Activismo y organización barrial. Chilenos en la Patagonia argentina hacia la década de 1980

ARTÍCULO

Activismo y organización barrial. Chilenos en la Patagonia argentina hacia la década de 19801

 

José Daniel Benclowicz y Fernando Aiziczon
jd.benclowicz@gmail.com - faizic@hotmail.com  
IIDyPCa – Universidad Nacional de Río Negro; IDH – Universidad Nacional del Comahue; CONICET. Argentina

Recibido: 20|04|15
Aceptado: 10|07|15

 


Resumen
El presente artículo propone una aproximación al papel del activismo chileno en la organización de los barrios populares en la Patagonia argentina hacia la década de 1980. Para eso, tomamos como estudios de caso dos de las ciudades más pobladas de la región: Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, y San Carlos de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro. Sobre la base del análisis de datos estadísticos, normas legislativas, boletines barriales y entrevistas orales, entre otras fuentes, se analizan experiencias de organización barrial paradigmáticas de aquellos años en ambas ciudades, en las que inmigrantes chilenos con experiencias de militancia previas jugaron un papel fundamental.

Palabras clave: Patagonia; Argentina; Activismo; Exiliados chilenos; Organización barrial.

Activism and neighborhood organization. Chileans in the argentinean Patagonia towards the 1980s

Abstract
This paper proposes an approach to the role of the Chilean activism in the organization of popular neighborhoods in the Argentinian Patagonia towards the 1980s. We use as case studies two of the largest cities of the region: Neuquén, capital of the province with the same name, and San Carlos de Bariloche, located in the province of Rio Negro. Based on the analysis of statistical data, legislation, neighborhood newsletters and oral interviews, among other sources, we analyze paradigmatic experiences of neighborhood organization of those years in both cities, where Chilean immigrants with previous experiences of activism played a key role.

Key words: Patagonia; Argentine; Activism; Chilean exiled; Neighborhood organization.


 

INTRODUCCIÓN

Las formas de acción colectiva y de organización que transitaron el período que va desde el final de la dictadura en la Argentina y la primera década de democracia, no se restringieron al ámbito sindical tradicional, partidario y de Derechos Humanos, aunque la “primavera democrática” experimentada por entonces indique el protagonismo de estas instancias. Así, en general, los estudios de la época se interesaron en forma casi exclusiva por las luchas desplegadas en esos espacios. Adicionalmente, se tendió a privilegiar el análisis de lo ocurrido en Buenos Aires, centro político del país, desatendiendo los procesos de vastas regiones como la Patagonia, que tienen dinámicas propias. Aspectos como la inmigración, que para otras zonas pueden resultar menos relevantes, juegan en este caso un papel central.

Con el fin de contribuir a cubrir ese déficit, en este trabajo nos proponemos explorar el papel del activismo chileno en la organización de los barrios populares en la Norpatagonia argentina durante la década de 1980, tomando como estudios de caso dos de las ciudades más importantes de la región: Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, y San Carlos de Bariloche, la ciudad más poblada de la provincia de Río Negro; ambos constituyen espacios geográficos estratégicos en tanto centros político-administrativos (Neuquén) y de primer orden en cuanto actividad turística en toda la Patagonia argentina (Bariloche). Sobre la base del análisis de datos estadísticos, normas legislativas, boletines barriales y entrevistas orales, entre otras fuentes, analizamos experiencias de organización barrial paradigmáticas de aquellos años en ambas ciudades bajo la hipótesis de que la presencia de inmigrantes de origen chileno con experiencias de militancia previas jugaron un papel fundamental tanto en la construcción de espacios de sociabilidad como el desarrollo de las acciones colectivas que se dieron durante el período estudiado. Junto con la centralidad de estos actores, el estudio pretende revelar la imbricación entre el accionar del activismo de izquierdas y el de militantes de un sector de la Iglesia católica con las luchas por los derechos humanos y de los movimientos barriales que se registraron desde principios de los años ‘80.

Mapa 1. Localización del área de estudio

Fuente: elaboración propia sobre la base de la cartografía oficial

Caracterizar modos de acción desplegados por los activistas, especificar identidades políticas y describir trayectorias militantes con la finalidad de comprender su especificidad histórica, nos permite informar no sólo sobre las movilizaciones de un período, sino también aportar elementos para futuras indagaciones sobre la deriva posterior de estos actores y sus formas de acción.2 En esta línea, además de los estudios clásicos de Bourdieu sobre la noción de habitus y la predisposición a la acción, resultan particularmente relevantes los aportes de Poupeau (2007) con relación al capital militante puesto en juego por los activistas, que habilita cauces para la acción social en distintos contextos. Por su parte, la bibliografía sobre fenómenos de movilización barrial en Argentina de los ’80 ha sido escasa, siendo incluida en general dentro de la problemática teórica de los movimientos sociales (Jelin 1987) o más recientemente de las “tomas de tierras”. En este plano resulta pertinente atender a las formas de organización que se desarrollan, a las procedencias y trayectorias de los vecinos y a los espacios en que se desarrollan las tomas de tierras (Merklen 2005, Giaretto 2011). Asimismo, es preciso diferenciar las tomas que se producen a partir de la acción colectiva del efecto de agregado de acciones individuales (Cravino 2009)

Si bien el perfil de Neuquén como región caracterizada por una intensa dinámica de luchas sociales no ha pasado desapercibido para los principales estudios (Palermo 1987, Favaro 1999, Aiziczon 2006, Petruccelli 2005) la tendencia ha sido concentrarse en los explosivos años ’90, donde Neuquén ingresó al escenario nacional de las resistencias al modelo neoliberal a través de resonantes puebladas y cortes de rutas (Svampa y Pereyra 2003, Bonifacio 2011); por ello, el estudio de la movilización previa que aquí esbozamos busca aportar a pensar una periodización que desborde la década de los ’90 incorporando las huellas de tradiciones de lucha existentes en los ‘80.

En el caso de Bariloche, tanto la dinámica de luchas como los estudios sobre la protesta social en general son mucho más acotados que en el caso de Neuquén, lo cual se vincula con la escasa tradición de luchas sociales en la zona (Benclowicz 2012a). En ese marco, el estudio de las tradiciones de los inmigrantes-activistas chilenos resulta relevante para explicar experiencias de organización barrial desarrolladas en un suelo poco fértil, y contrastarlas con el caso de Neuquén, donde confluyen distintas tradiciones de lucha.

