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DESDE LA PATAGONIA DIFUNDIENDO SABERES - VOL. 14 - Nº 24 - 2017

ISSN 1668-8848

Vivimos sobre la base de un genocidio exitoso. Este 

punto de llegada es resultado de numerosas investi-
gaciones en historia, antropología y sociología de las 
últimas dos décadas. Por supuesto, como suele ser el 
ejercicio habitual de las ciencias sociales y humanas, es 
una propuesta provocativa con debates al interior y ha-
cia afuera de las disciplinas. Retomaremos, entonces,el 
conocimiento consensuado de los alcances y de los lí-
mites al utilizar la categoría de genocidio para pensar 
el momento clave de incorporación forzada de la Pata-
gonia y su población al Estado argentino en su proceso 
de consolidación y delimitación territorial en la década 
de 1880. Este proceso complejo que se condensa en 
la criticada y bien pensada construcción de época la 
“Conquista del desierto”.Para comprender el presente 
de conflictividad social que se ha instalado en la are-
na pública nacional a partir de la desaparición forzada 
de Santiago Maldonado desde la Pu Lof en resistencia 
Cushamen tenemos necesariamente que retrotraernos 
a ese punto de inflexión que significó la ocupación mi-
litar de la Patagonia norte.

Con mucho dolor, quienes nos dedicamos a los 

estudios sobre violencia estatal, identificamos claros 
signos de prácticas que se repiten, la reiteración de 
discursos pseudo-científicos o “científicamente” pro-
bados que abonan la estigmatización de sectores 
marcados como peligrosos tanto ayer como hoy. Por 
esto nos proponemos repasar los supuestos más reite-
rados, retomar las investigaciones recientes y destacar 
las repeticiones y continuidades que se pueden identi-

ficar en la larga duración de una historia que refiere al 
Estado, los indígenas del sur y la sociedad patagónica 
en su conjunto.

Desde la última década del siglo XX los pueblos ori-

ginarios cobraron una visibilidad inusitada para los ar-
gentinos. Nos referimos por ejemplo, a las contra-ce-
lebraciones del quinto centenario de la conquista de 
América, las pujas por el reconocimiento constitucio-
nal en el proceso de reforma de 1994, y las denuncias 
por genocidio que se instalaban en grafittis y pintadas 
a los largamente incuestionables monumentos al ge-
neral Julio A. Roca. Como en tantos otros procesos 
históricos es la demanda social la que abre preguntas 
para la investigación. En particular la denuncia sobre 
genocidio que partía de las organizaciones sociales, 
comunidades, familias indígenas tenía un solo relato 
con el que enfrentarse. Esto es, la versión oficial de la 
guerra ganada al indígena que dio lugar al proceso 
“civilizatorio” de la Patagonia en el siglo XIX.

La historia oficial: la guerra ganada al indí-
gena

La historia oficial de la Conquista del desierto fue 

profusamente escrita y divulgada por los militares que 
fueron protagonistas de la Conquista o por aquellos 
que reivindicaban la gesta patriótica gracias a la ac-
ción de las fuerzas armadas. Esta versión se reiteró, 
a partir de publicaciones, durante la década infame

1

en la celebración del centenario de la Conquista en el 
contexto de la última dictadura cívico-militar-eclesiás-
tica, y también, hacia fines de los años noventa. Por 
otra parte, la ausencia de un otro relato sistemático o 

De la Conquista Del Desierto a los

“enfrentamientos” fraguaDos en DemoCraCia

Mientras en el centro de la escena deberían estar las persecuciones a muerte de personas en 

democracia, los debates periodísticos derivan en mecanismos recurrentes de deslegitimación de 
la demanda indígena. Los mapuche, ¿son extranjeros y/o peligrosos? Nos proponemos recoger el 
conocimiento producido desde las ciencias sociales y humanas en las últimas décadas que no sólo 
responden preguntas básicas, sino que desarman “verdades” sostenidas por el sentido común y 

ponen sobre la mesa el racismo estructural que organiza la sociedad argentina.

por Pilar Pérez

Pilar Pérez
Dra.en historia, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(IIDyPCA, CONICET, Universidad Nacional de Río 
Negro)

DESDE LA PATAGONIA

Se conoce como Década Infame al período de la historia de la Argen-

tina que comenzó el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado 
cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finalizó el 4 de 
junio de 1943 con el golpe de estado militar que derrocó al presidente 
Ramón Castillo.

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DESDE LA PATAGONIA

académico vinculado a este proceso en particular, fue 
el motivo por el cual desde la educación también se 
priorizó esta versión. Finalmente, este relato oficial fue 
monumentalizado en plazas, nombres de calles, mo-
numentos, placas y en la  denominación de pueblos y 
ciudades. 

