borrarBoletín geográfico. Año XLII. N°42 (1) - 2020, pp. 35 - 55

Departamento Geografía. Universidad Nacional

del Comahue. Neuquén

  ISSN 0326-1735; e-ISSN 2313-903X

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia/index

 

CONFLICTOS TERRITORIALES Y RESISTENCIA MAPUCHE EN LOMA LA LATA Y LOMA CAMPANA, NEUQUÉN, ARGENTINA

 

 

Inés Maraggi[1]

 

 

(Manuscrito recibido el 18 de marzo de 2020, en versión final 04 de junio de 2020)

 

Para citar este documento

Maraggi, I. Conflictos territoriales y resistencia mapuche en Loma La Lata y Loma Campana, Neuquén, Argentina. Boletín Geográfico, 42 (1), 35-55.

 

 

Resumen

 

La intensificación en la explotación de hidrocarburos de yacimientos convencionales y la incursión en técnicas de explotación de yacimientos no convencionales en la provincia de Neuquén, se produjo en el marco de un avance de las actividades extractivas a diferentes escalas. En la mayoría de las ocasiones, sin consideración de las formas de vida local y afectando de manera significativa a numerosas comunidades indígenas y campesinas.

En este marco, en Loma La Lata y Loma Campana se han desencadenado reiterados conflictos entre las comunidades mapuche Campo Maripe, Paynemil y Kaxipayiñ, los gobiernos nacional y provincial y las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos. El objetivo de este artículo es reconstruir los conflictos territoriales en cuestión e identificar y analizar las tácticas de resistencia desplegadas por las comunidades mapuche.

Como resultado se identificaron cuatro prácticas de resistencia predominantes: la unión mapuche y las redes de articulación política con otros actores; la reivindicación en el plano del derecho y la judicialización de los conflictos; las prácticas de acción directa asociadas al bloqueo de la actividad petrolera; y las negociaciones y acuerdos institucionalizados. Estas tipologías, lejos de ser excluyentes entre sí, han sido desplegadas de manera articulada de acuerdo a las diferentes coyunturas, según las correlaciones de fuerzas y los actores sociales involucrados en los conflictos analizados.

 

Palabras clave: Extractivismo, Conflictos territoriales, Comunidades mapuche

 

 

TERRITORIAL CONFLICTS AND MAPUCHE RESISTANCE IN LOMA LA LATA AND LOMA CAMPANA, NEUQUÉN

 

Abstract

 

The intensification in the exploitation of hydrocarbons from conventional deposits and the incursion into techniques of exploitation of unconventional deposits in the province of Neuquén, took place within the framework of an advance in extractive activities at different scales. In most cases, without regard to local ways of life and significantly affecting numerous indigenous and peasant communities.

In this framework, in Loma La Lata and Loma Campana there have unleashed repeated conflicts between the Mapuche communities Campo Maripe, Paynemil and Kaxipayiñ, the national and provincial governments and the companies dedicated to the exploitation of hydrocarbons. The objective of this article is to reconstruct the territorial conflicts and to identify and analyze the resistance tactics deployed by the Mapuche communities.

As a result, four predominant practices of resistance were identified: the Mapuche joint and the networks of political articulation with other actors; the reinvidication at the level of the law and the judicialization of conflicts; direct action practices associated with blocking oil activity; and institutionalized negotiations and agreements. These typologies, far from being mutually exclusive, have been deployed in an articulated way according to the different conjunctures, according to the correlations of forces and the social actors involved in the analyzed conflicts.

 

Keywords: Extractivism, Territorial conflicts, Mapuche communities

 

 

Introducción

 

En el contexto de expansión contemporánea de formas de acumulación extractivas enraizadas en poderes concentrados a escala global, los conflictos ambientales y las historias de avasallamiento cultural se reconfiguran. Frente a este proceso, el espacio latinoamericano se transforma en un lugar privilegiado donde emergen conflictos territoriales y resistencias populares asociadas a territorialidades que pretenden ser negadas (Aranda, 2015; Gutiérrez, 2016; Scandizzo, 2016). 

En la provincia de Neuquén, se han desencadenado reiterados conflictos derivados de la presencia simultánea de lógicas económicas extractivistas, que dominan los territorios con sesgos productivos y funcionales; y valoraciones culturales e históricas que enfatizan en la apropiación simbólica de los territorios (Falaschi, 1999; Landriscini & Suárez, 1998). Frente a los conflictos en cuestión, las comunidades mapuche imponen resistencia mediante un conjunto de tácticas articuladas entre sí y vinculadas con su historia y cultura, que se despliegan de acuerdo al contexto político, social y económico vigente.

La resistencia de las comunidades mapuche frente a los conflictos territoriales de Loma La Lata y Loma Campana, se ve motivada por factores de índole político, territorial y cultural. En primer lugar, se registra una tendencia de reorganización política de las comunidades y un conjunto de posicionamiento públicos de las mismas como sujetos políticos; en segundo lugar, concurren una serie de procesos vinculados a las formas de apropiación histórica del territorio; y tercero, la reivindicación de la identidad indígena mapuche requiere un ámbito material donde expresarse (Maraggi, 2017).