En función de lo expuesto, organizamos el artículo de la siguiente manera: en el primer apartado ofrecemos una aproximación a la cuestión de la inmigración chilena en la Patagonia argentina; en el segundo abordamos el caso de la lucha barrial en Neuquén; en el tercero, desde una perspectiva comparativa con el anterior, examinamos el caso de Bariloche; en el cuarto nos referimos al papel del sector de la Iglesia católica comprometido socialmente en el desarrollo de los reclamos barriales y por los Derechos Humanos en ambas ciudades. En el apartado final presentamos las principales conclusiones.

EL EXILIO CHILENO EN RÍO NEGRO Y NEUQUÉN

Desde principios del siglo XX, cuando las localidades norpatagónicas más populosas de la Argentina actual apenas contaban con unos centenares de habitantes, los inmigrantes chilenos resultaron clave para el desarrollo de la región, aportando buena parte de la fuerza de trabajo que requirieron los variados emprendimientos que se desplegaron a lo largo del siglo. Así, la bajísima densidad poblacional de esta región, que limitaba las posibilidades del desarrollo capitalista, fue compensada con la afluencia de trabajadores chilenos. A pesar del carácter fragmentario de los datos disponibles, un análisis de los Censos Nacionales de Población permite concluir que la inmigración chilena fue predominante en la región en todo momento. Hacia 1947, la provincia de Río Negro contaba con 7895 inmigrantes provenientes de países de América del Sur; de ellos, un abrumador 94 por ciento era de origen chileno. Similares porcentajes se registraron para la provincia de Neuquén, que contaba con ese entonces con más de 7921 pobladores de origen chileno (INDEC 1947)

El período de mayor inmigración desde Chile se corresponde con el golpe de Estado de Augusto Pinochet: decenas de miles de chilenos salieron anualmente de su país, con un pico de más de 68.000 emigrados sólo en el año 1975 (Rodríguez 1982). Junto al exilio político forzado por las persecuciones, los despidos masivos y las políticas de ajuste impulsados por la dictadura pinochetista alentaron la salida de miles de trabajadores. De resultas de este panorama, exiliado político y refugiado económico suelen superponerse en el caso chileno con una intensidad notable: según Yvette (2013), entre 500.000 y 1.000.000 de chilenos partieron de su país entre 1973-1989, tanto por causas políticas como por el deterioro de su situación económica. El principal país receptor fue la Argentina, que además de la cercanía geográfica, combinaba mejores perspectivas laborales con una política migratoria no restrictiva. Las distintas ciudades patagónicas, en particular, recibieron el grueso de emigrados chilenos.

La Patagonia argentina en total contabiliza para el año 2001 alrededor de 1.737.383 habitantes (4,8% del país). Detrás de los paraguayos, los chilenos se ubican en el segundo lugar respecto de la población extranjera llegada a Argentina, pasando de un 6,4% en 1970 (10,3% paraguayos) a un 11,3% en los años ‘80 (13,8% paraguayos). Por supuesto, como señala Muñoz (2005), los censos son limitados en la información que brindan. Por ejemplo, el censo de 1991 no especificaba el país de origen agrupando en general a “extranjeros limítrofes y no limítrofes” a paraguayos, bolivianos, chilenos y uruguayos; obviamente, en la categoría “extranjero” no se incluye a los nacionalizados, ni a los “ilegales” o “irregulares” que son frecuentemente quienes se encuentran en las tomas de tierras o en los populosos barrios periféricos. Según datos del censo del año 2001 los chilenos residentes en Neuquén llegan a 28.705, sobre un total estimado en Argentina de 212.429residentes. (INDEC 2001). La población total de la provincia alcanzaba para el año 2001 los 473.315 habitantes (1,3% del total del país, en donde residían 36.223.947 personas), siendo el segundo lugar más poblado de la Patagonia detrás de Río Negro, con 552.677 habitantes.

En el caso de esta última provincia, para 2001 los datos censales indican la presencia de 39.567 habitantes de origen chileno sobre un total de 48.578 extranjeros. De ellos, parte significativa se había asentado en San Carlos de Bariloche, ciudad donde se concentra el grueso de la población del departamento Bariloche. Los datos disponibles, en el nivel departamental, señalan la presencia de 8.461 habitantes nacidos en Chile, sobre un total de 109.826. Esto la ubica como la primera colectividad extranjera, seguida de lejos por la italiana, integrada por 314 personas. El grueso de ellos se emplea en la construcción, en servicios vinculados al turismo y en el servicio doméstico. Por su parte, el 64% de los chilenos de la provincia de Neuquén residen en el departamento Confluencia (Capital): 29.863 sobre un total de 314.347 personas, y en donde suelen emplearse en los rubros construcción, fruticultura, trabajo doméstico, petróleo y comercio. Tanto Neuquén Capital como San Carlos de Bariloche cuentan con Consulado chileno, Delegación Nacional de Migraciones y Pastoral de Migraciones. El estudio de Muñoz señala que la mayoría de los chilenos asentados en Neuquén provienen de la IX Región de Chile y de los sectores más empobrecidos,3 de allí que exilio económico y político se confunden a lo largo del siglo, en especial en las últimas décadas. Lo mismo puede decirse para los chilenos asentados en Bariloche, que migraron principalmente desde la X Región (Matossian 2010a); ambas regiones han sido caracterizadas como expulsoras de población (Marshall y Orlansky 1981)

Tanto en el caso de Neuquén como en el de Bariloche, los migrantes chilenos jugaron un papel destacado en la conformación de las barriadas populares, caracterizadas por la precariedad de las viviendas y la falta de infraestructura agravadas por la severidad del clima patagónico. Con todo, los testimonios coinciden en señalar que las posibilidades de hacerse de un trabajo y viviendas aún precarios y acceder a algún tipo de asistencia estatal en términos de salud y educación resultaron prácticamente imposibles en Chile, tanto en tiempos de dictadura como en el retorno democrático. Por eso, aunque sociológicamente se ubiquen entre los sectores más pobres de la población y aunque tengan que sobrellevar las crisis económicas argentinas, se ha señalado que para el chileno que se asienta en las ciudades patagónicas, comparativamente, sigue resultando atractivo probar vivir en Argentina (Muñoz 2005). Pero vivir y participar de la vida política no es lo mismo; la legislación argentina prohíbe la afiliación de extranjeros a los partidos políticos, limita severamente el acceso a cargos públicos (se puede ser Concejal pero nunca encabezar una lista) y en organizaciones sindicales (no pueden superar el 25% de una conducción sindical), y prevé topes de representatividad en las comisiones directivas de las juntas vecinales, ámbito por excelencia donde se desplegó el activismo político de los chilenos.

