado en caso de no existir acuerdo. 47

La agitación social del Vivorazo en 1971, el asesinato de José Alonso –líder del “participacionismo” sindical– y el copamiento de La Calera (Córdoba) y de Garín (Buenos Aires) en julio de 1970, desestabilizaron la gestión de Levingston, quien debió abandonar el gobierno en marzo de 1971. Alejandro Lanusse –a diferencia de Levingston– tenía un fuerte respaldo castrense y asumió, mediante un golpe de Estado, como el último presidente de la “Revolución Argentina”. Lanusse puso en marcha el “tiempo político” al formular el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Su preocupación política era lograr una estrategia para la transición negociada hacia la democracia, en la que los militares pudieran ofrecer una alternativa política frente al retorno de Perón. Con la retirada de Levingston ya no hubo espacio para “el tiempo social”.

4. Reflexiones finales

El estudio del problema del consenso social hacia regímenes dictatoriales es una cuestión que, dentro del campo de la Historia Reciente, ha sido abordada para el caso del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. 48 Sin embargo, ha sido muy poco explorada para la “Revolución Argentina”. Desde este marco de indagación, en este artículo nos propusimos analizar las consecuencias del ciclo de revueltas populares en general y sus respectivos efectos sociopolíticos al interior de la corporación castrense que encabezaba la dictadura. Como señalamos, consideramos que dichas movilizaciones hicieron palpable en los elencos dirigenciales la necesidad de ampliar las bases de apoyo social, por lo que dieron lugar a la planificación, implementación y/o profundización de una serie de instrumentos y políticas que, al estar ligados a algunas de las demandas de determinados sectores sociales, pudieran extender en la población el consentimiento hacia el régimen. Por otra parte, también implicaron que, tras la destitución de Onganía como uno de sus líderes “indiscutibles” hasta 1969, se llevara adelante un reordenamiento institucional con el objetivo de “evitar” la perdida de legitimidad social de las Fuerzas Armadas como “garantes” del “orden social”.

Las medidas económicas establecidas por el ministro Krieger Vasena habían reducido la posibilidad del gobierno de Onganía para el desarrollo de políticas sociales. En este contexto, las revueltas urbanas y las protestas contra la dictadura evidenciaron el fracaso de las estrategias represivas implementadas hasta allí, así como subrayaron la adhesión de amplios sectores de la sociedad civil a la movilización social. Como señalamos, esto generó que el gobierno dictatorial se volcara hacia el despliegue del “tiempo social”.

Al igual que en otros regímenes no democráticos europeos del siglo XX y conosureños de su segunda mitad, la dictadura de la “Revolución Argentina” impulsó mecanismos y medidas que apuntaban a brindar beneficios materiales a determinados sectores sociales. En este artículo hemos analizado concretamente los que favorecieron a los sindicatos (como la no derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales y la sanción de la Ley de Obras Sociales), los de aumentos de sueldos y establecimiento de control de precios o las políticas de vivienda. Asimismo, se desarrollaron instrumentos propagandísticos con el fin de dar a conocer dichas políticas sociales, pero también como estrategias de construcción de consenso ideológico hacia el régimen. Específicamente, en este texto nos referimos a algunos documentos oficiales como el cuadernillo Acción Social en Vivienda 1968-1969.

Finalmente, consideramos que no sólo resta profundizar los análisis de las estrategias instrumentadas por la dictadura instaurada en 1966 –algunas de las cuales procuramos indagar en este texto. Asimismo, es preciso también avanzar en el estudio de cuáles fueron los resultados en distintos sectores sociales. Es decir, explorar las relaciones –y desencuentros– entre los factores de consentimiento que elaboró el régimen militar de la “Revolución Argentina” y las respuestas y reacciones de la sociedad ante ellos.

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Notas

* Doctora en Historia (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), Magíster en Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional de San Martín) y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria posdoctoral del CONICET.

** Licenciada y profesora en Historia (Universidad Nacional del Sur), Doctoranda en Historia (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata) y docente e investigadora en la Universidad Nacional del Sur.

1 Agradecemos muy especialmente a quienes evaluaron el presente artículo por su lectura atenta y valiosas sugerencias.

2 Inicialmente, la “Junta Revolucionaria” estuvo encabezada por los titulares de las tres Fuerzas: el Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Pascual Ángel Pistarini, el brigadier general Adolfo Álvarez (Fuerza Aérea) y el almirante Benigno Varela (Armada). Esta designó a Juan Carlos Onganía como presidente (República Argentina, Acta de la Revolución Argentina, Buenos Aires, 28 de junio de 1966).