Entre otros rasgos que podemos destacar, el discur-

so de la guerra ganada instaló tres ejes de razona-
miento sobre la Conquista. El primero, que los indíge-
nas formaban parte del pasado de nuestro país y que 
la guerra había vehiculizado un país “sin indios” que 
nos distinguía del resto de América Latina. En segundo 
lugar, tendía un extenso manto de silencio delibera-
do respecto de la realidad de los sobrevivientes, sobre 
los cuales -sin embargo- se debatía hacia adentro del 
Congreso de la Nación y hacia adentro de las gober-
naciones de los flamantes territorios nacionales en 
términos de inseguridad. En tercer lugar, este discur-
so cristalizaba la imagen de los indígenas en aquellos 
sujetos peligrosos, amenazantes, ladrones, salvajes e 
irracionales. Todos estos, estigmas producidos para 
justificar la Conquista, como veremos, que detenían 

la propia historicidad de los pueblos indígenas en esta 
foto de época.

La denuncia por genocidio contrastaba brutalmen-

te contra esta narrativa histórica oficial reiterada y 
celebrada por más de un siglo. Indudablemente, los 
académicos y los historiadores en particular, nos en-
frentábamos a un silencio atronador sobre el cual no 
teníamos demasiadas respuestas, porque esa versión 
oficial se había naturalizado incluso en el ámbito de 
la investigación. Por lo tanto, la pregunta era perfecta-
mente legítima, la Conquista del desierto ¿fue un ge-
nocidio? ¿Nos permite esta categoría dar cuenta del 
proceso histórico?

La Conquista del desierto como genocidio

La Convención de las Naciones Unidas de 1948 

creada por Raphael Lemkin para expresar jurídicamen-
te y a posteriori lo que había sido el crimen de lesa hu-
manidad nazi. Esa mega-industria de la muerte, racio-
nalmente organizada y burocráticamente ejecutada, es 
en la actualidad la base sobre la cual analizamos -y 
muy ocasionalmente juzgamos-  diferentes experien-

Estanislao Zeballos con algunos de los cráneos de su colección. Publicación del Archivo General de la Nación, 

Campaña del desierto, 1969.  

Imagen: Gentileza de la autora

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cias genocidas: el genocidio contra los pueblos herero 
y nama entre 1904 y 1907 en la ocupación colonial 
alemana de la actual Namibia

2

; el genocidio armenio 

de 1914 ejecutado por los jóvenes turcos; el holo-
causto alemán contra judíos, gitanos, homosexuales, 
discapacitados y comunistas, durante la segunda gue-
rra mundial; el genocidio político en Camboya duran-
te el gobierno de los jémeres rojos; Ruanda y el geno-
cidio contra los tutsi en 1994, entre otras experiencias 
históricas. Si bien cada caso tiene sus diferencias, 
particularidades y lugares grises para la aplicación de 
la categoría, también comparten rasgos comunes que 
permiten los estudios comparativos, campo creciente 
de investigación en las últimas décadas. Además de la 
Convención como eje articulador, la mayoría de los 
investigadores del campo identificamos -con más o 
menos detalle- tres tiempos del proceso genocida: (1) 
la creación de “otro-interno” -grupo o sector- como 
peligroso; (2) la violencia perpetrada desde el Estado 
para con este grupo y (3) la negación del genocidio.

Construir un “otro-interno” peligroso

Relataré brevemente lo sucedido antes, durante y 

después de la Conquista del desierto, producto de las 
investigaciones histórico-antropológicas, en su mayo-
ría del siglo XXI. En la década del setenta del siglo 
XIX el Estado argentino lograba tras medio siglo de 
confrontaciones internas y limítrofes, un cierto sosteni-
miento del orden y control de su territorio y población. 
Este período se caracteriza por avanzar sobre las fron-
teras internas del país, largamente negociadas con 
diferentes parcialidades indígenas. Los estudios sobre 
las relaciones de frontera dan cuenta de que el con-
flicto sintetizado en los malones indígenas y casi nunca 
en las incursiones militares de las provincias argenti-
nas,  era sólo un aspecto más de la vida social de fron-
tera. Incluso para la década de 1870 tenemos varias 
parcialidades indígenas como los Catriel o los Rondo 
en Buenos Aires, o también las zonas de colonización 
patagónica como los galeses en Chubut o la antigua 
ocupación de la comarca Viedma-Patagones, convi-
viendo de forma negociada y pacífica. No obstante, 
desde Buenos Aires se ordenó a los responsables de 
frontera que debían “entretener la paz” con los indí-
genas para avanzar militarmente. De esta forma, el 
Estado argentino traicionó sistemáticamente tratados, 
concesiones, pactos y acuerdos establecidos con los 

2

 Cabe destacar que este proceso fue reconocido como genocidio por el estado alemán en el 2014. Esto significa que se estableció un criterio oficial 

de resarcimiento a las víctimas y familiares de víctimas del genocidio. Por otra parte existen investigaciones que vinculan la experiencia colonial de las 
potencias europeas, entre ellas los alemanes, como antecedentes de la creación de campos de concentración, luego implementados durante la segunda 
guerra mundial.