En este marco, el objetivo de este artículo es reconstruir los conflictos territoriales desencadenados en Loma La Lata y Loma Campana, Neuquén y analizar las tácticas de resistencia desplegadas por las comunidades mapuche Campo Maripe, Paynemil y Kaxipayiñ. Se ha definido como recorte el territorio de los Lof[2] Paynemil y Kaxipayiñ, correspondiente al yacimiento Loma La Lata, por tratarse de un espacio en continua conflictividad desde la década de 1990, y el territorio del Lof Campo Maripe, en el área del yacimiento Loma Campana, porque allí se han reactivado los conflictos a partir de la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, iniciada en el año 2013. El recorte temporal abarca desde inicios de la década de los noventa hasta mediados del año 2017 en que se concluyó el trabajo de relevamiento de información.

En cuanto al abordaje metodológico, se ha optado por una metodología de investigación cualitativa. Se recurrió a fuentes de información primarias, que incluyen entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados: referentes comunitarios de la Confederación Mapuche de Neuquén; periodistas e investigadores especializados en  extractivismo, resistencias y comunidades indígenas y campesinas; y miembros de organizaciones como el Observatorio Petrolero Sur. En cuanto a las fuentes de información secundarias, se recurrió a bibliografía referida a la temática de estudio, artículos periodísticos y documentos oficiales. Asimismo, la información obtenida se complementó con el relevamiento de comunicados que la Confederación Mapuche de Neuquén difunde mediante redes sociales y que las empresas dedicadas a la actividad hidrocarburífera publican en sus sitios web oficiales.

La estructura del artículo es la siguiente. En un primer apartado se presenta el área de estudio, la importancia de la explotación de hidrocarburos en los yacimientos Loma La Lata y Loma Campana para la matriz energética nacional, el avance de la actividad extractiva y su afectación a las comunidades mapuche que allí residen. En un segundo momento se introduce el concepto de territorio para avanzar en la reconstrucción de los conflictos en cuestión. Posteriormente, se indaga en las resistencias vinculadas a los procesos de reivindicación cultural y reorganización política de las comunidades indígenas. En un cuarto apartado, se presenta la sistematización de las tácticas de resistencia desplegadas por las comunidades mapuche. Finalmente, se aportan una serie de reflexiones a modo de conclusión.

 

Extractivismo petrolero y comunidades mapuche

 

La primera perforación y extracción de un pozo de petróleo en Argentina se concretó en el año 1907 en Comodoro Rivadavia, Chubut. Años después, en octubre de 1918, se hizo efectivo en Plaza Huincul el primer pozo de petróleo neuquino. A partir de entonces, la actividad comenzó una etapa de crecimiento que llevó a que Hipólito Irigoyen creara en 1922, la primera empresa estatal de petróleo del mundo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). No obstante, el acontecimiento más relevante en la actividad, se dio en la década de 1970 con el descubrimiento del yacimiento Loma La Lata, el cual concentra la mitad de las reservas gasíferas del país y donde se concretó la primera perforación en 1977 (Gutiérrez, 2016). La importancia de este yacimiento dentro de la matriz energética nacional es tal que entre 1997 y 2008, Loma La Lata representó el 60% de la oferta gasífera del país (Svampa & Viale, 2014). A lo largo de las décadas siguientes, la actividad continuó, con sus vaivenes productivos y sus altibajos asociados a distintos contextos y medidas políticas y económicas.

El año 2011 se manifestó como un punto de inflexión, al anunciarse el descubrimiento de la Formación Vaca Muerta, cuya magnitud en extensión y espesor (30.000 km2 a lo largo de la Cuenca Neuquina), posiciona a Argentina como la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de Sudamérica y la tercera a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y China (Aranda, 2015; Gavaldá & Scandizzo, 2011). No obstante, señala Gutiérrez Ríos (2020), Vaca Muerta se extiende mucho más allá de sus límites geológicos. Se trata de un megaproyecto que, además de las áreas específicas de explotación y las infraestructuras físicas requeridas, implica “un entramado de insumos, industrias asociadas, transporte, comercio, cuerpos normativos, instituciones financieras, corporaciones empresariales” (p.317).

A partir de las modificaciones en el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera y la posibilidad de reestructurar las áreas de extracción convencionales, Loma Campana mantiene su estructura original e incorpora una fracción de Loma La Lata Norte. Dentro de la Formación Vaca Muerta, Loma Campana y Loma La Lata Norte alcanzan conjuntamente una superficie de 395 km2. Allí, la extracción se realiza sobre yacimientos no convencionales de Shale Gas y Shale Oil, gas y petróleo alojados en depósitos de esquisto (Bertinat, D'Elia, Ochandio, Svampa & Viale, 2014) Para extraerlos, es necesario poner en práctica la fractura hidráulica o fracking[3]. El proceso de extracción no convencional adquirió tal intensidad en Loma Campana que para comienzos de 2016 ya se contaba con alrededor de 500 pozos de Shale, conociéndose como el área más afectada por la fractura hidráulica fuera de Estados Unidos (Scandizzo, 2016).