En este escenario, Neuquén y Río Negro se caracterizaron en las últimas cuatro décadas por ser provincias “jóvenes” en virtud de que reciben grandes contingentes migratorios y cuya característica es que un sector de ellos -los chilenos- impacta decididamente en la politización de la sociedad civil (Mombello 2004). En Neuquén, distintos actores sociales activistas de gremios, organismos de derechos humanos y partidos suelen referirse a los migrantes clasificándolos en “olas” definidas por décadas: en los ‘60 la ola del personal calificado cuya llegada se promueve desde el Estado provincial (médicos y maestros), en los ‘70 la ola de exiliados políticos chilenos; en los ‘70s y ‘80s la ola de los exiliados políticos internos que se refugian de la represión dictatorial argentina, y en los ‘90 la ola de exiliados económicos tanto nacionales como extranjeros (especialmente chilenos y bolivianos). De resultas de esta peculiar configuración sociopolítica de Neuquén, será la marca de la comunidad chilena, y dentro de ella, la actividad de exiliados políticos, la que se destaque en los orígenes de la constitución de una región impregnada de una vital protesta social. En el caso de Bariloche, en cambio, ha predominado una migración interna de origen rural, donde las experiencias de organización y lucha tienden a ser escasas o inexistentes (Benclowicz 2012a y 2012b). En ese marco, el aporte chileno va a resultar clave para la organización de distintas barriadas populares, como se verá más adelante.

LA LUCHA BARRIAL EN NEUQUÉN. DESARROLLO DE LA INTERBARRIAL

Jorge Salas es chileno y reside hace más de tres décadas en Neuquén. Tras haber militado en el Partido Comunista (PC) chileno en organizaciones de estudiantes secundarios durante 1971-73, con el golpe de Estado de Augusto Pinochet y el comienzo de las persecuciones políticas, Jorge decide trasladarse a Neuquén, donde existían buenas perspectivas laborales en las chacras cercanas del Alto Valle de Río Negro. Allí se vincula con una suerte de rama del PC chileno constituido por una treintena de exiliados políticos que se juntaban a discutir sobre la situación en su país, al igual que otros activistas, algo después se afilia al PC argentino. Como a miles de compatriotas, la situación económica lo apremia, en especial el costo del alquiler, y el modo en que Salas afronta este problema nos permite acercarnos al escenario típico de Neuquén de esa época, donde la posibilidad de tomar tierras era un dato nada extraño y que se abre a partir de comentarios entre amigos y vecinos, lo que va generando un rumor que cristaliza en acto. Así es que lo que será el futuro Barrio Islas Malvinas, su barrio, ubicado a unas veinte cuadras del centro neuquino, comenzó siendo una toma de tierras protagonizada por varias familias, entre ellas, la de Jorge Salas, alentado por su suegro, también chileno.

La toma de tierras es un fenómeno típico de la conformación de los barrios periféricos neuquinos y barilochenses que con distintas características se extiende hasta la actualidad. Sólo que en el caso neuquino no es infrecuente que estén asociadas o desencadenen acciones colectivas vigorosas, mientras que en el de Bariloche pocas veces se registren iniciativas más allá de lo que distingue Cravino (2009) como el agregado de acciones individuales de familias asentadas en tierras vacantes.4 En general, el lugar a tomar no es un espacio codiciado, como no lo es la zona oeste neuquina, sino apartado y aislado, que se acercaba al modo de lote y al que luego comenzaban a llegar otras familias. Este tipo de situaciones, entre las que se decide una toma de tierras, se ocupa el lugar, se cercan lotes, viene la policía, detiene algunos días a los principales referentes y luego se los libera, se va a repetir y va ir generando un movimiento de ocupantes de tierras. En este sentido, Salas apunta: “A partir de ahí ya elegimos una comisión vecinal, y en el ‘81 ya hicimos movilizaciones, ya nos animamos a venir con, ‘81, ‘82, no tengo más o menos, pero que hicimos dos movilizaciones al intendente de la dictadura […] Que nos vendiera el lote…” (Entrevista a Jorge Salas 2007)

Generalmente las asambleas se hacían en las calles del barrio desarrollando una intensa sociabilidad con otras zonas ocupadas o no, como Villa Ceferino, Confluencia, San Lorenzo, Don Bosco, y se comienzan a articular problemas en común. En opinión de Salas este proceso implicó una democratización muy pronunciada ya que se generalizaron las asambleas en cada toma/barrio, ejerciendo el voto a mano alzada, eligiendo referentes o delegados y realizando interconsultas para la toma de decisiones. Este fue el germen de la flamante Interbarrial neuquina, existente durante los años 1980-1986 y de la que Jorge Salas fue presidente durante todo el periodo.5 A su entender, la Interbarrial tuvo su apogeo entre 1982-1984, destacándose la organización del Primer Congreso. El incipiente movimiento aglutinaba a unos 27 barrios y desarrollaba tal dinámica política que se convirtió también en una usina de referentes barriales que luego entrarán a jugar fuerte en la política partidaria. De este movimiento participan fundamentalmente vecinos de filiación política muy variada -Partido Justicialista (PJ), Movimiento Popular Neuquino (MPN), Unión Cívica Radical (UCR), Partido Intransigente (PI)- o sin militancia previa, mientras que el lugar de origen es monopolizado por chilenos y argentinos, nacidos en Neuquén u otras provincias. De las primeras movilizaciones participaban, en los años de plomo, unas cincuenta personas, número que crecerá hasta el medio millar en el apogeo de la Interbarrial. El primer congreso de la Interbarrial se realizó a fines de octubre de 1983, unos 7 meses después de su fundación, ocurrida el 12 de marzo de 1983. Bajo el lema “Unidad y Participación” asistieron las comisiones vecinales de los barrios La Costa, Villa Ceferino, Don Bosco II y III, Barrio Comercio, Barrio Parque Industrial, Barrio San Lorenzo, Barrio Limay, Barrio Confluencia, Barrio 1º de Mayo, Valentina, La Esperanza, FONAVI, más otros invitados, como representantes de sindicatos, hospitales, del Colegio de Asistentes Sociales y la Pastoral Juvenil.