Véase diario La Nación 16 de noviembre de 1878.

indígenas y avanzó militarmente por la frontera.

Para 1878 tenemos incluso la denuncia pública a 

partir del diario La Nación respecto de un episodio de 
fusilamiento de indígenas en una emboscada en Pozo 
del Cuadril, San Luis, caracterizado como “crimen 
de lesa humanidad”

3

. En efecto, estaba en proceso 

la creación del estereotipo del  “indígena malonero”. 
Aquel concebido como temible, salvaje, extranjero, 
sangriento y peligroso que daba fundamento al Estado 
argentino para justificar su intervención militar como 
máximo responsable del bien común de la sociedad 
argentina. Este proyecto político encabezado por el 
Partido Autonomista Nacional, nucleaba cierto sector 
de las élites de la oligarquía nacional vinculados al 
desarrollo de un modelo económico particular que co-
nocemos como “agro-exportador”. Enorme aliado de 
este proyecto político económico fue la prensa. Duran-
te todo el periodo previo a la denominada Conquista 
del desierto la prensa contribuyó a la construcción de 
la imagen de peligrosidad de los indígenas a partir de 
publicar diariamente noticias sobre ataques o rumores 
de los mismos en las zonas de frontera perpetrados 
por los indios. Así como crónicas sobre las incursiones 
militares, y batidas sobre tolderías justificadas en sos-
pechas. También se encuentran relatos que invitaban a 
la sociedad porteña a conocer la cara de los salvajes 
que eran “paseados como bestias” en las plazas del 
centro porteño, expuestos en iglesias o simplemente 
trasladados bajo escolta por las calles del centro de 
Buenos Aires para que los vecinos los vieran.

El terror sobre el “desierto”

Una vez creada la sensación de miedo y peligro, 

una vez quebrada militarmente la frontera sur, el mi-
nistro de guerra anunció el avance militar hasta el río 
Negro. Así el 25 de mayo de 1879, el General Roca 
-en plena campaña política- desfiló con un moderno 
ejército hasta el río acompañado por fotógrafos, pe-
riodistas, ingenieros y científicos de oficio orgánicos a 
su proyecto, entre otros. Entre ellos se encontraba Es-
tanislao Zeballos, destacado político argentino quien 
fuera diputado, funcionario en diversas dependencias, 
y escritor, creador del mito de los mapuche como chi-
lenos que difundió extensamente en sus novelas histó-
ricas y a través del diario La Prensa. En su relato, los 
caciques de origen mapuche serían una avanzada mi-
litar del Estado chileno. Poderosa construcción política 

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DESDE LA PATAGONIA

sin ningún asidero histórico, dado que paralelamente 
el Estado chileno ya había comenzado su avance mili-
tar sobre las comunidades del sur a través de la llama-
da “Pacificación de la Araucanía”. Además, existen nu-
merosas pruebas en las fuentes oficiales que indican el 
apoyo mutuo establecido entre los generales argentino 
y chileno para darle el golpe final al tema indígena y 
respetar los acuerdos limítrofes internacionales. 

Volviendo a la “gesta” del ministro de guerra y can-

didato a presidente Julio A. Roca, este episodio propa-
gandístico está además grabado en una de las imá-
genes reproducidas incansablemente de la Conquista 
en el famoso cuadro de Juán Manuel  Blanes. La Con-
quista fue financiada por medio de la ley de emprésti-
tos de 1878, que prometía la devolución del préstamo 
a sus benefactores con las tierras del sur de Buenos 
Aires y parte de La Pampa, en su mayoría inversores 
británicos y grandes terratenientes de Buenos Aires. 

Luego siguieron las campañas militares de ocupa-

ción del norte de la Patagonia. Una sucesión de fuertes 
y fortines fue escenificando el control estatal a lo largo 
del río Negro y en la zona llamada “del triángulo”, ac-
tual Neuquén, hasta la frontera internacional. Dentro 
de la estrategia militar era sabido que el control efecti-
vo de un territorio tan vasto y tan profundamente igno-
rado debía ser acompañado del terror y la persuasión. 
Así, por un lado, las columnas avanzaron apresando 

familias, matando personas, enajenando ganado e in-
cendiando tolderías y, por otro lado, incitaron a los 
caciques a que se sometieran voluntariamente a partir 
de falsas promesas o de generar desconfianzas entre 
ellos. Los fuertes y fortines sirvieron como campos de 
concentración, cuya existencia puede documentarse 
entre 1878 y 1888, momento en el cual el Estado ar-
gentino cesó el racionamiento (el reparto de alimento) 
de los presos. Recordemos que estaban presos por ser 
indígenas. Los campos de concentración fueron un es-
pacio de excepción que existió incluso sobrepasando 
los límites temporales de la supuesta guerra (1879-
1885). Dentro del territorio funcionaron para aterrori-
zar a la población indígena, los únicos para los cuales 
eran una amenaza. 