La intensificación en la explotación de hidrocarburos de yacimientos convencionales y no convencionales, se produjo en el marco de un avance de las actividades extractivas, que comprenden los eslabones iniciales de las cadenas de producción, y su expansión a lo largo de múltiples espacios periféricos, profundizando su relación de dependencia con las economías centrales. En esta línea, Machado Aráoz (2013) plantea que:

 

El extractivismo específicamente es la forma que adopta el capital en sus regiones periféricas y espacios coloniales. Hace referencia a los regímenes económico-políticos constituidos como espacios subordinados, economías subalternas (…) El extractivismo refiere al colonialismo como la cara oculta del capitalismo; es la condición histórico-geográfica y ecológica de posibilidad del proceso de mundialización del capital. Da cuenta de los mecanismos y dispositivos inseparablemente epistémicos, jurídicos, económicos, políticos y bélicos a través de los cuales se produce y reproduce la apropiación desigual del mundo como requisito de la acumulación. (p. 37)

 

De esta manera, el extractivismo se constituye como un proceso que exporta naturaleza y reproduce las estructuras y lógicas capitalistas al basarse en la competitividad y el aumento de la rentabilidad, al tiempo que desplaza a comunidades campesinas e indígenas. En palabras de uno de los entrevistados, “avasalla culturas, avasalla historias y viola derechos humanos [4].

Al indagar en las consecuencias del megaproyecto Vaca Muerta, Gutiérrez Ríos (2020) identifica como principales impactos las afectaciones al ambiente (derrames en boca de pozos, filtraciones, aumento de la actividad sísmica, basureros petroleros); la falta de cumplimiento de la legislación indígena; las consecuencias sobre la salud de la población; el deterioro o destrucción de las actividades productivas preexistentes; las violaciones de los derechos laborales a partir de la flexibilización de los convenios colectivos y la baja seguridad laboral. Todo esto conjugado con la violencia simbólica que implica la falta de un proceso democrático de discusión en torno a los derechos anulados y las posibilidades de poner en práctica otra matriz productiva.

En el caso de las comunidades mapuche de la provincia de Neuquén[5], 32 de ellas residen sobre áreas de la Formación Vaca Muerta y 18 se encuentran directamente afectadas por la explotación hidrocarburífera (Radovich, 2013). Entre ellas, los Lof Paynemil y Kaxipayiñ se ven afectados por las actividades en el yacimiento Loma La Lata, y el Lof Campo Maripe por la explotación en el yacimiento Loma Campana (ver Figura 1).

 

La presencia en el área en disputa de la Comunidad Paynemil (“oro celeste”), se remonta a la década de 1880, cuando sus integrantes migraron desde la localidad de Azul en la provincia de Buenos Aires. Integrada por 10 unidades domésticas, que alcanzan un total aproximado de 46 pobladores, abarca alrededor de 5.000 hectáreas (Funks, Pizzorno & Zambón, 2000). En 1964 fue reconocida por el Decreto Provincial N°737 como “reserva indígena”, figura legal que le permitió el usufructo vitalicio de las tierras en términos de no propiedad. En 1989 se constituyó como Asociación Civil y, dos años después, en 1991, obtuvo la propiedad de las tierras. A partir de entonces, se subdividió la tierra correspondiéndole a cada unidad doméstica una parcela (Landriscini & Suárez, 1998).

Muy cerca de esta comunidad se encuentra la comunidad mapuche Kaxipayiñ (“volver al origen”), integrada por 50 habitantes, miembros de 11 familias (Balazote & Radovich, 2001). Reconocida como “comunidad indígena” por el gobierno provincial en 1998, aunque carecen de título de propiedad de la tierra, hacen uso efectivo de 6.800 hectáreas, y reivindican como propias un total de 20.000 (Aranda, 2015).

La comunidad mapuche Campo Maripe, por su parte, se asienta en la zona desde 1927, año en que arribaron y se instalaron Pedro Campo Fioriza y Celmira Maripe Huenchucan. En numerosas ocasiones, Pedro Campo manifestó su voluntad de obtener el título de las tierras para no verse obligado a pagar anualmente los derechos de pastaje, pero la misma se le negaba por no contar con el capital necesario para adquirirlas. Como no se los reconocía como comunidad mapuche, las solicitudes no eran evaluadas de acuerdo a la normativa específica para la población indígena, al tiempo que las tierras que habitaban eran vendidas a distintos compradores que contaban con el capital exigido. Esta comunidad, que obtuvo en 2014 la figura de Personería Jurídica, está integrada actualmente por más de 30 familias. De acuerdo al relevamiento territorial realizado entre 2014 y 2015 (Villarreal & Meza, 2015), corresponden a la comunidad alrededor de 11.000 hectáreas, aunque cuentan con la propiedad legal comunitaria de una porción muy inferior.