Tres temas centrales convocaban al encuentro: infraestructura, salud y educación, sobre los cuales el flamante Congreso se expidió en sendas resoluciones.6 Sobre la cuestión de infraestructura las principales demandas giran en torno al agua potable, desagotes pluviales, alumbrado público, energía eléctrica domiciliaria, cloacas y extensión de la red de gas, entre otros servicios. Respecto del transporte público de pasajeros se pide boleto gratuito para estudiantes primarios y secundarios, un boleto para trabajadores y la incorporación de nuevos recorridos. Especial atención se pone en cuanto a la creación de espacios verdes a los que, además, se sugiere que sean declarados de interés municipal, que se “expropien” los de lotes privados y que se construya un “balneario popular”. En el tema educación puede verse la incidencia de la presencia chilena y de cierta tradición participativa en la comisión de padres en las escuelas, por eso la preocupación es la escasa articulación con la comunidad: “los padres no participan de la escuela, las cooperadoras funcionan como entes independientes de las otras instituciones del barrio” (IN 1983:3) reclaman los asistentes, proponiendo la reestructuración de los programas educativos y la aplicación de la ley 242 referida a la creación de consejos escolares “con la participación de los padres”, que las escuelas permanezcan abiertas después de clases para favorecer las prácticas deportivas, la creación de escuelas para adultos y de talleres de capacitación laboral para los mismos. La preocupación por los obstáculos existentes para con los extranjeros en relación c derecho a la educación son considerados especialmente, proponiéndose la reforma de la ley de migraciones para poder garantizarlo. En el caso de Bariloche encontramos situaciones muy similares, aunque restringidas a barrios puntuales, con relación a las demandas de infraestructura, transporte público, educación y a la presencia de una tradición participativa chilena en las escuelas.

Entre la gran cantidad de pedidos y resoluciones por cada uno de estos temas, apoyados en visiones sobre la realidad social bien definidas (como aquel que pide el control de “indexación” de los loteos privados adecuándolos al salario real), era de esperar que la Interbarrial se posicionara como interlocutora de peso. Presentándose como vecinos conocedores de los problemas de cada uno de los barrios es que puede entenderse la exigencia de participación y comunicación “en la distribución del presupuesto anual municipal” y la “intervención de esta Interbarrial en la confección de la carta orgánica municipal” (IN 1983: 4)

La Interbarrial también supo articular su actividad con la solidaridad hacia otras protestas, en especial las de los trabajadores de la construcción de la UOCRA (Aiziczon 2009), ya que gran parte de sus integrantes trabajaban en ese rubro y se veían involucrados en las agitadas huelgas de los años ‘84 y ‘85. De este modo, relacionándose con la Multisectorial neuquina o participando en comisiones encargadas de acercar partes en conflicto, la Interbarrial aumenta su notoriedad como interlocutor político legítimo, a tal punto que su performance militante es altamente exitosa logrando escrituraciones de loteos ocupados, la instalación de centros de salud, servicios para los barrios e incluso colocando un representante en el consejo de administración de la Cooperativa CALF.

Como presidente, Salas se verá involucrado y acusado por el gobernador Felipe Sapag de instigación a la violencia en las movilizaciones obreras, y en el año ‘85 (con Jorge Sobisch, futuro gobernador de la provincia como intendente) luego de una agitada movilización vecinal es acusado de sedición, desacato y perturbación del orden público. La movilización reclamaba la venta de lotes municipales a sus ocupantes, frente a lo cual la Municipalidad y el Concejo Deliberante habían cerrado filas ofreciendo un permiso de ocupación precaria que justamente precarizaba aún más la posesión de los lotes haciéndolos factibles de ser vendidos a posteriori por la municipalidad. El episodio es un preanuncio del modo de acción directa que toman las protestas en Neuquén y que luego será una de las formas clásicas de acción colectiva durante los ’90.

Luego comienza la casa de brujas de los principales referentes, entre los que lógicamente estaba Salas y, posteriormente vendrán las causas judiciales. Tres años más tarde la justicia condenará a Salas a un año y medio de prisión, en un preanuncio de la criminalización de la protesta social que años más adelante azotará a los manifestantes neuquinos. Estos y otros tantos episodios de la Interbarrial marcan un trayecto tan ascendente y rápido que su disolución no pudo menos que arrastrar el mismo ritmo. Desde el comienzo, y más allá de su dinámica participativa, el Movimiento Popular Neuquino siempre la vio con un creciente recelo al comprobar el protagonismo político que iba adquiriendo. El éxito en obtener determinados servicios (luz, gas, agua) era presentado de diferentes maneras: ya como una victoria de la Interbarrial, ya como una eficiente política social municipal y provincial, que siempre estuvieron dominadas por el MPN. Es por esto que la tensión entre protagonismo exitoso y creciente de la Interbarrial por un lado, y disputa territorial ante el MPN por otro, desembocó en una fuerte ofensiva de éste último con vistas a hegemonizar un espacio –el barrial– determinante para la captura de militantes y de votos7.

Al promediar los años ‘80 la Municipalidad de Neuquén, argumentando un explosivo y caótico crecimiento urbano, impone un rediseño de la cartografía barrial en la cual los barrios surgidos de las tomas quedan subdivididos en varios barrios menores. Se reconfiguran así nuevos centros vecinales donde los miembros pertenecientes a un barrio de repente deben encuadrarse en otro, exigiéndose en muchos de estos nuevos barrios personería jurídica para la conformación de las comisiones vecinales, requisito que comienza a exigirse paraser interlocutora legítima con la Municipalidad. Así se dieron casos de superposición de autoridades en zonas donde existían dos presidentes de comisiones vecinales en simultáneo (la vieja y la nueva), o se fomentó la competencia entre beneficios obtenidos rápidamente por nuevos barrios frente a zonas postergadas desde hacía varios años. Pero fue en las elecciones para las nuevas autoridades vecinales donde Salas vio la mano del MPN y sus “punteros”.8 En principio, a su ahora ex barrio, sólo le correspondía una manzana de la subdivisión original, pues el resto ya pertenecía a otro barrio nuevo. Los padrones para las votaciones comenzaron a ser adulterados: “por ahí tenías diez o veinte tipos de otro barrio, te los empadronaban, venían a votar, así que era muy difícil ganar, muy difícil”. Los referentes ligados al MPN obtenían recursos considerables y comenzaban a utilizar el aparato partidario con el cual ya entonces resultaba imposible competir. Los barrios y referentes más combativos fueron mermando su capacidad de convocar y lo que sobrevino fue un fuerte golpe desmovilizador sobre las voluntades de los menos militantes. Y si la propiedad de la tierra es alcanzada o se presenta como un horizonte tangible en Neuquén no resulta extraño ni la desmovilización al ir consiguiendo cada familia formalizar como propietarios y, en el mismo movimiento, si decidían naturalizarse argentinos, un automático voto y la afiliación al MPN. De resultas de este escenario, la desmovilización se explica también por la fuerte presencia de chilenos en sus núcleos dirigentes en yuxtaposición con referentes barriales preexistentes del mismo origen. En este escenario, Salas constituye un caso de militante comunista con inserción barrial, aunque su despliegue militante no se vincule con la política practicada por el PC argentino respecto de las tomas de tierras (Aiziczon 2014)