Estos campos tenían otra función específica que era 

la concentración para la posterior distribución de per-
sonas. Así, según la investigación doctoral de Enrique 
Mases, profesor e investigador en la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad Nacional del Comahue, 
por lo menos diez mil personas fueron deportadas de 
la Patagonia. Numerosas familias fueron desmembra-
das, y a niñas y niños les fue borrada su identidad al 
ser renombrados en las familias de la alta y mediana 
sociedad porteña que los recibían. Estas familias se 
sumaban con el gesto de “criar un indiecito” como 
parte del proceso civilizatorio. Los repartos de mujeres 

El cuadro de Juan Manuel Blanes “Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del 

General Julio A. Roca” de 1889 en la comisaría de Esquel mientras es detenida Elizabeth Loncon en el marco 

del mega operativo del 17 de septiembre del 2017.

Imagen: Gentileza de la autora

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y niños eran organizados en Buenos Aires por la Socie-
dad de beneficencia. Esas mujeres y niños, en el mejor 
de los casos, conformaban el servicio doméstico de 
estas familias. Los hombres jóvenes y con capacidad 
de trabajo eran distribuidos en el ejército y la armada 
para sus nuevas campañas en el norte del país, o bien 
enviados a Tucumán para trabajar a cambio de techo 
y comida en la zafra del azúcar, industria ampliamente 
beneficiada por la gestión de Roca como presiden-
te. Otro destino para los hombres fue hacia Mendoza 
donde trabajaban en la vitivinicultura. Estas personas 
fueron entregadas para ser explotadas como mano de 
obra casi-esclava (decimos casi porque no medió la 
venta de estos cuerpos, pero sus condiciones de vida 
eran de esclavitud). Muchos de ellos murieron o hu-
yeron y de otros, todavía desconocemos su paradero.   

Todas las experiencias históricas genocidas tienen 

sobrevivientes. Todos ellos son y han sido piezas cla-
ve para la reconstrucción del proceso histórico. Entre 
los acuerdos que existen entre los académicos que es-
tudiamos estos procesos está el enmarcar el periodo 
inmediatamente posterior a la violencia explícita como 
la etapa de negación. 

La negación del genocidio

La negación, el silenciamiento del genocidio, es 

parte constituyente del mismo dado que niega res-
ponsabilidades, oculta las divergencias y establece un 

criterio de inevitabilidad respecto de lo sucedido. Por 
esto la memoria social indígena es la primera forma 
de resistencia al proceso general que queremos indi-
car. Las “contadas” de los sobrevivientes son una de 
las fuentes más importantes que tenemos para conocer 
el proceso histórico en su real dimensión. De nuevo, 
en el siglo XXI se han publicado numerosas memorias 
(sólo recientemente traducidas desde el mapuzungun) 
recogidas en gran medida por lingüistas o religiosos, 
que nos permiten conocer de primera mano otras ver-
siones de la ocupación militar, aunque los propios mi-
litares en sus memorias ministeriales y partes oficiales 
dejaron también información contundente. Por otra 
parte, en el presente, muchas historias familiares que 
se conocían en ámbitos privados de intimidad han co-
menzado a cobrar sentido para quienes las escuchan. 
Son historias sobrevivientes de experiencias personales 
que perduran dentro de las familias indígenas y han 
encontrado gracias a la reconstrucción histórica ge-
neral un tiempo y un espacio y son parte de un relato 
más amplio.

Hasta aquí hemos repasado a partir de trabajos de 

investigación diferentes de qué forma la Conquista del 
desierto cumple todos los incisos que componen el Ar-
tículo II de la Convención de la ONU

4

. Siguiendo el 

planteo del sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zyg-
mund Bauman, queremos destacar que el genocidio 
es un fin y un medio para producir una sociedad dife-

4

 “Artículo II: En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de 

destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad 
física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial ;d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Niños indígenas presos. Publicación del Archivo General de la Nación, Campaña del desierto, 1969.

Imagen: Gentileza de la autora

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rente. En el caso de la Conquista, el fin es la inmediata 
incorporación de millones de hectáreas bajo la admi-
nistración del Poder Ejecutivo Nacional a la vez que la 
conclusión del “problema del indio”. Pero a su vez es 
el medio para la constitución de una nueva sociedad 
argentina, pro-europea y “civilizada”. 

La historia silenciada por más de un siglo

Volvamos al interior del territorio patagónico. En 

1888 el cese del racionamiento dio lugar a la libe-
ración de los campos. Mientras tanto, como analizan 
los trabajos de los historiadores Ramón Minieri o de 
Graciela Blanco y Susana Bandieri, las tierras de la 
Patagonia se entregaban a granel en concesiones que 
supuestamente traerían colonos europeos para esta-
blecer el progreso de estas tierras, o sea, mientras se 
conformaban los enormes latifundios -que perduran al 
presente- en manos de extranjeros- que, aunque con 
algunos cambios, también perduran al presente. Los 
indígenas sobrevivientes comenzaban un periodo de 
búsqueda por un lugar donde asentarse. Lo hacían en 
calidad de “vencidos”, con sus familias desmembra-
das, totalmente despojados de sus bienes, sus circuitos 
comerciales, sus lugares y su territorio. Algunos co-
menzaron largos recorridos que los llevaran de vuelta 
a sus lugares de origen. Esos lugares que geográfica-
mente existían pero sobre un criterio político de admi-
nistración de la tierra organizado por el Estado. 