 

Aproximación a una disputa territorial de larga data

 

Fernandes (2005) define el territorio como el espacio disputado que es apropiado en un momento determinado por una relación social que lo produce y controla, estableciendo mediante relaciones de poder sus posibilidades de acceso y usos. Siendo espacio, todo territorio posee sus cualidades composicionales, de completitud y multidimensionalidad. No obstante, señala Fernandes, se trata de “una totalidad restringida por la intencionalidad que lo creó” (p.28), porque las intencionalidades de las relaciones sociales fragmentan el espacio y condicionan una determinada representación del mismo. Así, esa intencionalidad se va a constituir como una forma de poder.

En una línea congruente, Haesbaert (2011) añade que ese control del espacio siempre se da, al mismo tiempo, a través de procesos de apropiación y dominación. El territorio, es “fruto de la interacción entre las relaciones sociales y el control del o por el espacio, el cual implica relaciones de poder en sentido amplio, al mismo tiempo de manera más concreta (dominación) y más simbólica (un tipo de apropiación)” (p.194). El “territorio, en tanto relación de dominación y apropiación sociedad-espacio, se reproduce a lo largo de un continuum que va desde la dominación político-económica más «concreta» y «funcional» hasta la apropiación más subjetiva o «cultural-simbólica»” (p.81). Dentro de este “juego de territorialidades”, como lo denomina Haesbaert, son incontables los conflictos que pueden surgir. 

Al producir disgregaciones, pero también asociaciones, alianzas y redes, se entienden los conflictos como una modalidad de socialización, un elemento constitutivo, positivo e ineludible de las relaciones sociales (Melé, 2016; Stamm & Aliste, 2014). En particular, y en palabras de Manzanal, Arzeno y Nardi (2011):

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio en la cuenca petrolera neuquina

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Datos disponibles en: http://datos.minem.gob.ar/dataset?groups=exploracion-y-produccion-de-hidrocarburos y http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas

 

Son conflictos territoriales las disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental (en torno a la tierra, el agua, la minería, la biodiversidad, la infraestructura). En general, este tipo de conflicto enfrenta a los sectores subalternos (pequeños productores, comunidades indígenas) con el poder hegemónico, en disputas que en muchos casos tienen una prolongada y antigua trayectoria. (p.31)

 

Los conflictos desencadenados en Loma La Lata y Loma Campana entre las comunidades mapuche, el gobierno provincial y las empresas hidrocarburíferas, se remontan a la década de 1960, cuando la actividad extractiva, más ligada a la dinámica mundial, comenzó a avanzar sin considerar los comportamientos y las formas de vida de los pobladores locales, y se profundizaron en la década de 1990 con la intensificación de la explotación de hidrocarburos (Falaschi, 1999; Landriscini & Suárez, 1998). Entraron en tensión una construcción del territorio de carácter más funcional, que prioriza su valor como fuente de recursos, desde el punto de vista del Estado y las empresas; y una construcción del territorio más asociada a la apropiación cultural y simbólica por parte de las comunidades indígenas. El testimonio del referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, (citado por Scandizzo, 2016), da cuenta de esta visión:

 

Contra esa lógica [extractiva] estamos nosotros parándonos, defender tu territorio para poder producir, vivir de ese territorio, y de última, intercambiar con otros sistemas económicos, pero siempre parados desde la identidad mapuche, que es estar aferrados al territorio. Creo que por ahí está el eje para nosotros, salvarnos no sólo de la industria extractiva, sino para proyectar nuestra identidad, que no existe si no es en relación al territorio. (p.106)

 

En la última década, la reactivación de los conflictos se vinculó, por un lado, a un proceso de reorganización política mapuche y, por el otro, a la ampliación de la frontera extractiva hacia áreas secundarias (aquellas zonas de menor producción). Al respecto, el investigador del Observatorio Petrolero Sur expresaba que:

 

Como el proyecto Vaca Muerta implica incrementar la producción en yacimientos ya instalados o expandirse hacia zonas aún no explotadas, eso va generando tensiones tanto con las comunidades mapuche como con otros actores afectados por el desarrollo de estas actividades. La dinámica de los conflictos en la actualidad es muy similar a los que se venían dando con anterioridad a la incursión del fracking en Neuquén, aunque influye en su incremento la magnitud del proyecto Vaca Muerta[6].

 

En las Tablas 1 y 2, se sintetizan los principales acontecimientos conflictivos que se han desarrollado en Loma La Lata y Loma Campana, y que involucran a las comunidades Paynemil, Kaxipayiñ y Campo Maripe, al gobierno provincial y nacional, y a las empresas hidrocarburíferas. La Tabla 1 resume los primeros años del ciclo de conflictos, en el marco de la actividad hidrocarburífera convencional; la Tabla 2 refiere a la reactivación de los conflictos que se dio a partir del año 2013 con el avance de la frontera extractiva asociada a la incursión del fracking. Se indican para cada caso, los actores primarios involucrados, las denuncias radicadas por las distintas partes (en caso que se haya alcanzado una instancia judicial), el rol del Estado en sus diferentes niveles jurisdiccionales, las tácticas de resistencia desplegadas por las comunidades, y las condiciones y circunstancias de resolución de los conflictos (cuando fue posible reconstruirlas).