 UNA COMPARACIÓN CON BARILOCHE

Desde sus inicios, muchos de los barrios populares de San Carlos de Bariloche se nutrieron notablemente de pobladores de origen chileno. Tanto los testimonios de los vecinos como el análisis de los relevamientos aerofotográficos indican que muchos de estos asentamientos se conformaron como tales durante la década de 1970 (Abalerón 1993; Benclowicz y Rodríguez 2014). Para la misma época existen testimonios acerca de la llegada de migrantes de zonas rurales del interior de la provincia de Río Negro, y de migrantes paraguayos y bolivianos. Esta población trabajadora, que no contaba con la posibilidad de acceder a la compra de un lote donde asentarse, se ubicaba generalmente en los márgenes de la ciudad, donde la permisividad de las autoridades se alternaba con las amenazas de desalojo, en un contexto en el que las iniciativas de organización vecinal eran escasas.

A diferencia de lo ocurrido en la ciudad de Neuquén, donde los exiliados chilenos confluyeron con los exiliados internos de la Argentina durante la década de 1970, no se registra para Bariloche una afluencia palpable de ese tipo de migrantes, destacándose en cambio, como se mencionó, una migración interna de origen rural, donde las experiencias de organización y lucha tienden a ser escasas o inexistentes. En ese contexto, la influencia de activistas chilenos emigrados no dejó de ser central, aunque se vio confinada a una actuación más acotada por carecer de vínculos con un activismo de carácter local. Pero la huella de esa actuación, que se registró desde la época la dictadura militar, no ha dejado de imprimirse en la memoria de migrantes argentinos. En este sentido, E.9 recuerda: “[…] cayó el gobierno militar y se armó la Junta, antes ya estábamos medio formados pasa que dos por tres teníamos a los milicos en la puerta de la casa […] bueno ellos ya tenían experiencia de lo que era una Junta Vecinal en Chile; nosotros, U., O., G. y bueno, ellos nos dieron una mano para formar la primer Junta Vecinal […] y así logramos conseguir el agua […] no había luz y juntándonos así entre varios vecinos pudimos poner un pilar comunitario” (Entrevista a E. 2013)

E. nació en un paraje ubicado a unos 100 km de Bariloche, pasó su infancia en el campo con sus abuelos y después de casarse se vino a vivir a Bariloche. Para finales de los años ’70 se asentó con su familia en lo que más tarde sería el barrio 10 de diciembre. Al igual que otros entrevistados, destaca el papel que jugaron los vecinos chilenos, los más numerosos en el asentamiento, en el proceso de organización barrial. Evidentemente, el asentamiento contaba con un conjunto de vecinos activos que impulsó una organización barrial en condiciones adversas. A partir del restablecimiento de la democracia en 1983, la organización barrial desembocó en la conformación de la Junta Vecinal 10 de diciembre. Necesidad de sobrevivir, demandas de acceso a la tierra, a la vivienda y a infraestructura básica aparecen como condiciones necesarias para los protagonistas. Ahora bien, para la puesta en marcha del proceso de organización colectiva resulta clave considerar el papel de los inmigrantes chilenos, entre los que figuran exiliados con trayectorias de militancia. En esta línea, otro vecino del barrio apunta:

Nosotros prácticamente no sabíamos nada de política, no sabíamos nada de nada ¿viste? […] Ahora recién están… pero nosotros de lucha, así, no sabíamos nada. Yo te cuento que U., ellos venían de la lucha de la universidad, ellos sabían cómo… viste que hizo un boletín. Eso es porque la gente sabía cómo era, pero nosotros éramos cero a la izquierda total. Nosotros vivíamos, laburábamos, y dormíamos y hasta ahora que vos ves que yo… o sea que nosotros no vivíamos, no sabíamos nada cómo era… lo que era una ordenanza, lo que era una personalidad jurídica, lo que era una reunión, una asamblea, lo que era un libro de acta, no sabíamos eso ¡nada! Yo te estoy hablando del 95 % de las personas que vivían en el barrio, no sabían […] Y acá la gente chilena era toda de cada partido ¿viste? casi más eran los de izquierda que venían acá. Porque yo me acuerdo que acá se peleaba… un hombre que era L. con G. y eran los dos de izquierda pero se peleaban, no sabés cómo se peleaban, pero venía la rama de allá de Chile. Los locos sabían lo que era una comisión, sabían lo que era un barrio. Ellos están mucho más adelantados que nosotros los argentinos, en ese sentido, mucho más. (Entrevista a G. 2013)

Así pues, la lucha aparece vehiculizada por actores forjados en la tradición de izquierdas chilena que cuentan con un capital militante (Poupeau 2007), ausente entre la mayor parte de los argentinos que residían en el barrio. Es posible pensar que este saber-hacer permitió la canalización de expectativas variadas y de actores ideológicamente heterogéneos en torno a un proceso que fue formulando sucesivos reclamos y obteniendo parte de ellos durante los primeros años de la presidencia de Raúl Alfonsín, entre los que se destacan la instalación de nuevas canillas públicas de agua y la luz eléctrica domiciliaria. Más allá de esos reclamos, la Junta Vecinal se convirtió en una verdadera usina de actividades sociales y deportivas, que contribuyeron a fortalecer la identificación de los vecinos con el barrio. Entre las principales actividades y proyectos, los vecinos del 10 de diciembre organizaron un club de fútbol, talleres y obras de teatro y un boletín de confección artesanal con información sobre eventos, reclamos y gestiones que se llevaban adelante.