3 Guillermo O ́Donnell, El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Prometeo, 2009 [1982].

4 Marina Franco, Un enemigo para la Nación: orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

5 Krieger Vasena se desempeñó como ministro de Economía entre diciembre de 1966 y mayo de 1969.

6 Al respecto véase: Cecilia De la Cueva y Adrián Sribano, “Catamarcazo: protesta y acción colectiva en los  ́70”, ponencia presentada en XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), San Pablo, Brasil, 1997; María del Carmen Barbarito, Del comunitarismo a los Pergaminazos 1966-1970, Pergamino, Fondo Editorial Municipal de Pergamino, 2012; Emilio Crenzel, El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1997 y Ana Julia Ramírez, “Tucumán 1965-1969: movimiento azucarero y radicalización política”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2008.

7 Clarín, Buenos Aires, 10 de junio 1969, p. 22 y 12 de junio, p. 23; La Nación, Buenos Aires, 21 junio 1969.

9 Para un balance historiográfico sobre las nuevas perspectivas en el estudio de los casos europeos, véase: Claudio Hernández Burgos, Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013 y Francisco Cobo Romero, “Los apoyos sociales a los regímenes fascistas y totalitarios de la Europa de entreguerras. Un estudio comparado”, en Historia Social, No. 71, 2011, pp. 60-87.

10 Ana Inés Seitz, “Desafíos metodológicos en el abordaje de las actitudes sociales en dictadura (Argentina, 1976-1983). Apuntes para un campo de estudio en construcción”, en Sextas Jornadas de Historia de la Patagonia, Neuquén, EDUCO, Universidad Nacional del Comahue, 2014.

11 Ismael Saz, “Apuntes conclusivos”, en Miguel Ángel del Arco, Carlos Fuertes Muñoz, Jorge Marco y Miguel Ángel del Arco Blanco (eds.), No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Editorial Comares, 2013, p. 223.

12 Véase: Philippe Burrin: “Politique et societé: les structures du pouvoir dans l’Italie fasciste et l’Allemagne nazi”, en Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, N° 3, Vol. 43, 1988; Claudio Hernández Burgos, Franquismo a ras de suelo..., ob. cit.; Saz Campos, Ismael, Fascismo y Franquismo. Valencia, PUV, 2004.

13 Claudio Hernández Burgos, Franquismo a ras de suelo..., ob. cit., p. 29.

14 Daniel Lvovich, “Dictadura y consenso. ¿Qué podemos saber?”, en Revista Puentes, Año 6, No 17, La Plata, Comisión Provincial por la Memoria, 2006, pp. 41-45.

15 Francisco Cobo Romero, “Los apoyos sociales..., ob. cit., p. 63.

16 No cabe aquí una enumeración de toda la bibliografía disponible sobre este período, por tanto esta propuesta se limita a enunciar algunos de los trabajos más representativos en función de la problemática considerada.

17 Gabriela Águila, “La represión en la historia reciente como objeto de estudio: problemas, novedades y derivas historiográficas”, en Gabriela Águila, Laura Luciani, Luciana Seminara y Cristina Viano (comps.), La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires, Imago Mundi, 2018, p. 63. En este texto, la autora realiza un balance historiográfico de los estudios sobre represión dentro del campo de la historia reciente argentina. Sobre el “Cordobazo” y sus efectos en la transformación de las modalidades represivas del régimen, véase: Esteban Pontoriero, “El lugar del ‘Cordobazo’ en la historia de la represión en la Argentina reciente”, ponencia presentada en A 50 Años del Cordobazo. Repensando el ciclo de protestas obreras, rebeliones populares e insurrecciones urbanas, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 2019.

18 Sobre la política social de la Revolución Argentina véase los trabajos de Arturo Laguado Duca, “Cuestión social, desarrollo y hegemonía en la Argentina de los sesenta. El caso de Onganía”, en Universitas Humanística, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, No 70, 2o semestre, 2010, pp. 239-259 y La construcción de la cuestión social. El desarrollismo postpopulista, Buenos Aires, Espacio, 2011.