A partir de la sistematización elaborada, se extrae que, a lo largo de las tres décadas de disputa, los distintos acontecimientos conflictivos se asociaron principalmente a dos factores. Por un lado, al cúmulo de problemas derivados de la explotación de hidrocarburos que generaron contaminación ambiental, como son los derrames, las fugas de gas y filtraciones. Entre ellos se pueden mencionar, en Loma La Lata, la contaminación con hidrocarburos de la capa freática en 1995 que provocó la mortandad del ganado y generó graves consecuencias en la población local producto de la presencia en sangre de metales pesados (Gavaldá, 2005), y la contaminación ambiental resultante de la explosión de un tanque de 40.000 litros de combustible que generó el derrame y la combustión de los hidrocarburos en el año 2000. En Loma Campana, por su parte, también se han generado tensiones de esta índole. Ejemplos de ello son los derrames producidos en los pozos N°843 y N°213 en los años 2014 y 2015, respectivamente.

Por otro lado, también actúa como desencadenante de tensiones, el avance de la actividad, el desarrollo de obras de infraestructura y la perforación de pozos, sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades, muchas veces bajo el consentimiento y el establecimiento de alianzas con el gobierno provincial y nacional. Esto ocurrió en el año 2013 en el marco del acuerdo entre la empresa Chevron y la reestatizada YPF para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales (Aranda, 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cronología de los conflictos entre las comunidades y la actividad hidrocarburífera convencional. Fuente: Maraggi, 2017, p. 58


[1] Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA – CICPBA). Comisión de Investigaciones Científicas Buenos Aires. E-mail; nequimaraggi@yahoo.com.ar

[2] Lof en lengua mapuche refiere a una comunidad en sentido de unidad socioterritorial conformada por varios grupos domésticos (Radovich, 2017). En adelante, en el presente trabajo, se emplearán de manera indistinta los términos “Lof” y “Comunidad”.

[3] Esta técnica consiste en realizar una perforación vertical con una profundidad de 2000 a 3000 metros, cementar las paredes del pozo, perforar en forma horizontal hacia diferentes direcciones, y cementar nuevamente las extensiones. Como resultado se obtiene un sistema de tuberías denominado casing (Bertinat et al, 2014). Alcanzada esta etapa, se comienza a “punzar” la cañería para contactar con la roca y se inyectan a elevada presión agua, productos químicos y arenas, que permiten que permanezcan las aberturas en las cañerías y en la roca. La perforación de un pozo puede demandar entre 25.000 y 35.000 m3 de agua (Instituto de Energía, 2013). Cuando la fractura concluye y disminuye la presión, los hidrocarburos se desplazan hacia la superficie junto con un tercio de los fluidos inyectados (fluido de retorno o flowback), y se depositan en piletones. El gas o petróleo será trasladado mediante cañerías a las plantas de procesamiento, mientras el fluido de retorno será sometido a tratamiento.

[4] Entrevista realizada el 21 de junio del año 2017.

[5] En la provincia de Neuquén, la población mapuche se organiza en 64 Lof, cada uno de ellos con un representante, denominado logko y un werken que desempeña el rol de vocero.

[6] Extracto de la entrevista realizada el 10 de julio del año 2017.


Tabla 2. Cronología de los conflictos desde el inicio del fracking. Fuente: Maraggi, 2017, p. 59.

 

Asimismo, se observa que durante la década de los noventa, mediante diversas vías, ha sido posible alcanzar ciertas instancias de resolución de las tensiones, a pesar de que muchas de ellas no se han concretado en su totalidad. En contraste, en los últimos años, son escasas las situaciones en las que se ha arribado a un acuerdo. En estos casos, predominó desde el gobierno y las empresas una estrategia de disipación en el tiempo de las tensiones.

En cuanto al rol de los gobiernos provinciales y nacionales, las diferentes administraciones se han ido posicionando, por acción u omisión, en los distintos acontecimientos conflictivos. Ordenando la represión o el desalojo de las comunidades, asociándose con las empresas en proyectos de explotación o haciendo caso omiso a las demandas comunitarias. En palabras del referente comunitario entrevistado, la disputa “es entre el Estado y el Pueblo Mapuche porque es el Estado el que tiene que garantizar el ejercicio del derecho”. La renuencia del Estado a garantizar los derechos indígenas queda de manifiesto en la falta de aplicación de la Ley N°26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2006, con el propósito de paralizar los desalojos hasta tanto se efectúen los relevamientos que permitan definir las tierras correspondientes a las comunidades indígenas. Debido al retardo en su implementación, la ley debió ser prorrogada sucesivamente en tres ocasiones.