Estas actividades potenciaron una demanda que terminó siendo central: la adquisición de los lotes y la posibilidad de ser incluidos en un plan de construcción de viviendas. Así, hacia mediados de los años ’80 se inició una larga negociación entre el gobierno municipal y los vecinos, que derivó en el traslado de la mayor parte de ellos al barrio 28 de abril, ubicado por entonces en las afueras de la ciudad, al sur del casco céntrico. En el proceso se desarrollaron asambleas masivas impulsadas por la Junta Vecinal, que logran el compromiso de las autoridades de instrumentar formas de pago acordes a los ingresos, la escrituración sin cargo, que el nuevo espacio contara con servicios, centro asistencial, áreas verdes y mobiliario para viviendas. Adicionalmente, los funcionarios se comprometieron a atender los problemas sociales más urgentes antes del traslado, a agilizar trámites, a apoyar con recursos y servicios la construcción de viviendas, y a contratar a vecinos del barrio (Libro de Actas de la Junta Vecinal 10 de diciembre 1986).10

Desde el punto de vista legal, la participación de los inmigrantes chilenos en las Juntas Vecinales estaba garantizada desde 1958 por una resolución de la Presidencia del Consejo Municipal, que establecía el derecho de participación de todos los vecinos sin distinción de nacionalidad (Resolución N°37-C-58 1958). Este derecho fue ratificado pocos años después por una Ordenanza del Consejo, que ponía como condición para el reconocimiento municipal de cada Junta “estar integrada por vecinos, que habiten en la jurisdicción sin distinción de sexos ni nacionalidad” (Ordenanza N° 5-C-63 1963). No obstante, en 1986, pocos años después de restablecida la democracia, se promulgó una nueva norma que alteró significativamente las condiciones de participación, en particular en los cargos directivos de las Juntas: a partir de ese momento, “Los extranjeros con radicación definitiva en el país podrán ser elegidos, pero en ningún caso excederán de la tercera parte del total de los miembros que componen el cuerpo” (Ordenanza N° 194-CM-86 1986).

Así, a pocos años de andar, la democracia restablecida limitó, de derecho y de hecho, las posibilidades de participación a nivel vecinal. En ese contexto, para finales de 1987 asume una nueva directiva en la Junta Vecinal y se procura a partir de ese momento el alineamiento con las autoridades, abandonando el perfil contencioso propio del reclamo y de la acción colectiva. Esto no parece haber implicado una disminución en lo que hace al nivel de visibilidad logrado por la organización barrial. A principios de 1988, el gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, de visita en Bariloche, concurrió al asentamiento 10 de diciembre acompañado entre otros por el intendente de la ciudad, lo cual habla de un espacio conquistado en la agenda local por parte de los vecinos. En esa oportunidad, el boletín barrial apunta que:

Después de escuchar diversas peticiones, el Gr. Massaccesi, dio respuestas positivas, que levantaron la fe y la esperanza que hemos depositado en nuestras autoridades, legalmente elegidas. En esta visita llegó acompañado por el Sr. intendente Cdor. Edgardo Gagliardi[...] y otras autoridades que pedimos perdón por no acordarnos de sus nombres y cargos que desempeñan en nuestro beneficio […] Con anterioridad se comprometió a donar una máquina de escribir y a cooperar en la edición de este boletín (Boletín de la Junta Vecinal 10 de diciembre 1988).

El indisimulado alineamiento con el gobierno radical y el predominio del pedido sobre el reclamo no parece dar lugar a grandes contraprestaciones, al menos en lo inmediato. Tras la presencia del máximo mandatario provincial en el barrio, y en un contexto de postergaciones sociales extremas, se exhibe entre los principales logros la promesa de donación de una máquina de escribir y de financiamiento del propio boletín, hecho que favorece que se consolide como un órgano de propaganda del gobierno. Mientras tanto, las viviendas comprometidas siguen siendo demoradas. Para esos momentos -principios de 1988- ya no existen registros de actividades sociales o culturales en el boletín. Un año después, se ponía en marcha el traslado de los vecinos al nuevo espacio, en las afueras de la ciudad.

El proceso descripto, de características mucho más acotadas que el de la Interbarrial neuquina, comparte con este último distintos rasgos clave: el papel central desempeñado por los activistas de origen chileno en el proceso de organización barrial, la desmovilización en un contexto de reformas normativas que limitaron la participación de los extranjeros y la clara actuación de “punteros” asociados a los partidos políticos tradicionales y predominantes en cada ciudad en el que el acceso a la propiedad de los lotes aparece como horizonte cercano. En el caso de Bariloche esto último todavía se vio dificultado para los inmigrantes chilenos por la vigencia de la Ley de Fronteras, que alcanza a esta ciudad, en función de la cual se declara “[…] de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos” (Boletín Oficial 1945).11 Esto da lugar a una serie de trabas burocráticas y legales que muchas veces terminan bloqueando la posibilidad de acceder a propiedad, lo cual constituyó un elemento de división adicional entre los vecinos originalmente movilizados. Así, por ejemplo, en el Libro de Actas del barrio 10 de Diciembre, consta detalladamente la política de las autoridades: “Al grupo familiar extranjero con hijo argentino, se verá la forma legal de entregar en propiedad el lote sólo a la mayoría de edad de éste, mientras esto no sea superado el jefe de familia tendrá tenencia precaria” (Libro de Actas de la Junta Vecinal 10 de diciembre 1986).

Estas trabas se vieron reforzadas por los discursos xenófobos que circulan en la zona y que no dejaron de tener su influencia entre los vecinos del barrio, como se puede ilustrar a través del testimonio de G., quien tras reconocer en el fragmento ya citado el papel clave de los chilenos en la organización barrial, apunta que “[…] llegó mucha, mucha gente extranjera en el '76 viste, más encima viste, Pinochet los estaba corriendo a todos […] y esos no sabés cómo negociaban. Negociaban y negociaron… Porque ahí la gente extranjera, ¿qué pasaba? Le daban casa, le daban terrenos, le daban parcelas, loco!” (Entrevista a G. 2013)

Los discursos discriminatorios alentados desde el poder político resultaron eficaces a la hora de trazar una línea divisoria entre la población extranjera y la nativa, alentando suspicacias y resentimientos, más allá del caso analizado. En función de esto, la negación de derechos que afecta a ambos sectores es percibida en muchos casos como su apropiación por los chilenos en detrimento de los argentinos.