Podemos marcar algunas de las múltiples estrate-

gias políticas de los colectivos y familias indígenas su-
pervivientes sin perder de vista que las mismas se des-
plegaron en el marco de la negación del genocidio, en 
relaciones completamente asimétricas, y bajo un Esta-
do que priorizó la instalación de grandes inversionistas 
e inmigrantes europeos. Como destacan los historia-

DESDE LA PATAGONIA

dores Walter Delrio y Claudia Salomón Tarquini, las 
primeras estrategias fueron las que llevaron adelante 
los caciques en tanto referentes reconocibles para el 
Poder Ejecutivo Nacional que negociaron tierras para 
ellos “y su gente”, estableciendo una política colectiva 
de sustento para la vida y la reproducción social. En-
tre ellos están los longko Manuel Namuncurá, Valentín 
Saihueque, Ñancuche-Nahuelquir, Bibiana García y 
Cabral, entre otros. Éstos recibieron tierras bajo decre-
tos presidenciales o en el marco de excepciones dentro 
de las leyes de tierras vigentes. Pero el grueso de la 
población indígena se internó en el territorio en busca 
de un lugar donde evitar conflictos y desarrollar una 
nueva vida bajo una nueva política económica que 
insistía en marcarlos como peligrosos. 

Si la “cuestión indígena” había perdido protagonis-

mo en la arena nacional a principios del siglo XX en 
relación a los conflictos de trabajadores, la llamada 
“cuestión social”, no lo era así hacia adentro de los 
territorios en donde los gobernadores los identificaban 
como una amenaza latente para los “vecinos” y sus 
bienes. Los estigmas de los indígenas cristalizados con 
la Conquista volvían pensable que cualquier caso de 
robo, asalto, cuatrerismo -incluso canibalismo- podían 
tener por protagonista a un indígena o a una comuni-
dad. Esta estigmatización fue la base sobre la cual se 
montaron estrategias de endeudamiento, corrimiento 
de familias, desalojos y persecución hacia los indíge-
nas pequeño-productores del interior de los territorios. 
Las policías se volvieron entonces las principales au-
toridades que regulaban la movilidad, permanencia 
y límites de las familias indígenas. En este contexto 
emergió entonces la primera organización política 
trans-territorial y supra-comunitaria indígena, la Aso-
ciación Nacional de Aborígenes.

Reunión de la Asociación Nacional de Aborígenes en Zapala 1919, tomada de la publicación de la Asociación 
“El aborigen”, abril 1927. 

Imagen: Gentileza de la autora

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Esta asociación existió a lo largo de la Patagonia 

y con base en Buenos Aires entre 1919 y 1932. Se 
colocaba como intermediaria entre aquellas familias 
o comunidades indígenas que no tenían una forma de 
representación que el Estado aceptara como legítima. 
Sus acciones iban desde las denuncias contra boliche-
ros y funcionarios hasta las presentaciones en público, 
pasando por la gestión de todo tipo de trámites, la 
promoción de las virtudes originarias y fundamental-
mente la reivindicación de los derechos indígenas de 
cara al Estado. Con el tiempo, la acción de la Asocia-
ción logró que el Estado argentino incorporara dele-
gados indígenas, y también logró generar legislación 
que específicamente reconociera derechos a los indí-
genas en territorio argentino.    

Podemos mencionar muchas otras formas de organi-

zación indígena que nucleaban diferentes trayectorias 
y procedencias, que debían retomar desde la realidad 
que el proceso histórico les había impuesto por medio 
de la violencia estatal. Pero lo que fundamentalmen-
te queremos destacar es la continuidad y diversidad 
de formas de organización que reivindicaron la per-
manencia en la tierra para garantizar la reproducción 
material y cultural de los pueblos mapuche, tehuelche, 
puelche, rankulche y otros en el contexto de asimetría 
con el resto de los pobladores de la Patagonia por ser 
indígenas. Si uno da seguimiento a las luchas indíge-
nas a lo largo de este proceso histórico puede obser-
var cómo han sido los indígenas quienes han hecho 

visibles las limitaciones de acceso a la tierra impuestas 
bajo criterios racistas y xenófobos. Un ejemplo más en 
esa dirección ha sido la marcha mapuche que unió la 
cordillera y el mar en abril de este año, poniendo en 
evidencia las enormes falencias del nuevo proyecto de 
Código de tierras para Río Negro. Entre otras cosas 
la marcha, que duró cuatro días, volvió visible el cariz 
meramente mercantil que se esgrime en el proyecto, 
en detrimento de todos los múltiples usos que tienen 
las tierras de nuestra provincia y que de ser aprobado, 
afectará la vida de todos los rionegrinos. Por último, 
está marcha se realizó a 30 años de la marcha mapu-
che que logró la llamada “Ley integral del indígena” 
(Ley 2287) que puso a Río Negro a la vanguardia de 
la legislación indígena en el país.   