19 Laura Golbert y Emilia Roca, De la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales, Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2010; Gabriela Gomes, "El Onganiato y los sectores populares: funcionarios, ideas y políticas de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (1966-1970)", en Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, No 11, Córdoba, 2011, pp. 279-302; Guido Ignacio Giorgi, "En los pliegues de la planificación del Onganiato: el comunitarismo como política estatal (1966-1970)", en Anuario EIHS: Instituto de Estudios Histórico sociales Vol. 29, 2014, pp. 159-175 y "Refundar la sociedad. El comunitarismo como política de Estado en el Gobierno de Onganía", en Valeria Galván y Florencia Osuna (eds.), Política y cultura durante el "Onganiato". Nuevas perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966- 1970), Rosario, Prohistoria, 2014.

20 Florencia Osuna, La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar Social entre dos dictaduras. Argentina (1966-1983), Rosario, Prohistoria, 2017.

21 Laura Golbert, "Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales", Serie de Estudios, CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural), 12, mayo, 1996; Arturo Laguado Duca, La construcción de la cuestión social. El desarrollismo postpopulista, Buenos Aires, Espacio, 2011.

22 Gabriela Gomes, Las políticas sociales de los regímenes dictatoriales en Argentina y Chile (1960-1970), Buenos Aires, FaHCE/UNLP, UNaM, UNGS, 2016.

23 Ídem.

24 Liliana De Riz, La política en suspenso, 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 2000, pp. 58-65; Aldo Ferrer, La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Buenos Aires, FCE, 2004, pp. 244-249; Mark A. Healey, “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas”, en Daniel James (ed.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

25 La bibliografía sobre la época sugiere que el sindicalismo argentino estaba dividido en tres tendencias: los “participacionistas” liderados por Adolfo Cavalli, dirigente del sector petrolero, los negociadores (encabezados por Augusto Vandor del gremio de los metalúrgicos) y los combativos o confrontacionistas liderados por Raimundo Ongaro del gremio de los trabajadores gráficos. Véase: Arturo Fernández, Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo, Buenos Aires, CEAL, 1988; Julio Godio, Historia del movimiento obrero argentino: 1870-2000, Buenos Aires, Corregidor, 2000; Santiago Senen González, El sindicalismo después de Perón, Buenos Aires, Galerna, 1971; Rubén Rotondaro, Realidad y dinámica del sindicalismo, Buenos Aires, Pleamar, 1974). En oposición a los trabajos aquí citados, Daniel James considera que los “participacionistas” fueron sindicatos chicos cuya posibilidad de subsistencia la daba la subordinación al Estado. Daniel James, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 293.

26 Daniel James, Resistencia e Integración..., ob. cit., pp. 288-297.

27 Darío Dawyd, “El nuevo autoritarismo burocrático y el sindicalismo peronista. Análisis de la ‘participación’ junto al gobierno militar de Onganía en la Argentina de los años sesenta: del ‘nuevo orden social’ al ‘Cordobazo’”, en Confluence, Vol. 4, No 2, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna, 2012, pp. 17-44; Primera Plana, No 224, 11 de abril de 1967. Entre los principales dirigentes gremiales “participacionistas” se encontraban Juan José Taccone de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FTLyF); Rogelio Coria de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA); Armando March de Empleados de Comercio, Adolfo Cavalli del Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE). En febrero de 1968 Onganía se reunió con Taccone (Luz y Fuerza), Coria (construcción), Niembro (metalúrgicos), Cavalli (petroleros) y Peralta (vitinícolas). Pocos días antes de la reunión, el Poder ejecutivo le había devuelto su personería jurídica a los metalúrgicos y a los textiles. De este modo, el régimen comenzaba un acercamiento hacia Luz y Fuerza –conocido como sindicalismo de elite– y los metalúrgicos y textiles, que eran numéricamente los más importantes. Mariano Grondona, “El Tiempo social”, Primera Plana, No 267, Buenos Aires, 6 de febrero de 1968.

28 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina (1943-1973), Buenos Aires, Emecé Editores, 1982; Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001; Guillermo O ́Donnell, El Estado Burocrático Autoritario... ob. cit; Daniel Mazzei, Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino (1962-1973), Buenos Aires, Eudeba, 2012; Liliana de Riz, La política en suspenso... ob. Cit.