A., por ejemplo, nació en 1942 en Ancún, Chile. Con la ayuda de un familiar logró trasladarse a Puerto Montt. Militó en el movimiento estudiantil y se afilió al Partido Comunista. Tras el golpe de Pinochet, cruzó la frontera junto a su mujer y se instaló en uno de los espacios disponibles en la ciudad de San Carlos de Bariloche, cerca del barrio 10 de diciembre. A principios de los años ‘80 fueron trasladados por el gobierno municipal de la dictadura junto a otros pobladores al actual barrio Arrayanes. Ese espacio, que había funcionado durante mucho tiempo como basurero municipal, fue el destino de muchas familias de origen chileno, que impulsaron en esa misma época la organización de una Junta Vecinal para reclamar la prestación de los servicios esenciales y la venta de la tierra. A., que llegó a desempeñarse como presidente la Junta, recuerda: “[…] acá había gente que... nosotros somos extranjeros y bueno ‘yo soy argentino’, decían “y a mí me pertenece que me den la tierra, que me den la luz... que me hagan un baño”... Entonces nosotros ¿sabe lo que hacemos? Decidimos ahí nos retiramos. Para no entorpecer” (Entrevista a A. 2013)

Los límites que encontraron experiencias como las referidas, encabezadas casi exclusivamente por activistas de origen chileno no pueden desvincularse de la vitalidad que tiene este tipo de discursos entre los sectores populares, que refuerzan las limitaciones normativas para la participación vigente hasta la actualidad. Pero los límites en Bariloche se vinculan también a otros aspectos. En el siguiente apartado los examinamos teniendo en cuenta el accionar del sector tercermundista de la Iglesia católica, desde una perspectiva comparativa con el caso neuquino.

EL PAPEL DE LA IGLESIA COMPROMETIDA SOCIALMENTE EN NEUQUÉN Y BARILOCHE

La vitalidad política barrial durante la primera mitad de los años ‘80 en la Patagonia, claramente visible en el caso Neuquén y de alcance mucho más moderado en Bariloche, quedaría examinada sólo parcialmente si no considerásemos la actuación de un sector influyente aunque minoritario de la Iglesia argentina, cercano al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Bajo la influencia de los Obispos Jaime De Nevares de Neuquén y Miguel Hesayne de Río Negro, este sector impulsó los reclamos barriales ya mencionados y la lucha en defensa de los Derechos Humanos. Tras participar de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), De Nevares, obispo desde 1961, va a impulsar la organización de una delegación regional de esa organización en 1976, un año después, se constituye en Neuquén la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, que realiza trabajos en conjunto con la APDH delegación Alto Valle (Río Negro y Neuquén). Así, el reclamo por los detenidos y desaparecidos encontró un campo propicio en distintos espacios de la ritualidad cristiana, como las Marchas por la Fe, Marchas por la Vida, festejos de Navidad, entre otros (Azconegui 2010, Labrune 1988).

Estas prácticas se cruzan con las de la militancia barrial en Neuquén, a través de actores como Jorge Luis Muñoz Villagrán. Exiliado político del pinochetismo desde 1975 migra hacia Buenos Aires donde se desempaña en el Equipo de Pastoral para Chilenos. En 1979 el clima político porteño le resulta demasiado pesado, y merced a la ayuda que le ofrece el Obispo Jaime De Nevares es que surge la posibilidad de su nombramiento como Delegado Diocesano para la Pastoral de Migraciones de Neuquén, cargo que desempeña hasta la actualidad. Respecto de la tradición política traída por los chilenos remarca: “Nosotros no traíamos una experiencia política como se cree, sino […] una larga tradición práctica de participación social” (Entrevista a Muñoz 2007), participación ejercida fundamentalmente en ámbitos de socialización como la escuela. Muñoz acumuló experiencia práctica política siendo delegado en la escuela secundaria, militó en organizaciones cristianas y formó parte del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) “la síntesis más interesante entre marxistas y cristianos”, lugar donde se entusiasmó con la Teología de la Liberación.

Hesayne, quien se desempeñó como obispo de Río Negro entre 1975 y 1993, integró junto a de Nevares la APDH, y denunció vigorosamente las violaciones de los Derechos humanos por parte de la dictadura. En Bariloche, alentó durante la segunda mitad de los años ‘70 la creación de capillas en barrios populares de Bariloche, aunque su influencia en la ciudad se limitó a unos pocos sacerdotes, entre los que se destacan Juan Ángel Dieuzeide y Juvenal Currulef, este último, miembro orgánico del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. A su vez, por razones de cercanía geográfica, los sacerdotes de Bariloche tenían una relación estrecha con los de Neuquén (Pérez Pertino 2011) Ya restablecida la democracia, impulsó campañas de solidaridad con los sectores populares y campesinos y planes de promoción social (Barelli 2013, Nicoletti 2014). Hacia principios de la década de 1990, algunos años después de concluida la experiencia de la Interbarrial neuquina, emergió una flamante Interbarrial en la ciudad de San Carlos de Bariloche, impulsada entre otros por la Comisión Diocesana de Migraciones, vinculada al obispado. Esta organización, que agrupó a vecinos de los barrios 3 ojos de agua, Costa del Ñireco, 3 de julio, Bella vista, Quimey Hue y Austral, emergió ante la multiplicación de órdenes de desalojo que se registraron en esa época, en busca de una solución para los problemas de infraestructura y de la propiedad de la tierra. En el Concejo municipal se venía discutiendo el traslado de distintos asentamientos a 34 hectáreas adquiridas por la municipalidad para ese fin, y la organización incidió claramente en la incorporación de estos barrios y en la fijación de condiciones del traslado. Enrique Carfagnini, psicólogo social de la Comisión Diocesana de Migraciones, apunta en este sentido: “[…] propusimos consensuar a través de reuniones en cada barrio qué cosas se nos hacían imprescindibles exigir para el traslado. Surgen así cinco puntos reivindicativos que serán nuestra bandera unificada en todas las reuniones de todos los barrios. Nadie se moverá de donde está si en las 34 has. no hay agua, luz, calles abiertas, boleto de compraventas y reposición de las roturas que ocasiona el traslado”. (Carfagnini s/f)