 

Poder, resistencia y procesos de reivindicación cultural

 

La trama de poder que se configura en los conflictos territoriales, si bien presenta un dominio de los actores concentradores de poder, quienes imponen ciertos mecanismos de control del territorio, no está exenta de prácticas de resistencia desplegadas por los actores subalternos. Como señala Michel Foucault (1976), separar dominantes de dominados, poder de resistencia, implicaría ignorar el carácter relacional de las mismas relaciones de poder. Sobre ello, Foucault (1976) expresa que:

 

Donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder […] Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder […] no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder. (p. 57)

 

Bajo un posicionamiento similar, Hall (1984) analiza el lugar que ocupa la cultura popular y afirma que ésta nunca puede verse como autónoma e independiente al campo de fuerzas de las relaciones culturales, así como tampoco puede pensarse como totalmente subsumida a la cultura dominante. En este campo de relaciones entre las culturas, así como la cultura dominante va a tratar de desorganizar y reconfigurar a su criterio a la cultura popular, ésta va a resistir mediante diversas vías, en un espacio de batalla permanente, dinámico y donde no se obtienen resultados definitivos.

En base a los dispositivos de poder en los que ha profundizado Foucault, De Certeau (2000) analiza las prácticas populares que buscan desafiarlos desde la resistencia. Para ello, presenta una distinción entre estrategias y tácticas. Mientras las primeras cuentan con un lugar “propio” desde el cual administrar y gestionar las relaciones, con cierta independencia de las situaciones cotidianas variantes; las segundas, no cuentan con un lugar “propio”, siendo “movimiento en el interior del campo de visión del enemigo”, y aprovechan acontecimientos cotidianos, los instantes precisos, para actuar poco a poco. Desde esta perspectiva, la acumulación de prácticas cotidianas de resistencia que conforman el “arte del hacer”, permiten hacer sucumbir y poner en tensión las bases del sistema.

En oposición a las estrategias de dominación impuestas desde el poder hegemónico, las comunidades indígenas despliegan diferentes prácticas articuladas entre sí y ligadas a su organización y trayectoria comunitaria. Dichas prácticas son reconocidas en este trabajo como tácticas de resistencia y acción política de reafirmación cultural y territorial.

Las posibilidades de autorreconocimiento y reivindicación como comunidad indígena son variables según el momento histórico y las coyunturas políticas y sociales. Al indagar en las demandas indígenas del siglo XXI, Kropff (2005) identifica tres tendencias principales: i) la creación de representaciones a nivel nacional, que se orientan a participar en la aplicación de políticas indígenas estatales; ii) la creación de espacios de negociación directa entre dirigentes indígenas y agencias multilaterales; y iii) las alianzas entre organizaciones indígenas, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos.

En esta línea, en las últimas tres décadas, las comunidades mapuche han experimentado un proceso de reivindicación cultural y política que les permitió obtener reconocimientos jurídicos, avanzar en sus demandas, participar en debates provinciales y nacionales, y adquirir mayor visibilidad como comunidad. Como parte de este proceso, en los noventa se reencontraron las comunidades que residían en Argentina y en Chile, y recuperaron la “conciencia nacional mapuche”. Dos décadas atrás, hacia 1970, se había iniciado un camino de organización política, pero se trató de un proceso que entró en declive durante el período dictatorial, y adquirió fuerzas nuevamente con el retorno de la democracia. A partir de esta reorganización política, Jorge Nahuel expresa (en Allegretti, Cremonte & Haure, 2016) que:

 

Hay que reconocer que, de veinte años a esta parte, el pueblo mapuche está mucho más fuerte que antes. Todos estos logros jurídicos son una marca esencial, por algo pasamos de estar totalmente negados a ser reconocidos. La lucha, hoy, es por la aplicación, no por el reconocimiento de esos derechos. (p.103)

 

En el marco de estos procesos, en el año 1992, las comunidades mapuche de todo el Wallmapu –territorio ancestral Mapuche decidieron crear la Wenufoye, bandera que los representa como colectivo mapuche, fortalecer los vínculos familiares y recuperar elementos representativos de su identidad como es la lengua mapuche mapuzungun, mediante talleres realizados en las rukas casas­comunitarias. Otro de los elementos culturales que los representa es la celebración del Wiñoy Xipantv –la vuelta del sol cada 24 de junio, cuando se inicia un nuevo ciclo y se renueva el compromiso con los pu newen –fuerzas de la naturaleza– (Villarreal & Meza, 2015). Su identidad colectiva ha adquirido un rol cada vez más protagónico al fortalecerse y consolidarse, en la lucha por el reconocimiento de su historia, cultura, identidad y territorio, y en reclamo de una mayor participación en la toma de decisiones. Al respecto, Falaschi (1999), afirma que el eje medular de la resistencia indígena, particularmente de las comunidades mapuche, es la “reactivación” cultural, en el sentido de la recuperación de la cultura y la memoria colectiva.