Entre “descendientes” y “extranjeros”

Paralelamente, el mito del país libre de indígenas, o 

más bien el país de aquellos que “descendemos de los 
barcos” encontraba -y aún lo hace- dos explicaciones 
a esos momentos de emergencia, visibilización e irrup-
ción indígena: o bien se encontraban en un proceso 
de pérdida y desaparición, o bien eran extranjeros. 
Remarquemos que no existió nada de “natural” ni del 
desarrollo esperable de la “evolución” en la Conquista 
del desierto, sino más bien un proyecto político que 
con sus idas y vueltas logró adecuar perfectamente las 
propuestas teórico filosóficas más arraigadas y cons-
tantes del pensamiento decimonónico nacional: la fa-

5

 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Diego Escolar, Mariela Rodríguez, Diana Lenton y Axel Lazzari, entre otros.

Bautismo de prisioneros. Publicación del Archivo General de la Nación, 
Campaña del desierto, 1969.

Imagen: Gentileza de la autora

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DESDE LA PATAGONIA

mosa dicotomía de la “civilización o barbarie”. Sobre 
esta construcción se perfeccionaron, tal y como lo ex-
plican los antropólogos, las ideas de extinción o ex-
tranjerización de lo indígena en el territorio argentino

5

.

La mención al “último ona”, al último “verdadero” 

tehuelche, o explicaciones de este  tipo pueden ser 
encontradas de la mano de recolectores de folclore 
nacional, pseudo antropólogos, lingüistas y la prensa 
a lo largo del siglo XX. La otra explicación que ya venía 
latente del siglo XIX es que eran extranjeros. Es decir 
instalando anacrónicamente la pertenencia nacional a 
pueblos pre-existentes a los Estados, que incluso no 
habían sido sometidos en el proceso de colonización 
española. La teleología del Estado se narraba bajo la 
siguiente lógica: si desde la Conquista el país había 
sido liberado de la “barbarie” que representaba el 
límite del desarrollo nacional, los mapuche entonces 
sólo podían ser chilenos y con oscuros intereses de su 
país de origen. Extraño razonamiento que rechaza el 
criterio más básico de nuestra Constitución: “argentino 
es quien nace o elige serlo”, lo que a su vez eviden-
cia lo indisociable que es en el pensamiento argentino 
el criterio de Nación y Estado o de ciudadanía y na-
cionalidad. Nuevamente, nos encontramos  entre las 
“verdades” del sentido común, “si naciste en Argentina 
y te reconocés mapuche, mal que te pese, serías chi-
leno”. Lo que finalmente evidencia que mientras los 
numerosos ciudadanos que tienen doble nacionalidad 
(argentina-europea) no parecen constituirse en nin-
guna amenaza a la integridad nacional, si lo serían 
los ciudadanos que se reconocen pertenecientes a un 
pueblo originario.

De la misma forma, en una burda operación que in-

tenta explicar o justificar la violencia del Estado argen-
tino, se hace referencia al supuesto exterminio tehuel-
che en manos de los mapuche. ¿Vale la pena incluso 
tener que explicar que un proceso de violencia no es 
justificable con otro? Pero antes todavía, no existe al 
presente un sólo estudio científico que dé cuenta de la 
existencia de un exterminio techuelche. Mucho menos 
que este proceso haya sido a manos de otro grupo 
étnico -en su calidad de tal- cual si fueran guerras na-
cionales o confrontaciones racistas. 

De la misma forma que el malón no fue el único tipo 

de relación que existió entre criollos e indígenas, tam-
poco la relación entre tehuelche y mapuche se puede 
reducir a un episodio de violencia en tiempos previos a 
la intervención de los Estados. Las mismas fuentes his-
tóricas -viajeros y exploradores de la Patagonia- que 
mencionan el recuerdo de un episodio de confronta-
ción en el suroeste de la actual Chubut, también cuen-
tan cómo convivían en las tolderías los diferentes idio-

mas de la Patagonia -a través de visitas, casamientos, 
negocios-, cómo se circulaba sin grandes problemas 
por el Walmapu y cómo existía cierta versatilidad de 
pertenencia y adscripción étnica según trayectorias de 
vida. Bien podemos destacar que durante la Conquista 
el ejército argentino no tuvo ninguna contemplación 
por los mapuche ni por los tehuelche, todos fueron 
igualmente concentrados, deportados, torturados y 
muertos. Finalmente, la historia de los siglos XX y XXI 
nos demuestra que existieron y aún es así, innume-
rables experiencias de comunidades mapuche-tehuel-
che. Pero, nuevamente, aquí opera el criterio de la 
cristalización de estigmas, de arrojar al pasado a los 
indígenas y de arrancarlos del proceso histórico.  