Como se puede ver, los reclamos que fueron formulándose guardan cierto paralelismo con los de la experiencia de Neuquén, fuera de eso, del contexto político del surgimiento de la Interbarrial de Bariloche era más favorable que en el caso de Neuquén, donde el movimiento debió lidiar en sus inicios con la dictadura militar. Sin embargo, la capacidad de movilización y la influencia alcanzadas por la Interbarrial barilochense fueron mucho más acotadas, y la organización se terminó disolviendo a los pocos años de nacer, una vez iniciado el traslado. En este sentido, Carfagnini recuerda: “[…] no había costumbre de reuniones, ninguna organización asentada, gran desconfianza en la gente, indiferencia y muy pocas ganas de participar en nada. Nos dividimos los barrios con tres vehículos y a la mañana siguiente comenzamos a movilizarnos. Logramos que fueran al consejo alrededor de cincuenta personas, lo que representaba todo un éxito.” (Carfagnini s/f)

Con todo, el traslado se concretó y en muchos casos se obtuvo la propiedad de la tierra. Pero la evidencia sugiere que la organización, impulsada entre otros desde sectores de la pastoral de migraciones, sólo prendió parcialmente entre los vecinos. Significativamente, la Interbarrial neuquina llegó a movilizar la misma cantidad de personas en el contexto represivo de la dictadura. En este sentido, la falta de una cultura de lucha local arraigada en Bariloche se hace notar hasta la actualidad, donde siguen sin respuesta unas necesidades sociales y habitacionales que se incrementaron sustancialmente desde el restablecimiento de la democracia.

PALABRAS FINALES

A lo largo de este trabajo examinamos el activismo barrial de la principal corriente inmigratoria en la Patagonia argentina durante la década de 1980. Para eso, tomamos como casos de estudio dos ciudades con fuerte presencia chilena, Neuquén y San Carlos de Bariloche, que figuran entre las más pobladas de ese vasto territorio. Si bien la inmigración chilena fue predominante en la región desde principios del siglo XX, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet se registró el período de mayor flujo de población, que se asentó principalmente en la Patagonia. De este modo, los inmigrantes chilenos, entre los que figuraban numerosos activistas exiliados, jugaron un papel clave en la conformación de las barriadas populares de ciudades como Neuquén o Bariloche y su organización, aunque las condiciones difiriesen en ambos casos. Señalamos que en Neuquén, donde existía una cultura militante alimentada por los propios exiliados internos argentinos, los activistas chilenos confluyeron con estos últimos y protagonizaron un vigoroso proceso de lucha que se remonta al final de la dictadura argentina. La Interbarrial neuquina, expresión cabal de ese proceso, llegó a aglutinar 27 barrios que demandaron, con bastante éxito, la realización de obras de infraestructura y la propiedad de los lotes, entre otros reclamos. En Bariloche se registraron demandas similares que en ciertos casos fueron atendidas, aunque el relativo aislamiento de los activistas chilenos limitó su accionar a espacios más acotados. En el mismo sentido, la actuación de un sector de la iglesia comprometido socialmente, que se registró en ambas ciudades, potenció el accionar de los activistas chilenos en el caso de Neuquén, mientras que alcanzó una influencia limitada y tardía en Bariloche.

Por otra parte, el restablecimiento de la democracia, dio lugar, paradójicamente, a una restricción de la participación de los inmigrantes chilenos, impulsada por los gobiernos municipales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y de la Unión Cívica Radical (UCR), que reconfiguraron los centros vecinales alterando su jurisdicción y restringieron por ordenanza la intervención de pobladores extranjeros en los cuerpos directivos, al tiempo que otorgaban beneficios a las Juntas Vecinales que controlaban. Estas políticas, sumadas a la difusión de discursos discriminatorios contra la población de origen chileno, contribuyeron a la desmovilización, en un contexto en el que parte de las demandas, incluso en muchos casos la propiedad de la tierra, fueron finalmente satisfechas. La historia de esas conquistas, que beneficiaron a trabajadores argentinos y extranjeros, es inescindible del papel que jugaron los activistas chilenos en la organización de los barrios populares norpatagónicos hacia la década de 1980.

Nota

1. Este trabajo contó con el aporte del proyecto PICTO 2010-0184 de la ANPCyT y la UNRN.

2. Para profundizar en esta perspectiva en discusión con los conceptos de acción colectiva y movimientos sociales, véase Aiziczon (2008)

3. Entre la IX Región de Chile y la frontera con Neuquén existen cinco pasos fronterizos habilitados, otros tantos con control migratorio pero sin aduanas y unos 20 no habilitados que no obstante tiene gran circulación.

4. Para análisis de las tomas actuales en Neuquén véase Giaretto (2011), para el caso de Bariloche puede verse Caram y Pérez (2010)

5. Una descripción más detallada de su evolución se puede ver en Aiziczon (2014)

6. En adelante utilizamos el Documento “Resoluciones del Primer Congreso Interbarrial de la Ciudad de Neuquén”, Neuquén, 22 y 23 de octubre de 1983, que sintetizamos como IN (Interbarrial Neuquina)

7. Algo similar ocurrirá cuando entrado el siglo XXI Neuquén desarrolle grandes movimientos de trabajadores desocupados (MTDs) en disputa contra el aparato punteril del MPN; disputa que se saldará nuevamente en beneficio del MPN aunque esta vez sea exclusivamente por vía de la represión y persecución policial. Véase Bonifacio (2011)

8. Palabra con la que se designan a los operadores políticos a nivel barrial.

9. Dado que los entrevistados de Bariloche no son figuras públicas como en el caso de los de Neuquén, optamos por preservar su identidad utilizando iniciales al azar.

10. Hacia 2007 se inició en el barrio un plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que retomó, quizás sin saberlo, la modalidad de autoconstrucción planteado por los vecinos más de 20 años atrás.

11. Este Decreto Ley, aprobado en 1944 y ratificado por la Ley 12.913 de 1947, sólo sufrió modificaciones menores y rige hasta la actualidad.

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45. Entrevista a A., chileno, Bariloche, 9 de septiembre de 2013

46. Entrevista a E., argentino, Bariloche, 8 de octubre de 2013.

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51. Libro de Actas de la Junta Vecinal 10 de diciembre, Acta del 23 de agosto de 1986.

52. Ordenanza N° 5-C-63 del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, 1963.

53. Ordenanza N° 194-CM-86 del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, artículo 18°, 1986.

54. Resolución N°37-C-58 de la Presidencia del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, 1958.

55. Revista Ecos Comunitarios, prensa del Equipo de Comunicación de la Parroquia Monserrat, números 1, 3, 4, 5, 6 (1990), los números 9 a12 (1991), y 18 (1992).

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