 

Hacia una sistematización de las tácticas de resistencia mapuche

 

En las comunidades mapuche enfrentadas al extractivismo petrolero, el repertorio de prácticas de resistencia varió de acuerdo a las diferentes coyunturas, las correlaciones de fuerzas, los actores sociales involucrados y sus recursos y capacidades. Como señala uno de nuestros entrevistados: “no hay un camino único. La historia de las luchas mapuche da cuenta de ello. Ha habido momentos de movilización muy intensos, de recurrir a la justicia, de aprovechar las mesas de diálogo, de aprovechar articulaciones con movimientos sociales”[1]. De allí que este apartado propone -en función del abordaje teórico-analítico y el procesamiento de la información- identificar las prácticas desplegadas por las comunidades mapuche en el marco de los conflictos descriptos:

 

Resistencia colectiva, unión mapuche y articulación política multisectorial. Las comunidades Paynemil, Kaxipayiñ y Campo Maripe han recurrido a la experiencia y trayectoria tanto de la Zonal Xawvnko como de la Confederación Mapuche de Neuquén, en búsqueda de darle mayor visibilidad e integración a las demandas indígenas. Con el respaldo de formatos organizativos de mayor escala, la articulación de esfuerzos y la socialización de las experiencias acumuladas, las comunidades fortalecieron sus reclamos y extendieron sus conquistas. La amplificación de la problemática en múltiples espacios públicos de deliberación, a través de redes sociales heterogéneas, fue una de las prácticas registradas.

Además de la articulación entre comunidades, la resistencia colectiva también adquirió forma mediante la apertura de espacios de encuentro y lucha con otras instituciones, organizaciones y actores sociales (Agosto & Briones, 2007). Los lazos de las comunidades alcanzaron a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ambientales, la pastoral neuquina, el Observatorio Petrolero Sur, la Multisectorial contra el Fracking, organizaciones estudiantiles, investigadores, sindicatos y partidos políticos. Este grado de apoyo social, produjo que las comunidades definan su resistencia no sólo como una lucha mapuche sino como parte de una reivindicación social más amplia, es decir, vinculó la resistencia mapuche con la historia de lucha colectiva que desde hace tiempo se viene dando en Neuquén (Allegretti et al, 2016).

 

Reivindicación en el plano del derecho y judicialización de los conflictos.

Las comunidades han recurrido a esta táctica bajo el amparo del marco legal provincial, nacional e internacional que reconoce sus derechos como comunidades indígenas. Es decir, se ha dado un proceso de juridificación de los conflictos al insertarlos en el plano del derecho y los derechos. A partir de ello, la vía judicial, reconocida por Falaschi (1999) entre los métodos institucionales de resistencia, ha sido una opción a la cual han acudido las comunidades porque les permite sentar antecedentes de los diferentes sucesos conflictivos en los que se ven involucrados. No obstante, son escasas las denuncias comunitarias que prosperaron. Por ejemplo, en el caso del Lof Campo Maripe, quemaron viviendas mientras se firmaba el acuerdo entre el gobierno provincial, YPF y Chevron y aún no se ha avanzado en la resolución judicial, ni se han identificado responsables.

La resistencia colectiva ha contribuido a que las denuncias judiciales alcancen mayor trascendencia, principalmente cuando eran efectuadas por la Confederación Mapuche de Neuquén o por otras organizaciones e instituciones con cierta trayectoria y práctica instituida en el campo del derecho. Así ocurrió en marzo del año 2017, cuando las comunidades mapuche no recibieron respuestas al radicar de manera independiente una denuncia por contaminación ambiental en el yacimiento Loma La Lata, a diferencia de cuando presentaron la denuncia de manera conjunta como Zonal Xawvnko. En esta ocasión, ante la magnitud que alcanzaron los reclamos, la empresa suspendió algunas operaciones.

Sin embargo, en muchas ocasiones, y más aún cuando las empresas son las que trasladan los conflictos hacia este ámbito, la vía judicial ha sido utilizada para descentrar el foco de tensión, desgastar a la organización, y obligar a que las comunidades destinen sus limitados recursos a la representación jurídica. Cuando ello ocurre, se torna en una arena propicia para que los intereses de los sectores hegemónicos erosionen voluntades y esfuerzos.

 

Prácticas de acción directa y bloqueo de la actividad petrolera.

La trayectoria de los conflictos da cuenta que las comunidades han acudido a métodos de acción directa, que incluyen el bloqueo de yacimientos, accesos, rutas y caminos, en muchas ocasiones, acompañadas por otros sectores de la sociedad. Así fue en el año 2013, cuando las comunidades junto con distintas organizaciones sociales bloquearon el ingreso al yacimiento Loma La Lata Norte en repudio a la quema de varias viviendas en el Lof Campo Maripe.