Esta incapacidad de poder reconocer en los indíge-

nas sujetos históricos y políticos vuelve pensables ilu-
siones que fácilmente se adosan a los indígenas. Una 
de estas es la del estado separatista. Si reconocemos 
que en nuestro país hay indígenas, ¿significa que vie-
nen por todas las tierras? En primer lugar debemos 
decir que el reconocimiento ya existe y que varias pro-
vincias han avanzado en sus legislaciones para res-
ponder a las demandas indígenas que muy lejos están 
de las fantasías separatistas. Aunque por otra parte, 
es notable cómo mientras se producen estados reales 
dentro de nuestro Estado, como por ejemplo la pro-
piedad del magnate inglés Joe Lewis, la amenaza de 
secesión proviene de los indígenas –de quienes no he-
mos hasta hoy constatado una propuesta concreta al 
respecto. Recordemos que Lewis contradice la Ley pro-
vincial 279 manteniendo la propiedad ociosa de la tie-
rra que posee, deliberadamente desoye una sentencia 
judicial de nuestra provincia del 30 de julio del 2009 
que lo obliga a habilitar el camino de Tacuifi hacia el 
lago Escondido, y que además tiene su propia seguri-
dad privada que incluso ha demorado recientemente 
a una concejal de la ciudad de Bariloche. Por último, 
como ya hemos destacado en este texto, los reclamos 
indígenas sostenidos desde su incorporación forzada 
han llevado a diferentes estrategias políticas para dar 
respuesta a sus demandas. Obviamente no han sido 
agotadas las necesidades ni los reclamos, pero exis-
ten logros también que demuestran diversas formas de 
responder políticamente al conflicto.

El Estado es responsable

Detrás de estos discursos que debemos necesaria-

mente desandar por estar profundamente arraigados 
al sentido común de la población, ya que  prácti-
camente en ningún trabajo científico en la historia y 
ninguno en la historia reciente, anidan las justificacio-
nes de procesos de violencia que sí tenemos hoy por 

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DESDE LA PATAGONIA DIFUNDIENDO SABERES - VOL. 14 - Nº 24 - 2017

ISSN 1668-8848

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hoy documentados a posteriori de la Conquista del 
desierto. Los docentes en historia repetimos muchas 
veces que lo importante de la historia no es saber que 
“pobres hubo siempre” y que los seres humanos “so-
mos violentos” sino más bien entender cuáles son las 
estructuras y procesos que en cada contexto histórico 
generan pobreza y cuáles son las relaciones de poder 
detrás de cada uno de los hechos de violencia. Si los 
procesos son históricos significa que las cosas no fue-
ron y serán siempre así, sino que podemos cambiar-
los, en parte, analizándolos y comprendiéndolos. 

Dicho esto, conocer la historia nos habilita a re-

conocer mecanismos y prácticas que sí se reutilizan 
y mejoran, que pueden ser identificados en diferen-
tes contextos históricos, e incluso, y como propone el 
politólogo Enzo Traverso, nos vuelven en “alertadores 
de incendio”. El proceso que resuena a nivel nacional 

con la desaparición forzada de Santiago Maldonado 
el 1 de agosto del 2017, nos retrotrae a la violencia 
estatal desde la Conquista. La distribución de las tie-
rras públicas en la Argentina sigue siendo, más que 
la noticia, el escenario del conflicto. Por esto, las re-
cuperaciones territoriales indígenas vuelven visible el 
racismo que estructuró -y aún lo hace- el desarrollo 
del capitalismo en el sur de nuestro país.

Paralelamente, los mecanismos que el Estado está 

implementando para neutralizar cualquier tipo de re-
clamo, denuncia o protesta, recogen la experiencia 
histórica nacional y patagónica en particular, no sólo 
en la desaparición forzada de persona que es lo sufi-
cientemente grave y significativa para toda la sociedad. 
Ya en la represión de enero del 2017,  se evidenció un 
uso desmesurado de las fuerzas para contener un con-
flicto -amparado legalmente en la Ley 26160- que no 

Pobladores de El Cuy, Archivo histórico de la 

provincia de Río Negro, Inspección general 

de tierras, 1919-1920.

Imagen: Gentileza de la autora

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DESDE LA PATAGONIA

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Lecturas sugeridas

De Jong, I. (2016). Diplomacia, malones y cautivos en la 

Frontera Sur, siglo XIX. Miradas desde la Antropología 
Histórica, CABA.

Delrio, W. (2005). Memorias de expropiación. Some-

timiento e incorporación indígena en la Patagonia 
(1872-1943).
 Editorial de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Buenos Aires.