29 Alain Rouquié, Poder militar... ob. Cit.

30 Dagnino Pastore permaneció a cargo de la cartera de economía entre junio de 1969 hasta junio de 1970. Se había desempeñado como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y presidente ejecutivo del CONADE.

31 Sobre las críticas de los liberales hacia Guillermo Borda, véase Revista Primera Plana N° 212, Buenos Aires, 17 de enero de 1967; N° 279, 9 de abril de 1969 y N° 281, 14 de mayo de 1968.

32 La Nación, 29 de marzo de 1969; Primera Plana No 324, 11 de marzo de 1969. No 267, 6 de febrero de 1968; No 290, 23 de julio de 1968; No 293, 6 de agosto de 1968; No 295; 20 de agosto de 1968; No 308, 19 de noviembre de 1968; No 309, 26 de noviembre de 1968.

33 La Nación, 21 de junio de 1969.

34 Consejo Nacional de Desarrollo, Plan nacional de desarrollo 1970-1974, Buenos Aires, Secretaría del CONADE, 1970.

35 Arturo Laguado Duca, La construcción de la cuestión social... ob. cit.

36 Ministerio de Bienestar Social, Plan VEA viviendas económicas argentinas: reglamentación aprobada por el directorio en su sesión ordinaria del 27 de marzo, Secretaría de Vivienda, Banco Hipotecario Nacional, Buenos Aires, 1969; Conferencia del Secretario de Estado de Vivienda Guaia Esteban (1969) “Política Nacional de vivienda”, pronunciada en el Centro Argentino de Ingenieros el 21 de mayo de 1969. Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Vivienda, Buenos Aires. El Plan VEA sería financiado con el ahorro público, los fondos de seguridad social y préstamos internacionales.

37 Oscar Yujnovsky, Las claves políticas del problema habitacional argentino, Buenos Aires, Grupo Editor de América Latina, 1984.

38 Sobre las condiciones en que surgió el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia y sus usos propagandísticos véase Gabriela Gomes, “El Onganiato y el sueño de la casa propia: la propaganda gubernamental de los Núcleos Habitacionales Transitorios”, en URBANA: Revista Do Centro Interdisciplinar De Estudos Sobre a Cidade, Vol. 9, No. 3, 2017, pp. 687-690 y Vivienda social en dictaduras. Actores, discursos, políticas públicas y usos propagandísticos en las Regiones Metropolitanas de Buenos Aires (1966-1983) y Santiago de Chile (1973-1989), Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2018.

39 República Argentina, Acta de la Revolución Argentina... ob. Cit.

40 La reunión de la Junta de Comandantes en Jefe estuvo integrada por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Pedro Gnavi, a cargo de la presidencia de la Junta, el comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Alejandro Lanusse, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Carlos Rey y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier Mayor D. Ricardo Salas quien actuó como secretario en dicha reunión.

41 Acta Secreta de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, 6 de junio de 1970, p. 2. Mayúscula en original y el subrayado es nuestro.

42 Ibídem, p. 3.

43 José Luis Cantini ocupó la cartera de Educación, Eduardo Mac Loughlin la del Interior, José María de Pablo Pardo la de Relaciones Exteriores, José R. Cáceres Monié el Ministerio de Defensa Nacional, Aldo Ferrer el de Obras y Servicios Públicos y Jaime Luis E. Perriaux ocupó el Ministerio de Justicia.

44 Fortunato Mallimaci y Guido Giorg (2012), “Catolicismos, nacionalismos y comunitarismos en política social. Redes católicas en la creación del Ministerio de Bienestar Social de la Argentina (1966-1970)”, en Revista Cultura y Religión, Vol. VI, No 1, p. 127; Florencia Osuna, La intervención social del Estado, ob.cit.

45 Guglialmelli, Juan Enrique, 120 días en el gobierno, Buenos Aires, Edición del autor, 1971, p. 12.

46 Decreto No 46. Políticas Nacionales, Boletín Oficial, No 21.959, 29 de junio de 1970.

47 Consejo Nacional de Desarrollo y Consejo Nacional de Seguridad, Plan nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, Buenos Aires, Secretaría del CONADE, 1971, pp. 163-197.

48 Para un balance crítico de la bibliografía que ha abordado la problemática de las actitudes sociales en la historia argentina reciente, véase: Marina Franco y Daniel Lvovich: “Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, N° 47, Buenos Aires, segundo semestre de 2017, pp. 190-217.

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