Del relevamiento realizado surge que, producto de esta práctica, las comunidades han sido juzgadas, estigmatizadas y señaladas como responsables de las consecuencias socio-económicas que generan las interrupciones en la actividad petrolera. Esto pone de relieve el modo en que los sectores que concentran poder logran, mediante recursos de representación mediática, capturar las prácticas disidentes haciendo de la resistencia dispositivos funcionales a la reproducción del orden. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo desplegadas debido a que, al afectar de manera directa la actividad extractiva, incrementan la visibilidad de los reclamos comunitarios y en ocasiones se vuelven efectivas.

 

Negociaciones y acuerdos institucionalizados.

El marco institucional de la legislación de hidrocarburos y la legislación indígena contemplan distintos formatos para tramitar acuerdos entre las partes frente a diferentes controversias, como por ejemplo, las negociaciones e indemnizaciones para las poblaciones afectadas por la apertura de caminos y la instalación de locaciones y ductos. De allí que las instancias de negociación y acuerdos entre comunidades campesinas, indígenas y empresas sea otro de los canales a través de los cuales se manifiestan las resistencias y el ejercicio de reafirmación territorial. Es importante contextualizar esta práctica en el marco regulatorio establecido a nivel nacional, principalmente a la luz de los procesos de juridificación de los conflictos citado líneas arriba.

Sin embargo, el referente comunitario entrevistado manifiesta que fueron muy pocos los casos que llegaron a abrir mesas de diálogo. Asimismo, fueron escasos los encuentros a partir de los cuales se arribó a soluciones o respuestas concretas a las demandas comunitarias. La visión del entrevistado respecto a estos marcos institucionales, es que carecen de un verdadero contenido: “el diálogo se convierte en un instrumento de subordinación porque no cuestiona el modelo sino que busca expandirlo. No es para reconocernos a nosotros sino para que nosotros cedamos ante ellos”[2].

 

 

Conclusiones

 

La reconstrucción de los conflictos territoriales, a partir de la yuxtaposición de la actividad petrolera y la reivindicación de los derechos de las comunidades mapuche, permitió observar que el avance de la frontera extractiva, asociada a la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, ha reactivado el ciclo de los conflictos entre los actores en pugna. Por un lado, se manifiestan nuevas acciones represivas por parte de los sectores que concentran el poder político y económico. Por otro lado, las comunidades mapuche han atravesado un proceso de organización y acción política que permitió dar mayor visibilidad a la disputa.

La trayectoria analizada posibilitó documentar las diferentes prácticas de resistencia que las comunidades han desplegado, en el marco de un proceso de reivindicación cultural y reorganización política por el respeto y cumplimiento de sus derechos como comunidades indígenas. La identificación y sistematización de las tácticas de resistencia dio lugar a cuatro tipos de acciones: 1) la resistencia colectiva vinculada a la articulación multiactoral o de redes sociales más amplias orientadas a la configuración de alianzas políticas, 2) la reivindicación en el plano del derecho con eventuales instancias de confrontación en el ámbito judicial, 3) las prácticas de acción directa relacionadas con el bloqueo de la actividad económica, y 4) la apertura de canales de diálogo entre partes para dar lugar a acuerdos institucionalizados.

En base a la síntesis de la cronología de los conflictos, se observó que las tácticas de resistencia desplegadas con mayor frecuencia han sido las asociadas a la conformación de redes, alianzas y espacios de deliberación-reivindicación pública entre las comunidades y otros colectivos (tipología 1), por permitir aunar experiencias y trayectorias y, al mismo tiempo, posibilitar que los reclamos ganen repercusión mediática y aumenten la presión política. De manera complementaria, las prácticas de acción directa en las áreas de explotación de hidrocarburos (tipología 3), fueron tácticas recurrentes porque mostraron cierta capacidad para afectar el funcionamiento de la actividad económica y obligaron el reposicionamiento de las empresas.

Luego de tres décadas de lucha, las comunidades mapuche no han logrado grandes avances en sus demandas ni en el cumplimiento efectivo de sus derechos. Las respuestas obtenidas fueron escasas y circunstanciales. En el primer período de conflictos, asociados a la actividad hidrocarburífera convencional, las comunidades lograron algunas conquistas. En el segundo período, la tendencia parece haber sido aún más crítica. No obstante, frente al continuo avance de la frontera extractiva y al incumplimiento de los derechos comunitarios contemplados en la legislación nacional e internacional vigente, la disputa territorial es inherente y, lo esperable, es la persistencia de conflictos y formas de resistencia.

 

Agradecimientos

El presente trabajo retoma los planteamientos, ejes de indagación y resultados de la investigación desarrollada en el año 2017 como Tesis para la obtención del título de grado de Licenciada en Geografía (FaHCE-UNLP). Un avance preliminar de este artículo fue presentado en 2018 en las Jornadas Platenses de Geografía (IdIHCS-UNLP-CONICET y FaHCE-UNLP).

 

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[1] Entrevista realizada el 10 de julio del año 2017.

[2] Entrevista realizada el 9 de noviembre de 2017.

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