Lenton, D. (2014). De centauros a protegidos. La cons-

trucción del sujeto de la política indigenista argentina 
desde los debates parlamentarios (1880 – 1970).
 En 
URL: corpusarchivos.revues.org/1290.

Mases, E. (2002). Estado y cuestión indígena. Estado y 

cuestión indígena. El destino final de los indios some-
tidos en el sur del territorio (1878-1910).
 Prometeo Li-
bros, Buenos Aires.

Pérez. P. (2016). Archivos del silencio. Estado, indígenas y 

violencia en Patagonia Central 1878-1941. Prometeo, 
Buenos Aires.

Salomón Tarquini, C. (2010). Largas noches en La Pam-

pa. Itinerarios y resistencias de la población indígena 
(1878-1976).
 Prometeo Libros, Buenos Aires.

había comenzado en ese momento sino que se produ-
cía adrede como confrontación desde el accionar del 
Estado. Inmediatamente después comenzó la difusión 
de forma más constante en la prensa de la existencia 
de un grupo terrorista, el RAM, hasta ahora desconoci-
do en la Patagonia. O más bien, dados a conocer por 
la prensa en mensajes poco claros y sin autor. En dis-
cursos públicos de funcionarios, ligaron la demanda 
indígena con organizaciones armadas a nivel interna-
cional, que si bien no es una novedad, ahora incluso 
lo hacen con aquellas que ya ni siquiera existen (ETA, 
FARC y el IRA). El supuesto “peligro indígena” se gene-
ralizó como amenaza para otra construcción ideal que 
son los “vecinos”. Por esto nos encontramos con los 
representantes de las sociedades rurales de Río Negro 
y Chubut demandando a los responsables políticos y 
jefes de fuerzas de seguridad del Estado la intervención 
para su salvaguarda a través de reuniones y notas en 
la prensa sostenidamente desde principios del 2016. 

La alarma del indígena peligroso está en marcha y 

se monta en los estigmas cristalizados desde la Con-
quista. Pero cuando el proceso de violencia escala 
desde el 1 de agosto también reconocemos varios 
mecanismos de violencia estatal. A la cabeza el vie-
jo invento de los “enfrentamientos” fraguados para 
justificar la represión que ponen en el centro una vez 
más la lógica de la guerra. Además de la generación 
de confusión adrede en la opinión pública, pruebas 
falsas, formas de amedrentamiento y persecución que 
van desde las amenazas a la quema de casas y vivien-
das, o las infiltraciones en manifestaciones públicas. Y 
finalmente, con la autopsia del cuerpo de Maldonado, 
la negación, como si la muerte de Santiago pudiera 
ser descontextualizada de la represión llevada adelan-
te por Gendarmería dentro del territorio de la Pu Lof 
Cushamen sin orden judicial. Todas prácticas de larga 
data dentro del ejercicio de poder estatal en la Argen-
tina.

De la misma forma que la Conquista como geno-

cidio fue un proceso de ataque sobre un grupo parti-
cular pero que afectó a la sociedad en su conjunto, la 
violencia estatal ejercida sobre un conflicto particular 
-recurriendo a prácticas materiales de un peso simbó-
lico evidente- busca disciplinar a la sociedad argentina 
en su conjunto. Por esto, para poner un ejemplo posi-
ble de entre muchos otros, y a pesar de la Ley de edu-
cación vigente en nuestras provincias y país en donde 
los derechos humanos son parte constituyente de la 
currícula, hay docentes y directivos que prefieren no 
debatir el “tema Maldonado”. La necesidad imperio-
sa de abordar esta temática en las aulas pasa no por 

identificar un caso de violencia, o un conflicto de los 
mapuche, sino por reconocer que el accionar del Es-
tado está dirigido al conjunto de nuestra sociedad en 
pos de un disciplinamiento para el sostenimiento de 
un proyecto económico que censura las denuncias de 
injusticia, por ejemplo, sobre la tenencia de la tierra 
en la Patagonia. 

Sin embargo, y dentro de la enorme tristeza que 

volver a reclamar por un desaparecido y ahora por 
justicia vinculada al asesinato de Maldonado nos trae 
a muchos, nos encontramos frente a la posibilidad de 
responder las múltiples preguntas que el debate pú-
blico nos propone a las ciencias sociales y humanas. 
A diferencia de los noventa cuando la denuncia por 
genocidio devolvió el silencio de los investigadores, 
hoy tenemos avances en materia histórica, antropoló-
gica, lingüística, geográfica y sociológica relacionada 
a los procesos de violencia estatal desde la Conquista 
que dan cuenta de los efectos sociales, políticos y eco-
nómicos en el presente. En gran medida, estudiar el 
proceso de Conquista en términos de genocidio abre 
la puerta a pensar las diferentes formas de reparación 
histórica que se debe a un crimen negado que nece-
sariamente debe contemplar el devenir histórico de la 
sociedad argentina en su conjunto.

 

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